Un grupo de legisladores japoneses del partido gobernante y de la oposición piden al gobierno que investigue los vínculos entre los fabricantes de automóviles y el trabajo forzado en la industria del aluminio en Xinjiang, región situada en el noroeste de China.
Human Rights Watch publicó a principios de este año un informe en el que exponía la incapacidad de los fabricantes de automóviles de todo el mundo para minimizar el riesgo de que se utilizara mano de obra forzada uigur en las cadenas de suministro de aluminio. Los diputados de la Cámara de Representantes instaron al Gobierno japonés a proporcionar "medidas y alternativas" al aluminio contaminado.
Desde 2017, el gobierno chino ha cometido crímenes de lesa humanidad en Xinjiang, incluidas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y persecución cultural y religiosa, y ha sometido a uigures y a otras comunidades musulmanas túrquicas a trabajos forzados dentro y fuera de Xinjiang.
El vínculo entre Xinjiang, la industria del aluminio y el trabajo forzoso es el programa de transferencia de mano de obra respaldado por el Gobierno chino, que coacciona a uigures y otros musulmanes túrquicos para que realicen trabajos en Xinjiang y otras regiones. Human Rights Watch revisó en línea artículos de los medios de comunicación estatales chinos, informes de empresas y declaraciones del Gobierno, y encontró pruebas creíbles de que los productores de aluminio en Xinjiang están participando en las transferencias de mano de obra.
El grupo de legisladores, denominado Asociación Parlamentaria No Partidista para la Reconsideración de la Diplomacia de los Derechos Humanos, fue cofundado en 2021 por Shiori Kanno, ex parlamentaria, y Gen Nakatani, legislador del partido gobernante.
El grupo es una voz poco común dentro de la Cámara de Representantes que presiona al gobierno japonés para que dé prioridad a los derechos humanos en su política exterior.
En concreto, Kanno ha liderado el grupo para pedir la introducción de una ley de sanciones en materia de derechos humanos y una ley de auditoría de derechos humanos que obligue a las empresas a abordar las violaciones de derechos en sus cadenas de suministro.
