El presidente Nayib Bukele y sus aliados en la Asamblea Legislativa han socavado sistemáticamente el sistema de frenos y contrapesos democráticos. En octubre, el presidente Bukele se inscribió como candidato a las elecciones generales de 2024, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata. En noviembre, la legislatura concedió a Bukele una licencia para dejar su cargo en los últimos seis meses de su gobierno y nombró como sustituta a Claudia Juana Rodríguez de Guevara, actual titular de la Dirección Nacional de Obras Municipales.
Desde marzo de 2022, se encuentra en vigencia un régimen de excepción que suspendió ciertos derechos en respuesta a una escalada de violencia perpetrada por las pandillas. Las autoridades han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, malos tratos en prisión y violaciones del debido proceso.
Los altos niveles de violencia relacionados con las pandillas que se registraban en el país, particularmente los homicidios y la extorsión, han disminuido significativamente durante los últimos dos años.
La prevalencia de la pobreza y la exclusión social, la falta de transparencia y rendición de cuentas, así como la violencia contra las mujeres y las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) siguen siendo preocupantes.
Medidas de seguridad
En marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción por 30 días que suspendió ciertos derechos básicos. Los legisladores han prorrogado 20 veces la medida y el régimen de excepción continuaba vigente al momento de la redacción de este informe.
Asimismo, la Asamblea aprobó un paquete de reformas penales que permiten juicios colectivos, disminuyen la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 años, y amplían significativamente el uso de la legislación antiterrorista y de la detención provisional.
Durante el régimen de excepción, policías y soldados han llevado a cabo cientos de operativos, particularmente en comunidades de bajos recursos. Según cifras oficiales, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 73.000 personas, incluidos más de 1.600 menores. Las autoridades informaron que 7.000 personas habían sido puestas en libertad desde el inicio de la medida hasta agosto de 2023.
Muchas detenciones se realizaron sobre la base de la apariencia física o lugar de residencia de las personas—o de llamadas anónimas. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado que se ha detenido a cientos de personas que no tenían relación con las operaciones abusivas de las pandillas. Entre los detenidos se encuentran líderes sindicales, ambientales y comunitarios, así como defensores de derechos humanos.
Las detenciones elevaron la población penitenciaria a una cantidad estimada de 104.000 personas, aproximadamente 30.000 más de la capacidad oficial. Las condiciones carcelarias, que ya eran deficientes—incluyendo hacinamiento, violencia y acceso limitado a servicios básicos como alimentación y agua potable—, se han deteriorado.
En febrero, las autoridades comenzaron a enviar a los detenidos a una nueva megaprisión, conocida como “Centro de Confinamiento del Terrorismo” (CECOT) que, según el gobierno, tiene capacidad para 40.000 personas. Para el mes de agosto, en el CECOT había más de 12.000 personas.
Al menos 189 personas han muerto bajo custodia policial durante el régimen de excepción, según informaron organizaciones de derechos humanos en octubre. El fiscal general Rodolfo Delgado dijo en junio que todas las investigaciones sobre muertes en prisión en el marco del régimen de excepción habían sido archivadas.
Violencia y pandillas
La violencia de las pandillas parece haber disminuido considerablemente tras las medidas punitivas implementadas por el gobierno.
Durante décadas, las pandillas ejercieron control territorial en distintas partes del país. Las pandillas cometen homicidios, reclutamiento forzado de menores, violaciones sexuales, secuestros, extorsión y desplazamiento de personas. Estimaciones oficiales sitúan el número de miembros de las pandillas entre 60.000 y 86.000.
La tasa de homicidios, que registró un pico de 105 por cada 100.000 habitantes en 2015, ha experimentado una reducción drástica desde 2019 y, según cifras oficiales, alcanzó un mínimo histórico en 2022. De acuerdo con las autoridades, las extorsiones también han disminuido. La falta de acceso público a estadísticas de homicidios y otros delitos, junto con las denuncias de manipulación de las cifras, limitan gravemente la posibilidad de verificar la exactitud de los reportes gubernamentales y de estimar el verdadero alcance de la disminución de la violencia.
