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 Brasil Eventos de 2007 La violencia policial continúa siendo uno de los problemas más difíciles de resolver en términos de derechos humanos. Acosados por niveles muy altos de crímenes violentos, especialmente en los centros urbanos, algunos policías participan en prácticas abusivas, en lugar de practicar políticas policiales sensatas. Las condiciones de vida en las prisiones son ínfimas. En las regiones rurales, la violencia y los conflictos por la tierra aún continúan, y los promotores de los derechos humanos padecen amenazas y ataques. Y a pesar de los esfuerzos del gobierno brasileño para reparar los abusos contra los derechos humanos, muy raramente los responsables han sido encausados. Violencia policial Brasil continúa enfrentando problemas muy grandes en el área de seguridad pública. Las regiones metropolitanas del país, y en especial sus vecindarios de bajos ingresos (favelas), están plagados de una violencia extendida perpetrada por bandas criminales, una policía abusiva y —en el caso de Río de Janeiro—por milicias vinculadas a la policía, según informes. Cada año alrededor de 50,000 personas son asesinadas en Brasil. En Río, pandillas criminales lanzaron una serie de ataques coordinados contra policías, buses y edificios públicos en diciembre del 2006, matando a once personas, incluyendo dos policías. En reacción a los ataques, la policía mató a siete personas, que consideraba sospechosas previamente. En mayo de 2006, en el estado de São Paulo, los ataques coordinados de una pandilla criminal contra la policía y edificios públicos, condujeron a diversos enfrentamientos entre la policía y los integrantes de las pandillas, produciendo la muerte de más de 100 civiles y aproximadamente 40 agentes de seguridad. Una investigación preliminar llevada a cabo por un comité independiente encontró evidencias de que muchos de los asesinatos ocurridos en São Paulo fueron ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo a estimaciones oficiales, la policía mató a 694 personas en los primeros meses de 2007 en Río de Janeiro, en circunstancias descritas como “resistencia seguida de muerte”, un tercio más que las ocurridas en el mismo período durante el 2006. Estas cifras incluyen a 44 personas muertas durante una operación policial de dos meses destinada a desmantelar las bandas de traficantes de drogas en el Complexo do Alemão, uno de los vecindarios más pobres de Río de Janeiro. La violencia alcanzó su pico el 27 de junio de 2007, cuando 19 personas fueron muertas durante supuestas confrontaciones con la policía. De acuerdo a los vecinos y a las organizaciones no gubernamentales locales, muchas de esas muertes fueron producto de ejecuciones sumarias. En octubre, al menos 12 personas murieron durante una incursión policial en la Favela de la Coréia, incluido un niño de cuatro años de edad. La violencia policial también permanece siendo común en el estado de São Paulo, donde los policías mataron a 201 personas en el primer semestre de 2007, de acuerdo a cifras oficiales. Durante el mismo período, 15 policías fueron muertos. La tortura permanece siendo un problema serio en Brasil. Informes confiables relatan casos de policías y guardias de prisión torturando a personas que se encuentran bajo su custodia, como una forma de castigo, intimidación o extorsión. Los policías abusivos son rara vez sancionados, y algunas veces los abusos son justificados por las autoridades como un producto inevitable de sus esfuerzos por combatir las altas tasas de criminalidad en Brasil. Condiciones penitenciarias Las condiciones inhumanas, la violencia y el hacinamiento que han caracterizado históricamente a las prisiones brasileñas permanecen siendo uno de los principales problemas relacionado a derechos humanos del país. De acuerdo al Departamento Penitenciario Nacional, las prisiones y cárceles brasileñas tenían bajo su custodia a 419.551 personas en junio de 2007, excediendo así la capacidad del sistema por aproximadamente 200.000 internos. La violencia continúa plagando las prisiones alrededor del país. En los primeros cuatro meses de 2007, alrededor de 651 personas resultaron muertas mientras se encontraban en detención, de acuerdo a una comisión parlamentaria que investiga los problemas en las prisiones del país. La comisión fue formada en agosto, después de que 25 internos murieron incinerados durante un motín en una prisión de Minas Gerais. En septiembre, los detenidos de una prisión en Manaos también se alzaron en un motín, en el cual murieron dos personas. También terminaron en muertes otros motines en las hacinadas prisiones de Recife y de Abreu e Lima, en el estado de Pernambuco. En la prisión de Urso Branco, en Rondônia, un prisionero murió y por lo menos siete más resultaron heridos durante un levantamiento en julio. Según informes, en la misma instalación, desde noviembre de 2000, por lo menos 97 internos han resultado muertos. En cuatro ocasiones desde 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a Brasil adoptar medidas para garantizar la seguridad de los internos en Urso Branco, pero el país no ha logrado hacerlo. El hacinamiento, las ratas, las palomas infectadas, el agua potable de mala calidad, y una escasez de medicinas se encontraban entre los principales problemas señalados por la oficina del defensor público del estado de São Paulo, en relación a la penitenciaría para mujeres de Sant’Ana, ubicada en el mismo estado. La oficina ha instado repetidamente a favor del cierre de la instalación, donde cinco internas murieron entre diciembre de 2006 y junio de 2007. A pesar de que los niños y adolescentes gozan de una protección especial bajo las leyes brasileñas y internacionales derecho internacional, padecen serios abusos dentro del sistema de detención juvenil. Internos jóvenes son objeto de violencia por