La sentencia dictada por un tribunal colombiano para que se devuelvan tierras que fueron despojadas a 32 familias desplazadas constituye un paso sumamente importante para la aplicación de la ley de restitución de tierras del país, señaló hoy Human Rights Watch. Las autoridades deberían adoptar medidas enérgicas para proteger a los beneficiarios de la sentencia en el departamento de Córdoba, que han sufrido amenazas y actos de intimidación.
La sentencia dictada el 13 de febrero de 2013 por un tribunal especializado en causas sobre restitución de tierras dispone la devolución de aproximadamente 164 hectáreas (405 acres) de tierras en la hacienda Santa Paula, cerca de la ciudad de Montería, Córdoba. Según se indica en la sentencia, personas que mantenían vínculos con la coalición paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y su fundador, Carlos Castaño, obligaron a las 32 familias a dejar sus parcelas y las adquirieron en forma fraudulenta entre 1999 y 2002. La unidad de restitución de tierras, creada a través de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras de 2011, había documentado y presentado los 32 reclamos ante un juez de tierras el 27 de septiembre de 2012.
“Esta sentencia restablece el derecho de propiedad de las víctimas sobre tierras que les fueron despojadas por una de las mafias paramilitares más poderosas de Colombia, en una región donde esta aún sigue teniendo influencia”, observó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Se trata de un logro trascendental para la unidad de restitución de tierras de Colombia y para las víctimas que han tenido la valentía de reclamar sus tierras”.
La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, sancionada en junio de 2011, procura devolver millones de hectáreas de tierras abandonadas y despojadas a desplazados internos que debieron huir de sus hogares durante las dos últimas décadas. La unidad de restitución de tierras, creada a través de esta ley, ha recibido más de 30.000 solicitudes de restitución, y los jueces especializados han dictado 16 sentencias por medio de las cuales dispusieron la devolución de aproximadamente 500 hectáreas de tierra.
Mario Cuitiva, uno de los beneficiarios de esta sentencia y líder de las familias desplazadas que han exigido la restitución de la hacienda, ha denunciado ante funcionarios judiciales y representantes de Human Rights Watch haber sufrido varias amenazas y actos de intimidación, a causa de los cuales se vio obligado a abandonar Córdoba en noviembre de 2012.
Yolanda Izquierdo, que anteriormente había liderado las iniciativas de las familias desplazadas para reclamar la hacienda Santa Paula, murió tras recibir disparos en Montería, en enero de 2007. En 2011, un juez condenó in absentia a Sor Teresa Gómez por el homicidio de Izquierdo. Gómez, quien había orquestado el despojo de la hacienda Santa Paula, es ex miembro de las AUC y mantenía estrechos vínculos con la familia Castaño. Actualmente continúa prófuga, y ha sido identificada por autoridades policiales como integrante activo de los Urabeños, un grupo sucesor de los paramilitares que retomó las actividades delictivas de las AUC en algunas regiones y que ha cometido abusos generalizados.
La hacienda Santa Paula tiene un área de 1.120 hectáreas, según datos de la unidad de restitución de tierras de Córdoba. Esta unidad ha indicado que presentó demandas de restitución ante la justicia especializada en representación de otras 80 familias que reclaman tierras en Santa Paula, y que aún esperan sentencias judiciales.
“A fin de que esta sentencia se convierta en realidad, las autoridades deben brindar plena protección a las familias que regresen a Santa Paula para recuperar su propiedad”, indicó Vivanco. “Además de escoltas y protección de la fuerza pública, esto implica juzgar y encarcelar a quienes despojaron las tierras y cometieron abusos contra líderes que han intentado conseguir su restitución”.
