Human Rights Watch ha sabido que la colaboración entre la inteligencia militar, los comandantes de división, brigada y batallón, y los paramilitares no acaba con el descubrimiento de la red de la Inteligencia Naval en Barrancabermeja y su asociación con los paramilitares; por el contrario, continúa de acuerdo a las consignas de la Orden 200-05/91. Basándonos en nuestras entrevistas con testigos y ex miembros de las redes, las propias investigaciones del gobierno, y el material abundante reunido por los grupos de derechos humanos y por periodistas; creemos que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas sigue organizando, promoviendo, y movilizando a paramilitares para que luchen en una guerra encubierta contra los sospechosos de apoyar a la guerrilla.

En este informe no estamos sugiriendo que todos los paramilitares están estrechamente relacionados con el ejército. Claramente, hay otros en Colombia -- como terratenientes adinerados y narcotraficantes -- que financian y dirigen ejércitos privados, que también cometen actos de violencia criminal y política. Sin embargo, el ejército no sólo ha creado y se ha aprovechado de los grupos paramilitares, sino que también permite actuar a todos estos grupos cuando sirven a un fin común: desterrar del área el presunto apoyo a la guerrilla, a la oposición política, o a los críticos de sus tácticas, incluidos los observadores de derechos humanos.

De hecho, los grupos de derechos humanos han señalado un incremento notable de la actividad paramilitar a nivel nacional. Al parecer, los paramilitares están consolidando su control en áreas claves con la colaboración del ejército, debido en parte a la crisis política constante. Cada vez más, los paramilitares se presentan a sí mismos como una entidad coordinada, con presencia, agenda y estrategia nacionales.⁽¹¹⁹⁾ Según la Comisión Colombiana de Juristas, casi la mitad de todos los asesinatos políticos cometidos en 1995, en los que se identificó a un perpetrador, pueden atribuirse a paramilitares.⁽¹²⁰⁾

Tan sólo en 1994, dos nuevos grupos paramilitares nacionales anunciaron su creación con dos asesinatos de alto nivel. A uno de ellos, que se denominaba a sí mismo Muerte a Comunistas y Guerrilleros (MACOGUE), se le responsabilizó del asesinato del Senador de la UP, Manuel Cepeda, el 9 de agosto, y de amenazas de muerte a otros veinticinco líderes, incluidos dos obispos, políticos, y guerrilleros amnistiados.⁽¹²¹⁾ La formación del otro grupo, Colombia Sin Guerrillas (COLSINGUE), fue anunciada el 28 de julio, después del asesinato de tres dirigentes sindicales en Antioquia.⁽¹²²⁾

Ese año, algunos periodistas recibieron un documento llamado "Primera Cumbre de las Autodefensas de Colombia," un manuscrito de cincuenta y siete páginas escrito por paramilitares tras una reunión en Cimitarra, departamento de Santander, en noviembre de 1994.⁽¹²³⁾ El documento contiene una historia de los grupos paramilitares, y reconoce que "los grupos de autodefensa fueron reglamentados por el ejército en los Manuales de Inteligencia de Combate." El documento subraya que el movimiento paramilitar va a seguir considerando a "cuadros políticos y sindicales de la extrema izquierda como objetivos militares," mientras que la guerrilla "siga asesinando a personal civil y militar fuera del combate, y atacando a familiares de los miembros de las juntas de autodefensa." Termina describiendo a los paramilitares como un proyecto político legítimo que "siempre estuvo alineado al lado del estado."⁽¹²⁴⁾

Por su parte, el Presidente Ernesto Samper, elegido en 1994, ha empezado a delgar cada vez más en los militares y ha retrasado la aplicación de muchas de las medidas que prometió para mejorar las protecciones a los derechos humanos, acabar con la asociación militar-paramilitares, y detener la impunidad. Recibimos con agrado las iniciativas periódicas para localizar y arrestar a líderes paramilitares anunciadas por el gobierno, como la comisión especial, creada originalmente en 1989 y reactivada por el Ministro del Interior, Horacio Serpa, para investigar y buscar a líderes paramilitares. En noviembre, Serpa reiteró su condena a los grupos paramilitares, y calificó su comportamiento de "criminal...Están utilizando la violencia, igual que la guerrilla, y causando mucho dolor y violencia en nuestro país."⁽¹²⁵⁾ Pero hasta el momento, han habido pocos resultados.⁽¹²⁶⁾

Por el contrario, el Presidente Samper muestra cada vez más hostilidad a los derechos humanos y a las medidas que acabarían con la asociación militar-paramilitares. Una de las demostraciones más claras de esta actitud fue su decisión de autorizar a los civiles a que formen "cooperativas de seguridad rural," con la intención declarada de aportar información de inteligencia a las tropas de sus regiones.⁽¹²⁷⁾ La organización de estas cooperativas, llamadas CONVIVIR, difiere muy poco de la de las unidades paramilitares organizadas por el ejército en los ochenta. De cara al público, se presenta a las CONVIVIR como asociaciones de ganaderos conectadas por radio y con capacidad para convertirse en un destacamento de seguridad con fondos privados si se detecta una unidad guerrillera en el área. Sin embargo, los grupos de derechos humanos han expresado serias reservas con relación a las CONVIVIR. Al igual que MAS, las CONVIVIR mantienen una estrecha relación de trabajo con la policía y los comandantes del ejército, están financiadas por ganaderos adinerados, y dependen de un grupo de jóvenes contratados, con frecuencia ex soldados, dedicados a reunir información de inteligencia y rechazar ostensiblemente el ataque de la guerrilla. Las identidades de los miembros y empleados de las CONVIVIR son secretas. Aunque el gobierno dice que no entrega armas a los miembros de las CONVIVIR, los que solicitan licencias de armas a través de los cauces habituales pueden obtenerlas.⁽¹²⁸⁾ Según se informó, uno de las CONVIVIR más recientes se inauguró en San Vicente de Chucurí, un conocido bastión de los paramilitares.⁽¹²⁹⁾ Según el gobierno, el país cuanta ahora con más de cincuenta de estos grupos.⁽¹³⁰⁾

