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 México Algunos de los problemas más graves de México en materia de derechos humanos son los que afectan sistema de administración de justicia penal. Las personas arrestadas o encarceladas se enfrentan a la tortura y otras formas de maltrato, y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se abstienen con frecuencia de investigar o enjuiciar a los responsables de violaciones de los derechos humanos. El Presidente Vicente Fox ha prometido reiteradamente abordar estos problemas y ha adoptado importantes medidas para ello: estableciendo una fiscalía especial para investigar los abusos cometidos en el pasado y proponiendo reformas judiciales destinadas a prevenir futuras violaciones. Desafortunadamente, ninguna de las iniciativas ha cumplido las expectativas. Tortura, maltrato, brutalidad policial y detención preventiva La tortura sigue siendo un problema generalizado dentro del sistema mexicano de administración de justicia. Un factor que perpetúa esta práctica es la aceptación por parte de algunos jueces de pruebas obtenidas mediante violaciones de los derechos humanos de los detenidos. Los reclusos están sometidos a abusos, que incluyen la extorsión de los guardias y la imposición del encierro en solitario durante períodos indefinidos. Los niños ingresados en algunos centros juveniles se ven obligados a vivir en terribles condiciones y son supuestamente víctimas de palizas y abuso sexual. Los inmigrantes extranjeros son especialmente vulnerables a las prácticas abusivas, que incluyen la extorsión por parte de agentes del gobierno. Más del 40 por ciento de los presos de México nunca han sido condenados por un delito. Sin embargo, se encuentran en prisión preventiva y con frecuencia tienen que esperar el juicio durante años. En 2004, el Presidente Fox propuso reformas destinadas a modificar las características del procedimiento penal mexicano que perpetúan e incluso fomentan el uso de la tortura por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La nueva legislación prohibiría la presentación de toda evidencia obtenida ilegalmente y permitiría la introducción como prueba en el juicio sólo de confesiones que se hayan realizado presencia de un juez o un abogado defensor. El paquete de reformas contenía también medidas para abordar el problema de la detención preventiva. En concreto, enmendaría la Constitución para establecer la presunción de inocencia de los supuestos delincuentes mientras no se demuestre lo contrario. La reforma permitiría que los jueces decidan en cada caso, partiendo de criterios objetivos, si es necesaria la detención preventiva. Aunque el Senado aprobó varias partes positivas del paquete de reformas en julio de 2005, el Congreso todavía no ha abordado las medidas para resolver los problemas fundamentales de la tortura y la detención preventiva. Impunidad El sistema de administración de justicia penal no imparte justicia a las víctimas de crímenes violentos y abusos contra los derechos humanos. Las causas de esta situación son variadas e incluyen la corrupción, la formación y los recursos inadecuados, y una falta de voluntad política. Un ejemplo destacado son los asesinatos sin resolver de cientos de mujeres jóvenes y niñas ocurridos durante la última década en Ciudad Juárez, ciudad fronteriza con Estados Unidos en el estado de Chihuahua. Varias personas acusadas de algunos de los asesinatos de de Juárez se ha retractado de sus confesiones que, según afirman, fueron extraídas mediante tortura. Una de las principales deficiencias del sistema mexicano de administración de justicia es que deja la responsabilidad de la investigación y el enjuiciamiento de los abusos cometidos por el ejército en manos de las autoridades militares. Como documentó Human Rights Watch en un informe de 2001, el sistema militar de justicia no está bien preparado para esta responsabilidad. Carece de la independencia necesaria para llevar a cabo investigaciones fiables y su funcionamiento padece una ausencia general de transparencia. La capacidad de los fiscales militares para investigar los abusos cometidos por el ejército se ve aún más debilitada por el miedo al ejército, un fenómeno generalizado en muchas comunidades rurales que impide que las víctimas y los testigos civiles se atrevan a suministrar información a las autoridades militares. La Suprema Corte de Justicia de México tuvo una oportunidad de resolver el problema de la jurisdicción militar en un caso de 2005, pero, en septiembre, confirmó la competencia militar sobre casos relacionados con miembros del ejército, a pesar de que los crímenes imputados habían sido cometidos cuando estaban fuera de servicio. La Fiscalía Especial La Fiscalía Especial, establecida por el Presidente Fox en 2001 para investigar los abusos cometidos en el pasado, ha arrojado limitados resultados. En noviembre de 2003, el Fiscal Especial obtuvo un fallo histórico de la Suprema Corte que sostenía que los antiguos casos de “desaparición” eran imprescriptibles mientras no se hallaran los cuerpos de las víctimas. Posteriormente obtuvo órdenes de arresto contra varios oficiales de alto rango y logró la detención de tres de ellos. Pero estos avances se han visto eclipsados por deficiencias significativas. La mayoría de los sospechosos perseguidos por el Fiscal Especial han logrado huir del arresto. El Fiscal Especial sólo ha progresado de manera limitada en el descubrimiento del paradero de cientos de personas “desaparecidas” en los setenta. La iniciativa más ambiciosa del Fiscal Especial—el procesamiento del antiguo Presidente Luis Echeverría por genocidio—fue rechazado por un juez de primera instancia partiendo de que el crimen había prescrito. El Fiscal Especial ganó un recurso ante la Suprema Corte, que, en junio de 2005, dictaminó que el crimen