Venezuela experimentó una extrema agitación política a principios de 2002, que culminó en abril con el fallido intento de derrocamiento del Presidente Hugo Chávez. Tras la intentona golpista, la sociedad venezolana siguió estando profundamente polarizada, continuaron las protestas políticas y empeoraron las condiciones económicas, exponiendo al país al peligro de nuevos conflictos violentos y amenazando a la democracia y al Estado de derecho. La situación de los derechos humanos estuvo también marcada por los problemas en la administración de justicia, los abusos policiales y las amenazas contra la libertad de expresión.

La situación de derechos humanos

La sociedad venezolana siguió estando profundamente polarizada

La oposición al gobierno de Chávez empezó a crecer a finales de 2001, tras la promulgación, por decreto presidencial, de 49 leyes económicas con medidas tales como la reforma agraria y el endurecimiento de los controles oficiales sobre la industria del petróleo. El 10 de diciembre de 2001, Fedecámaras, principal asociación empresarial de Venezuela, encabezó, en protesta por las nuevas leyes, una huelga general de un día en la que participaron miles de empresas y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la organización sindical más grande del país. Algunos miembros de las fuerzas armadas también empezaron a adoptar una postura abiertamente crítica; en febrero de 2002, varios oficiales militares de alto rango pidieron la renuncia de Chávez.

El 9 de abril, tras los conflictos laborales ocurridos en la compañía nacional del petróleo, la CTV y Fedecámaras convocaron otra huelga general. La tensión aumentó el 11 de abril, cuando sindicatos, organizaciones empresariales, la oposición política y miembros de la sociedad civil participaron en una marcha masiva para apoyar la huelga y reclamar la renuncia de Chávez. Francotiradores con vestimenta civil apostados en edificios cercanos abrieron fuego contra una multitud de 5.000 personas que se dirigían al palacio presidencial en el centro de Caracas, donde se habían congregado los simpatizantes de Chávez para expresar su oposición a la marcha. Murieron 18 civiles y 150 personas más resultaron heridas durante la protesta. Las víctimas incluyeron tanto a simpatizantes del gobierno como a miembros de la oposición, así como a un fotógrafo de prensa que estaba cubriendo el evento.

Inmediatamente después de los incidentes violentos, un grupo de altos mandos militares superiores destituyeron al Presidente Chávez. Pedro Carmona Estanga, presidente de Fedecámaras, se autoproclamó Presidente de la República y ocupó brevemente el cargo. Esta ruptura del orden constitucional dio paso a un atentado mayor contra el Estado de derecho cuando Carmona disolvió la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema y derogó la nueva Constitución Nacional, aprobada en 1999, durante el gobierno de Chávez, por una asamblea constituyente y por referéndum popular. Además, las autoridades realizaron registros y detenciones ilegales de simpatizantes chavistas durante los días siguientes.

Aunque se reinstituyeron las instituciones democráticas, la democracia siguió en estado de riesgo.

Las manifestaciones callejeras de apoyo a Chávez continuaron después de su destitución, y se produjeron amotinamientos y actos de vandalismo en las zonas pobres del oeste de Caracas. Durante este segundo estallido de violencia fueron cometidos entre 40 y 60 asesinatos, la mayoría de ellos atribuidos a las fuerzas de seguridad, incluida la Policía Metropolitana. Rápidamente, algunas unidades militares empezaron a proclamar su apoyo a Chávez. Ante la creciente presión popular y militar, el breve gobierno de Carmona fracasó en su intento y Chávez recuperó el poder el 14 de abril.

Aunque se reinstituyeron las instituciones democráticas, la democracia siguió en estado de riesgo. En un ambiente de polarización creciente de las fuerzas armadas, nuevas protestas callejeras y la amenaza de más huelgas, se rompió el diálogo entre el gobierno y la oposición, mientras Chávez seguía menospreciando públicamente a la oposición y a los medios de comunicación mayoritariamente contrarios al gobierno. Algunos sectores de la oposición continuaron buscando maneras tanto constitucionales como extralegales para sacarle del poder.