El Presidente Samper también hizo declaraciones en las que ignoraba el historial desastroso acumulado por las fuerzas de seguridad, sus redes de inteligencia, y la asociación militar-paramilitares. En mayo de 1996, en un discurso ante los oficiales de la Escuela Superior de Guerra, el Presidente Samper resaltó el compromiso de su gobierno de crear "grupos especiales de inteligencia tanto en la Fuerza Aérea como en la Armada." Además, demostró muy poca tendencia a castigar a los que cometen abusos y juró "evitar que [los soldados] tengan que presentarse ante la corte constantemente para responder por acusaciones infundadas... por parte de otros enemigos, en lugar de llevar a cabo su tarea para el beneficio del país," refiriéndose a las investigaciones de la Procuraduría, una declaración que ha reiterado.⁽¹³¹⁾

El gobierno también ha empezado a depender de la declaración del estado de sitio, ahora llamado "estado de conmoción interna," para dirigir el país.⁽¹³²⁾ Después de que, en agosto de 1995, el Presidente Samper declarara el estado de conmoción interna, tras una serie de masacres en la región del Urabá, los grupos nacionales de derechos humanos se retiraron de la comisión mixta gobierno-ONG en la que se estaban estudiando vías para mejorar las protecciones a los derechos humanos. En una declaración conjunta, los grupos describieron la actitud del gobierno como "un viraje de 180 grados... las declaraciones previas del gobierno en apoyo a los derechos humanos han quedado aplazadas o subordinadas por la ejecución de las políticas derivadas del estado de conmoción."⁽¹³³⁾

La Corte Constitucional, una nueva institución creada como resultado de la reforma constitucional de 1991, tomó una decisión que sorprendió a muchos . Revocó el decreto por inconstitucional ya que, según la Corte, el gobierno no había demostrado que la violencia estaba fuera de lo ordinario y que por lo tanto merecía medidas extraordinarias.⁽¹³⁴⁾ Posteriormente, varios magistrados informaron de que habían recibido amenazas de muerte debido a su decisión.⁽¹³⁵⁾

El 2 de noviembre de 1995, el Presidente Samper declaró el segundo estado de conmoción interna de su presidencia, como respuesta al asesinato del líder conservador Álvaro Gómez.⁽¹³⁶⁾ La Corte Constitucional, aparentemente aleccionada, sostuvo su constitucionalidad.⁽¹³⁷⁾ Sin embargo, en julio de 1996, dentro de lo que se consideró una reprimenda pública a la Corte, el Presidente Samper presentó ante el Congreso un proyecto de ley que reformaría la Constitución e impediría que la Corte revisara en el futuro las razones por las cuales se decretaba el estado de conmoción interna.⁽¹³⁸⁾ El estado de conmoción interna se prorrogó en dos ocasiones por votaciones en el Congreso, y permaneció en efecto hasta agosto de 1996.⁽¹³⁹⁾

Una de las medidas aplicadas como resultado fue el Decreto 0717, que pasa por encima de las autoridades civiles y permite a los comandantes militares solicitar al ejecutivo que declare "zonas especiales de orden público" y suspenda derechos fundamentales, como el derecho a viajar libremente o el derecho a vivir en algunas áreas.⁽¹⁴⁰⁾ La primera declaración se hizo en mayo en Urabá, tras una masacre de nueve personas atribuida a las FARC.⁽¹⁴¹⁾

En una semana, de acuerdo al Decreto 0717, se había declarado "zona especial de orden público" a un tercio del país -- incluidos los departamentos de Vaupes, Caquetá, Meta, Guaviare, Vichada, y los municipios de Segovia y Remedios en Antioquia.⁽¹⁴²⁾ En el caso de Guaviare, el gobernador departamental criticó públicamente a las autoridades por no haberle informado de que el comandante de la Cuarta División, con sede en Villavicencio, había obtenido la declaración de "zona especial de orden público."⁽¹⁴³⁾

En la siguiente sección exponemos la asociación constante entre militares y paramilitares con un estudio monográfico de la Subregión Norte del Magdalena Medio. Nos concentramos en áreas fundamentales de colaboración, como la reunión de información de inteligencia; la selección de grupos políticos legales, oficinas municipales, e individuos y las acciones que se toman contra ellos; y el traspaso de armas y materiales. En los casos clave que aparecen en la sección sobre la impunidad se incluye información adicional sobre esta colaboración.

La Subregión Norte del Magdalena Medio: Un estudio monográfico

En 1995, Human Rights Watch llevó a cabo una investigación en profundidad de la asociación militar-paramilitares en la Subregión Norte del Magdalena Medio. Aunque documentamos la coordinación entre militares y paramilitares en otras regiones, la Subregión Norte del Magdalena Medio es un caso especialmente revelador por dos motivos. En primer lugar, existen pruebas abundantes del trabajo conjunto de militares y paramilitares siguiendo el modelo de MAS puesto a prueba en los ochenta y replanteado por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en la Orden 200-05/91. Y lo que es más importante, las pruebas más concluyentes que hemos reunido provienen del propio gobierno, y demuestran que es posible identificar a los perpetradores de los ataques y desarrollar acusaciones contundentes contra ellos. Sólo hace falta la voluntad política de perseguir con decisión a los promotores militares de atrocidades paramilitares y de llevarlos ante la justicia.

La Subregión Norte del Magdalena Medio ocupa parte de los departamentos de Cesar, Norte de Santander, y Bolívar; y es principalmente agrícola, con vastos ranchos ganaderos intercalados con fincas familiares menos extensas donde se cultivan productos para los mercados locales. Está limitada por dos cadenas montañosas y hace frontera con Venezuela. En esta región se combinan los valles húmedos, con las mesetas áridas y las montañas de vegetación abundante.⁽¹⁴⁴⁾

Los investigadores de los organismos encargados de hacer cumplir la ley identifican a tres grupos que participan en actos de violencia en esta zona: las FARC y el ELN; un puñado de familias de ganaderos y narcotraficantes que han organizado grupos paramilitares; y el ejército. Aunque la violencia tiene una larga tradición en esta zona, el aumento más reciente se produjo a principios de los noventa, cuando la alianza militar-paramilitares, con sede en Puerto Boyacá y Puerto Berrío, empezó a desplazarse hacía el norte en persecución de presuntos "subversivos." En 1993, cuando la Brigada Móvil No. 2 actuaba en el área, los grupos de derechos humanos se vieron inundados de informes sobre graves abusos a los derechos humanos.⁽¹⁴⁵⁾

