El año estuvo marcado por los contrastes en las Américas. La situación ya de por sí terrible de Colombia se deterioró aún más, y la profunda crisis política e institucional de Perú continuó dejando apartado el amplio respeto a los derechos humanos. Por otro lado, en México, donde las elecciones de julio simbolizaron el primer cambio de partido ocupante de la mansión presidencial en más de setenta años, crecieron las esperanzas de que el nuevo presidente emprendería las tan necesarias reformas en materia de derechos humanos. Un golpe en Ecuador y un intento de golpe fallido en Paraguay sirvieron de recordatorio de la fragilidad de la democracia en la región. Mientras tanto, Chile siguió adelante con sus intentos de procesar al ex dictador Augusto Pinochet, y una juez argentina solicitó su extradición para enfrentarse a cargos penales por el atentado con bomba de 1974 en Buenos Aires contra el ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, el General Carlos Prats. Entre las muestras de inestabilidad de Haití se encontraban el fraude electoral y la violencia callejera incontrolada, mientras que en Argentina, nueve personas, entre ellas dos miembros de la antigua junta militar, seguían en arresto domiciliario y estaban siendo investigadas por su participación en el secuestro de recién nacidos durante el régimen militar.

A pesar de los altibajos del año, hubo un tema constante: la violación cotidiana a los derechos humanos — que incluye el abuso policial, la tortura, la falta de acceso a sistemas de justicia efectivos-requería una atención mucho mayor de los políticos de la que estaban dispuestos a reconocer o prestar.

Colombia se convirtió en el escenario de la crisis de derechos humanos más urgente de la región. Las víctimas fueron sobre todo civiles atrapados entre las partes en conflicto, todas las cuales — los militares y los paramilitares con los que mantenían estrechos lazos y la guerrilla de oposición — cometieron atrocidades con impunidad. A pesar de los desmentidos del gobierno colombiano, existen pruebas irrefutables de que las Fuerzas Armadas continúan implicadas en violaciones a los derechos humanos así como en el apoyo a los grupos paramilitares responsables de la mayoría de los abusos graves. Las tropas atacaron y asesinaron indiscriminadamente a civiles, entre ellos seis niños en un viaje escolar cerca de Pueblo Rico, Antioquia, el 15 de agosto. Según los testigos, los soldados dispararon durante 40 minutos contra el grupo.

Las características del conflicto cambiaron con la entrada de Estados Unidos como uno de los principales inversores, lo que supuso una inyección de 1.300 millones de dólares en ayuda mayoritariamente militar para el Gobierno. El paquete incluía siete condiciones rigurosas de derechos humanos, entre ellas la necesidad de que se demostrara la ruptura de las Fuerzas Armadas de Colombia con los paramilitares. La Secretaria de Estado de EE.UU. certificó que Colombia sólo había cumplido una de las condiciones, la relacionada con garantizar la jurisdicción civil, no militar, sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por soldados. El Presidente Bill Clinton anuló el resto de condiciones por razones de seguridad nacional, lo que supuso una muestra de que la política estadounidense subordinaba los derechos humanos a otros intereses.

La crisis emergente en Perú no ayudó a paliar la sombra que Colombia arrojaba sobre la región. En abril, después de manipular la Constitución para poder presentarse como candidato, el Presidente Alberto Fujimori obtuvo su tercera victoria presidencial en un proceso electoral calificado rotundamente de fraude por los observadores peruanos e internacionales. En septiembre, los escándalos relacionados con los sobornos de su gobierno a políticos de la oposición y la presunta venta encubierta de armas por parte de su jefe de seguridad a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) provocaron un cambio repentino de planes. Fujimori disolvió el temido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y anunció que convocaría nuevas elecciones presidenciales a las que no se presentaría de nuevo. No obstante, los diez años de liderazgo abusivo de Fujimori dejaron patas arriba los sistemas judicial y político del país, lo que prácticamente garantizaba la obstaculización de los esfuerzos de reconstrucción de la democracia. Cuando se escribió este informe, Fujimori seguía ocupando la presidencia y su ex jefe de seguridad, Vladimiro Montesinos, había regresado al país después de solicitar, sin éxito, asilo en Panamá.

México también experimentó la promesa del cambio político, pero con un pronóstico mucho más optimista que el de Perú. Después de más de 70 años en el poder, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió las elecciones presidenciales de julio. El vencedor, Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), demostró una apertura con los derechos humanos sin precedentes entre los líderes mexicanos. Fox, cuya toma de posesión estaba prevista para el 1 de diciembre, se reunió inmediatamente con grupos de derechos humanos en México, Canadá, Estados Unidos y Alemania. Anunció una reforma exhaustiva y muy necesaria del sistema judicial del país y pidió el establecimiento de una "comisión de transparencia," para buscar respuesta a cuestiones largamente postergadas sobre algunos abusos a los derechos humanos y la corrupción bajo los sucesivos gobiernos del PRI.