La violencia callejera volvió a estallar e; 14 de agosto, cuando la Corte Suprema, antes considerada leal a Chávez, desestimó, por 11 votos a favor y ocho en contra, los cargos contra cuatro oficiales superiores del ejército acusados de conspirar para derrocarle, en abril. Chávez respondió al fallo anunciando que se investigaría a los magistrados responsables del mismo por embriaguez y falsificación de documentos, y dijo que estaba considerando reformar la constitución. Mientras tanto, los líderes de la oposición defendieron la celebración de un referendo y la formulación de cargos contra el presidente.

En septiembre, en un intento de contener las protestas, el gobierno restringió la libertad de movimiento en los alrededores de seis importantes instalaciones militares, una radio y un centro de televisión estatales, designándolos "zonas de seguridad". La oposición y los grupos de derechos humanos cuestionaron la constitucionalidad de la medida, basada en una ley poco utilizada de 1976.

Continuaron las huelgas y las marchas de protesta contra Chávez. El 22 de octubre, un grupo de 14 jefes militares, entre ellos algunos generales y almirantes, declararon su "legítima desobediencia" al gobierno y llamaron a otros miembros de las fuerzas armadas a que se unieran a ellos. Los generales dijeron que consideraban "territorio liberado" la plaza donde habían leído la declaración-la Plaza Francia, en el distinguido distrito Altamira de Caracas. Este lugar fue escenario de nuevos actos de protesta de la oposición, que empezó a recoger firmas a favor de un referendo sobre la renuncia de Chávez. Mientras tanto, otros generales se fueron uniendo al grupo. El 4 de noviembre, numerosas personas resultaron heridas, entre ellas un operador de cámara ecuatoriano que fue tiroteado y salvó la vida gracias al chaleco antibalas que llevaba puesto, cuando los manifestantes pro gubernamentales intentaron impedir que los opositores presentaran la petición firmada de un referendo al Consejo Nacional Electoral.

Las condiciones de los derechos humanos se vieron afectadas por este ambiente altamente polarizado. A principios de noviembre, sólo se había detenido a cuatro personas en relación con los disparos ocurridos en abril. Las imágenes de vídeo rodadas durante la protesta sugerían que dos miembros de la Policía Metropolitana (bajo las órdenes de un alcalde antichavista), un miembro de la Guardia Nacional y al menos 11 civiles habían disparado sus armas. Se dijo que la mayoría de los civiles colaboraban, o habían colaborado, con el gobierno de Chávez. Las iniciativas legislativas para el establecimiento de una comisión de la verdad, encargada de determinar responsabilidades por las muertes ocurridas en abril, quedaron estancadas cuando los congresistas del partido en el gobierno y la oposición no pudieron llegar a un acuerdo sobre su composición y su autoridad. Un proyecto de ley para la creación de la comisión, propuesto en mayo por un grupo de nueve organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, perdió fuerza durante las deliberaciones iniciales en el congreso. Se relajaron los criterios para seleccionar a sus miembros y se redujeron sus competencias, lo que arrojó serias dudas sobre su futura credibilidad, independencia y eficacia. A principios de noviembre todavía no se había aprobado la ley.

El hecho de que no progresara la investigación de los actos violentos de abril era sintomático de los problemas endémicos de todo el sistema de justicia venezolano. La Fiscalía General y la judicatura-escasas de medios y poco eficientes-demostraron ser incapaces de impartir justicia de manera efectiva e imparcial.

Los asesinatos de "limpieza social" cometidos por las fuerzas policiales continuaron siendo un problema grave.