parte de otros jóvenes o guardias carcelarios. Trabajo forzado El uso de trabajo forzado continúa siendo un problema en las áreas rurales de Brasil, a pesar de los esfuerzos del gobierno para desenmascarar la violencia. Desde 1995, cuando el gobierno federal creó unidades móviles para monitorear las condiciones de trabajo en las áreas rurales, han sido liberados unos 26.000 trabajadores que se cree trabajaban en condiciones laborales análogas a la esclavitud. De enero a agosto de 2007, el Ministerio de Trabajo y Empleo liberó unos 3.400 trabajadores, incluyendo la cifra récord de 1.064 personas liberadas en julio en una sola operación en una hacienda en Pará. Aun así, de acuerdo a la Comisión Pastoral de la Tierra, un grupo de la iglesia Católica que defiende los derechos de los trabajadores rurales, el número de informes que recibe de trabajadores que desempeñan sus labores bajo condiciones similares a la esclavitud permanece constantemente entre 250 y 300 al año, involucrando entre 6.000 y 8.000 trabajadores, pero el gobierno investiga sólo la mitad de esos casos. Hasta agosto de 2007, nadie ha sido sancionado por mantener a sus trabajadores en condiciones similares a la esclavitud, de acuerdo al jefe de la división de la procuraduría pública responsable de combatir el trabajo en condiciones de esclavitud. Violencia rural y conflicto de tierras Los indígenas y los campesinos sin tierras enfrentan amenazas, ataques violentos y asesinatos, como consecuencia de disputas por la tierra en las áreas rurales. De acuerdo a la Comisión Pastoral de la Tierra, 39 personas fueron muertas y 917 fueron arrestadas en múltiples conflictos rurales a lo largo y ancho del país en el 2006. Dos indígenas fueron asesinados en el 2007 en el estado de Mato Grosso do Sul, al parecer por integrantes de una milicia armada al servicio de los terratenientes, de acuerdo al Consejo Misionario Indígena (CIMI, por sus siglas en portugués), un grupo de la iglesia católica que defiende los derechos de los indígenas. En septiembre, un integrante del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST, por sus siglas en portugués) fue disparado y resultó muerto por la acción de dos personas no identificadas en el estado de Goiás. Entre otros promotores de los derechos humanos que confrontan amenazas e intimidación, Dom Manoel João Francisco, un obispo que trabaja a favor de los derechos indígenas en Chapeco (en el estado de Santa Catarina), recibió amenazas de muerte en junio de 2007, de acuerdo al CIMI. Esa misma institución también reportó que muchos de sus misioneros fueron obligados a abandonar el estado de Mato Grosso después de recibir amenazas por parte de los latifundistas. Impunidad Las violaciones a los derechos humanos rara vez son llevadas a juicio en Brasil. En un esfuerzo para remediar esta situación, el gobierno de Brasil aprobó una enmienda constitucional en 2004 que convierte los crímenes contra los derechos humanos en crímenes federales. Esto permite que ciertas violaciones contra los derechos humanos sean transferidas del nivel estatal al sistema de justicia federal, para su debida investigación y posterior enjuiciamiento. La transferencia, sin embargo, sólo puede ocurrir si es solicitada por el fiscal general federal y aceptada por el Tribunal Superior de Justicia. Hasta ahora, no se ha producido ninguna transferencia. En un paso positivo, el juicio por el asesinato en el 2005 de Dorothy Stang, una misionera que luchó por la reforma agraria, concluyó en mayo de 2007 con la condena y la sentencia de tres personas que fueron halladas responsables del crimen. Pero debido a que dos de ellos recibieron sentencias superiores a los 20 años de prisión, ambos tienen derecho a un nuevo juicio. Cuando se escribió este informe, sólo uno de los dos ya había sido sometido a un nuevo juicio, habiendo sido encontrado culpable y sentenciado a 27 años de prisión. Brasil nunca ha enjuiciado a los responsables de atrocidades cometidas en el período de la dictadura militar (1964-1985). Una ley de amnistía aprobada en 1979 perdonó a los agentes del gobierno y a los integrantes de grupos políticos armados que cometieron abusos. El gobierno federal brasileño divulgó en agosto de 2007 un informe con los resultados de una investigación de once años llevada a cabo por la Comisión Nacional de Asesinatos y Desaparecidos Políticos, con el objeto de establecer el destino de los oponentes al gobierno que fueron asesinados o “desaparecidos” por las fuerzas de seguridad estatal entre 1961 y 1988. La comisión fue incapaz de aclarar algunos aspectos importantes de esos crímenes, incluyendo el paradero de la mayoría de los “desaparecidos”, porque las fuerzas armadas brasileñas jamás abrieron sus archivos correspondientes a los años de la dictadura militar. En septiembre de 2007, el Tribunal Superior de Justicia ordenó a las fuerzas armadas abrir sus archivos secretos y revelar lo ocurrido con los restos de los brasileños que murieron o “desaparecieron” cuando el gobierno envió tropas a combatir el levantamiento guerrillero de Araguaia en 1971. Actores internacionales claves En el 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a Brasil responsable de violar los derechos de igualdad ante la ley, la protección judicial, y el derecho a un juicio justo, en un caso de discriminación racial contra Simone André Diniz. También dispuso admitir seis otros casos contra Brasil. En uno de ellos, Brasil es acusado de violar los derechos a la vida, el tratamiento humano, el juicio justo, y la protección judicial de los internos de la prisión de Urso Branco. En junio de 2007, la Comisión aceptó revisar el caso Castelinho, en el cual, según informes, los policías habrían emboscado un bus de prisioneros en São Paulo en 2002, matando a doce de ellos.  VERSIÓN SÓLO TEXTO
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