| | |
|
| |
    
      |
|
 Chile Chile continúa procesando a cientos de antiguos militares acusados de cometer graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura del General Augusto Pinochet. Cuando el Presidente, Ricardo Lagos, indultó a un oficial de bajo rango acusado de homicidio, se reanudó en el Congreso un debate sobre las medidas de clemencia que llevaban tiempo defendiendo el comandante en jefe del ejército y los partidos de oposición. La reforma del sistema no fue abordada for el gobierno de Lagos, el cual está excesivamente extendido de justicia militar y sigue permitiendo el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares en casos de asaltos contra la policía, e incluso delitos de expresión. Tras años de debate, las amplias reformas constitucionales se han convertido en leyes y han eliminado la mayoría de los aspectos autoritarios de la Constitución, introducida por Pinochet en 1980. Enjuiciamiento por violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar Continúan, aunque no sin contratiempos, los avances en el rendimiento de cuentas de los responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la era pinochetista. El 25 de enero de 2005, la Corte Suprema de Chile ordenó que todos los jueces que estaban investigando violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar finalizaran sus investigaciones en un plazo de seis meses. A menos que se iniciaran los juicios en este plazo o las partes lograran apelar para la continuación de los casos, todas las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura tendrían que concluir el 25 de julio de 2005. A principios de mayo, tras una intensa campaña de los grupos nacionales e internacionales de derechos humanos, la Corte rescindió este medida. El antiguo dictador Augusto Pinochet sigue enfrentándose a una serie de causas judiciales. Antes de iniciar los procesos penales, los tribunales tienen que decidir, en función de cada caso, si le retiran la inmunidad penal como expresidente. En el 2005, varios de estas decisiones sobre su inmunidad se resolvieron a su favor y otras en su contra. Las inconsistencias evidentes en las diferentes decisiones de la Corte Suprema reflejaron la variación en la composición de los paneles que examinaron los casos, así como el hecho de que la jurisprudencia no sea vinculante. En marzo de 2005, la Corte Suprema confirmó la inmunidad de Pinochet frente a los cargos relacionados con el asesinato del antiguo comandante del ejército, General Carlos Prats, y su esposa, en 1974 en Buenos Aires. En cambio, en septiembre y octubre, la Corte Suprema levantó la inmunidad de Pinochet en los casos denominados Operación Colombo y Riggs Bank. El primero consiste en una elaborada operación de 1975 para encubrir el secuestro y el asesinato de 119 izquierdistas chilenos. El segundo está relacionado con posibles cargos por evasión de impuestos y falsificación, entre otros. La instrucción judicial de esta causa se inició después de que el Senado de Estados Unidos descubriera en 2004 que Pinochet había guardado millones de dólares en cuentas secretas del Riggs Bank, en Washington. Se ha alegado que el principal origen de la fortuna de Pinochet (estimada en 27 millones de dólares) fueron los pellizcos del tráfico de armas. Los abogados de Pinochet continuaron usando su supuesta incapacidad mental para frenar los enjuiciamientos. En junio, una corte de apelaciones decidió que Pinochet no era apto para someterse a juicio por nueve asesinatos y un secuestro relacionados con la Operación Cóndor, en la que disidentes políticos de países vecinos fueron “desaparecidos” por la fuerza. En septiembre, la Corte Suprema confirmó la sentencia. Sin embargo, en noviembre, un equipo del Servicio Médico Legal concluyó que Pinochet había exagerado sus síntomas y era suficientemente apto para someterse a juicio por el caso Colombo. En una decisión sorprendente adoptada en agosto, el Presidente Lagos indultó a un sargento del ejército condenado por el asesinato de un sindicalista en 1982. Manuel Contreras Donaire (sin parentesco con Manuel Contreras Sepúlveda, director de inteligencia de Pinochet) estaba cumpliendo una condena de ocho años por su participación en el secuestro y asesinato de Tucapel Jiménez, presidente del sindicato de empleados públicos. El Presidente Lagos le conmutó el resto de la condena por arresto domiciliario. La medida, reflejo de la opinión de Lagos de que se debe tratar con indulgencia a los soldados de bajo rango que obedecieron órdenes, despertó un debate apasionado. Los senadores de la oposición presentaron varias propuestas legislativas destinadas a reducir las condenas de violadores de los derechos humanos y a permitir que los presos militares se beneficiaran automáticamente de indultos. En marzo de 2005, Paul Schaefer, fundador y líder de la Colonia Dignidad, una misteriosa colonia alemana del sur de Chile, fue capturado en Buenos Aires y deportado rápidamente a Chile para enfrentarse a cargos de abuso sexual contra niños y violaciones de los derechos humanos. Schaefer y sus socios gozaron de buenas relaciones con el gobierno militar, que usó la colonia como centro de detención después del golpe militar de 1973. Se cree que numerosos presos políticos estuvieron recluidos y fueron torturados ahí, y muchos fueron “desaparecidos”. En marzo y mayo, la policía encontró tres vehículos enterrados en la colonia similares a los de presos políticos desaparecidos en los setenta. En junio, se descubrió un enorme arsenal de armamento militar, así como expedientes con documentos de inteligencia sobre personalidades de la política y presos que, según se cree, estuvieron detenidos allí. Comisión sobre tortura El gobierno ha continuado enfrentándose al legado de tortura de la era militar, a pesar de que no ha apoyado los enjuiciamientos por este abuso sistemático. En junio de 2005, la Comisión Nacional sobre Presos Políticos y Tortura, que editó