(Londres) – El Gobierno sirio y las fuerzas pro gubernamentales ejecutaron al menos 248 personas en los municipios de al-Bayda y Baniyas el 2 y 3 de mayo de 2013, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Ha sido uno de los casos más letales de ejecuciones sumarias masivas desde el comienzo de la guerra en Siria.
El informe de 68 páginas, “No One’s Left: Summary Executions by Syrian Forces in al-Bayda and Baniyas”(“No queda nadie: Ejecuciones sumarias por las fuerzas sirias en al-Bayda y Baniyas”) se basa en entrevistas con 15 residentes de al-Bayda y cinco residentes de Baniyas, entre ellos testigos que vieron o escucharon como las fuerzas gubernamentales y pro gubernamentales detenían y ejecutaban a sus familiares. Gracias a la colaboración de supervivientes y activistas locales, Human Rights Watch recopiló una lista con la información de 167 personas asesinadas en al-Bayda y 81 en Baniyas. Partiendo de los testimonios de testigos y las evidencias videográficas, Human Rights Watch determinó que una abrumadora mayoría fue ejecutada después del final de los enfrentamientos militares y la retirada de los combatientes de la oposición. Es probable que la cifra real de muertes sea mayor, especialmente en Baniyas, teniendo en cuenta las dificultades para acceder a la zona para contabilizar las bajas.
“Mientras que la atención mundial se centra en asegurar que el gobierno de Siria ya no pueda emplear armas químicas contra sus ciudadanos, no debemos olvidar que las fuerzas del Gobierno sirio han usado métodos convencionales para masacrar civiles”, dijo Joe Stork, director en funciones para Oriente Medio de Human Rights Watch. “Los sobrevivientes nos describieron historias devastadoras sobre como las fuerzas gubernamentales y pro gubernamentales abatieron a sus familiares desarmados delante de ellos”.
El Gobierno sirio reconoció sus operaciones militares en al-Bayda y Baniyas, pero afirmó que sus fuerzas solo habían matado a “terroristas”. Ali Haidar, ministro de Asuntos para la Reconciliación Nacional, dijo al Wall Street Journal que se pudieron haber cometido “errores” en las operaciones y que un comité gubernamental estaba investigando el caso. Sin embargo, también dijo que el Gobierno se había visto forzado a impedir la incursión de los rebeldes en una parte de Siria que varios considerarse el corazón territorial de los alauís.
En la mañana del 2 de mayo, las fuerzas del Gobierno sirio y las milicias pro gubernamentales se enfrentaron a los combatientes de la oposición en al-Bayda, un municipio con unos 7.000 habitantes a 10 kilómetros de la ciudad costera de Baniyas. La región se considera un enclave antigubernamental de los sunitas dentro de la provincia mayoritariamente alauí y progubernamental de la jefatura de Tartous. Los testigos dijeron que, después de la retirada de los combatientes de la oposición, alrededor de la una de la tarde, las fuerzas gubernamentales y pro gubernamentales entraron en el municipio y empezaron a registrar casas.
Durante las siguientes tres horas, las tropas entraron en las casas, separaron a los hombres de las mujeres, cercaron a los hombres de cada barrio en un lugar y los ejecutaron con disparos a corta distancia. Human Rights Watch también documentó la ejecución de al menos 23 mujeres y 14 niños, entre ellos bebés.
Una testigo de al-Bayda describió cómo los soldados del Gobierno entraron en su casa, se llevaron a su esposo, sus tres hermanos y un vecino al apartamento contiguo y los ejecutaron:
De repente, escuchamos disparos. Me puse a gritarle a mi suegro: “Se han llevado a los hombres, Abu Muhammad, los hombres”. Corrí a la ventana y vi a unos 20 soldados salir del apartamento de al lado. En cuanto se fueron, salimos de la habitación en el que nos habían dejado y corrimos hacia el apartamento al que se habían llevado a los hombres. Primero vi el cuerpo de mi esposo en la entrada. Después vi el cuerpo de Sa`id en el pasillo. Los otros tres estaban en un cuarto apilados uno sobre otro. Cada uno de ellos tenía tres impactos de bala.
En muchos casos, las fuerzas pro gubernamentales quemaron los cuerpos. En un incidente especialmente tétrico, apilaron al menos 25 cuerpos en una tienda de teléfonos móviles en la plaza del pueblo y les prendieron fuego, según las versiones de los testigos y las evidencias en video analizadas por Human Rights Watch. Las fuerzas gubernamentales y pro gubernamentales también incendiaron y saquearon casas y destruyeron intencionalmente propiedades, de acuerdo a declaraciones de una serie de testigos e imágenes en vídeo filmadas probablemente por miembros de las fuerzas pro gubernamentales y obtenidas eventualmente por alguien que las publicó en YouTube y por residentes locales en las que aparecen casas y automóviles en llamas.
Al día siguiente, dentro de una práctica sistemática muy similar a los eventos en al-Bayda, varios testigos narraron a Human Rights Watch que después de asaltar Ras al-Nabe`, un barrio de Baniyas, las fuerzas gubernamentales y las milicias pro gubernamentales ejecutaron a docenas de residentes.
