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 Perú Los esfuerzos por enjuiciar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos que datan del conflicto armado de Perú (1980-2000) han empezado a dar resultado, pero siguen enfrentando formidables obstáculos. Entre ellos, la carencia crónica de fondos y recursos, una falta de investigadores capacitados y la falta de cooperación de las fuerzas armadas. Los tribunales militares continúan investigando las violaciones de los derechos humanos cometidas por personal militar durante este período, a pesar de que la Corte Constitucional y la Corte Suprema han decretado que carecen de competencia para ello. La tortura es un problema constante. Los periodistas son víctimas de la violencia y el hostigamiento, particularmente en ciudades de provincias. Los defensores de los derechos humanos son vulnerables a las amenazas y la intimidación. Enfrentar el pasado A finales de noviembre de 2005, el ex Presidente Alberto Fujimori estaba detenido en Santiago, Chile, a la espera de una posible extradición a Perú acusado de corrupción y abusos contra los derechos humanos. Al llegar inesperadamente el 6 de noviembre en un jet privado procedente de Japón, Fujimori pasó los controles migratorios sin problema en la capital chilena, a pesar de que la INTERPOL había alertado de su arresto. La policía chilena le detuvo en la madrugada siguiente cumpliendo una orden emitida por la Corte Suprema de Perú. Además de las numerosas acusaciones de corrupción, Fujimori se enfrenta a cargos por asesinatos y “desapariciones” cometidos a principios de los noventa. Antes de salir de Japón, donde llevaba autoexiliado desde 2000, Fujimori había anunciado su intención de presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de abril de 2006 en Perú. El número de oficiales militares y policiales que se enfrentan a juicio por abusos contra los derechos humanos cometidos durante la campaña contrainsurgente en Perú aumentó significativamente en 2005. En octubre de 2005, 383 oficiales en activo y retirados estaban imputados en 22 casos, la mayoría de los cuales habían sido remitidos a la Fiscalía General por la Comisión de Verdad y Reconciliación, en agosto de 2003. En agosto de 2005, empezó el juicio a puerta abierta de los más de 50 miembros del “Grupo Colina”, un clandestino escuadrón militar de la muerte activo durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Están acusados de numerosos asesinatos y “desapariciones” forzadas, entre ellos la muerte por disparos de 15 civiles desarmados en una barbacoa para la captación de fondos en el distrito de Barrios Altos de Lima, el 3 de noviembre de 1991, y el secuestro y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta, el 18 de julio de 1992. Se espera que tres de sus antiguos miembros que se confesaron culpables de los cargos contra ellos declaren que el escuadrón actuó bajo órdenes del gobierno. Dos ellos fueron condenados al principio del juicio. También se han producido avances en los casos ocurridos durante las presidencias de Fernando Belaúnde (1980-1985) y Alan García (1985-1990). La fiscal especial de derechos humanos de Ayacucho, Cristina Olazábal, ha formulado cargos en al menos doce casos. En julio de 2005, la Jueza Miluska Cano del Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial de Lima dictó auto de procesamiento contra 118 soldados por asesinato en primer grado, ejecución extrajudicial y desaparición forzada en conexión con una masacre en Cayara, en mayo de 1988, en la que fueron asesinados 39 civiles. Sin embargo, estas investigaciones penales se enfrentan a graves obstáculos. El Fiscal General ordenó que dos fiscales especiales se dediquen exclusivamente a casos de derechos humanos, pero el gobierno no ha aportado fondos para capacitarlos, equipar adecuadamente sus oficinas o cubrir sus gastos. Las fuerzas armadas niegan tener información para identificar a los soldados destacados en las bases contrainsurgentes implicadas en los abusos; los fiscales militares continúan sus propias investigaciones paralelas con el objetivote bloquear los juicios civiles; y el ejército y la policía incumplen constantemente las órdenes de arresto. Según la Defensoría del Pueblo, los tribunales han dictado 252 órdenes para la detención de personal militar y policial por violaciones de los derechos humanos (en las que se nombran a 277 soldados, 64 agentes de policía y 15 infantes de marina). Sin embargo, sólo se han ejecutado 43 de las órdenes. El gobierno tampoco ha ofrecido una protección efectiva a los testigos que declaran en estos casos. En dos ocasiones en 2005, pistoleros sin identificar dispararon contra Luis Ramírez Hinostroso, un testigo clave en un juicio sobre torturas iniciado en octubre en Huancayo. En un atentado similar en 2004, Ramiro recibió un impacto de bala en el estómago y tuvo que someterse a una operación. Tortura La tortura por parte de la policía continúa siendo un problema y las investigaciones judiciales de dichos casos son lentas y frecuentemente superficiales. Los responsables, si llegan a ser condenados, reciben normalmente sentencias leves y tienen que pagar indemnizaciones muy pequeñas. La Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), una respetada organización no gubernamental de derechos humanos, documentó 16 casos de tortura entre enero de septiembre de 2005. En cuatro de los casos, las víctimas murieron. En la parte positiva, en enero de 2005, un tribunal de Ayacucho condenó a tres soldados a seis años de prisión por la tortura, en julio de 2002, de un recluta militar de 19 años. El recluta había sido drogado y sometido a un brutal abuso sexual en la base del ejército Domingo Ayarza de Ayacucho. Los tres responsables fueron también condenados a pagar una indemnización de 6.000 soles cada uno (unos 1.800 dólares). Un juez militar, el Mayor José Etel Espinoza, recibió una condena de tres por encubrir el crimen, que quedo suspendida. En noviembre, en respuesta a un recurso interpuesto por el fiscal del caso, la Corte Suprema aumentó las condenas