En Ocaña, los paramilitares aparecieron en público con sus armas. Un agente de policía uniformado dijo a Human Rights Watch en 1995: "Trabajamos con ellos. Nos ayudan con la guerrilla." Un testigo que había observado las comunicaciones dentro del Batallón Santander, en Ocaña, dijo que en esta zona los dirigentes paramilitares utilizan radios de dos vías para comunicarse directamente con el ejército. Otro testigo dijo: "los paramilitares tienen hasta una oficina con computadoras en la ciudad."⁽¹⁴⁶⁾

El Defensor del Pueblo Regional identificó, en una carta a la Defensoría en Bogotá, a un grupo, que se denominaba a sí mismo "Autodefensas Campesinas," como el responsable de la muerte de seis personas el 30 de julio de 1994. Dijo que a pesar de las pruebas abundantes, el General Ricardo Cifuentes, comandante de la Quinta Brigada y responsable del área, dijo que "desconocía la presencia de grupos de autodefensa en el área." Al mismo tiempo, las autoridades civiles dijeron que sus capacidades estaban "desbordadas" por los informes sobre dichos grupos.⁽¹⁴⁷⁾

En 1995, una investigación policial concluyó que los paramilitares locales estaban organizados por el Mayor Jorge Alberto Lázaro Vergel, el comandante militar de Aguachica.⁽¹⁴⁸⁾ Según la declaración de un comandante de la Policía de Aguachica, el Mayor Lázaro le había dicho que iba a "dar balín a unos pocos bandidos" activos en Aguachica, mencionados en su lista negra secreta. El Mayor Lázaro alardeó del apoyo que recibía del DAS, de la Unidad Anti Secuestro y Extorsión (UNASE), y de ganaderos locales, como la Familia Prada, que habían acusado al comandante de la policía de ser una amenaza potencial porque "no colaboraba con las acciones que realizaban los paramilitares, y que paramilitar que capturara lo dejaría en manos de la Fiscalía."⁽¹⁴⁹⁾

Una investigación posterior de la policía identificó como líderes paramilitares a los hermanos Roberto, Juancho, y Martiniano Prada; y Fidel Medina, un capataz que trabajaba para otro ganadero. El grupo, que se denominaba a sí mismo "Los Masetos," estaba compuesto por unos cuarenta hombres con armas automáticas largas y cortas.⁽¹⁵⁰⁾ Algunos testigos dijeron a Human Rights Watch que los paramilitares de la zona utilizan revólveres del calibre 3,8 mm., pistolas semi automáticas y metralletas automáticas Uzi del calibre 9 mm., rifles automáticos Galil y G3, y rifles semi automáticos AR-15; la mayoría ilegales para el uso civil.⁽¹⁵¹⁾

Los ganaderos y campesinos locales fueron obligados a pagar gastos mensuales o trimestrales de protección, para mantener a los paramilitares. Los ingresos, entre otras cosas, se destinaban a la compra de armas, ya fuera del ejército o en el floreciente mercado negro colombiano.⁽¹⁵²⁾ Los que no pagaban tenían que salir de la zona o arriesgarse a ser asesinados. El comandante de la Policía de Aguachica describió una reunión con el Mayor Lázaro:

Quería que le manifestara con quién estaba yo, si con ellos o con quién. Que yo todo lo que tenía que hacer era cerrar los ojos y no sacar a la Policía a la calle cuando ellos fueran a operar...Me dijo que "aquí nadie opera si no es con la orden mía, ellos están bajo mi mango, además ya no se van a dejar muertos, vamos a levantar gente y a desaparecerlos porque los muertos hacen mucha bulla."⁽¹⁵³⁾

Al parecer, el 15 de enero de 1995, paramilitares al mando del Mayor Lázaro llevaron a cabo la operación más agresiva en la región hasta la fecha: la masacre de Puerto Patiño. A diferencia de los otros casos que conocemos, la policía hizo una verdadera investigación. Human Rights Watch consiguió un informe interno sobre la masacre elaborado por la Dirección de Policía Judicial e Investigación de la Policía Nacional (DIJIN). El informe, incluido en el Apéndice 2, concluye que los oficiales militares "actúan en un claro abuso de sus funciones, haciendo caso omiso a las directivas, normas estatales e institucionales, quienes han hecho alianza con grupos armados."⁽¹⁵⁴⁾

Esta investigación demuestra dos puntos fundamentales. Si son oportunas, las investigaciones independientes pueden identificar a los perpetradores de la violencia; y el hecho de que no se persiga a esos perpetradores deriva principalmente de la falta de voluntad política.

Puerto Patiño es una ciudad al norte de Aguachica. La investigación policial que se inició a los seis días de la masacre estableció esta secuencia de hechos. Alrededor de las 5:00 a.m., cuarenta hombres fuertemente armados, algunos con uniformes militares, entraron en dos burdeles llamados La Guapachosa y Los Charcos. Allí ordenaron a todo el mundo que se echara boca abajo en el suelo. Después de identificar a los presentes, se llevaron a nueve personas.⁽¹⁵⁵⁾

Unas horas más tarde, uno de los nueve regresó y dijo a los familiares que "no se preocuparan, que a los muchachos no les iba a pasar nada porque más tarde iban a ser liberados."⁽¹⁵⁶⁾ La policía sospechaba que el único superviviente era realmente un informante de los paramilitares. Después de la masacre, los soldados lo detuvieron, y después lo pusieron en libertad sin haber permitido que declarara ante los investigadores. A pesar de las afirmaciones de este hombre, se inició una búsqueda. Se encontraron dos cadáveres en la mañana, y esa misma tarde se encontraron los seis restantes. Aunque los sicarios habían acusado a todos los presentes de ser colaboradores de la guerrilla, la policía concluyó que sólo dos o tres de ellos podrían haber tenido relación con la guerrilla, refugiando a guerrilleros en sus casas o llevándoles en canoa por el Río Patiño. Según la policía, "los restantes, parece ser que fueron eliminados buscando el impacto sicológico de la población y aumentar así sus ingresos a través de la vacuna [pago por protección]."⁽¹⁵⁷⁾

Algunos residentes de Puerto Patiño, conscientes de lo que les esperaba si declaraban ante la policía, se mostraron reticentes a cooperar.⁽¹⁵⁸⁾ Incluso cuando los investigadores de la policía estaban preparando su informe, se puso en circulación una lista negra con los nombres de doce líderes civiles conocidos y que, según se informó, había sido elaborada por la oficina regional del DAS, en colaboración con el ejército.⁽¹⁵⁹⁾ En el mes en que se arrestó a Lázaro, un grupo armado con uniformes militares y brazaletes, que se identificó como las ACC, entró por la fuerza en una reunión de granjeros locales en la finca Tokio, capturaró a cuatro hombres y una mujer, y los ejecutó. La reunión se había convocado para discutir la división del rancho, que había sido ocupado pacíficamente por granjeros pobres, y que el estado había comprado para donárselo.⁽¹⁶⁰⁾