Con algunos contratiempos, prosperaron los esfuerzos de obtener justicia por pasadas violaciones a los derechos humanos en la región. La lucha contra la impunidad tuvo razones para el optimismo en Chile cuando se levantó la inmunidad parlamentaria de Pinochet a su regreso en marzo, después de 17 meses de arresto domiciliario en el Reino Unido. Pinochet, que había sido puesto en libertad por motivos de salud, fue detenido para su posible extradición España para enfrentarse a los cargos de violaciones a los derechos humanos que pesaban sobre él. El ex dictador se enfrentaba a más de 60 querellas criminales dentro de Chile, presentadas desde enero de 1998 por familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura, y por partidos políticos, sindicatos y organizaciones profesionales. En agosto, la Corte Suprema de Chile confirmó la decisión del un tribunal inferior de que existían pruebas suficientes contra Pinochet para retirarle la inmunidad. También se produjeron avances en otros casos contra ex oficiales militares y miembros de los servicios de inteligencia del antiguo gobierno militar de Pinochet. En julio, dos ex mayores del Ejército y un cadete fue condenados a cadena perpetua por el asesinato en 1982 de Juan Alegría Mandioca, un chivo expiatorio del asesinato de un líder sindical.

El mismo juez español que había ordenado la detención de Pinochet en Londres, Baltasar Garzón, pidió asimismo la detención del ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, en agosto. Cavallo, que vivía en México, estaba acusado de los crímenes de genocidio, terrorismo y tortura derivados de su presunta función de torturador en la infame Escuela de Mecánica de la Armada, durante el régimen militar argentino. Cuando se escribió este informe, Cavallo luchaba contra su extradición desde una cárcel mexicana.

Las autoridades argentinas también contribuyeron al combate contra la impunidad en casos relacionados con el secuestro de niños durante la dictadura militar en los setenta y los ochenta. Nueve personas, entre ellas los ex presidentes, el Brig. Gral. Reynaldo Bignone y el Gral. Videla, y el miembro de la antigua Junta, el Almirante Emilio Massera, estaban bajo arresto domiciliario en relación con el presunto secuestro de más de 200 niños.

Sin embargo, la lucha contra la impunidad sufrió un contratiempo en Italia en un caso relacionado con otro violador de los derechos humanos argentino. El ex mayor del Ejército Jorge Olivera fue detenido en Roma en Agosto, en cumplimiento de una petición de extradición del juez francés Roger Le Loire. Olivera estaba acusado de tortura, secuestro y desaparición de la ciudadana francesa Marie Anne Erize en 1976, pero fue puesto en libertad cuando un tribunal italiano dictaminó que Erize había fallecido, no desaparecido, y que los demás crímenes habían prescrito. El tribunal llegó a esta conclusión sobre la base de lo que resultó ser posteriormente una falsificación de un certificado de defunción.

Estados Unidos contribuyó a otro grave contratiempo en la de otro modo tendencia mundial positiva hacia la aplicación de la jurisdicción universal sobre los crímenes contra la humanidad. En marzo, conforme a las leyes que obligan a Estados Unidos a procesar a torturadores, los funcionarios del Departamento de Justicia detuvieron al agente de la inteligencia militar peruana, el Mayor Tomás Ricardo Anderson Kohatsu, lo que sembró la esperanza de que fuera procesado por los graves abusos a los derechos humanos que había cometido presuntamente en Perú. Anderson estaba implicado en numerosas violaciones, entre ellas la tortura de una ex agente de inteligencia que quedó parapléjica. Pero en una decisión lamentable, el Departamento de Estado obtuvo la puesta en libertad de Anderson alegando que gozaba de inmunidad porque había sido llevado a Estados Unidos para participar en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dentro de Estados Unidos, dos ex líderes militares de El Salvador se enfrentaban al cargo de muerte causada por negligencia de otro ante un tribunal federal de Florida. El Gral. José Guillermo García, ex Ministro de Defensa, y el Gral. Carlos Eugenio Vides Casanova, que dirigían la notoriamente brutal Guardia Nacional, estaban acusados de la muerte por negligencia de cuatro religiosas estadounidenses que habían violadas y asesinadas en El Salvador en 1980. En 1984, se condenó en El Salvador a oficiales de menos rango de la Guardia Nacional por este caso. Los familiares de las víctimas habían presentado una demanda civil en Estados Unidos.

