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 Guatemala Casi dos décadas después de la reinstauración del gobierno civil, Guatemala ha avanzado poco en la garantía de la salvaguarda de los derechos humanos y el Estado de Derecho, aspectos esenciales de una democracia funcional. La impunidad sigue siendo la norma cuando se trata de abusos contra los derechos humanos. Los actos constantes de violencia política e intimidación amenazan con revertir los pocos avances que se han logrado en los últimos años para la promoción del rendimiento de cuentas. Impunidad Guatemala continúa padeciendo los efectos de un conflicto armado interno que finalizó en 1996. Una comisión de la verdad auspiciada por la ONU estimó que 200.000 personas murieron durante la guerra de 36 años y atribuyó la gran mayoría de estas muertes a las fuerzas gubernamentales. Como ha señalado anteriormente Human Rights Watch, los guatemaltecos que reclaman responsabilidad por estos abusos se enfrentan a obstáculos de enormes proporciones. Los fiscales y los investigadores encargados de estos casos cuentan con una formación y unos recursos gravemente inadecuados. Los tribunales no resuelven habitualmente de manera rápida las apelaciones y las peticiones judiciales, lo que permite que los abogados defensores practiquen maniobras legales de dilación. El ejército y otras instituciones oficiales no cooperan plenamente con las investigaciones sobre abusos cometidos por sus miembros en activo o retirados. La policía no ofrece una protección adecuada a los jueces, fiscales y testigos involucrados en casos con una carga política. De las 626 masacres documentadas por la comisión de la verdad, sólo se ha enjuiciado con éxito un caso en los tribunales guatemaltecos. En 2004, un teniente y tres soldados fueron hallados culpables de la masacre de Xamán de 1995 en la que fueron asesinados 11 civiles; cada uno de ellos fue condenado a 40 años de prisión. En contraste, los enjuiciamientos de antiguos oficiales militares presuntamente responsables de la masacre de Dos Erres en 1982, en la que murieron 162 personas, se ha visto retrasada durante años por las maniobras dilatorias de la defensa. Las otras pocas condenas obtenidas en casos sobre derechos humanos se han producido con un considerable costo. En el caso de Myrna Mack, una antropóloga asesinada en 1990, llevó más de una década obtener la condena de un coronel del ejército, Valencia Osorio, por su participación en la organización del asesinato. Durante ese período, un investigador de la policía que reunió pruebas acusatorias fue asesinado, y otros dos investigadores—además de tres testigos—recibieron amenazas y huyeron del país. Osorio, mientras tanto, escapó de la custodia policial y no ha cumplido su condena. Atentados y amenazas de “grupos clandestinos” Durante los últimos cuatro años, ha habido un número alarmante de atentados y amenazas contra guatemaltecos que pedían justicias por abusos cometidos en el pasado. Entre las víctimas se encuentran defensores de los derechos humanos, funcionarios de justicia, expertos forenses y demandantes y testigos involucrados en casos sobre derechos humanos. También han incluido a periodistas, sindicalistas y otros que han denunciado los abusos de autoridad. En enero de 2005, El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala informó de un plan para asesinar al Obispo Álvaro Ramazzini, que se ha manifestado abiertamente sobre cuestiones sociales y económicas. En marzo, la periodista de radio Marielos Monzón, que había emitido programas especiales sobre los recientes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes indígenas, informó de que un llamante anónimo le había: “deja de defender a esos indios hediondos, hija de puta, o te vamos a matar”. En agosto, miembros de la Fundación Guatemalteca de Antropología Forense recibieron repetidas amenazas de muerte, debidas aparentemente a su trabajo de exhumación de cuerpos enterrados en fosas clandestinas por todo el país. Existe un consenso generalizado entre observadores locales e internacionales en que las personas responsables de estos actos de intimidación están afiliados a redes armadas privadas, secretas e ilegales u organizaciones, denominadas habitualmente “grupos clandestinos” en Guatemala. Estos grupos parecen tener conexiones tanto con agentes del Estado como con el crimen organizado—lo que les da acceso a considerables recursos políticos y económicos. El sistema de justicia guatemalteco, que tiene escasa capacidad ni siquiera para reprimir la delincuencia común, ha demostrado hasta ahora su incapacidad para enfrentar esta poderosa y peligrosa amenaza contra el Estado de Derecho. Uso excesivo de la fuerza Aunque la violencia política ya no forma parte de una política de Estado, en ocasiones, los agentes de la policía nacional siguen haciendo un uso excesivo de la fuerza contra supuestos delincuentes y otras