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Argentina
La violencia en las hacinadas prisiones de Argentina empeoró en 2005. La brutalidad de los guardias, que ha sido especialmente bien documentada en la provincia de Buenos Aires, es generalizada y no parece que vaya a disminuir.

Los fiscales continúan investigando las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar (1976-1983). En junio de 2005, la Corte Suprema declaró, en un fallo histórico, la inconstitucionalidad de las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida”, eliminando los obstáculos legales que quedaban para la celebración de juicios.  
 
Condiciones penitenciarias  
Según la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo gubernamental, tres presos fueron asesinados cada semana en la provincial de Buenos Aires hasta marzo de 2005, lo que triplica el nivel de violencia registrado en 2004. Los presos de otras provincias también sufren hacinamiento, condiciones deplorables y violencia entre reclusos. En febrero de 2005, en un motín ocurrido en una prisión de la provincia de Córdoba, ocho personas resultaron muertas, entre ellas cinco presos, dos guardias y un agente de policía. En la prisión, diseñada para albergar a menos de un millar de reclusos, había 1.700 presos cuando ocurrieron los hechos. Dos meses después, trece reclusos murieron a consecuencias de un enfrentamiento entre reclusos en el Instituto Correccional Modelo de la ciudad de Coronda, provincia de Santa Fe. Según los informes oficiales, once murieron a consecuencia de disparos y dos fueron quemados vivos.  
 
Un tercer motín mortal se cobró treinta y dos vidas en octubre, cuando se declaró un incendio en la prisión Magdalena de la provincia de Buenos Aires. Aunque el fuego fue provocado por los presos amotinados, algunos informes alegan que los extintores no funcionaron y los bomberos nunca entraron en la prisión para combatir el fuego.  
 
La gran mayoría de los reclusos de las prisiones argentinas todavía no han sido juzgados. En febrero de 2005, sólo el 11 por ciento de los reclusos de la provincia de Buenos Aires habían sido condenados. Los centros de detención preventiva son gravemente inadecuados. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una reputada organización de derechos humanos, en abril de 2005, 5.951 detenidos de la provincia de Buenos Aires estaban hacinados en comisarías por falta de espacio carcelario regular.  
 
En mayo de 2005, la Corte Suprema de Justicia declaró que todas las prisiones del país debían acatar las Reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos. La declaración de la Corte fue la respuesta a una petición de hábeas corpus presentada por el CELS en 2001 en representación de las personas recluidas en prisiones y comisarías de la provincia de Buenos Aires. En agosto de 2004, Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas y la Organización Mundial contra la Tortura presentaron un escrito de amicus curiae apoyando la petición. En diciembre de 2004, la Corte Suprema celebró una vista pública sobre el asunto, la primera en un caso de derechos humanos, en la que participaron el CELS, Human Rights Watch y el gobierno provincial de Buenos Aires. Además de declarar que las reglas de la ONU eran normas mínimas nacionales, la Corte requirió que se prohibiera la detención de menores de edad y personas enfermas en comisarías de policía.  
 
Tortura  
La tortura y otros tipos de brutalidad son un fenómeno generalizado en el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires. En mayo de 2005, guardias de prisiones de La Plata golpearon al recluso Cristián López Toledo y le aplicaron electrochoques en represalias por haber denunciado anteriores palizas al Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial para la Memoria. Un médico forense confirmó el uso de electricidad partiendo de una muestra de la piel. No se han adoptado medidas efectivas para implementar las recomendaciones del Comité desde la publicación de su informe sobre abusos en el sistema penitenciario, en octubre de 2004.  
 
Rendimiento de cuentas por abusos cometidos en el pasado  
Argentina sigue avanzando en el enjuiciamiento de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos durante la llamada guerra sucia, en la que “desaparecieron” al menos 14.000 personas. En junio de 2005, la Corte Suprema declaró inconstitucionales las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” por una mayoría de siete votos a favor, uno en contra y una abstención. Las dos leyes de amnistía, aprobadas a finales de los ochenta, concedían inmunidad a los responsables de tortura, asesinatos y desapariciones durante el régimen militar. Aunque el Congreso anuló las leyes en 2003 y se reabrieron los casos, los avances han sido lentos ya que los investigadores esperaron el fallo definitivo de la Corte sobre la constitucionalidad de las dos leyes.  
 
Se han formulado cargos relacionados con los derechos humanos contra 330 antiguos miembros de las fuerzas armadas y la policía, y unos 180 se encuentran recluidos en prisiones o centros militares, o bajo arresto domiciliario. La atención pública se ha concentrado en dos “megacasos” relacionados con la detención ilegal y la tortura por parte del Primer Cuerpo del Ejército, y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un centro de tortura de la capital donde se cree que estuvieron detenidas clandestinamente unas 5.000 personas antes de ser asesinadas.  
 