La causa de la verdad, si no de la justicia, también recibió un espaldarazo en Guatemala, después de la toma de posesión en enero del Presidente Alfonso Portillo. A los pocos meses de ocupar el cargo, decretó un día nacional para honrar a las 200.000 víctimas estimadas del conflicto de 35 años en Guatemala, ratificó la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas y admitió la responsabilidad del Estado por violaciones pasadas en muchos casos bien conocidos, entre ellos el asesinato en 1990 de la antropóloga Myrna Mack y la masacre de al menos 162 personas en Dos Erres, en diciembre de 1982.

Mientras que había razones para el optimismo en los esfuerzos para llevar ante la justicia a los violadores de los derechos humanos, los acontecimientos ocurridos en Ecuador y Paraguay subrayaron la fragilidad de la democracia en la región. El 22 de enero, las Fuerzas Armadas de Ecuador, aliadas con una coalición de grupos indígenas, derrocaron al presidente electo Jamil Mahuad, al que reemplazaron brevemente por una junta de tres personas. A los pocos días, las Fuerzas Armadas dejaron la responsabilidad en manos del Vicepresidente Gustavo Noboa. En mayo, fracasó el intento de oficiales militares paraguayos de derrocar al Presidente Luis González Macchi.

Durante el año se produjeron toda una serie de violaciones a los derechos humanos. En países como Argentina, Brasil, Guatemala, Haití, México y Venezuela, los abusos de las fuerzas de seguridad y la impunidad siguieron siendo problemas graves. Un denominador común fue el hecho de los sistemas judiciales de estos países no ofrecieran remedios efectivos para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. El caso de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores subrayaron este problema en México. Estos activistas medioambientales de Pizotla, Guerrero, estaban acusados de delitos relacionados con el narcotráfico y las armas. A pesar de las pruebas que indicaban que los soldados habían colocado las pruebas empleadas contra ellos, y que los acusados habían sido obligados a firmar declaraciones en su contra, fueron hallados culpables, lo que demostró el tremendo fracaso del sistema de justicia en México. En Guatemala, donde los funcionarios de las Naciones Unidas documentaron más de una docena de ejecuciones extrajudiciales, el débil sistema judicial condujo a un clima de inseguridad y linchamientos de presuntos delincuentes por parte de grupos de vigilancia.

El caso de Sandro do Nascimiento ilustró el problema en Brasil. El intento de robo a mano armada de Nascimiento en Rio de Janeiro se saldó finalmente con su secuestro y asesinato. En lugar de someterle a un juicio por sus graves delitos, la Policía lo estranguló hasta la muerte poco después de su detención. En el estado de São Paulo, los asesinatos policiales de civiles aumentaron de 525 en 1998 a 664 en 1999, la mayor cifra desde 1992, cuando la Policía mató a 111 presos en una masacre en la prisión de Carandiru. Esta tendencia violenta se intensificó durante el primer semestre del 2000, cuando la Policía del estado más poblado del país mató a 489 civiles, un aumento del 77,2% en comparación con el mismo período de 1999. Un estudio publicado en julio por la Defensoría de Derechos Humanos de la Policía arrojó luz sobre estas cifras alarmantemente altas. Tras analizar los informes forenses de 222 personas muertas por disparos de la Policía en 1999 — la tercera parte de las víctimas de acciones policiales letales — informó que el 51% había sido disparado por la espalada y el 23% había recibido cinco o más disparos. Las conclusiones sugerían que muchas de las víctimas habían sido ejecutadas sumariamente, y no habían muerto como resultado del empleo legítimo de la fuerza letal en tiroteos, como informaban habitualmente las autoridades.

En Haití, el fraude electoral y la violencia callejera incontrolada con motivaciones políticas planteó serias dudas sobre la disposición y la capacidad del Gobierno para aplicar la ley. La mayoría de la violencia fue llevada a cabo por los partidarios de Fanmi Lavalas, el partido del ex Presidente Jean-Bertrand Aristide, en el contexto de las elecciones parlamentarias celebradas en mayo.

También continuaron las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Tras las inundaciones y los deslizamientos de barro de diciembre de 1999, las Fuerzas Armadas asesinaron a presuntos saqueadores en el estado de Vargas. Paracaidistas del Ejército, Policía y miembros de la Guardia Nacional fueron acusados del asesinato, al estilo de una ejecución, de más de 60 personas, según el Procurador de Derechos Humanos de Vargas. El número de ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes en otras partes del país también aumentó con respecto al año anterior; el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) no gubernamental dijo que supo de 76 denuncias de violaciones al derecho a la vida por parte de la Policía durante los primeros seis meses del año.