Los asesinatos de "limpieza social" cometidos por las fuerzas policiales continuaron siendo un problema grave, especialmente en las provincias. En el estado de Portuguesa, un autodenominado "grupo de exterminio", compuesto por miembros fuera de servicio de la policía estatal y de la Guardia Nacional, fue responsable del asesinato de presuntos delincuentes callejeros y drogadictos. En un estudio publicado en octubre de 2001, la Defensoría del Pueblo, organismo oficial encargado de la promoción y la defensa de los derechos humanos, informó de que había aparecido un segundo grupo de exterminio en ese estado, y que estas bandas, parcialmente financiadas por comerciantes locales, se consideraban responsables de 105 asesinatos cometidos en Portuguesa en 2000 y 2001. Se informó de la actividad de grupos similares en los estados de Falcón, Yaracuy, Anzoátegui, Bolívar, Miranda, Aragua y Zulia.

En el momento de escribir este informe, 14 policías se encontraban detenidos en Barquisimeto, estado de Lara, por los asesinatos de Portuguesa. En la mayoría de los casos, la judicatura no detuvo ni formuló cargos contra los responsables de asesinatos atribuidos a la policía, o sus juicios experimentaron excesivos retrasos. En algunos casos los familiares de las víctimas y sus abogados sufrieron amenazas de muerte. Miguel Ángel Zambrano, ex inspector de policía de Portuguesa que había investigado las actividades de los escuadrones de la muerte, recibió constantemente amenazas de muerte por teléfono, y fue golpeado y amenazado por agentes de policía que se enfrentaron a él en persona. Personas sin identificar, que según él estaban vinculadas a la policía, le dispararon dos veces y se vio obligado a esconderse. En Falcón, el comandante de la policía del estado interpuso una querella criminal por "injurias a la policía" contra las personas que habían denunciado los asesinatos.

Las condiciones penitenciarias siguieron siendo inhumanas en Venezuela. Los niveles de violencia entre los presos fueron sumamente elevados, propiciados por la carencia de personal y medios, la corrupción generalizada entre los guardias y la entrada incontrolada de narcóticos y armas de fuego en las prisiones. Cinco presos murieron y una veintena resultaron heridos durante un motín ocurrido en mayo en la prisión El Rodeo de Guatire. Según los responsables del ministerio de interior y justicia, entre enero y mayo, se produjeron 84 muertes por disparos y 42 por apuñalamiento en las cárceles venezolanas.

Aunque la actuación de Venezuela en materia de libertad de expresión recibió numerosas críticas internacionales, hubo algunos aspectos positivos: no hubo censura previa de publicaciones escritas, no se encarceló a ningún periodista y la prensa pudo decir lo que quiso. De hecho, la mayoría de los medios de comunicación fueron claramente partidarios de la oposición, defendieron sus posiciones y utilizaron un lenguaje contundente en sus críticas contra el gobierno.

No obstante, en ocasiones, el gobierno se injirió claramente en la programación de la televisión privada obligando a estos canales a transmitir programas producidos por el gobierno. Esta injerencia fue especialmente aguda durante la semana del fallido golpe, cuando el gobierno de Chávez interrumpió repetidamente la programación para emitir sus opiniones sobre la situación política. El 11 de abril, el gobierno de Chávez canceló temporalmente todas las emisiones de las principales cadenas privadas de televisión.

La interferencia oficial en la programación de la televisión privada disminuyó drásticamente tras los eventos de abril. Sin embargo, como había ocurrido anteriormente, el Presidente Chávez lanzó periódicas diatribas, con expresiones fuertes y ofensivas, contra los trabajadores de los medios de comunicación durante su programa radiofónico semanal Aló Presidente. Teniendo en cuenta la polarización de la situación, sus simpatizantes podrían interpretar sus agresivos ataques contra periodistas como una incitación a la violencia.

De hecho, varios periodistas locales recibieron amenazas graves y, en ciertos casos, fueron víctimas de ataques violentos. Al menos 25 periodistas solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 21 de febrero, los simpatizantes de Chávez interrumpieron una protesta contra el presidente en la Universidad de Venezuela, y atacaron, al parecer, con palos y piedras a los miembros de la prensa, por lo que resultaron heridos un periodista y un operador de cámara. Lina Ron, destacada simpatizante de Chávez que había participado en el incidente, estuvo detenida brevemente por su presunta participación en la revuelta.