Para abordar la violencia de las pandillas, las estrategias de los gobiernos anteriores han oscilado entre negociaciones oscuras con pandillas y políticas de seguridad de “mano dura”. Ambas respuestas han generado nuevos ciclos de violencia y violaciones de derechos humanos.
El prestigioso medio digital El Faro informó que el gobierno de Bukele negoció con las tres pandillas más grandes del país. El gobierno ofreció privilegios carcelarios a pandilleros que se encontraban presos y oportunidades de empleo a aquellos que se encontraban en libertad a cambio de una reducción en la tasa de homicidios y de apoyo electoral durante las elecciones de 2021. Según El Faro, la ola de violencia registrada en marzo fue el resultado del colapso de negociaciones mantenidas por el gobierno y la pandilla MS-13.
Medios de comunicación reportaron que, en noviembre de 2021, un líder de alto rango de la MS-13, Elmer Canales, conocido como “Crook de Hollywood”, fue liberado de prisión, donde cumplía una condena de 40 años y escoltado a Guatemala por un alto funcionario del gobierno. En noviembre, Canales fue detenido por autoridades mexicanas y enviado a Estados Unidos, donde fue puesto en custodia. En 2020, Canales junto a otros 13 altos líderes de la MS-13 fueron acusados en Estados Unidos de cometer actos de terrorismo por su presunta participación en el crimen organizado en Estados Unidos, México y El Salvador.
Al menos otros tres líderes de la MS-13 han sido liberados, según informan medios de comunicación. Se desconoce el paradero de algunos.
Derechos económicos, sociales y culturales
La pobreza extendida, conjuntamente con un acceso limitado a necesidades básicas como vivienda, atención sanitaria, educación y alimentación, actúan como barreras para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Estas dificultades afectan de manera diferenciada a grupos como mujeres, comunidades indígenas, niños y niñas, personas mayores, personas LGBT y población rural.
De acuerdo con datos de la CEPAL, entre 2021 y 2022, la pobreza en El Salvador disminuyó un 0,5 % y afectó al 29,8 % de la población. La pobreza extrema aumentó un 0,3 % e impactó al 8,7 % de la población.
En 2022, la escolaridad promedio de la población económicamente activa a nivel nacional fue de 8.8 años; significativamente inferior al promedio de América Latina, de 10,1 años. Además, el 23,5 % de la población de entre 15 y 24 años no estudia ni trabaja.
La pobreza y la exclusión social contribuyen a que niños, niñas y adolescentes sean reclutados por pandillas, aumentan los riesgos de violencia intrafamiliar y provocan altos niveles de migración.
Independencia judicial
En mayo de 2021, la mayoría de dos tercios del partido de Bukele en la Asamblea Legislativa destituyó y reemplazó de manera sumaria al fiscal general y a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. En junio de 2021, la Asamblea designó a otros cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema. Aunque cada legislatura solo puede designar a 5 jueces de la Corte Suprema, la actual Asamblea ha designado a 10 de un total de 15.
En septiembre de 2021, los legisladores promulgaron leyes que permitieron que la Corte Suprema y el fiscal general destituyeran a jueces y fiscales mayores de 60 años y ampliaron su facultad de transferir a jueces y fiscales a nuevos puestos. Estas leyes contradicen los estándares internacionales de derechos humanos sobre independencia judicial y han sido utilizadas para destituir o transferir a jueces o fiscales independientes.
Una sentencia de 2021 de la nueva Sala de lo Constitucional determinó que la Constitución permitía la reelección presidencial inmediata, apartándose de interpretaciones reiteradas que se habían realizado en el pasado.
Desapariciones
Durante años, las pandillas y las fuerzas de seguridad han utilizado la desaparición de personas para ocultar homicidios y garantizar impunidad.