La libertad de prensa también siguió siendo precaria en la región, sobre todo en Cuba, donde las autoridades mantuvieron un control casi total de la circulación de noticias dentro de la isla. En Haití, el periodista de Radio Haïti-Inter Jean Dominique fue emboscado y asesinado el 3 de abril, junto con el guardaespaldas de la emisora Jean-Claude Louissant. Dominique era un defensor abierto del Estado de derecho. En Chile, los periodistas sufrieron también restricciones. José Ale Aravena, reportero judicial del diario La Tercera, fue condenado en febrero por "insultos" al ex Presidente de la Corte Suprema Servando Jordán, en un artículo en el que resumía la polémica carrera del magistrado. La condena suspendida de 541 días de prisión para el periodista recordó al país la mentalidad autoritaria de algunos jueces chilenos y las débiles protecciones a la libertad de expresión contempladas en las leyes. Cuando se escribió este informe, estaba pendiente una propuesta de ley para la regulación de la prensa. Si la aprueba el Congreso, como está previsto, la ley ofrecerá una mayor y muy necesaria protección con varias medidas importantes, tales como la retirada de la jurisdicción de los tribunales militares sobres los casos de periodistas acusados de sedición o espionaje conforme a las leyes militares, y la anulación del delito de "desacato a la autoridad" de la Ley de Seguridad del Estado.

Las condiciones inhumanas de detención continuaron siendo una característica común en toda la región, y se hallaron situaciones especialmente abusivas en Venezuela, Haití, Panamá y El Salvador. El aumento continuo de las poblaciones carcelarias agravó el hacinamiento, que es el origen de toda una serie de problemas. Sin embargo, en toda la región, las prisiones y las cárceles no estaban abarrotadas de presos condenados, sino de detenidos preventivos, lo que ponía la presunción de inocencia patas arriba.

La defensa de los derechos humanos

El florecimiento del movimiento de derechos humanos, incluso en países con ambientes hostiles al activismo, siguió siendo un aspecto destacado en la región. Además de los grupos concentrados en la gama tradicional de derechos civiles y políticos, durante la última década han surgido organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los refugiados y, en algunos países, los derechos de homosexuales y lesbianas. Con métodos cada vez más sofisticados de documentación y cabildeo, estos grupos desempeñaron un papel indispensable en la observación y la información sobre los acontecimientos en materia de derechos humanos ocurridos en la región.

Sin embargo, incluso en países en los que los defensores de los derechos humanos podían trabajar sin riesgo personal aparente, se enfrentaron frecuentemente a un público desfavorable, sospechoso de su defensa de presuntos delincuentes y otros grupos despreciados. Lo que es peor, en una serie de países fueron víctimas de amenazas, hostigamiento y violencia física.

Colombia siguió siendo el país más peligroso para la observación de los derechos humanos, donde cuatro defensores fueron asesinados y tres desaparecidos durante los primeros diez meses del 2000. Elizabeth Cañas, miembro de la Asociación de Detenidos Desaparecidos-Colombia (ASFADDES), fue muerta por disparos en julio. Cañas vivía en Barrancabermeja, donde los paramilitares intimidaron sistemáticamente a los defensores de los derechos humanos y enviaron docenas de amenazas de muerte durante el año. También fueron asesinados Demetrio Playonero, una persona desplazada interna (PDI) y dirigente de derechos humanos; Jesús Ramiro Zapata, el único miembro que quedaba del Comité de Derechos Humanos de Segovia; y Margarita María Pulgarín Trujillo, una fiscal del Gobierno que estaba investigando casos que relacionaban a los paramilitares con las Fuerzas Armadas y los narcotraficantes.

Los grupos civiles, entre ellos las organizaciones de derechos humanos, también fueron víctimas de los ataques de las FARC, que en octubre del 2000 los calificaron de "asesinos a sueldo [de las Fuerzas Armadas de Colombia]." En una declaración explicando las razones por las que no atendieron la invitación a una reunión por la paz, celebrada en octubre en San José, Costa Rica, y patrocinada por una amplia coalición de organizaciones de derechos humanos, pacifistas y comunitarias, las FARC desestimaron la iniciativa por estar organizada por "los enemigos de Colombia y su pueblo." De esta manera, la guerrilla contribuyó a un clima general de terror e intolerancia que ponía en peligro a los defensores de los derechos humanos.

Los esfuerzos del gobierno colombiano para proteger a los defensores amenazados fueron lentos e inadecuados. Es más, poniendo en peligro de manera temeraria las vidas de los defensores, los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia continuaron realizando declaraciones públicas en las que acusaban a los investigadores del Gobierno y a los grupos de derechos humanos de simpatizar con la guerrilla.

Se denunciaron intentos de asesinato fallidos en Brasil. En septiembre, en el estado noroccidental de Paraíba, abrieron fuego contra un vehículo todo terreno que trasladaba a miembros de una comisión de observación de cuestiones relacionadas con la violencia rural y la reforma agraria, pero sus ocupantes sobrevivieron. Ese mismo mes, representantes de Amnistía Internacional y de una organización del colectivo homosexual de São Paulo recibieron paquetes bomba por correo, pero la Policía logró desactivarlos.