Además, el 31 de enero, una persona sin identificar arrojó un explosivo a las oficinas del periódico Así Es La Noticia y el 9 de julio, otro asaltante no identificado lanzó una granada contra las del canal de televisión Globovisión, ambas en Caracas. En la madrugada del 13 de septiembre, el canal Promar TV de Barquisimeto, cuyo director había recibido previamente amenazas de muerte, fue atacado con bombas incendiarias. Aunque nadie resultó herido, estos atentados provocaron daños materiales e intimidaron a los empleados. Cuando se redactaba este informe, no se había detenido a nadie en relación con estos incidentes.

El gobierno de Chávez continuó socavando la independencia de los sindicatos. En el otoño de 2001, se celebraron elecciones sindicales bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo estatal. El 25 de octubre de 2001, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la agrupación sindical más numerosa del país, participó en un proceso electoral supervisado por el Estado en el que eligieron presidente a Carlos Ortega. Sin embargo, el CNE no quiso aprobar los resultados alegando irregularidades. Aunque la Corte Suprema instó al Consejo a que tomara una decisión final sobre la legitimidad del proceso electoral, en noviembre todavía no había emitido un dictamen definitivo.

Las solicitudes de asilo de colombianos su multiplicaron por más del doble en los primeros ocho meses de 2002, debido probablemente a la ruptura de las negociaciones de paz en el país vecino en febrero. La mayoría de estos solicitantes vivían en una situación de completa inseguridad económica y en un limbo legal. En octubre de 2001, entró en vigor la Ley Orgánica sobre Refugiados y Asilados, que prohibió el regreso forzoso de los solicitantes de asilo hasta que se estudiara su petición y estableció una Comisión Nacional para los Refugiados encargada de examinar las solicitudes. A finales de octubre, sin embargo, todavía no se había aprobado el reglamento regulador de la composición y poderes de la Comisión, por lo que no existía un organismo para estudiar las solicitudes. En septiembre, William Spindler, portavoz de la oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dijo que estaban a la espera de una decisión más de un millar de refugiados procedentes de Colombia, de los cuales cerca de la mitad habían presentado sus solicitudes en 2002. Entre ellos había abogados de derechos humanos y sindicalistas que habían recibido amenazas de muerte de los paramilitares y la guerrilla.

La defensa de los derechos humanos

La presión sobre los defensores de los derechos humanos aumentó en 2002. En abril y mayo, Liliana Ortega, directora ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC), prestigioso grupo de derechos humanos no gubernamental, recibió amenazas por teléfono y correo electrónico. Las autoridades venezolanas ofrecieron protección policial a ella y al COFAVIC, y el Fiscal General abrió una investigación sobre las amenazas. Sin embargo, el COFAVIC informó de que se habían hecho escasos progresos en esta investigación.

El papel de la comunidad internacional

La Organización de las Naciones Unidas

El gobierno de Chávez continuó socavando la independencia de los sindicatos.

El 15 de abril, inmediatamente después del fallido golpe, el Secretario General de la ONU Kofi Annan llamó al Presidente Chávez para expresarle su satisfacción porque se hubiera emprendido la restauración del orden constitucional en Venezuela. Hizo un llamamiento a la reconciliación nacional y subrayó la importancia de mantener un sistema democrático incluyente. Cuando volvieron a intensificarse los rumores de un golpe en octubre, el Secretario General emitió una declaración pidiendo paciencia y moderación, y respaldando los esfuerzos internacionales para promover el diálogo.

Estados Unidos acusó al propio gobierno de precipitar el golpe.

Estaba previsto para mayo que Venezuela defendiera su actuación con respecto a la implementación de los derechos plasmados en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Sin embargo, debido a la intentona golpista, el Comité de la ONU le concedió una prórroga hasta noviembre. En anteriores revisiones de la actuación venezolana, dicho Comité había expresado su grave preocupación por el gran número de casos de tortura y malos tratos en el país, así como por el hecho de que no se llevara a los responsables ante la justicia.