El 17 de marzo de 1995, la delegación de la Fiscalía en Barranquilla arrestó a Lázaro y lo recluyó en la Quinta Brigada.⁽¹⁶¹⁾ Sin embargo, el Mayor General Rodolfo Torrado Quintero, que entonces era Inspector General del Ejército, desmintió a Human Rights Watch cualquier participación militar. Sostuvo que "el mayor no participó en ninguna masacre, y que el ejército no está involucrado de ningún modo."⁽¹⁶²⁾

En una entrevista con Human Rights Watch en la Base de Aguachica, el Teniente Coronel José Domingo García García, el sustituto de Lázaro, también negó que sus tropas se aliaran con grupos paramilitares. "Los guerrilleros son los que están fuera de la ley. Son delincuentes. El único problema aquí es la guerrilla," dijo.⁽¹⁶³⁾ Sin embargo, un día antes de la visita de Human Rights Watch, García había defendido la presencia paramilitar ante las cámaras de la televisión local. Dijo a los periodistas que "estos grupos, los ganaderos y productores agrícolas, están cansados de la subversión."⁽¹⁶⁴⁾

Los soldados a sus órdenes entrevistados por Human Rights Watch negaron tener conocimiento de paramilitares locales. Uno de ellos, el Soldado Rivera, que llevaba un uniforme de una unidad contraguerrilla de élite llamada la Fuerza de Tarea No. 27 Pantera, dijo que tampoco sabía lo que significaba el símbolo de la cruz gamada, ni porqué tenía una tatuada en el brazo.⁽¹⁶⁵⁾

Sin embargo, Human Rights Watch ha conseguido un documento impreso por computadora elaborado por la Fuerza de Tarea No. 27 Pantera titulado "Últimas informaciones del enemigo," con fecha del 11 de julio de 1995, que aporta nuevas pruebas sobre la asociación militar-paramilitares, las amenazas contra grupos políticos legales, y los asesinatos políticos. El documento se basa en informaciones de la inteligencia militar, y contiene una lista con decenas de nombres de personas activas públicamente a las que considera subversivos, como "Libardo (sic) Galvis," un miembro del Movimiento de Acción Comunitaria (MAC) local.⁽¹⁶⁶⁾ "Últimas informaciones del enemigo" describe a MAC como "el brazo político del ELN." Según la información de la inteligencia militar, Galvis y un compañero, Francisco Morato, hablaron con un grupo de campesinos, reunidos el 2 de julio, sobre "los objetivos que como movimiento político piensan alcanzar."⁽¹⁶⁷⁾

Sin embargo, no hay nada especialmente sospechoso en esa afirmación ya que MAC es un grupo político legal organizado en 1991. MAC es un movimiento político independiente apoyado por juntas de acción comunal, sindicatos, y líderes comunitarios. En las elecciones municipales colombianas de 1992, los miembros de MAC Manuel Claro Santiago y Elibardo Galvis fueron elegidos, respectivamente, alcalde y concejal municipal (1992-1994). Sin embargo, desde que se creó el partido, el ejército y los paramilitares locales han perseguido a los miembros de MAC.⁽¹⁶⁸⁾

En 1994, Claro renunció al puesto después de recibir numerosas amenazas de muerte. Su sustituta, Patricia Rojas, sólo duró seis meses en el cargo, y fue reemplazada por un alcalde militar.⁽¹⁶⁹⁾ Durante su alcaldía, la miembro de MAC y funcionaria municipal Erminson Sepúlveda Sarabia fue asesinada a tiros por cinco hombres, que, según testigos presenciales, conducían un vehículo perteneciente a la UNASE, cuando escaparon de la escena del crimen. Sepúlveda había informado previamente a las autoridades de las amenazas que le habían hecho el Mayor Lázaro y la UNASE.⁽¹⁷⁰⁾

El 31 de julio de 1994, el Presidente César Gaviria nombró al Mayor John Carlos Vigoya alcalde de Aguachica, después de que las autoridades civiles renuciaran debido a las amenazas y a un clima de violencia creciente.⁽¹⁷¹⁾ En lugar de restaurar el orden, el control militar condujo a un reino virtual del terror paramilitar. Sindicalistas, activistas comunitarios, campesinos, y políticos locales se convirtieron en sus objetivos.⁽¹⁷²⁾

El 24 de septiembre de 1995, dos meses después de la reunión a la que asistió Galvis, y de la que informó la inteligencia militar, un grupo de hombres armados, algunos vestidos de civil y otros con el uniforme y la insignia de la Fuerza de Tarea No. 27 Pantera, detuvieron en un control de carretera a los hermanos de Elibardo y compañeros del MAC, Jesús Emilio y Luis Tiberio Galvis Barrera. Según la Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA), un grupo de derechos humanos que actúa en el área, se encontraron posteriormente los cuerpos de los dos hombres decapitados y con los dedos quemados. Según se informó, después de abandonar el control de carretera, los sicarios se dirigieron a la aldea vecina de Morena, donde saquearon una tienda de la comunidad y ordenaron a la gente que se echaran boca abajo en el suelo. Entre las personas presentes estaba la inspectora de la Policía de Morena, Emelda Ruiz, que fue asesinada enfrente de la comunidad. Los perpetradores anunciaron que volverían a buscar a otras personas que estaban en sus listas.⁽¹⁷³⁾

El superviviente de los hermanos Galvis, Elibardo, ha estado recibiendo amenazas de muerte desde entonces, y ha tenido que salir del área.⁽¹⁷⁴⁾ En sus menos de cuatro años de existencia como movimiento político, tres líderes del MAC fueron asesinados en circunstancias que sugieren claramente la colaboración militar-paramilitares. También han sido asesinados otros miembros y simpatizantes, lo que ha forzado la disolución del MAC.⁽¹⁷⁵⁾