En un acontecimiento alarmante, especialmente si se considera desde la perspectiva histórica, Guatemala fue testigo de un aumento considerable de las amenazas, los hostigamientos y la violencia planificada contra organizaciones y activistas de derechos humanos. En un incidente inquietante ocurrido en agosto, un representante del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) fue detenido, golpeado y robado por personas que se hicieron pasar por periodistas, a las que se relacionaba con oficiales del Ejército en activo y retirados.

También denunciaron amenazas de muerte, frecuentes en Colombia, en Guatemala, Chile, Brasil, México, Argentina y Perú. En Cuba, los observadores de los derechos humanos, cuya legitimidad se negaba obstinadamente a reconocer el Gobierno, se enfrentaron al hostigamiento y el procesamiento penal por sus actividades.

En Venezuela, el Tribunal Supremo determinó en dos decisiones diferentes dictadas en junio y agosto que las organizaciones de derechos humanos que recibían fondos extranjeros no formaban parte de la "sociedad civil," privándolas por lo tanto del derecho a participar en el nombramiento de candidatos al Tribunal Supremo, para el puesto de Defensor del Pueblo y para otros cargos oficiales importantes.

Las autoridades continuaron ejerciendo presión sobre los observadores de los derechos humanos en México, también, donde les achacaron en ocasiones algunos de los problemas de delincuencia padecidos por el país. Por ejemplo, el candidato presidencial derrotado Francisco Labastida del PRI señaló durante la campaña que debía quedar claro que la ley se había hecho para proteger los derechos humanos de los ciudadanos, no de los criminales. Este discurso contra los derechos humanos contribuyó a un ambiente hostil contra los defensores de los derechos humanos. Según la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (conocida como la Red) no gubernamental, sus oficinas en el Distrito Federal estaban siendo vigiladas por agentes federales del Sistema Nacional de Seguridad (SISEN) en junio.

El papel de la comunidad internacional

Las capacidades de observación electoral de la OEA se pusieron seriamente a prueba este año tanto en Perú como en Haití, donde las misiones de observación electoral lograron evitar no obstante las deficiencias del pasado. En Perú, una misión encabezada por el ex Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala Eduardo Stein condujo una observación franca, transparente y proactiva del proceso electoral. En Haití, el Embajador de Barbados, Orlando Marville, lideró un equipo de observadores que fue el primero en descubrir el método de cálculo fraudulento que empañó los resultados de las elecciones senatoriales. Ambas misiones terminaron decidiendo abandonar los países antes de la conclusión de las elecciones, una vez que quedó claro que no se pondría remedio a los abusos electorales.

Pero la OEA demostró menos iniciativa en el tratamiento de los resultados de sus iniciativas de observación. En concreto, con respecto a Perú, el Consejo Permanente de la OEA rechazó una propuesta de Estados Unidos y Costa Rica de convocar una reunión ad hoc de Ministros de Relaciones Exteriores conforme a la Resolución 1080 — la disposición estipulada para responder a las interrupciones del sistema democrático — para debatir sanciones contra Perú. Por considerable mayoría, los Estados miembros no se mostraron dispuestos a adoptar medidas enérgicas para responder a las elecciones injustas. Este consenso reveló los límites de la efectividad de la OEA para responder a las interrupciones del proceso democrático que no llegan al extremo de un golpe de Estado. Las limitaciones de la Resolución 1080 también se pusieron de manifiesto en el caso del golpe en Ecuador. La OEA no tomó medidas a pesar del derrocamiento de presidente.

La OEA tampoco emprendió acciones concretas en el caso de Haití. Cuando se escribió este informe, el Vicesecretario General de la OEA, Luigi Enaudi, estaba participando en negociaciones con las autoridades haitianas para intentar paliar los peores aspectos de las elecciones del verano, pero no se había anunciado aún ninguna reforma.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió múltiples casos sobre la pena de muerte en Trinidad y Tobago a la Corte Interamericana. En 1998, este país anunció que retiraría su ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para que el sistema interamericano de derechos humanos no fuera una vía de recurso para los condenados a muerte. La retirada se hizo efectiva en 1999, pero los casos sometidos por la Comisión a la Corte estaban relacionados con hechos ocurridos cuando Trinidad y Tobago era aún parte de la Convención.

En el sentido contrario y de manera positiva, Barbados reconoció este año la jurisdicción de la Corte.

Las Naciones Unidas mantuvieron una presencia permanente para la observación de los derechos humanos en Colombia y Guatemala, y en menor medida en Haití. En otros países, los relatores especiales y miembros de otros organismos que los visitaron aportaron su experiencia a los esfuerzos por resolver los problemas de derechos humanos. Por ejemplo, la misión de agosto-septiembre del relator espacial de la ONU sobre la tortura a Brasil llamó la atención del público sobre los abusos en las prisiones y fortaleció la credibilidad de los grupos de observación locales. Anteriormente, en la sesión de abril de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, una resolución por la que se criticaba al gobierno cubano por su intolerancia con la disidencia pacífica, entre otros problemas, fue fundamental para mantener las presiones para la reforma.