El país no cuenta con un registro único de personas desaparecidas y las cifras varían según la institución. La Fiscalía General de la República registró más de 22.000 denuncias de personas desaparecidas entre 2014 y 2019, mientras que, la Policía Nacional Civil registró más de 12.000 denuncias en ese periodo. Estas cifras superan el número estimado de entre 8.000 y 10.000 personas que desaparecieron durante los 12 años de guerra civil (1980-1992).
Transparencia y lucha contra la corrupción
En agosto, la Asamblea Legislativa nombró a Roxana Soriano como presidenta de la Corte de Cuentas, institución responsable de la fiscalización de las finanzas públicas. Soriano se había presentado como candidata a diputada por el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones internas de 2020, lo que suscitó dudas sobre su independencia en su rol en la Corte de Cuentas.
En enero, la Asamblea aprobó una ley de compras públicas que limita el control sobre los “proyectos estratégicos de utilidad pública”, los cuales son definidos por el Consejo de Ministros. La ley obstaculiza la supervisión del gasto público e incrementa el riesgo de corrupción.
Al momento de su destitución en mayo de 2021, el fiscal general Raúl Melara investigaba a seis funcionarios públicos por presuntos actos de corrupción e irregularidades en relación con compras durante la pandemia. En enero de 2022, la fiscalía allanó las oficinas de los fiscales que investigaban señalamientos de corrupción y negociaciones de funcionarios con pandillas. Al menos cuatro fiscales huyeron del país por temor a sufrir persecución.
En junio de 2021, el entonces recién nombrado fiscal general Rodolfo Delgado puso fin a un acuerdo de cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), un órgano que combatía la corrupción en el país con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La Comisión, que comenzó a funcionar en septiembre de 2019, dijo que el gobierno había obstaculizado el avance de las investigaciones sobre corrupción que involucraban a funcionarios de la actual administración.
El gobierno de Bukele ha debilitado el papel del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), entre otras medidas, al destituir a uno de sus miembros y reformar el reglamento interno del instituto para socavar su autonomía.
Libertad de expresión y de asociación
El gobierno ha creado un ambiente hostil para los medios de comunicación y miembros de la sociedad civil y ha deslegitimado su trabajo, por ejemplo, acusándolos de ser “defensores de las pandillas”.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) reportó 147 agresiones contra la prensa ocurridas durante 2022, incluyendo acoso digital, declaraciones estigmatizantes contra periodistas y restricciones al ejercicio periodístico y al acceso a información pública. En julio, la APES informó que 17 periodistas habían huido del país por temor a sufrir acoso o detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción.
En noviembre, los legisladores derogaron una ley que establecía nuevos tipos penales con penas de hasta 15 años para personas que reproduzcan mensajes de las pandillas.
En abril, El Faro anunció que trasladaba su operación administrativa y legal de El Salvador a Costa Rica, alegando acoso y campañas de difamación por parte del gobierno. En mayo, un juez ordenó la liberación del periodista Víctor Barahona, quien llevaba casi un año detenido en el marco del régimen de excepción, acusado del delito de “agrupaciones ilícitas”. Barahona denunció malos tratos durante su detención.
En diciembre de 2022, el Ministerio de Economía de El Salvador revocó un permiso que permitía a Cristosal, una prestigiosa organización de derechos humanos, estar exenta del pago del impuesto sobre la renta por ser una organización sin ánimo de lucro de “utilidad pública”. Cristosal llevó el caso a los tribunales, que aún no se han pronunciado.
Acceso al aborto
El aborto es ilegal en todas las circunstancias. Las mujeres y las niñas que viven en condiciones de pobreza se ven afectadas de forma desproporcionada. Algunas mujeres han sido condenadas a penas de hasta 50 años de prisión por cargos relacionados con el aborto, incluyendo después de abortos espontáneos o emergencias obstétricas.