De hecho, parece que uno de los cometidos principales de la inteligencia militar es vigilar a los grupos políticos legales, utilizando al parecer a paramilitares para reunir información y posteriormente actuar según ésta, amenazando y atacando a líderes políticos.⁽¹⁷⁶⁾ En una entrevista con Human Rights Watch, un mayor del ejército retirado describió a los paramilitares como "la fuente principal" de inteligencia militar. "De hecho la acción principal de los paramilitares es [reunir] inteligencia, además de servir como grupo de exterminación," dijo.⁽¹⁷⁷⁾

Cuando preguntamos sobre este asunto al General Bedoya, que entonces era Comandante del Ejército y posteriormente fue ascendido a Comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, éste reconoció que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas identifica los objetivos de la inteligencia, pero negó categóricamente que estos objetivos incluyeran a partidos políticos o movimientos de izquierda, sindicatos, o grupos similares:

No tenemos nada que ver con trabajo de inteligencia sobre actividades políticas. Somos el brazo del estado. Nuestra función es claramente constitucional. Hacemos trabajo de inteligencia sobre grupos terroristas, subversivos, grupos armados. Pero si nos llega información de que alguien está relacionado con la acción subversiva, se la pasamos a la Fiscalía para que la investigue. No tenemos capacidad para hacer nada más. ⁽¹⁷⁸⁾

Human Rights Watch le preguntó lo mismo al Mayor General Manuel José Bonett Locarno, que entonces era comandante de la Segunda División, que cubre la región de Aguachica y del Norte del Magdalena Medio. Bonett, que desde entonces ha sido ascendido y es ahora Comandante del Ejército, dijo que el ejército "ni siquiera tienen capacidad de investigación. Sólo reunimos información de inteligencia para el combate."⁽¹⁷⁹⁾

Sin embargo, Human Rights Watch ha obtenido documentos de inteligencia militar que contradicen directamente estas afirmaciones. Uno, marcado reservado y fechado el 24 de julio de 1995, está firmado por el propio General Bonett. Esta orden interna a toda la división ofrece razones aparentemente objetivas para incluir dentro de los objetivos de la vigilancia militar a todos los gobiernos municipales. Termina sugiriendo que cualquier proyecto que beneficie a la población local es sospechoso y potencialmente subversivo:

Es bien conocido que el enemigo está desplazando el centro de gravedad de su esfuerzo estratégico al área urbana. Ellos consideran que el triunfo armado sobre el Estado para derrocar el sistema e imponer otro no es posible bajo las actuales circunstancias nacionales e internacionales. Por esta razón han puesto énfasis en los municipios medianos y pequeños para controlar a los alcaldes, los Consejos y en general, a las autoridades locales y la correspondiente burocracia. Con este método se propone manejar el presupuesto para hacer política, ordenar obras que les benefician ante la población, sacar recursos para su propio sostenimiento y en general manipular la situación municipal.

La orden sigue diciendo que dicha vigilancia ha conducido a investigaciones de los "alcaldes de Aguachica, San Alberto, Sabana de Torres, San Vicente [de Chucurí]" y hasta de "algunos gobernadores [departamentales]."⁽¹⁸⁰⁾

Un documento militar relacionado con este tema, marcado reservado y fechado el 15 de marzo de 1995, afirma que los "subversivos" han infiltrado unos 800 gobiernos municipales elegidos a nivel local en todo el país y una cantidad desconocida de organizaciones no gubernamentales. De este modo, el documento relaciona explícitamente la defensa de los derechos humanos con la campaña dirigida por la guerrilla:

La subversión, directa o indirectamente, tiene correlaciones con las organizaciones no gubernamentales (ONG), especialmente de la izquierda nacional, que apoyadas por foráneas y en evidente acuerdo con los grupos izquierdistas, han lanzado una ofensiva contra el Estado y contra las FFAA, sindicándoles de violadores recurrentes de los derechos humanos.⁽¹⁸¹⁾

Este documento sigue diciendo que las ONG "en Colombia, Estados Unidos, Canadá, Europa, Latinoamérica y El Caribe," tienen como parte de sus objetivos políticos "la superación de la impunidad, vigencia y aplicación efectiva de los derechos humanos... y la construcción de un proceso de paz" -- todos ellos, de acuerdo al lenguaje del análisis, elementos de la estrategia guerrillera. La orden fue enviada de la Quinta Brigada al comandante de Batallón de Infantería Luciano D'Elhuyar, en San Vicente de Chucurí.

Dicha vigilancia de grupos políticos es, de hecho, una política militar a nivel nacional. En el cuartel general de la Cuarta División de Infantería, en Villavicencio, Meta, los oficiales -- que al parecer desconocían la necesidad de confidencialidad -- mostraron abiertamente a Human Rights Watch el "Resumen Semanal de Inteligencia (RESIN)". En éste aparecen las categorías de "partidos políticos tradicionales" y "partidos políticos de izquierdas" e incluye las categorías de "gobierno" y "sindicatos", y sugiere que la pertenencia a uno de estos grupos puede ser considerada como un indicio de simpatías hacia la guerrilla. Un oficial de inteligencia explicó: "La idea es averiguar quién es miembro de una cédula subversiva."⁽¹⁸²⁾

Dado que dichas políticas se aplican a los niveles más altos de las Fuerzas Armadas de Colombia, no es sorprendente que el simple arresto del Mayor Lázaro en 1995 no haya puesto freno a los asesinatos en la Subregión Norte del Magdalena Medio.⁽¹⁸³⁾ Hasta la fecha, el Gobierno de Colombia no ha tomado las medidas contundentes necesarias para detener la violencia derivada de la asociación militar-paramilitares. En una carta al Ministro del Interior de Colombia, el alcalde de Aguachica, Luis Fernando Rincón, informaba sobre un alto nivel constante de actividad paramilitar: "En San Alberto, por ejemplo, en lo corrido de este año han sido asesinados 3 concejales, 3 segundos renglones y 4 cabezas de lista no electos, alcanzando con éstos una cifra cercana a los 100 asesinatos. La mayoría de estos homicidios atribuibles a los paramilitares. Igualmente es voz popular que en San Martín los miembros del paramilitarismo se mueven como Pedro por su casa."⁽¹⁸⁴⁾