En el caso del Primer Cuerpo del Ejército han sido detenidos 43 presuntos responsables, y otros siete han huido de la justicia. Están arrestados 18 antiguos oficiales de la ESMA. Entre ellos el ex Capitán de Navío Alfredo Astiz, recluido ahora en una instalación de la armada y a la espera de juicio por la “desaparición” de dos monjas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet, entre otros crímenes. Los restos de Duquet, que llevaban 28 años enterrados en una fosa sin marcar, fueron finalmente identificados mediante muestras de DNA en agosto de 2005. En 1990, después de un juicio en rebeldía, un tribunal francés condenó a Astiz a cadena perpetua por este crimen. Otros 30 oficiales de la ESMA, entre ellos Jorge Acosta, alias “El Tigre”, han sido acusados de robar pertenencias de los detenidos que “desaparecieron”.  
 
Los enjuiciamientos han discurrido lentamente, debido sobre todo a los numerosos recursos interpuestos por los acusados. A pesar de estos retrasos, los grupos de derechos humanos esperan que algunos de los casos se juzguen a puerta abierta en 2006. En marzo de 2005, la Corte Federal de Apelaciones declaró inconstitucionales los indultos promulgados por el ex Presidente Menem en 1989 y 1990 a favor de seis antiguos generales del ejército. Tres de los seis que siguen vivos—Carlos Suárez Mason, Juan Bautista Sacian y Jorge Olivera Rovere—están acusados de violaciones de los derechos humanos siendo oficiales del Primer Cuerpo del Ejército. La Corte de Apelaciones llegó a la misma conclusión en otro caso en julio. Declaró inconstitucionales los indultos de dos viceadmirales, Antonio Vañek y Julio Torti, acusados ambos de violaciones de los derechos humanos en la ESMA. Se espera que los cinco sean llevados a juicio en los próximos meses.  
 
Derechos reproductivos  
En Argentina, las mujeres continúan padeciendo restricciones arbitrarias y discriminatorias de sus decisiones reproductivas y el acceso a los anticonceptivos y el aborto. El acceso a una de las formas más efectivas de anticoncepción—la esterilización femenina—sigue siendo objeto de limitaciones discriminatorias. Se dice con frecuencia a las mujeres que para tener derecho a la esterilización necesitan autorización de su esposo, tienen que haber tenido al menos tres hijos y haber cumplido los 35 años.  
 
Muchas mujeres tienen que elegir entre un embarazo no deseado o arriesgado y un aborto ilegal y peligroso. Según el Ministerio de Salud, todos los años se producen aproximadamente medio millón de abortos ilegales en Argentina, lo que supone el 40 por ciento de todos los embarazos.  
 
En 2005, en una importante medida para garantizar el derecho de las mujeres a acceder a los servicios de atención sanitaria, el gobierno argentino publicó directrices nacionales sobre el cuidado humano después del aborto.  
 
Libertad de expresión  
Las propuestas legislativas para ampliar los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información no avanzaron en 2005. Un proyecto de ley aprobado por la Cámara Baja en mayo de 2003, que otorgaría a los ciudadanos argentinos el derecho a la información en poder de organismos públicos, se vio debilitada en el Senado y ha sido devuelta a la Cámara Baja. Un proyecto de ley anterior para que la difamación pública de funcionarios públicos sólo fuera sancionable con indemnizaciones civiles, en lugar de sanciones penales, tampoco ha avanzado. La necesidad de este tipo de leyes sigue siendo manifiesta. En junio de 2005, el Secretario de Medios de Comunicación, Enrique Albistur, presentó una querella criminal por difamación contra periodistas y directores de la revista Noticias y la editorial Perfil, por un artículo de enero en el que se criticaban sus políticas sobre el reparto de la publicidad oficial. El Secretario, que había solicitado la pena máxima de tres años, retiró después la demanda judicial.  
 
Principales actores internacionales  
En diciembre de 2004, el Comité de la ONU contra la Tortura informó sobre la aplicación en Argentina de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Algunas de las preocupaciones expresadas por el Comité fueron el alto número de denuncias de tortura y malos tratos, la pequeña cantidad de condenas, la detención de niños por debajo de la edad de responsabilidad penal, y el hacinamiento y las malas condiciones en las prisiones.  
 
En abril de 2005, un tribunal español condenó al antiguo oficial de la Armada Argentina, Adolfo Scilingo, a 640 años de prisión por crímenes contra la humanidad. Scilingo fue a España voluntariamente en 1997 para confesar su participación en el los vuelos para arrojar a presos al mar, pero se retractó después de su declaración. El Juez Baltasar Garzón también está investigando el caso de Ricardo Miguel Cavallo, otro agente de la ESMA, que fue extraditado desde México en 2003 acusado de genocidio y terrorismo.  
 
En julio, en un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno argentino aceptó formalmente su parte de responsabilidad por no haber prevenido el atentado con bomba de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA), y no haber investigado adecuadamente después el crimen. No se ha condenado a ninguna persona por el atentado, mientras que cinco han sido absueltas por falta de pruebas.
VERSIÓN SÓLO TEXTO
INFORME ANUAL 2006 (en inglés)
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