La Organización de Estados Americanos

Durante la crisis política venezolana de abril, la Organización de Estados Americanos (OEA) aplicó, por primera vez, la Carta Democrática Interamericana, aprobada por el Consejo Permanente de la OEA y ratificada por los ministros de relaciones exteriores de sus Estados Partes en septiembre de 2001, con el objetivo de salvaguardar la democracia en la región. Esta Carta preceptúa la autoridad de la OEA para suspender la participación en su seno de gobiernos considerados no democráticos y establece mecanismos para responder a golpes de estado y otras amenazas contra la democracia.

De acuerdo con la Carta, el 13 de abril, el Consejo Permanente convocó una reunión de emergencia en relación con el golpe, a petición de varios ministros de relaciones exteriores latinoamericanos. El Consejo emitió una resolución condenando la alteración del orden constitucional y declarando que dicha alteración justificaba la aplicación de la Carta. Además, decidió enviar inmediatamente a Venezuela una misión encabezada por el Secretario General de la OEA para promover la normalización democrática. En una sesión de emergencia de la Asamblea General, celebrada el 18 de abril, el Secretario General presentó las conclusiones de su visita y señaló su preocupación por la excesiva polarización de la sociedad venezolana y el hecho peligroso de que las fuerzas armadas participaran en la política.

La OEA envió a Venezuela otras dos misiones de investigación en 2002. En la primera, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA viajó al país en febrero para investigar la situación de la libertad de expresión. Manifestó su preocupación por la violencia contra miembros de los medios de comunicación y señaló que las declaraciones de altos funcionarios contra la prensa podían conducir a actos de intimidación o a la autocensura. En la segunda, en mayo, el Presidente de la CIDH encabezó una misión para evaluar la situación de los derechos humanos en Venezuela. El Presidente subrayó, entre otras cosas, la necesidad de una investigación en profundidad, imparcial y objetiva sobre los crímenes cometidos en abril.

Como continuación de su trabajo de salvaguardia de la democracia en Venezuela, el 4 de junio, la Asamblea General de la OEA adoptó una resolución comprometiéndose a ofrecer al país el apoyo necesario para consolidar el proceso democrático e instando al gobierno a que aceptara su colaboración en la promoción del diálogo nacional para la reconciliación. En septiembre, la OEA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro Carter formaron un grupo tripartito con el objetivo de facilitar el diálogo. Tras una visita de cinco días a Venezuela, este grupo redactó una Declaración de Principios para la Paz y la Democracia, en la que el gobierno y la oposición se comprometían a rechazar la violencia y buscar un acuerdo pacífico. A finales de octubre, el gobierno y algunos partidos de la oposición, a excepción de los dos más numerosos, habían firmado la declaración.

En agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela el pago de una indemnización de 1.559.800 dólares a los familiares de las 37 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad durante la revuelta popular del 27 de febrero de 1989, conocida como el Caracazo.

La Unión Europea

En mayo, con motivo de la Segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que observaba "con preocupación los acontecimientos que se produjeron en Venezuela con motivo del intento de golpe de Estado contra el Presidente Chávez". El 8 de octubre, la Unión Europea emitió una declaración respaldando los esfuerzos mediadores del grupo tripartito y del Secretario General de la OEA.

Estados Unidos

En contraste con la reacción de los gobiernos latinoamericanos, Estados Unidos no condenó inmediatamente el golpe de abril pese a ser una interrupción del orden constitucional. En cambio, en una declaración inicial emitida por el Departamento de Estado el 12 de abril, Estados Unidos acusó al propio gobierno de precipitar el golpe y señaló que las "acciones antidemocráticas cometidas y fomentadas por la Administración Chávez habían provocado" la crisis. Al día siguiente, al prolongarse las medidas ilegales del gobierno de facto, Estados Unidos votó a favor de la resolución de la OEA condenando la intentona golpista. En septiembre, cuando aparecieron rumores de un nuevo golpe, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela emitió una declaración declarando su oposición inequívoca a cualquier interrupción ilegal del orden constitucional en el país.