En algunos casos, las fuerzas gubernamentales y pro gubernamentales ejecutaron, o intentaron ejecutar, a familias enteras en los dos municipios. Tres residentes locales que hallaron los cuerpos después de que las fuerzas abandonaron al-Bayda, dijeron que habían ejecutado a todos los miembros de una de las descendencias de la familia Bayasi. Las víctimas se encontraban en sus casas el 2 de mayo —al menos nueve hombres, tres mujeres y 14 niños— a excepción de una niña de tres años que, según dijeron, había sobrevivido tres heridas de bala.
Una de las personas que encontraron primero los cuerpos de la familia Bayasi describió a Human Rights Watch cómo los hallaron:
Estaba ocupado ayudando a los residente a salir del municipio cuando el novio de una de las Bayasi me pidió que le acompañara para ver cómo estaba su novia. Fuimos a la casa de Mustafa Ali Bayasi. Entramos. No vimos a nadie en la primera habitación. Cuando nos adentramos en la casa, llegamos a una habitación en la que encontramos numerosos cadáveres. Madres y niños apilados uno sobre otros. Una madre todavía estaba protegiendo a su hijo. Pensé que podría haber sobrevivido, pero cuando le di la vuelta, vi que también le habían disparado. También mataron a la novia de mi amigo. Cerramos las ventanas de la casa porque no queríamos que entrara ningún animal salvaje.
En Ras al-Nabe`, los residentes también dijeron a Human Rights Watch que habían encontrado los cuerpos de familias enteras, incluso niños, a los que habían asesinado al mismo tiempo. Las heridas, como impactos de bala en la cabeza y el pecho, y la ubicación de los cuerpos, hallados a veces apilados en la calle, les llevaron a concluir que habían sido ejecutados.
Dos residentes de Ras al-Nabe` dijeron a Human Rights Watch que, durante la tarde del 3 de mayo, vieron una pila de aproximadamente 30 cadáveres cerca de los límites del barrio, entre ellos al menos siete mujeres y seis niños, principalmente de las familias Suleiman y Taha. Bassam, uno de los residentes, contó a Human Rights Watch que, después de ver a hombres armados que consideró miembros de las fuerzas de seguridad o el ejército, oyó a su vecino de la familia Suleiman gritar en la calle que habían matado a sus padres. Bassam dijo que encontró a su vecino de pie sobre los 30 cuerpos en la calle.
Los testigos dijeron a Human Rights Watch que las fuerzas que entraron a los dos municipios eran una combinación de tropas regulares del Gobierno; miembros de la Fuerza de Defensa Nacional, un grupo paramilitar organizado a principios de este año por el gobierno y formado por milicias progubernamentales; y residentes armados partidarios del Gobierno de los pueblos vecinos. Una de los testigos dijo que los soldados que entraron a su casa llevaban parches negros en las mangas que les identifican como miembros de las Fuerzas Especiales. El 2 de mayo, reporteros de los medios de comunicación pro gubernamentales entrevistaron a soldados en las afueras de al-Bayda, quienes dijeron que el asalto había sido liderado por el ejército y la Fuerza de Defensa Nacional.
Human Rights Watch ha documentado anteriormente las ejecuciones sumarias y extrajudiciales cometidas por fuerzas gubernamentales y pro gubernamental después de operaciones terrestres en muchas partes de Siria, como Daraya, un suburbio de Damasco, y las provincias de Homs e Idlib. Human Rights Watch también ha documentado ejecuciones a manos de combatientes de la oposición en zonas bajo su control en las provincias de Homs y Aleppo y acaba de concluir una investigación de campo sobre las ejecuciones cometidas por combatientes de la oposición durante su ofensiva en el norte de Latakia a principios de agosto.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe asegurar que los responsables rindan cuentas por estos crímenes consignando la situación en Siria a la Corte Penal Internacional (CPI), dijo Human Rights Watch. El Consejo de Seguridad también debe insistir en que Siria coopere totalmente con la Comisión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas garantizando su acceso sin restricciones a al-Bayda y Baniyas. El Gobierno sirio debe publicar todas las conclusiones del comité gubernamental que, según declaraciones de Haidar, ministro de Gobierno, fueron conformadas para investigar los asesinatos en al-Bayda y Baniyas.
“Seamos absolutamente claros”, dijo Stork. “El bloqueo por parte de Estados Miembros del Consejo de Seguridad como Rusia de medidas significativas —tales como someter la situación a la CPI o suspender las ventas de armas al ejército sirio— está permitiendo que las fuerzas del Gobierno de Siria cometan masacres de la escala de al-Bayda y Baniyas”.
“El Consejo de Seguridad tiene la oportunidad de evitar nuevas masacres - no sólo aquellas perpetradas por armas químicas, también las que se cometen por todas las vías y todas las partes - esgrimiendo la situación a la CPI”, dijo Stork. “A medida que los EE.UU. y Rusia negocian respecto a las armas químicas de Siria, deben recordar que para la víctima y sus familiares, el método para asesinar es secundario.”
