Demanda mundial de seguridad social universal

A trader counts out Ghanaian cedi banknotes — Un comerciante cuenta billetes de cedi ghanés en un mercado de Kampala, Uganda, 17 de mayo de 2023. © 2023 Katumba Badru Sultan/Bloomberg via Getty Images

(Washington) – Los gobiernos y las instituciones financieras internacionales deberían comprometerse a crear sistemas de seguridad social que permitan a todos hacer realidad sus derechos, dijeron 43 organizaciones de derechos humanos y justicia económica. Los gobiernos y las instituciones financieras deberían poner fin a las políticas que han estado fallando a millones de personas.

Los grupos enviaron una declaración conjunta al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional en vísperas de las reuniones anuales de 2023 de ambas instituciones en Marrakech, Marruecos, del 9 al 15 de octubre de 2023. Los grupos celebrarán una reunión en línea el 4 de octubre para explicar su llamado al cambio. Expertos y activistas brindarán testimonios de Argentina, Chile, Uganda y Sri Lanka.

“En medio de una pobreza creciente y una mayor desigualdad, donde millones de personas luchan a diario para hacer realidad sus derechos económicos, sociales y culturales, no podemos darnos el lujo de mantener enfoques de seguridad social que, según se ha demostrado, no respetan los derechos”, afirmó Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch. “Los gobiernos y las instituciones financieras internacionales tienen la oportunidad de corregir el rumbo y adoptar un enfoque de seguridad social alineado con los derechos que marque la pauta y abra el camino hacia sociedades y economías más justas”.

La seguridad social es una de las piedras angulares de los derechos humanos, economías sostenibles y sociedades justas. Está consagrada en numerosos tratados internacionales jurídicamente vinculantes y se proporciona a través de un conjunto de políticas y programas públicos conocidos a menudo como protección social. Estos programas garantizan la seguridad de los ingresos a lo largo de la vida de una persona, ofreciendo apoyo durante acontecimientos de la vida como el parto, la vejez, la enfermedad, la discapacidad, el desempleo y circunstancias como desastres climáticos que elevan el riesgo de inseguridad de los ingresos, como el terremoto que sacudió recientemente a Marruecos.

“El derecho a la protección social para todas las personas está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y, sin embargo, 75 años después, la protección social mundial es vergonzosamente insuficiente, y más de la mitad de la población mundial carece de cobertura básica, lo que viola los derechos humanos”, afirmó Luc Triangle, Secretario General interino de la Confederación Sindical Internacional.

Triangle dijo:

“Las instituciones financieras internacionales tienen una inmensa responsabilidad en el logro de la protección social universal, pero es imperativo alejarse de un modelo económico obsoleto que a menudo respalda medidas de austeridad. El llamado de los trabajadores es claro: aumentar la financiación de la protección social, una inversión para las sociedades que reduce drásticamente las desigualdades y al mismo tiempo impulsa el empleo, las capacidades, la productividad, la demanda de bienes y servicios y el crecimiento general del PIB”.

Muchos gobiernos dependen de programas de seguridad social sujetos a verificación de recursos, en los que la elegibilidad depende de los ingresos, los activos o limitados indicadores de pobreza. Las investigaciones muestran que estos programas suelen ser ineficaces debido a las altas tasas de error, la corrupción y la desconfianza social. Centrarse únicamente en las personas que viven en la pobreza o la pobreza extrema también excluye a grandes segmentos de la población, incluidos aquellos que no se consideran oficialmente pobres pero que están lejos de experimentar una estabilidad económica.

“Esta campaña muestra que cada vez hay más organizaciones de la sociedad civil que ven la verdad tras la afirmación de que ‘la lucha contra la pobreza favorece a los pobres’. De hecho, la universalidad favorece a los pobres, está en consonancia con los derechos humanos y es una estrategia clave para promover la justicia social”, afirmó Henrik Fröjmark, director de políticas de Act Church of Sweden.

Stephen Kidd, director ejecutivo de Development Pathways, dijo:

“El impulso de las instituciones financieras internacionales para promover programas de asistencia social dirigidos a la pobreza –siguiendo el modelo de ayuda a los pobres utilizado por Europa en el siglo XIX– en los países de bajos ingresos ha significado que la gran mayoría de quienes viven con bajos ingresos han sido excluidos de las prestaciones de la seguridad social, mientras que los contratos sociales nacionales se han visto socavados como resultado de la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus gobiernos. Es hora de que las instituciones financieras internacionales respalden un sistema moderno de seguridad social de ciclo de vida universal que garantice que todas las personas puedan recibir protección desde la niñez hasta la vejez y, lo que es más importante, ayude a reconstruir la confianza en el gobierno, la democracia y contratos sociales sólidos”.