La oficina en Colombia de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continuó su valioso trabajo en el 2000, y sus miembros visitaron regiones azotadas por la guerra y presionaron a las autoridades colombianas para que aplicaran las reformas necesarias. El informe anual de esta oficina fue un retrato preciso y convincente la terrible situación de los derechos humanos en Colombia. El gobierno colombiano tomó la sabia decisión de aceptar la continuidad de la oficina hasta abril del 2002. Sin embargo, es inquietante que el personal de la ONU señalara una disminución marcada de la cooperación de los funcionarios colombianos.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), establecida después de los acuerdos de paz de 1996, publicó informes sobre el proceso de paz que incluían análisis detallados sobre asuntos de derechos humanos. Conforme a los acuerdos de paz de 1996, el mandato de MINUGUA vencía a finales de año. Aunque el Presidente Portillo había solicitado que se extendiera la estancia de MINUGUA, cuando se escribió este informe, la Asamblea General de la ONU aún no había tomado una decisión.

En Haití, la misión de observación de los derechos humanos de la ONU puso fin a su presencia de seis años a principios del 2000, junto con la misión de mantenimiento de la paz de la ONU. Se instaló una misión más reducida de observación de los derechos humanos: la Misión Internacional Civil de Apoyo a Haití (Mission Internationale Civile d'Appui à Haïti, MICAH).

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Mary Robinson, visitó México en noviembre de 1999 y firmó un acuerdo con el gobierno para emprender un programa de cooperación técnica en materia de derechos humanos. Cuando se escribió este informe, la Naciones Unidas y el gobierno mexicano no habían llegado a un acuerdo sobre la naturaleza exacta del programa. Tras la visita de la Alta Comisionada, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias publicó un informe sobre México. Aunque señaló que el gobierno había adoptado algunas medidas positivas, el informe concluía: "Por desgracia, estas medidas positivas no han sido suficientes para corregir la situación."

El año 2000 marcó el aumento de la importancia del papel de Estados Unidos en el conflicto armado de Colombia, con la aprobación de un plan de ayuda de 1.300 millones de dólares. El paquete de ayuda a Colombia, debatido acaloradamente y aprobado por mayoría abrumadora en el Congreso, era el mayor que se había aprobado nunca para un país latinoamericano. Aunque la ayuda estaba condicionada a criterios estrictos de derechos humanos, el 22 de agosto, el Presidente Clinton anuló seis de las siete condiciones por razones de seguridad nacional.

El empleo de esta excepción por parte de Clinton, justo antes de su visita a Colombia, permitió que la ayuda siguiera su curso a pesar de que los funcionarios estadounidenses habían reconocido que las fuerzas que estaban financiando mantenían estrechos lazos con grupos paramilitares, no habían suspendido o procesado a los oficiales implicados, participaban en abusos a los derechos humanos y se negaban a aplicar la jurisdicción civil sobre los crímenes de derechos humanos. Un vocero de la oficina del asesor de la Casa Blanca y Zar de las Drogas, el Gral. (retirado) Barry McCaffrey, explicó la decisión del Presidente con una franqueza brutal: "No se retrasa el objetivo principal para lograr el menor."

En diciembre de 1999, el primer batallón del Ejército de Colombia concluyó su entrenamiento y fue desplegado. Un segundo batallón empezó la formación en agosto. Las leyes de Estados Unidos ordenaban que, salvo en casos de emergencia, no hubiera en ningún momento más de 500 soldados estadounidenses en el país. Pero como muestra de la tendencia mundial a la "subcontratación" de la guerra, algunos analistas estimaron que en todo momento podía haber en Colombia hasta 1.000 efectivos relacionados con Estados Unidos, muchos de ellos trabajadores de empresas privadas contratadas por las fuerzas armadas estadounidenses.

El departamento del sur de Colombia de Putumayo, que alberga el 50% del cultivo de coca, fue el primer objetivo de la estrategia de erradicación. Los funcionarios reconocieron que un posible resultado de la iniciativa era el desplazamiento forzado de la población y propusieron una serie de campamentos "temporales" controlados por el Gobierno para distribuir asistencia. Los grupos que trabajan con los desplazados internos protestaron y dijeron que las actividades planeadas podían fomentar el conflicto, afectar a civiles inocentes y aumentar considerablemente el desplazamiento interno en Colombia.

El gobierno de Clinton, respaldado por el Congreso, adoptó inicialmente una postura enérgica contra la manipulación del proceso electoral peruano que condujo al tercer mandato de Fujimori. El Presidente Clinton sugirió directamente que la relación de Estados Unidos con Perú se vería perjudicada si no se respetaba la democracia. Sin embargo, cuando otros Estados miembros de la OEA no se sumaron a la petición estadounidense de una reunión ad hoc de ministros conforme a la Resolución 1080, Estados Unidos no defendió aparentemente con fuerza la medida.

Se dijo que las negociaciones entre bastidores de los funcionarios estadounidenses durante el escándalo del vídeo en septiembre fueron clave para convencer a Fujimori de que renunciara al cargo y desmantelara su odiado aparato de inteligencia. Sin embargo, en lugar de promover la plena rendición de cuentas en el retorno de Perú al régimen democrático, Estados Unidos apoyó con decisión un arreglo por el que el jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos huyó a Panamá para pedir asilo político. En octubre, Montesinos regresó a Perú después de que Panamá rechazara su petición de asilo.

En la parte positiva, se realizaron avances importantes en la desclasificación de documentos estadounidenses relacionados con las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar chileno. A mediados de año, de acuerdo con una orden de desclasificación de 1999, se publicaron miles de documentos de los Departamentos de Estado y Defensa y de otros organismos de Estados Unidos, entre ellos la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Algunos documentos se retuvieron por órdenes del director de la CIA, George Tenet, supuestamente para no desvelar información delicada sobre los métodos de reunión de información. Cuando se escribió este informe, la CIA y otros organismos del Gobierno se estaban preparando para otra publicación masiva de documentos.

En septiembre, se produjo un avance considerable en el entendimiento del papel de la CIA en Chile, en respuesta a una enmienda a la Ley de Autorización de Inteligencia para el año fiscal 2000 presentada en 1999 por el miembro de la Cámara de los Representantes Maurice Hinchey. En esta enmienda se exigía a la CIA que sometiera un informe al Congreso sobre sus relaciones con el gobierno militar de Pinochet, entre otros aspectos de la participación de la CIA en Chile. En el informe, la CIA reveló que había mantenido un enlace con Manuel Contreras, el infame director del servicio de seguridad de Chile entre 1974 y 1977. La relación continuó durante el período en que se violaron grave y sistemáticamente los derechos humanos en Chile, y terminó un año después del asesinato con carro bomba en Washington, D.C., del ex Ministro de Relaciones Exteriores de Allende, Orlando Letelier, y de su colega Ronni Moffitt, por el que se había imputado a Contreras en Estados Unidos y condenado en Chile.

También se realizaron algunos avances pequeños, pero simbólicos, en la relajación del embargo sobre Cuba, un instrumento político anticuado que Human Rights Watch y muchos otros observadores consideraron contraproducente para la causa de los derechos humanos. Tras meses de debates en los comités del Congreso, en octubre, ambas cámaras legislativas aprobaron leyes que permitían las ventas limitadas de alimentos y medicinas a Cuba. La medida marcaba la primera concesión significativa después de casi cuatro décadas de política estadounidense de sanciones contra Cuba, pero era probable que no diera paso mas que a un volumen reducido de negocio. Debido a los compromisos con legisladores conservadores opuestos a la relajación de las restricciones, no se permitiría ningún crédito oficial a la exportación ni financiación privada para las ventas de alimentos. Y en la parte negativa de la balanza, la ley estipulaba restricciones sobre los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba.

El trabajo de Human Rights Watch

Aunque respondió a situaciones de crisis en todo el continente, la atención de la División de las Américas de Human Rights Watch se concentró principalmente en un grupo fundamental de países que experimentaron los problemas de derechos humanos más graves. Human Rights Watch intentó responder, en cada país, a los problemas de derechos humanos más acuciantes: el procesamiento de Pinochet y la libertad de expresión en Chile; las violaciones del derecho internacional de derechos humanos y humanitario en Colombia; las condiciones electorales injustas, el debilitamiento del Estado de derecho y la impunidad en Perú; las deficiencias del sistema de justicia en México; la violencia política y el fraude electoral en Haití; la rendición de cuentas en Argentina; la protección de las ONG y los defensores de los derechos humanos en Guatemala; el empleo excesivo de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas en Bolivia; y las condiciones generales de derechos humanos y el embargo estadounidense en Cuba.

Además de documentar los abusos mediante los informes publicados, Human Rights Watch respondió rápidamente a los acontecimientos de actualidad dirigiéndose directamente a altos funcionarios y representantes de los organismos regionales e internacionales competentes, y haciendo oír en general nuestras preocupaciones en materia de derechos humanos de manera firme, concisa y oportuna. Human Rights Watch también planteó sus opiniones en reuniones con latos funcionarios gubernamentales de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Haití, Guatemala, México, Panamá y Venezuela. En las reuniones y la correspondencia, hicimos recomendaciones específicas para la mejora de las condiciones de derechos humanos.

Por ser el escenario de la crisis de derechos humanos más grave de la región, Colombia fue el principal foco del trabajo de la división durante el 2000. En febrero, cuando el Congreso de Estados Unidos estaba debatiendo un paquete de ayuda militar masiva a Colombia, Human Rights Watch publicó el informe: "Los lazos que unen: Colombia y las relaciones militares-paramilitares." En este informe se documentaba la constante relación estrecha entre las Fuerzas Armadas de Colombia y los grupos paramilitares, y se rebatía directamente la afirmación del gobierno colombiano de que las Fuerzas Armadas no eran responsables de los abusos de los paramilitares. Y para asegurar que el mensaje llegaba a su destino, el director ejecutivo de la división y la investigadora para Colombia testificaron ante el Senado de Estados Unidos sobre las conclusiones del informe, y argumentaron que debían de incluirse duras condiciones de derechos humanos en cualquier asistencia propuesta para Colombia.

El informe apareció en las primeras páginas de la prensa colombiana, donde los altos cargos militares intentaron desacreditar sus conclusiones y sugirieron grotescamente que Human Rights Watch estaba en la nómina de los narcotraficantes. Poco después, ante las críticas de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, los representantes de Cuba organizaron un ataque similar y alegaron que Human Rights Watch recibía fondos sustanciosos de los "servicios especiales" de Estados Unidos. Pero dicha inventiva con motivación política no tenía fundamento ni credibilidad, sobre todo teniendo en cuenta que ninguno de los dos gobiernos podía refutar los hechos cuidadosamente documentados en los que se basaban las conclusiones de Human Rights Watch.

Después de que el Presidente Clinton aplicará la excepción por motivos de seguridad nacional a la ley de ayuda a Colombia — después de que el Departamento de Estado concluyera que Colombia había incumplido seis de las siete condiciones de derechos humanos de la ley — Human Rights Watch criticó enérgicamente que el gobierno de Clinton subyugara los imperativos de derechos humanos a los intereses de la lucha contra el narcotráfico. Miembros de la Unión Europea, escépticos con el Plan Colombia, sólo aprobaron una tercera parte de los fondos solicitados y asignaron toda su ayuda a organizaciones no gubernamentales, en lugar de a organismos oficiales.

La crisis de legitimidad de Fujimori dominó el trabajo de Human Rights Watch sobre Perú. En su campaña de cabildeo, Human Rights Watch instó a la OEA y otros miembros de la comunidad internacional a que adoptarán una postura firma sobre la crisis democrática peruana. A principios de mayo, Human Rights Watch escribió al Secretario General de la OEA, César Gaviria, para exponerle en detalle las deficiencias de las condiciones electorales en Perú. En junio, después de las elecciones, el director ejecutivo de la división asistió a la Asamblea General de la OEA en Windsor, Canadá, donde instó a los Estados miembros a que presionaran a Fujimori para que "restaurara el proceso democrático interrumpido" en Perú. En septiembre, cuando se desató la crisis política en Perú, Human Rights Watch intentó asegurarse de que los abusos a los derechos humanos cometidos durante la década de gobierno de Fujimori no quedaban impunes, y, entre otras acciones, combatió directamente los intentos del Vladimiro Montesinos de quedar inmune ante la justicia mediante la obtención de asilo político en Panamá. Con esta finalidad, Human Rights Watch escribió a la Presidenta de Panamá exponiéndole las razones por las que conceder el asilo sería un profundo error y envió una delegación a Panamá para debatir la cuestión con los funcionarios competentes.

El histórico procesamiento de Pinochet fue el asunto principal para Human Rights Watch en Chile. A finales de abril, el director ejecutivo de la división publicó un artículo de opinión en el diario chileno El Mercurio en el que hacía un análisis crítico de los argumentos sobre el debido proceso empleados por Pinochet para evitar el procesamiento. Este artículo se publicó poco antes de la Corte de Apelaciones de Santiago empezará las vistas sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Pinochet. El investigador de Human Rights Watch en Chile fue el único observador internacional con permiso para asistir a las vistas y observó de cerca los acontecimientos legales que culminaron con la retirada de la inmunidad de Pinochet.

La División de las Américas realizó avances importantes en la amplia divulgación de su información de derechos humanos con la reestructuración completa del sitio web en español de Human Rights Watch. Al ordenar todos los materiales cronológicamente, por país y por tema, el sitio ofrece un panorama detallado de las condiciones de derechos humanos en la región. El objetivo era ofrecer información integral — con documentos que iban de cartas e informes hasta artículos de opinión sobre cada país y tema — y oportuna — con la publicación simultánea en formato electrónico y tradicional de todos los materiales públicos de la división. REGRESAR AL PRINCIPIO