Según la información obtenida por Human Rights Watch, de las veinticinco órdenes de arresto pendientes contra civiles acusados de pertenecer a grupos paramilitares, sólo se han ejecutado dos de ellas, incluido el arresto de Roberto Prada.⁽¹⁸⁵⁾ En Pelaya, al norte de Aguachica, testigos dijeron a Human Rights Watch que, meses después del arresto de Prada y del Mayor Lázaro, los paramilitares seguían patrullando abiertamente. "Mira, en Pelaya hay un restaurante que está justo enfrente de los puestos de la policía y el ejército, y allí es donde van los militares a almorzar. Hay incluso una sala de billar al lado donde llegan los dos [soldados y paramilitares]," dijo uno de ellos.⁽¹⁸⁶⁾ Más al norte, en Pailitas, en la tarde del 8 de mayo de 1996, un grupo paramilitar instalado en un control de carretera detuvo a más de sesenta personas, torturó a dos conductores de autobús con un látigo que tenía una bala atada a la punta, y los ejecutó.⁽¹⁸⁷⁾

Desmentidos poco convincentes

El ejército sigue desmintiendo que forma, promueve, o tolera a los grupos paramilitares. En una serie de entrevistas con Human Rights Watch, los comandantes militares reiteraron que estaban haciendo todo los posible para combatir a los grupos paramilitares. El General Harold Bedoya, entonces Comandante del Ejército, nos dijo que el ejército colombiano ha roto todos sus vínculos con los paramilitares y ha perseguido a los que se niegan a entregar las armas. "El ejército no tiene nada que ver con grupos al margen de la ley. La política del gobierno y del ejército es no involucrarse con estos grupos, que son ilegales. Nuestra misión es combatir la delincuencia," dijo.⁽¹⁸⁸⁾

Por su parte, el Mayor General Marino Gutiérrez Isaza, comandante de la Cuarta División, con base en Villavicencio, departamento del Meta, nos dijo, "¿ Los paramilitares? Nadie me ha dado ninguna información de quiénes son, sino iría a capturarlos."⁽¹⁸⁹⁾ Al parecer, el General Gutiérrez que no sabía que una investigación policial de 1994 concluyó que Victor Carranza, un conocido negociante de esmeraldas y reputado narcotraficante, controlaba a los llamados "grupos de justicia privada" dentro de su jurisdicción, armados con armas licenciadas por el Ministerio de Defensa.⁽¹⁹⁰⁾

De un manera similar, el Mayor General Bonett, que entonces era el comandante de la Segunda División de Infantería y responsable de la Subregión Norte del Magdalena Medio, dijo: "¿Bases de entrenamiento para paramilitares? Si supiera de alguna, iríamos allí y los capturaríamos."⁽¹⁹¹⁾

De hecho, es bien sabido dónde están situados los centros de entrenamiento paramilitar tanto en Meta como en la Subregión Norte del Magdalena Medio. Human Rights Watch ha conseguido informes elaborados durante investigaciones de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley que que sitúan los centros de entrenamiento en Valencia, en el departamento de Córdoba; Quípama, Otanche, Borbur, y Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá; Cimitarra, El Carmen, San Vicente de Chucurí, y Puerto Parra, en el departamento de Santander; Puerto Nare y Puerto Berrío, en el departamento de Antioquia; La Azulita, en el departamento de Putumayo; Puerto López y Puerto Gaitán, en el departamento de Meta; Yacopi, en el departamento de Cundinamarca; Trujillo, Tulúa, y Cartago, en el departamento de Valle; y en la región del Urabá. Además, describen como "áreas de influencia" paramilitar el departamento de Cesar, donde se encuentra Aguachica, y el departamento de Casanare.⁽¹⁹²⁾

Según se ha informado, Víctor Carranza es uno de los líderes paramilitares que mantiene bases de entrenamiento. Un informe gubernamental enumera tierras compradas por Carranza en la Subregión Norte del Magdalena Medio en 1994, que se utilizaron para bases de entrenamiento:

[Cerca de] San Martín había, además de un "puesto de mando" que operaba en el centro urbano, dos lugares que se estaban utilizando como "bases paramilitares." Una es la Hacienda El Tesoro, situada detrás de la base Morrison, y la otra es la finca El Barro, situada en las cercanías de la base del Ejército en Torcoroma. Según los testigos, de estas [bases paramilitares] suelen salir hombres armados en vehículos [de doble tracción] con vidrios polarizados... lo realmente preocupante es que, según algunas informaciones, el ejército no ha actuado en relación a estos movimientos sospechosos.⁽¹⁹³⁾

Testigos de esa región dijeron a Human Rights Watch que unos cuarenta hombres armados vigilan normalmente la Hacienda El Tesoro.⁽¹⁹⁴⁾ Los testigos informaron de que un teniente del ejército de la Base Morrison obligó a sus soldados a entregar sus uniformes de camuflaje a los paramilitares de la Hacienda El Tesoro.⁽¹⁹⁵⁾

Frente a los informes creíbles de los investigadores civiles, los oficiales de alto rango han cerrado filas y han contraatacado diciendo que las pruebas de la asociación militar-paramilitares no son más que propaganda de la guerrilla -- lo que paraliza cualquier intento serio de investigación. Por ejemplo, el General Rito Alejo Del Río Rojas, al que se ha acusado de apoyar a los paramilitares en el Magdalena Medio y que cuando lo entrevistamos era el comandante de la Décimoséptima Brigada, dijo a la prensa en 1996 que dichas acusaciones eran "manipulaciones de las FARC."⁽¹⁹⁶⁾ En una entrevista con Human Rights Watch, el General Del Río; que actualmente está al mando del área donde las ACCU de la Familia Castaño tienen una presencia claramente visible, con miembros uniformados y retenes frecuentes en carreteras muy transitadas; reconoció su existencia, pero alegó que debido a que los paramilitares "nunca atacan" a las fuerzas de seguridad, es prácticamente imposible localizarlos y capturarlos.⁽¹⁹⁷⁾

Las alegaciones de que los informes sobre la actividad paramilitar son propaganda guerrillera no son nuevas, ni se quedan en meras declaraciones a la prensa. Los grupos de derechos humanos que publican informes creíbles, que incluyen información sobre la asociación militar-paramilitares, y reclaman investigaciones han sido llevados ante la corte por comandantes militares acusándolos de calumnias. Aunque hasta ahora las cortes colombianas han decidido en contra de los militares en dichos casos, este tipo de litigación tiene un efecto paralizador.⁽¹⁹⁸⁾

Por ejemplo, en 1996, el General Bedoya presentó una demanda por calumnias contra el Padre Javier Giraldo, director de Justicia y Paz, un grupo destacado de derechos humanos colombiano, por su informe sobre la asociación militar-paramilitares en el Chucurí.⁽¹⁹⁹⁾ Tres años antes, Bedoya acusó a sesenta y seis líderes de derechos humanos de calumnia por calificar públicamente de detención arbitraria el arresto de un sindicalista por parte de las tropas bajo sus órdenes. Bedoya alegó que la declaración amenazaba el "buen nombre" de las Fuerzas Armadas, pero un juez decidió que la acusación era infundada.⁽²⁰⁰⁾

CAPÍTULO V

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119. Entrevistas de Human Rights Watch, Santafé de Bogotá, 25 a 30 de junio de 1996.