Durante décadas, el Banco Mundial y el FMI han promovido este enfoque fallido, aseguraron los grupos. No han sabido reconocer la seguridad social como un derecho, que contribuye a construir sociedades más justas y estables, y no solo como caridad. Esto ha contribuido a una realidad global en la que el 53 por ciento de las personas carece de cualquier forma de protección social, mientras que la inestabilidad, el desafío social y la polarización siguen creciendo y las necesidades de resiliencia son mayores que nunca frente a la crisis climática.

“En el continente africano hemos sido testigos del terrible impacto de no priorizar la protección social, lo que genera desigualdad, aumento de la pobreza y abandono escolar de los niños y las niñas, así como muertes innecesarias”, afirmó Angella Nabwowe, Ag. directora ejecutiva de Initiative for Social and Economic Rights.

Nabwowe dijo:

“Los gobiernos deben aprovechar este momento para replantearse los enfoques actuales de protección social que han excluido a grandes segmentos de la población mediante la focalización y deben invertir de manera integral en protección social. El Banco Mundial, el FMI y otros financiadores deben desistir de promover la austeridad y la lucha contra la pobreza, todo lo cual reduce la capacidad de nuestros gobiernos para financiar adecuadamente la protección social y priorizar los servicios públicos, incluida la protección social”.

Las reformas recientes en algunos países también han erosionado el derecho a la seguridad social, lo que ha llevado a una reducción de la cobertura y las prestaciones. En algunos países, estos cambios, apoyados por el Banco Mundial o el FMI, implicaron recortes en las contribuciones de los empleadores o reducción de beneficios para la mayoría del sistema público. Además, la privatización del seguro social en algunos lugares ha agravado la pobreza y la desigualdad, afectando desproporcionadamente a las mujeres y las personas mayores.

Los grupos instan firmemente al FMI y al Banco Mundial, actores fundamentales en la financiación y la configuración de las políticas de seguridad social en los países de ingresos bajos y medios, a adoptar cuatro medidas que podrían mejorar las vidas de cientos de millones de personas:

Comprometerse a hacer realidad el derecho a la seguridad social: apoyar los esfuerzos de los países para hacer realidad el derecho a la seguridad social mediante el establecimiento o el fortalecimiento de sistemas de protección social universales alineados con los derechos, comenzando con pisos de protección social.
Poner fin a los programas enfocados en la pobreza: en países sin cobertura universal, dejar de desarrollar nuevos programas enfocados en la pobreza y eliminar gradualmente los existentes, reemplazándolos con alternativas universales.
Apoyar sistemas públicos equitativos y sostenibles: el FMI debe apoyar sistemas públicos de seguridad social equitativos y sostenibles que respeten las normas internacionales. Esto incluye contribuciones adecuadas del empleador y seguridad de ingresos.
Acabar con las medidas de austeridad: el FMI debería poner fin a las políticas de austeridad que amenazan los derechos y abstenerse de promover compensaciones en materia de gasto social. Las inversiones en salud, educación y seguridad social deben, como mínimo, cumplir con los parámetros internacionales como porcentaje del PIB y de los presupuestos nacionales.

“Ya es hora de que los gobiernos, el Banco Mundial y el FMI actúen para hacer realidad la protección social universal”, dijo Marta Schaaf, directora de clima, justicia económica y social y responsabilidad corporativa de Amnistía Internacional.

Schaaf dijo:

“La extraordinaria combinación de crisis políticas, económicas y climáticas está golpeando las vidas y los medios de subsistencia de miles de millones de personas que tienen poco o ningún acceso a medidas de protección social. Invertir en protección social universal puede brindar seguridad y dignidad, y hacer realidad el derecho a la seguridad social para todas las personas. Proteger a las personas contra pérdidas personales o pérdidas debidas a crisis, desastres o reveses económicos puede ser transformador, permitiendo que los niños y las niñas sigan estudiando, mejorando la atención sanitaria y reduciendo la pobreza y la desigualdad de ingresos”.

“Exigimos una reestructuración total y un cambio en las políticas de protección social”, dijo Shereen Talat, directora de MenaFem Movement for Economic, Development and Ecological Justice. “Rechazamos reformas incrementales y pedimos una transformación del sistema global. Una protección social genuina significa empoderar a los grupos marginados, erradicar la pobreza y garantizar la justicia ecológica. Cualquier cosa menos que esto agravará la crisis global y la perpetuación de la injusticia”.

Signatarios de la declaración colectiva: