(Nueva York, 15 de diciembre de 2006) – Todos los estados de Estados Unidos que llevan a cabo ejecuciones por medio de inyección letal deberían inmediatamente imponer una moratoria sobre la pena capital y ordenar una revisión de sus procedimientos de ejecución, declaró hoy Human Rights Watch. La urgencia de tal escrutinio fue subrayada hoy por el fallo de una corte de California y la decisión por parte del gobernador de Florida de que los métodos actuales requieren una revisión inmediata, dijo Human Rights Watch.
Los 37 estados que llevan a cabo ejecuciones por medio de inyección letal utilizan el mismo método y protocolo básico de tres fármacos.“Cada día aumentan las evidencias de que Estados Unidos está usando métodos inaceptablemente crueles para poner fin a la vida de la gente”, dijo Jamie Fellner, directora del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “Después de tantas ejecuciones fallidas, los estados no pueden continuar ejecutando prisioneros usando sus actuales métodos”.
Un fallo de una corte federal emitido hoy dictaminó que California debe revisar su procedimiento para ejecuciones por medio de inyección letal porque el actual método está “defectuoso”.
El dictamen fue emitido en momentos en que los protocolos para inyección letal se encuentran bajo un escrutinio cada vez mayor en el país, debido a la preocupación de que provocan dolor y sufrimiento innecesarios previo a la muerte, tal como fue documentado en el informe de Human Rights Watch “Mientras mueran: Inyecciones letales en Estados Unidos”, publicado en abril de 2006.
En Florida, el gobernador Jeb Bush ordenó una comisión de investigación sobre la ejecución por medio de inyección letal de Ángel Nieves Díaz el 13 de diciembre y detuvo la firma de cualquier nueva orden de aplicación de la pena capital hasta tener un informe de la comisión.
La decisión de Bush se dio luego de que una autopsia revelara que Nieves Díaz había sufrido quemaduras en los brazos durante una ejecución que duró 34 minutos, a causa de que los químicos letales que se suponía irían a sus venas entraron por error en el tejido suave de sus brazos. En septiembre de 2006, Human Rights Watch hizo un llamado a Bush a fin de que se investigaran los protocolos para inyección letal, debido a la preocupación de que los prisioneros condenados a muerte experimentaban un dolor intenso y extendido durante las ejecuciones.
“Hasta ahora, Florida se ha rehusado a discutir públicamente cómo mata a sus prisioneros”, dijo Fellner. “La nueva comisión de Bush debería poner fin a esa tradición llevando a cabo una investigación pública minuciosa e imparcial sobre su protocolo para inyección letal, en la que participen farmacólogos independientes y otros expertos”.
En California, el juez federal Jeremy Fogel dictaminó el 15 de diciembre que las inyecciones letales de ese estado carecen de “confiabilidad y transparencia”. Describió como “profundamente perturbadoras” las evidencias sobre inyecciones letales presentadas ante la corte. El magistrado le urgió al gobernador Arnold Schwarzenegger, de California, que corrija las numerosas deficiencias en los métodos que el estado utiliza para las ejecuciones por medio de inyección letal porque en la forma en que hoy día son administradas plantean un “riesgo indebido” de provocar un dolor “tan severo” que ello ofende la prohibición de la Constitución de Estados Unidos al castigo cruel e inusual.
Los métodos de inyección letal examinados por el juez Fogel fueron desarrollados en 1977 por un médico forense de Oklahoma que carecía de pericia farmacológica. Bajo este sistema, al prisionero se le inyecta una dosis masiva del anestésico pentotal de sodio, que debería dejarlo inconsciente y detener su respiración. Luego se le administra bromuro de pancuronio, un fármaco que paraliza los músculos voluntarios, incluidos los pulmones y el diafragma. Finalmente se le inyecta cloruro de potasio, que rápidamente debería provocarle un paro cardíaco. Cuando las drogas del protocolo de inyección letal con tres fármacos son administradas en forma apropiada, el prisionero debería quedar inmóvil – como también ser incapaz de sentir dolor – en el lapso de uno o dos minutos.
En 2005, Michael Angelo Morales presentó una demanda alegando que el protocolo de inyección letal de California lo pondría en riesgo de experimentar un dolor extremo durante su ejecución. En audiencias celebradas en febrero y septiembre de 2006, registros de testimonios y ejecuciones revelaron que en los casos de por lo menos seis prisioneros, su pecho se movió de arriba hacia abajo durante un largo tiempo después de que el fármaco anestésico les fue administrado – lo cual sugiere que no habían sido anestesiados de manera apropiada. Si a los prisioneros no se les aplicó suficiente anestesia – tal como lo denotan los movimientos pectorales – es probable que hayan sentido que se sofocaban debido al bromuro de pancuronio, o que sus venas ardían conforme el cloruro de potasio corría hacia su corazón. Las regulaciones de California no requerían que se determinara el nivel de anestesia y conciencia del prisionero antes de que el segundo y tercer fármacos fueran administrados.
Información acerca de inyecciones letales fallidas y problemáticas en otros estados también ha llevado a más jueces y funcionarios públicos a cuestionar el protocolo de inyección letal con tres fármacos. En julio, un juez federal en Missouri suspendió las inyecciones letales en ese estado luego de que informes toxicológicos indicaran que algunos prisioneros no habían sido anestesiados adecuadamente antes de ser ejecutados. En septiembre, el gobernador Mike Rounds, de Dakota del Sur, suspendió las inyecciones letales para todos los condenados a muerte en el estado debido a discrepancias entre el estatuto sobre inyecciones letales del estado y el protocolo de inyección letal de su Departamento de Correcciones. También este año, un juez en Carolina del Norte detuvo temporalmente las inyecciones letales después de que informes toxicológicos sugirieran que los prisioneros pudieron haber estado conscientes y sufriendo mientras se les aplicaba la inyección letal. En la actualidad hay por lo menos 41 objeciones contra la inyección letal en cortes federales en diversas partes del país.
Human Rights Watch se opone a la pena capital en todas las circunstancias y hace un llamado a que sea abolida. Sin embargo, mientras los 38 estados que aplican la pena capital y el gobierno federal no la revoquen, la legislación internacional de derechos humanos les exige que se aseguren de haber desarrollado un método de ejecución que reduzca, en la mayor medida posible, el riesgo de dolor y sufrimiento mentales o físicos del prisionero condenado.
“Estados como California y Florida pueden hacer cualquier cambio insignificante que deseen en cuanto a la pena capital pero, al final del día, siguen conduciendo a un prisionero a una habitación, lo atan con correas y lo ejecutan”, dijo Fellner. “Ése es un castigo inherentemente cruel”.
Para leer el fallo del juez de distrito Jeremy Fogel en el caso de Michael Angelo Morales.
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Report, April 24, 2006