En marzo de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó una audiencia sobre el caso de Beatriz, a quien el Estado de El Salvador le negó un aborto en 2013 a pesar de que su embarazo era considerado de alto riesgo. La decisión de la Corte está pendiente.
Derechos de las personas con discapacidad
El marco legislativo de El Salvador sigue teniendo disposiciones incompatibles con los estándares internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, incluidas las restricciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, así como medidas insuficientes para mejorar la accesibilidad física y a las comunicaciones. Las pandillas han atacado, con impunidad, a niños y niñas con discapacidad.
La estrategia de Bukele para combatir las pandillas ha puesto en peligro los derechos de las personas con discapacidad a la libertad y al debido proceso, incluyendo a beneficiarse de ajustes procesales.
Orientación sexual e identidad de género
Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) continúan siendo blanco de violencia homofóbica y transfóbica por parte de policías, pandillas y personas en general. En muchos casos, las personas LGBT se ven obligadas a abandonar el país, a menudo hacia Estados Unidos.
En febrero de 2022, la Corte Suprema ordenó a la Asamblea Legislativa que creara un procedimiento para que las personas transgénero pudieran modificar su nombre legal en función de su identidad de género. Los legisladores no cumplieron el plazo de un año otorgado por la Corte y no habían acatado la sentencia al momento de la redacción de este informe.
Actores internacionales clave
Durante el año fiscal 2023, Estados Unidos proporcionó más de US$100 millones de asistencia bilateral a El Salvador, principalmente orientados a fortalecer la gobernabilidad y la sociedad civil, así como para ayuda humanitaria de emergencia.
En diciembre de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al secretario jurídico de la presidencia y al ministro de Trabajo, en virtud de la Ley Global Magnitsky, que sanciona a individuos que han participado en graves violaciones de derechos humanos y en actos de corrupción. En julio de 2023, el Departamento de Estado de EE. UU., publicó un Informe sobre Actores Corruptos y Antidemocráticos, que imponía sanciones a varios exfuncionarios del gobierno salvadoreño, incluyendo a dos expresidentes del país.
En octubre, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, viajó a El Salvador y se reunió con el presidente Bukele. Nichols y Bukele hablaron sobre “el apoyo de El Salvador a la misión internacional en Haití... la cooperación bilateral en materia de Estado de Derecho y los esfuerzos mutuos para abordar la migración irregular”.
Más de 122.000 salvadoreños solicitaron asilo en otros países durante 2022, la mayoría en EE. UU.
En febrero, el Departamento de Justicia de EE. UU. reveló una acusación contra líderes de la pandilla MS-13. De acuerdo con la acusación, durante las negociaciones, el gobierno de Bukele protegió a líderes de la pandilla al bloquear su extradición y liberar a uno de ellos antes de que cumpliera su condena.
Diversos organismos y expertos de la ONU han expresado su preocupación por los abusos cometidos durante el régimen de excepción. En mayo, tres expertos de la ONU afirmaron que el “prolongado estado de excepción… conlleva el riesgo de violaciones masivas del derecho a un juicio justo”. En septiembre, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por “el estado de excepción actual y las detenciones masivas que se han producido en este contexto”.
El gobierno salvadoreño se ha abstenido en repetidas ocasiones en las votaciones de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que condenan la invasión de Rusia a Ucrania.
En julio, un memorando de entendimiento entre la Unión Europea y El Salvador estableció un diálogo político sobre áreas de cooperación, incluyendo la “prevención de la violencia”.
El Salvador anunció que ha estado renegociando un préstamo de US$1.300 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el pasado las negociaciones se han estancado, aparentemente debido a la adopción, en septiembre de 2021, del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador y a la preocupación por el debilitamiento de la independencia judicial y la reducción de la transparencia y la rendición de cuentas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó más de US$1.300 millones para El Salvador para el período 2021-2024. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) tiene 14 préstamos activos para El Salvador, con fondos aprobados por un total de más de US$1.600 millones, incluyendo para entidades públicas implicadas en violaciones de derechos humanos como la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil.