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El Papel de la Comunidad Internacional
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El Papel de la Comunidad Internacional

La Unión Europea

La Unión Europea (UE) financió en 1998 a numerosas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos en Brasil. Los Estados miembros de la UE, tanto a título individual como colectivamente, alentaron a Brasil a que cumpliera con las normas internacionales en materia de derechos humanos, a través de reuniones periódicas con funcionarios federales y en las visitas oficiales del Gobierno brasileño a Europa.

En junio, la UE estableció nuevas directrices arancelarias para las importaciones de productos procedentes de Asia y Latinoamérica, con la intención de crear incentivos económicos para que los países en vías de desarrollo respeten totalmente los derechos del trabajador y disminuir el trabajo infantil. Por medio de estas medidas, que autorizarían reducciones arancelarias de entre el 15 y el 35 por ciento par los productos procedentes de países que acatan totalmente las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativas a los derechos sindicales, la negociación colectiva y la edad mínima laboral, la UE contaba poder presionar a las autoridades de Brasil, y otros países, para que adoptaran medidas concretas en estas áreas. El Gobierno brasileño objetó a la aplicación de las nuevas medidas.

En septiembre, el Gobierno brasileño anunció la creación de un programa de capacitación de agentes de policía gestionado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con el apoyo de los gobiernos holandés y sueco. El programa del CICR está inspirado en un programa piloto puesto en práctica en 1997 y busca la capacitación de agentes en técnicas policiales profesionales. En el programa se incluyen las salvaguardias de los derechos fundamentales de los sospechosos.

Estados Unidos

En 1998, Estados Unidos entregó relativamente poca asistencia a Brasil, pero adoptó ciertas medidas para la promoción de la capacitación y la educación en materia de derechos humanos. Para el año fiscal 1999, la administración Clinton solicitó 1,4 millones de dólares en asistencia antidroga, que incluían 850 mil para las operaciones de la agencia antidroga estadounidense (DEA) y 207 mil para programas y gastos directos. Como parte del presupuesto de 1998, se esperaba el desembolso de dos millones de dólares para equipar las operaciones policiales antidroga. Para el año fiscal 1999, la administración solicitó además 225 mil dólares para Brasil a través del Programa de Internacional de Educación y Capacitación Militar (International Military Education and Training).

Durante el año, el Gobierno estadounidense patrocinó numerosas visitas a Estados Unidos de activistas y abogados de derechos humanos y organizadores comunitarios, por medio de los programas de la administración de justicia y de los Servicios de Información de EE.UU. (USIS), así como visitas a Brasil de expertos en derechos humanos y civiles, especialmente en el área de la biodiversidad. En el capítulo sobre Brasil del informe del Departamento de Estado sobre derechos humanos en 1997 se recogió fidedignamente la situación de los derechos humanos en Brasil, destacando la violencia policial, la tortura y los abusos padecidos por mujeres, minorías y presos.