un importante informe en noviembre de 2004, publicó un apéndice sobre 1.204 nuevas víctimas. Incluía un capítulo sobre la situación de 86 víctimas, detenidas con sus padres, cuando eran menores de 12 años, las cuales habían nacido en prisión o estaban siendo gestadas por sus madres cuando fueron detenidas. La Comisión clasificó a los detenidos con sus padres o nacidos durante la detención como víctimas de la tortura. Algunos de ellos habían sido usados como rehenes o para presionar a sus padres mientras los torturaban. La insistencia del gobierno en que los testimonios recopilados por la Comisión tienen que mantenerse en secreto durante 50 años—incluso fuera del alcance de los tribunales—ha obstaculizado los enjuiciamientos. Juicios por terrorismo de mapuche Una corte de la ciudad sureña de Temuco frustró los intentos de la fiscalía de reinstaurar los cargos de terrorismo contra cinco acusados mapuche y una simpatizante a los que había absuelto por unanimidad un tribunal de primera instancia, en noviembre de 2004. La mayoría de los supuestos crímenes atribuidos a los acusados eran contra la propiedad y ninguno planteaba una amenaza directa contra la vida. La Corte Suprema había anulado el veredicto de noviembre, partiendo de que no se habían valorado adecuadamente las pruebas presentadas por la fiscalía y ordenó un nuevo juicio. En julio de 2005, el segundo tribunal concluyó que las pruebas eran insuficientes para sustentar la acusación de asociación ilegal terrorista. Una corte de apelaciones confirmó el fallo posteriormente, como también hizo la Corte Suprema en noviembre. Restricciones sobre la libertad de expresión Se han aliviado las restricciones legales chilenas sobre la libertad de expresión. En agosto de 2005, el Congreso aprobó finalmente un proyecto de ley de reforma del Código Penal para eliminar las disposiciones que penalizaban las duras críticas contra el presidente, los oficiales de las fuerzas armadas, los miembros del Congreso y los magistrados de los tribunales superiores, un tipo de delito conocido como desacato. Lamentablemente, el texto aprobado después de un debate de tres años en el Congreso fue una versión suavizada de la propuesta original presentada por el gobierno, donde se retuvo el delito de desacato en el código de justicia militar y el delito de sedición. También se mantuvo la jurisdicción de los tribunales militares en dichos casos, incluso cuando los acusados fueran civiles. Es más, los legisladores insistieron en criminalizar las “amenazas” contra ellos por las opiniones expresadas en el Congreso o realizadas contra los jueces por sus decisiones, una prohibición que se podría utilizar en el futuro para penalizar las críticas. También se realizaron avances en el área de la libertad de expresión, en julio, cuando el Senado rechazó una propuesta de la Cámara Baja para fortalecer la protección constitucional de la “vida pública,” un concepto anacrónico procedente del gobierno militar que protege del escrutinio a los funcionarios públicos y a los políticos. Las reformas constitucionales aprobadas en agosto fueron un paso más allá y eliminaron de la Constitución las referencias a la vida pública y al delito de difamación. Las reformas establecieron también el principio de que las decisiones de los organismos oficiales son públicas. Discriminación por el VIH En agosto, un tribunal chileno ordenó al Cuerpo de Carabineros, la policía uniformada, el pago de una indemnización de 100 millones de pesos (unos 1.800 dólares) a un antiguo cabo de la policía que había sido despedido por que padecía el VIH. En la primera decisión de este tipo, el 13º Tribunal Civil de Santiago citó la Ley No. 19.779 de 2001, declara que el resultado de una prueba de VIH no puede ser motivo de despido del empleo. Reforma constitucional En agosto de 2005, un paquete de reformas constitucionales que llevaban debatiéndose desde principios de los 90 fueron finalmente promulgadas. Eliminaban el puesto de “senador designado” y restauraban el poder del presidente para suspender a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y los Carabineros. Ratificación de la Corte Penal Internacional A pesar de la firme campaña del Ministro de Relaciones Exteriores, Walker, el Senado aún no ha aprobado una reforma constitucional que permite la ratificación chilena del Tratado de Roma para la Corte Penal Internacional. La aprobación del tratado lleva estancada desde abril de 2002, cuando la Corte Constitucional respondió a una petición presentada por un grupo de senadores de la oposición declarando inconstitucional su ratificación. Reforma del Código de Procedimiento Penal La introducción de un nuevo Código de Procedimiento Penal en todas las regiones del país ha mejorado las garantías procesales de los acusados que se enfrentan a un enjuiciamiento penal. En noviembre de 2005, se aprobaron leyes que endurecen algunas de sus disposiciones, haciendo que la libertad provisional sea más difícil de obtener. Principales actores internacionales El Congreso chileno todavía no ha implementado leyes para compensar a la familia del diplomático de las Naciones Unidas, Carmelo Soria, secuestrado y asesinado por agentes del gobierno en 1976. En marzo de 2003, en un acuerdo amistoso promovido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno chileno aceptó el pago de 1.500.000 dólares a los familiares de Soria. Sin embargo, tras meses de retraso, en noviembre de 2005, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado rechazó el pago de la compensación.  VERSIÓN SÓLO TEXTO
INFORME ANUAL 2006 (en inglés)
BAJAR PDF
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DD.HH. EN CHILE
SUSCRIBIRSE A NUESTRA LISTA DE NOTICIAS
TAMBIÉN DISPONIBLE EN
REGRESAR
|
|
|
Portada | Sobre HRW | Regiones | Campañas | Informes | Fotos | Enlaces | Mapa del Sitio | Búsqueda © Copyright 2003, Human Rights Watch 350 Fifth Avenue, 34th Floor New York, NY 10118-3299 Estados Unidos |
