La seguridad social es una de las piedras angulares de los derechos humanos.
Tengo la sensación de que a algunos lectores les parecerá una afirmación controvertida, pero en realidad no lo es.
El concepto de seguridad social -garantizar la seguridad de los ingresos durante toda la vida de una persona- está consagrado en numerosos tratados internacionales jurídicamente vinculantes.
El objetivo general de la seguridad social es ofrecer apoyo en momentos clave: el parto, la vejez, la enfermedad, la discapacidad y el desempleo. También está ahí para hacer frente a circunstancias excepcionales que repercuten en la inseguridad de los ingresos, como las catástrofes naturales.
Tiene sentido llamar a la seguridad social "piedra angular" de los derechos humanos, porque muchos otros derechos dependen de ella. Pensemos en los derechos a la educación y a la salud. Proteger a las personas contra las pérdidas personales o las causadas por los desastres ayuda a los padres a mantener a sus hijos en la escuela y mejora el acceso a la atención sanitaria.
Incluso el disfrute de los derechos políticos puede depender de ello. No tienes mucho tiempo para ejercer tu derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, si estás pasando cada minuto de tu vida intentando encontrar comida para tu familia.
Lamentablemente, incluso cuando reconocen el valor y la importancia de la protección social, los gobiernos y las instituciones financieras internacionales suelen actuar de forma equivocada. Muchos mantienen enfoques de seguridad social que han demostrado ser defectuosos una y otra vez. Y en esto, fallan a los derechos humanos.
Este boletín analizó la semana pasada el ejemplo concreto del Fondo Monetario Internacional y los perjuicios causados por los programas de austeridad implantados como condición de los préstamos del FMI. Esto es sólo una parte del problema.
En términos más generales, muchos gobiernos se basan en programas de seguridad social que dependen de los recursos. La elegibilidad depende de estrechos indicadores de pobreza. En esencia, se trata de un modelo de "ayuda a los pobres" utilizado por Europa en el siglo XIX y que las instituciones financieras internacionales siguen promoviendo en la actualidad.
Cuando se aplica a los países de renta baja, se excluye a demasiada gente. La gente puede pasar hambre, retrasarse en el pago del alquiler o tener una deuda agobiante, pero la fórmula de la seguridad social sigue sin reconocer su necesidad de ayuda. Se calcula que más de la mitad de la población mundial carece de cobertura básica.
Las investigaciones también demuestran que los programas de protección social basados en la comprobación de los recursos suelen ser ineficaces debido a las elevadas tasas de error y a la corrupción.
El derecho a la protección social está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Los gobiernos y las instituciones financieras internacionales deben adoptar un enfoque de protección social universal basado en el reconocimiento de los derechos humanos universales.
La seguridad social es una piedra angular de los derechos humanos, y los sistemas de seguridad social deben garantizar que todos puedan recibir protección desde la infancia hasta la vejez.