personas. Estos casos conllevan habitualmente el abuso de autoridad por parte de agentes de policía mal entrenados. En enero de 2005, la policía y los soldados se enfrentaron a los manifestantes que habían bloqueado la entrada de un vehículo de una compañía minera en el departamento de Sololá. Un residente local resultó muerte y al menos 12 personas resultaron heridas, entre ellas varios agentes de policía. En marzo, dos hombres murieron a causa de los disparos de tropas del ejército durante un enfrentamiento con manifestantes en el departamento de Huehuetenango. Discriminación en el lugar de trabajo Las mujeres y las muchachas que trabajan en las industrias dominadas por mujeres en Guatemala—los sectores del ensamblaje de prendas para la exportación (maquiladoras) y las trabajadoras de casa particular—se enfrentan a una discriminación sexual generalizada por parte de los empleadores privados y el gobierno. Se niega protecciones laborales fundamentales a las trabajadoras domésticas, como la garantía de un salario mínimo y la jornada laboral de ocho horas, y éstas sólo disfrutan de derechos limitados a días de fiesta nacional pagados. Las mujeres más jóvenes y las niñas, en particular, se enfrentan a veces al acoso sexual y la violencia en las casas en las que trabajan. Las mujeres y las niñas que trabajan en el sector de las maquiladoras, aunque están formalmente protegidas por la ley, se encuentran con una persistente discriminación sexual en el empleo basada en su situación reproductiva, con escasas esperanzas de que el gobierno le ponga remedio. Las maquiladoras guatemaltecas, muchas de las cuales son proveedores de conocidas empresas coreanas y estadounidenses, discriminan a las trabajadoras de varias maneras: exigiéndoles que se someta a una prueba de embarazo como condición para el empleo; negándoles, limitando o condicionando los beneficios por maternidad; negando la atención médica a las mujeres embarazadas; y, en menor medida, despidiendo a las mujeres embarazadas. A pesar de las presiones de la sociedad civil, en 2005, el Congreso de Guatemala no aprobó leyes que habrían regulado las condiciones laborales de las trabajadoras de casa particular estableciendo criterios mínimos, limitando las horas de trabajo permitidas y protegiéndolas frente al acoso sexual. Principales actores internacionales El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos abrió una oficina en Guatemala en 2005, para ofrecer verificación y asistencia técnica sobre prácticas en materia de derechos humanos (un papel que había desempeñado la Misión de Verificación de las Nacionales Unidas en Guatemala (MINUGUA) durante casi una década, hasta que concluyó sus operaciones en diciembre de 2004). No se han hecho avances en la implementación del acuerdo de 2004 entre Guatemala y las Naciones Unidas para el establecimiento de una comisión especial encargada de investigar y promover el enjuiciamiento de los “grupos clandestinos”. La Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) partió de una propuesta desarrollada por el gobierno guatemalteco y los grupos locales de derechos humanos, en consultas con miembros de la comunidad internacional. El Congreso de Guatemala nunca ha ratificado el acuerdo, y la Corte de Constitucionalidad del país ha sostenido que varias de sus disposiciones son inconstitucionales. El actual gobierno ha dicho que propondrá modificaciones de la iniciativa que la harán compatible con la restrictiva interpretación de la Constitución de Guatemala por parte de la Corte. El sistema interamericano de derechos humanos continúa ofreciendo una vía importante para los defensores de los derechos humanos que intentan presionar al Estado para que acepte responsabilidad por abusos. En julio de 2005, por ejemplo, Guatemala celebró una ceremonia pública en el pueblo de Plan de Sánchez, presidida por el vicepresidente Eduardo Stein y con la asistencia del vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para aceptar la responsabilidad del Estado por la masacre de 268 residentes en 1982. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado este acto de aceptación pública en una sentencia de 2004. En un fallo histórico, en octubre de 2005, el Tribunal Constitucional de España decidió que los casos de presunto genocidio cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala podían procesarse en los tribunales españoles, aunque no estuvieran involucrados ciudadanos españoles. Al concluir que el principio de la jurisdicción universal tiene preeminencia sobre la existencia o no de intereses nacionales, el Tribunal Constitucional aceptó el recurso de la Premio Nóbel guatemalteca, Rigoberta Menchú, cuyos intentos de presentar cargos en España por los abusos cometidos en Guatemala habían sido frenados por un tribunal inferior.  VERSIÓN SÓLO TEXTO
INFORME ANUAL 2006 (en inglés)
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