120. En 1993, se relacionó a paramilitares con el 18 por ciento de dichos asesinatos, una cifra que subió hasta el 35 por ciento en 1994, y el 46 por ciento en 1995. CCJ, Colombia, derechos humanos y derecho humanitario: 1995 (Santafé de Bogotá: CCJ, 1996), pág. 5.

121. Foreign Broadcast Information Service (FBIS), EFE, Latinoamérica, 22 de agosto de 1994.

122. Estos eran Guillermo Marín, Efren Correa, y Jairo León Agudelo. FBIS, El Tiempo, 31 de julio de 1994.

123. En una entrevista con Human Rights Watch, Carlos Castaño, el líder de las ACCU, declaró que "Primera Cumbre de las Autodefensas de Colombia" fue escrito bajo su supervisión.

124. Ibíd.

125. "Colombia: Colombian Government Condemns Paramilitary Groups", Reuters, 7 de noviembre de 1996.

126. Entrevista de Human Rights Watch con el Ministro del Interior Horacio Serpa Uribe, Santafé de Bogotá, 7 de noviembre de 1995.

127. Según el Decreto 3567, emitido el 11 de febrero de 1994, el gobierno también puede conceder licencias de armas a "cooperativas, asociaciones comunitarias, o negocios comunales para que operen un comité comunal de vigilancia y seguridad privada en el área donde está situada la comunidad. Pueden operar armados o desarmados."

128. Visita de Human Rights Watch a la CONVIVIR de Río Negro, Antioquia, 4 de julio de 1996.

129. "Convivir: Opción de guerra por la paz," El Espectador, 28 de abril de 1996.

130. Entrevista de Human Rights Watch con el Ministro del Interior Horacio Serpa, 16 de noviembre de 1995.

131. "President Discusses Military Issues", Santafé de Bogotá, FBIS, Radiodifusora Nacional de Colombia, 10 de mayo de 1996.

132. El estado de conmoción interna forma parte de la Ley 104, aprobada en 1993.

133. Declaración de las ONG pertenecientes a la Comisión Mixta de Derechos Humanos creada por el Decreto 1533 de 1994.

134. Nelson Socha Masso, "No es el tiempo de la Corte," Ciendías, enero-marzo de 1996, págs. 12-14.

135. "Amenazas contra magistrados de la Corte Constitucional," El Tiempo, 23 de octubre de 1995.

136. "Colombia: Military Shuffle does not Affect Esguerra", FBIS, El Espectador, 21 de mayo de 1996.

137. Diana Losada Castaño, "Habrá libre circulación en zonas de orden público," El Colombiano, 6 de julio de 1996.

138. "Reducirán control de la Corte," El Tiempo, 10 de julio de 1996.

139. "Samper solicita al Congreso prorrogar Estado de Conmoción," El Tiempo, 16 de abril de 1996.

140. Decreto 0717, 18 de abril de 1996.

141. "Colombia: FARC guerrillas kill 9 in Urabá 'Massacre'", Santafé de Bogotá, FBIS, Radio Cadena Nacional, 6 de mayo de 1996.

142. "Cinco mil policías irán a zonas rojas," El Tiempo, 17 de mayo de 1996.

143. "Colombia: Defense Minister Discusses Border Issues", Santafé de Bogotá, FBIS, Emisoras Caracol, 22 de mayo de 1996.

144. Los colombianos dividen el Magdalena Medio en dos subregiones: la Subregión Sur que tiene su centro cerca de las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja y está estrechamente ligada a la producción petrolífera; y la Subregión Norte, que tiene su centro cerca de las ciudades de Aguachica y Ocaña y es principalmente agrícola. Para más información ver, CCJ, Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio (Santafé de Bogotá: CCJ, 1993), págs. 74-86.

145. En aquel tiempo, el General Agustín Ardila Uribe era el comandante de la Brigada Móvil No. 2. Carta del Padre Javier Giraldo, Justicia y Paz, a Carlos Vicente de Roux, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, 2 de agosto de 1993.

146. Entrevistas de Human Rights Watch en Ocaña, abril de 1995.

147. Carta de Hernando Toro Parra, Defensor del Pueblo Regional Magdalena Medio, a Jaime Córdoba Triviño, Defensor del Pueblo, 2 de julio de 1994.

148. Previamente, activistas locales y observadores de los derechos humanos habían identificado a otros oficiales del ejército destinados en Aguachica -- como el Mayor Julio Jaramillo y el Mayor Raúl Samuel Rodríguez Aguirre -- considerados colaboradores de los paramilitares y promotores de amenazas y ataques a líderes locales. En la zona de Aguachica se encuentran la Base Aguas Claras, en Aguachica, y la Base Morrison, en el vecino San Martín.

149. La UNASE es una fuerza combinada con personal policial y militar, y en esta zona está a cargo de la Quinta Brigada del Ejército. Declaración del comandante de la Policía de Aguachica ante la Policía Judicial, 6 de febrero de 1995.

150. DIJIN, "Informe investigación masacre Puerto Patiño (Cesar)," Santafé de Bogotá, 13 de febrero de 1995.

151. Entrevistas de Human Rights Watch en la región del Magdalena, abril de 1995.

152. Entrevista de Human Rights Watch en Santafé de Bogotá, septiembre de 1995.

153. Declaración del comandante de la Policía de Aguachica ante la Policía Judicial, 6 de febrero de 1995.

154. El resumen que sigue se basa en el informe policial. DIJIN, "Informe investigación masacre Puerto Patiño (Cesar)," Santafé de Bogotá, 13 de febrero de 1995.

155. Ibíd.

156. Ibíd.

157. Ibíd.

158. Ibíd.

159. Acción Urgente de la Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA), 30 de enero de 1995.

160. Investigación de la Policía de San Alberto, Oficio 084, 22 de abril de 1995, y la consiguientecorrespondencia a la DIJIN.