imputado en el caso Echeverría no había prescrito porque había estado protegido por la inmunidad durante su presidencia. Pero el caso fue rechazado de nuevo por un tribunal inferior en julio de 2005, sobre la base de que la masacre de 1971 no constituía genocidio. El Fiscal Especial intentó posteriormente acusar de nuevo de genocidio a Echeverría por una masacre de manifestantes estudiantes en 1968, pero, en septiembre de 2005, un tribunal inferior volvió a rechazar su argumento. Derechos laborales Las actividades sindicales legítimas siguen viéndose obstaculizadas por los acuerdos de negociación colectiva entre gerencias y sindicatos partidarios de éstas. Con frecuencia, estos acuerdos no contemplan beneficios para los trabajadores más allá de los mínimos establecidos por la legislación mexicana y, a veces, los trabajadores sólo saben de estos acuerdos cuando están descontentos e intentan organizar sindicatos independientes. Los trabajadores que intentan formar sindicatos independientes corren el riesgo de perder sus empleos, ya que el gobierno no les protege en general frente a los despidos en represalia. Libertad de expresión En ocasiones, los periodistas han sufrido hostigamiento y ataques, especialmente los que han investigado el narcotráfico o han sido críticos con los gobiernos estatales. En abril de 2005, un periodista de Tamaulipas y un de Veracruz fueron asesinados. Durante ese mismo mes, desapareció otro periodista de Sonora, que seguía en paradero desconocido cuando se escribió este informe. En junio de 2005, 31 periodistas del periódico Noticias de Oaxaca se vieron obligados a permanecer dentro de las instalaciones del diario durante más de un mes porque los miembros de un sindicato progubernamental habían iniciado una huelga frente al edificio. El personal del periódico sostiene que los huelguistas no trabajaban realmente en el diario y sólo querían detener su publicación. Las leyes sobre difamación de México continúan siendo excesivamente restrictivas y tienden a debilitar la libertad de expresión. A parte de las sanciones económicas, los periodistas pueden ser objeto de enjuiciamiento penal por la presunta difamación de funcionarios públicos. Derecho a la educación Una preocupación crónica en México es el hecho de que el gobierno no garantice la educación primaria de decenas de miles de niños durante los meses en que sus familias emigran a otros estados para trabajar en haciendas agrícolas. Un gran número de padres prefieren que sus hijos trabajen en el campo en lugar de asistir a la escuela durante esos meses. El hecho de que el gobierno no haga cumplir las leyes sobre trabajo infantil facilita esta elección. Aunque existe un programa federal para impartir educación primaria en los campamentos agrícolas, las clases suelen ofrecerse por la tarde, cuando los niños llegan demasiado cansados del trabajo para estudiar. Derechos electorales Según las leyes electorales de México, los candidatos presidenciales tienen que ser nominados por partidos políticos. Jorge Castañeda, antiguo secretario de relaciones exteriores, recurrió estas leyes argumentando que deberían permitirle presentarse como candidato independiente. En agosto de 2005, la Suprema Corte se negó a examinar su recurso alegando que sólo los partidos políticos tienen potestad para recurrir las leyes electorales. Principales antores internacionales Como parte del Acuerdo de Cooperación Técnica firmado por el Presidente Fox, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene una oficina en México que, en diciembre de 2003, publicó un informe integral documentando los problemas de derechos humanos existentes y ofreciendo recomendaciones detalladas para resolverlos. La propuesta de reforma de la administración de justicia del gobierno de Fox incorpora algunas de estas recomendaciones, pero ignora otras, como la recomendación de poner fin a la jurisdicción militar sobre los casos relacionados con violaciones de los derechos humanos. En diciembre de 2004, el gobierno presentó un programa nacional de derechos humanos que contenía una amplia gama de objetivos políticos basados en las recomendaciones del informe. En 2005, el gobierno creó un comité, con representantes del gobierno y la sociedad civil, para supervisar la implementación del programa. México forma parte, junto con Estados Unidos y Canadá, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de su acuerdo paralelo sobre cuestiones laborales. El acuerdo paralelo compromete a los tres países a aplicar sus leyes relativas a la protección de los derechos del trabajador y les otorga autoridad para pedirse responsabilidades entre ellos por el incumplimiento de estas obligaciones. En virtud del acuerdo, cuando el gobierno de un país reciba una denuncia de violaciones cometidas en alguno de los otros dos, puede investigarla. Sin embargo, debido a lo intrincado del proceso de denuncia y la debilitad del mecanismo de ejecución, el acuerdo ha tenido una escasa repercusión sobre las violaciones de los derechos laborales en México. México ha mantenido su papel de liderazgo a nivel internacional en la campaña para que la promoción de los derechos humanos se considere una parte integral de las iniciativas antiterroristas. Promovió resoluciones con este objetivo tanto ante la Asamblea General como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y logró presionar a la Comisión para que nombrara a un experto independiente encargado de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el combate contra el terrorismo. En una iniciativa importante precedida de un largo proceso, México ratificó el Tratado de Roma para la Corte Penal Internacional en octubre de 2005, convirtiéndose en el 100º Estado Parte de la Corte.  VERSIÓN SÓLO TEXTO
INFORME ANUAL 2006 (en inglés)
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