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Colombia
Colombia padece la situación más grave de derechos humanos y derecho humanitario en la región. Azotado por un conflicto interno en el que están implicadas fuerzas gubernamentales, grupos guerrilleros y paramilitares, el país cuenta con una de las mayores poblaciones de personas desplazadas del mundo.

Los grupos armados irregulares de Colombia, tanto guerrilleros como paramilitares, son responsables del grueso de las violaciones de los derechos humanos, que en 2005 incluyeron masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, tortura y extorsión. A pesar de las negociaciones en curso con el gobierno, los grupos paramilitares cometieron reiterados abusos violando su declaración de alto el fuego.  
 
Los miembros de las fuerzas armadas han estado implicados en ocasiones en abusos, cometidos independientemente o en colaboración con paramilitares. La impunidad por dichos crímenes, particularmente cuando implican a oficiales militares de alto rango, sigue siendo un problema grave. Persisten los lazos entre unidades militares y grupos paramilitares, y el gobierno aún no ha adoptado medidas creíbles para romperlos.  
 
Desmovilización de grupos paramilitares  
El año 2005 estuvo marcado por la aprobación de la Ley 975, un controvertido paquete legislativo para la desmovilización de grupos armados que el gobierno denominó “Ley de Justicia y Paz”. La ley ofrece reducción de condenas a los miembros de estos grupos responsables de crímenes graves, si participan en un proceso de desmovilización. La ley, redactada en el contexto de las prolongadas negociaciones con los paramilitares, no incluye mecanismos efectivos para desmantelar los grupos armados de tipo mafioso del país, que se financian sobre todo mediante el tráfico de drogas. También incumple estrepitosamente las normas internacionales sobre verdad, justicia y reparación a las víctimas.  
 
Aunque el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, promulgó la ley sobre desmovilización en julio de 2005, el gobierno aún no ha empezado a aplicarla. La ley se enfrentó a varios recursos constitucionales, que seguían pendientes en el momento de escribir este informe, a finales de noviembre de 2005.  
 
Incluso antes de la aprobación de la ley sobre desmovilización, el gobierno promovió ceremonias de desmovilización a gran escala en las que miles de paramilitares entregaron sus armas. El gobierno presentó estas desmovilizaciones como avances importantes hacia la paz, pero hubo denuncias generalizadas de la continuación de los abusos y las actividades ilegales de los paramilitares en todo el país, lo que incluyó el reclutamiento de nuevas tropas.  
 
Se han hecho escasos esfuerzos por investigar los crímenes cometidos en el pasado por los paramilitares desmovilizados o reunir información de inteligencia que podría emplearse para desmantelar las estructuras de estos grupos o identificar a sus patrocinadores y sus bienes. El cotejo de nombres individuales con la documentación de los fiscales se saldó tan sólo con una docena de enjuiciamientos de paramilitares implicados en investigaciones en curso, ya que en la mayoría de las investigaciones no se identifica al responsable por su nombre, sino por su apodo y otros factores.  
 
Muchos de los altos responsables paramilitares continúan en el área especialmente designada de Santa Fe de Ralito, a salvo del arresto o el enjuiciamiento. En junio de 2005, los fiscales ordenaron el arresto de alto mando paramilitar, Diego Murillo Bejarano (también conocido como “Don Berna” o “Adolfo Paz”), por haber ordenado supuestamente el asesinato de un congresista local y otras dos personas, dos meses antes. No obstante, el gobierno anunció que Murillo podría desmovilizarse y beneficiarse eventualmente de la Ley 975. El gobierno suspendió también las órdenes de extradición de Murillo y el Comandante Salvatore Mancuso, buscados en Estados Unidos por tráfico de drogas.  
 
Impunidad y lazos militares-paramilitares  
La abrumadora mayoría de las investigaciones relacionadas con abusos contra los derechos humanos nunca se resolvió. El problema de la impunidad afecta a los crímenes cometidos por todos los grupos armados, además de las fuerzas armadas.  
 
Unidades de las fuerzas armadas colombianas continúan tolerando, apoyando y cometiendo abusos en colaboración con miembros de grupos paramilitares. En 2005, se siguió informando de abusos cometidos por miembros de la 17ª Brigada del Ejército, así como por miembros de las fuerzas armadas que operaban en la región de Chocó.  
 
En febrero de 2005, ocho residentes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, entre ellos cuatro menores, fueron brutalmente asesinados. Antes de cualquier investigación, la reacción inmediata del gobierno ante la masacre fue acusar a la guerrilla y negar cualquier presencia militar en la zona. Sin embargo, los miembros de la comunidad han alegado que participaron militares y posiblemente grupos paramilitares, y existen pruebas que señalan movimientos del ejército cerca del lugar de la masacre. La investigación ha procedido con lentitud, debido en parte a que los testigos no querían declarar, aparentemente por miedo y desconfianza en las autoridades.  
 
Durante la etapa en que Luis Camilo Osorio ocupó la Fiscalía General, desde 2001, importantes investigaciones sobre abusos cometidos por oficiales de alto rango se vieron seriamente debilitadas. Esta tendencia inquietante se mantuvo en 2005, cuando la Fiscalía General cerró su investigación criminal sobre la presunta participación del Vicealmirante Rodrigo Quiñónez en la masacre de Chengue, en la que los paramilitares asesinaron a más de 20 personas.  
 
En mayo de 2005, la Fiscalía General también cerró la investigación sobre la supuesta complicidad del General Eduardo Ávila Beltrán en la masacre paramilitar de 49 civiles en 1997 en el pueblo de Mapiripán. Dos tribunales diferentes—uno militar y otro civil—habían ordenado a la Fiscalía General que investigara la participación de Ávila en la masacre.  
 
El mandato de Osorio concluyó a mediados de 2005. El nuevo Fiscal General, Mario Iguarán, ha expresado su interés en colaborar más estrechamente con los grupos de derechos humanos.  
 
Observadores de derechos humanos y otros grupos vulnerables  
Los Observadores de derechos humanos, así como los líderes laborales, los periodistas y otros grupos vulnerables son amenazados y atacados con frecuencia por su trabajo en Colombia. Las investigaciones de dichas amenazas y ataques avanzan generalmente despacio y rara vez se resuelven. El problema se ha visto agravado a veces por altos funcionarios del gobierno, quienes en 2005 volvieron a realizar declaraciones públicas sugiriendo que la legítima defensa de los derechos humanos tenía como objetivo la promoción de los intereses de los grupos armados.  
 
En mayo de 2005, tres destacados periodistas recibieron, en sus casas u oficinas, coronas funerarias de remitentes anónimos acompañadas de notas de condolencia. Como informó el relator especial de la OEA sobre la libertad de expresión en 2005, dichas amenazas y la impunidad predominante por los asesinatos de periodistas tienen un efecto paralizante sobre los medios de comunicación.  
 
Mónica Roa, la abogada principal en un recurso constitucional contra la prohibición casi total del aborto en Colombia, recibió numerosas amenazas de muerte en 2005. Allanaron su oficina y se llevaron documentos confidenciales del caso y dos computadoras.  
 
Activistas de derechos humanos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y otras organizaciones también fueron amenazados en 2005. Mientras tanto, no se produjeron avances aparentes en la investigación sobre la Operación Dragón, un amplio operativo de vigilancia de defensores de los derechos humanos, sindicalistas y políticos de Cali, en el que estaban supuestamente implicados miembros retirados de la inteligencia militar.  
 
Violaciones por parte de los grupos guerrilleros  
Después de una prolongada ralentización de sus actividades armadas, los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) volvieron a incrementar su nivel de violencia en 2005. Los ataques de las FARC contra fuerzas gubernamentales estuvieron acompañados de numerosos y graves abusos, entre ellos masacres de civiles y asesinatos premeditados.  
 
En abril, las FARC usaron bombas de cilindros de gas en la región del Cauca, lanzándolos de manera indiscriminada en dirección a zonas residenciales. Los ataques afectaron principalmente a miembros de las comunidades indígenas y se saldaron con numerosas muertes y el desplazamiento de mucha de la población. Otros ataques de las FARC tuvieron como objetivo los medios de comunicación, incluidas las estaciones de radio.  
 
Tanto el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como las FARC continúan secuestrando a civiles a los que toman como rehenes a cambio de rescates o beneficios políticos.  
 
Reclutamiento de niños  
Al menos uno de cada cuatro combatientes irregulares de Colombia es menor de 18 años. De estos, varios miles son menores de 15 años, la edad mínima para el reclutamiento permitida por los Convenios de Ginebra. El 80 por ciento de los niños alistados pertenecen a uno de los dos grupos guerrilleros, las FARC o el ELN. El resto combate en las filas de los paramilitares.  
 
Desplazamiento interno  
Colombia padece la peor crisis de desplazamiento interno del mundo después de Sudán. Tan sólo en los últimos tres años, más de tres millones de personas, alrededor del 5 por ciento de la población colombiana, han sido forzosamente desplazadas como consecuencia del conflicto armado que azota al país. Más de la mitad de las personas desplazadas son menores de 18 años. Aunque Colombia forma parte de los pocos países que han promulgado leyes para proteger a los desplazados internos, se niega con frecuencia el acceso a la educación, la atención médica de emergencia y la ayuda humanitaria a las familias desplazadas.  
 
En 2004, el Tribunal Constitucional de Colombia declaró que el sistema oficial para la asistencia a las personas desplazadas era inconstitucional. En septiembre de 2005, el Tribunal concluyó que las medidas adoptadas por el gobierno para cumplir su fallo eran insuficientes en términos tanto de recursos como de voluntad institucional.  
 
Principales actores internacionales  
Estados Unidos sigue siendo la parte extranjera más influyente en Colombia. En 2005, aportó cerca de 800 millones de dólares al gobierno colombiano, la mayoría en ayuda militar. El 25 por ciento de la asistencia para seguridad de Estados Unidos está formalmente sujeta a condiciones en materia de derechos humanos, pero dichas condiciones no se han aplicado de manera consistente. La certificación del 12,5 por ciento de la asistencia fue retrasada en el primer semestre de 2005 debido a los graves retrocesos y la falta de avance en importantes investigaciones sobre los abusos cometidos por las fuerzas armadas, entre otros factores. No obstante, se concedió finalmente la certificación y el Departamento de Estado de Estados Unidos lo justificó por los últimos avances en algunos casos específicos.  
 
En febrero de 2005, los países miembros del grupo G-24 de donantes internacionales a Colombia se reunieron en Cartagena para discutir la continuación de la cooperación con Colombia. Miembros de la comunidad de derechos humanos de Colombia manifestaron su decepción por la Declaración de Cartagena resultante, que, aunque reafirmaba los términos de la anterior Declaración de Londres, se consideró más débil que el documento previo en varias cuestiones relativas a los derechos humanos.  
 
Aunque parece probable que se mantenga cierta asistencia europea y estadounidense al proceso de desmovilización, su alcance y naturaleza seguían sin aclararse cuando se escribió este informe, a finales de noviembre de 2005. El Congreso de Estados Unidos aprobó 20 millones de dólares para contribuir al proceso de desmovilización, pero la ayuda está condicionada a la plena cooperación de Colombia con las peticiones de extradición de Estados Unidos y las medidas específicas para garantizar el rendimiento de cuentas y el desmantelamiento de las estructuras paramilitares.  
 
El Consejo de Ministros de la Unión Europea declaró que, si se implementara efectivamente, la Ley 975 podría contribuir a la paz. Sin embargo, expresó su preocupación por el hecho de que la ley no tuviera adecuadamente en cuenta las normas internacionales sobre verdad, justicia y reparación.  
 
La Misión de la OEA para Apoyar el Proceso de Paz en Colombia, encargada de verificar el proceso de desmovilización, fue ampliamente criticada por las víctimas y los grupos derechos humanos. Además de no supervisar adecuadamente el cumplimiento de la declaración de alto el fuego de los paramilitares, tampoco ha hecho un seguimiento de las denuncias de abusos, y ha demostrado escasa o ninguna independencia del gobierno. En noviembre de 2005 se informó de que el Secretario General de la OEA estaba considerando posibles reformas de la estructura y las actividades de la Misión.  
 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está activa en Colombia y tiene presencia en Bogotá, Medellín y Cali. Sus relaciones con el gobierno son difíciles debido a su reiterado incumplimiento de las recomendaciones de este organismo internacional.
VERSIÓN SÓLO TEXTO
INFORME ANUAL 2006 (en inglés)
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