161. "Traslado capitán de policía en Aguachica," El Tiempo, 11 de abril de 1995.

162. Entrevista de Human Rights Watch en Villavicencio, 9 de octubre de 1995.

163. Entrevista de Human Rights Watch, Aguachica, 14 de octubre de 1995.

164. Entrevista en la televisión local de Aguachica, 13 de octubre de 1995.

165. Entrevista de Human Rights Watch en Aguachica, 13 de octubre de 1995.

166. Fuerza de Tarea No. 27 Pantera, "Últimas informaciones del enemigo," del 8 de abril al 11 de julio de 1995.

167. Ibíd. Esta descripción es especialmente irónica dado que MAC también ha sido un objetivo de la violencia guerrillera. Según contaron los miembros de MAC que Human Rights Watch entrevistó en Aguachica en abril de 1995, poco después de su fundación, un miembro de MAC que viajaba con Galvis fue detenido y posteriormente asesinado por el ELN.

168. Acción Urgente de MAC (sin fecha), relativa a los ataques y amenazas entre 1991 y 1993.

169. Acción Urgente de MINGA, "Genocidio Político continúa en Aguachica, Cesar," 29 de enero de 1994.

170. Carta de Justicia y Paz y MINGA a Human Rights Watch, 1 de febrero de 1994.

171. Patricia Rojas sustituyó a Manuel Claro después de que éste renuciara debido a amenazas de muerte. A su vez, ésta renunció tras recibir amenazas de paramilitares y del ELN. Enrique Santos Calderón, "Para vencer el miedo," El Tiempo, 20 de abril de 1995; y "Alacalde militar en Aguachica," El Espectador, 1 de junio de 1994.

172. Entrevistas de Human Rights Watch en Ocaña, abril de 1995.

173. Acción Urgente de MINGA, "Genocidio Político continúa en Aguachica, Cesar," Santafé de Bogotá, 25 de septiembre de 1995.

174. Entrevista de Human Rights Watch con Elibardo Galvis, 4 de octubre de 1995.

175. Entrevista de Human Rights Watch en Aguachica, 14 de abril de 1995.

176. Entrevistas de Human Rights Watch con suboficiales en Villavicencio, Meta, 9 y 10 de octubre de 1995; San Vicente de Chucurí, 11 y 12 de octubre de 1995; Aguachica, Cesar, 12 y 13 de octubre de 1995.

177. Entrevista de Human Rights Watch en Santafé de Bogotá, 8 de septiembre de 1995.

178. Entrevista de Human Rights Watch en Santafé de Bogotá, 20 de octubre de 1995.

179. Entrevista de Human Rights Watch en Bucaramanga, 12 de octubre de 1995.

180. "Asunto: Examinación de la estrategia divisionaria," reservado, firmado por el Mayor General Manuel José Bonett Solano, comandante de la Segunda División, 24 de julio de 1995.

181. "Asunto: Apreciación Coyuntural Situación Nacional 02 Marzo 1995; Atención San Vicente de Chucurí, Combate Batallón de Infantería No. 40 Luciano D'Elhuyar (sic);" firmado por el Teniente Coronel José Domingo García García, Segundo Comandante y JEM [Jefe del Estado Mayor] Quinta Brigada.

182. Entrevistas de Human Rights Watch en la Cuarta División de Infantería, Villavicencio, 9 y 10 de octubre de 1995.

183. A pesar de que pedimos repetidas veces información al Ministerio de Defensa, el 7 de mayo y el 26 de julio y en persona el 24 de junio de 1996, sobre el paradero y la situación legal del Mayor Lázaro, no hemos recibido ninguna respuesta.

184. Carta del alcalde de Aguachica, Luis Fernando Rincón, al Ministro del Interior de Colombia, Horacio Serpa Uribe, 3 de octubre de 1995.

185. Carta del Padre Javier Giraldo a Human Rights Watch, 18 de octubre de 1996.

186. Entrevista de Human Rights Watch con testigos del sur del Cesar, septiembre de 1995.

187. Las víctimas eran Luis Uribe y Luis Fuentes Marqués, que hacían la ruta entre Pailitas y las aldeas de El Terror y Caño Arenas. Acción Urgente de Amnistía Internacional 260/95, Información adicional, 1 de julio de 1996.

188. Entrevista de Human Rights Watch en Santafé de Bogotá, 20 de octubre de 1995.

189. Cuando era general de brigada, Gutiérrez estuvo al mando de la Decimocuarta Brigada de Infantería en Puerto Berrío, un conocido centro paramilitar. Entrevista de Human Rights Watch con el Mayor General Marino Gutiérrez Isaza, Villavicencio, 10 de octubre de 1995.

190. Respuesta Oficial No. 2970, reservada, 24 de noviembre de 1994, Sección de Inteligencia de la DIJIN, Villavicencio, Meta.

191. Entrevista de Human Rights Watch en Bucaramanga, 12 de octubre de 1995.

192. Agencia de la ley colombiana, "Grupos de Justicia Privada en Colombia," Santafé de Bogotá, julio de 1995. Nuestro acuerdo con la fuente nos impide dar más datos.

193. "Informe sobre la situación del sur del Cesar y el Magdalena Medio Santandereano," Consejería para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Especiales, octubre de 1994.

194. Entrevistas de Human Rights Watch, abril de 1995.

195. Entrevista de Human Rights Watch con testigos del sur del Cesar, septiembre de 1995.

196. En 1985, cuando era Teniente Coronel, Del Río fue relacionado con un cargamento de armas automáticas para los paramilitares, en Puerto Boyacá. Aunque el DAS obtuvo el testimonio de un ex paramilitar que implicaba a Del Río, nunca se inició una investigación. OMCT y otros, Terrorismo de Estado, pág. 109.

197. Entrevista de Human Rights Watch en Carepa, 6 de julio de 1996.

198. Entrevista telefónica de Human Rights Watch con la CCJ, 12 de septiembre de 1996.

199. Entrevista de Human Rights Watch con Justicia y Paz, Santafé de Bogotá, 25 de junio de 1996.

200. "Denuncia penal a Comité de Derechos Humanos," El Tiempo, 14 de septiembre de 1993; y carta de la CCJ a Human Rights, 21 de septiembre de 1993.

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CAPÍTULO V

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