a diez años y ocho años, e incrementó la indemnización a 30.000 soles (unos 9.000 dólares). Se cree que ésta ha sido la sentencia más dura impuesta en Perú por un caso de tortura. Ataques contra periodistas Los periodistas y los comentaristas de radio de las provincias de Perú están expuestos a los ataques físicos, la intimidación y el hostigamiento por criticar a las autoridades locales. Este patrón de abusos ha sido constante durante muchos años y demuestra la precariedad del respeto por la libertad de prensa en Perú. En marzo de 2005, la Asociación Interamericana de Prensa informó del aumento de los ataques violentos contra periodistas en Perú. Pucallpa, una ciudad de la región cocalera del Alto Huallaga, es un lugar peligroso para los periodistas de radio. En dos ocasiones en febrero de 2005, hombres armados allanaron las oficinas de Radio Frecuencia Oriental en Pucallpa, amenazaron al periodista Paul Garay Ramírez con una pistola en la primera ocasión, y le propinaron una grave paliza en la segunda. Garay dijo que había estado informando sobre la corrupción en el gobierno local y en los sindicatos. En octubre, la policía arrestó a Luis Valdez Villacorta, alcalde de la provincia de Coronel Portillo, después de que un supuesto sicario confesara que Valdez le había contratado para asesinar al periodista Alberto Rivera Fernández. Rivera, que había criticado insistentemente al gobierno provincial y era un colega cercano a Garay, murió por un disparo en la cabeza en 1994. Defensores de los derechos humanos Perú cuenta con un conjunto diverso y vibrante de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que operan sin restricciones oficiales ni legales. Sin embargo, durante años, algunas han sufrido ataques, amenazas y hostigamientos anónimos. En septiembre de 2005, Salomón Lerner, antiguo presidente de la Comisión de Verdad y Reconciliación, recibió amenazas de muerte. Cuando se encontraba fuera del país, su secretaria recibió una llamada telefónica de una persona que le dijo que Lerner debía “considerarse muerto”. Anteriormente, Lerner había recibido una serie de mensajes electrónicos insultantes y antisemitas. Otros miembros de la Comisión recibieron mensajes insultantes en los que les acusaban de atacar a las fuerzas armadas. Las amenazas coincidieron con los intentos por desacreditar a la Comisión con motivo del segundo aniversario de la publicación de su informe sobre las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos por ambos bandos durante el conflicto armado peruano (1980-2000). Aparecieron en la prensa varios artículos críticos firmados por soldados retirados implicados en los abusos. La comisión se enfrentó a nueve demandas judiciales presentadas por oficiales retirados que alegaron que habían tergiversado los hechos. También en septiembre, la COMISEDH, cuyos abogados representan a víctimas de tortura y familiares de “desaparecidos”, sufrieron dos ataques anónimos. El 6 de septiembre, alguien ató un mechón de pelo sucio a la puerta de su oficina en Ayacucho. Una semana después, personas armadas sin identificar simularon un allanamiento nocturno de la oficina de COMISEDH en Lima, manipularon la alarma y desactivaron las conexiones telefónicas e informáticas. Antes de salir del edificio, realizaron disparos para ahuyentar al vigilante nocturno. No robaron nada. Los fiscales y los expertos forenses encargados de casos de derechos humanos también han recibido amenazas. Cristina Olazábal, la fiscal especial de derechos humanos de Ayacucho, recibió llamadas anónimas intimidatorias en varias ocasiones cuando estaban investigando ejecuciones extrajudiciales en Accomarca y la base militar de Los Cabitos en Ayacucho. En febrero y agosto de 2005, tres expertos del Instituto Médico Legal (el instituto forense del ministerio público) que estaban investigando en la investigación de Los Cabitos recibieron mensajes de texto amenazantes en sus teléfonos celulares. En conjunto, se produjeron 45 incidentes de ataques, amenazas e intimidación contra testigos y familiares, jueces, fiscales, expertos forenses y activistas de derechos humanos, entre enero y octubre de 2005, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El Ministro de Justicia de Perú reconoció que el gobierno no había ofrecido una protección adecuada a los participantes en juicios sobre derechos humanos. Prometió coordinarse con el Ministerio del Interior para investigar los ataques e incrementar el nivel de protección. Principales actores internacionales La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos continúan considerando casos peruanos. En marzo de 2004, la Corte ordenó a Perú que llevara ante la justicia a los responsables de la ejecución extrajudicial del líder sindical Pedro Huilca Tecse, asesinado por miembros del Grupo Colina en diciembre de 1992. El gobierno peruano, que admitió finalmente su responsabilidad por su asesinato, aceptó el pago de una indemnización de 250.000 dólares a sus familiares con vida, además de emprender varias medidas simbólicas de reparación. En años anteriores, Estados Unidos y varios países europeos suministraron fondos para apoyar las labores de la Comisión de Verdad y Reconciliación. El dinero para la iniciativa procesal derivada del informe de la comisión—para equipo de oficina, computadoras, transporte y el costo monetario del equipo y los laboratorios forenses—ha procedido casi íntegramente de donantes internacionales. En 2005, la Unión Europea comprometió 483.447 euros (586.373 dólares) para la asistencia a fiscales e investigadores forenses. En contraste, Estados Unidos decidió cancelar su programa de asistencia a las iniciativas de reforma judicial. La ayuda general a Perú fue recortada como consecuencia de la política del gobierno Bush de retirar una parte de la asistencia a los países que se nieguen a firmar un Acuerdo Bilateral sobre Inmunidad para impedir que ciudadanos estadounidenses sean juzgados por la Corte Penal Internacional.  VERSIÓN SÓLO TEXTO
INFORME ANUAL 2006 (en inglés)
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