Perú (Human Rights Watch, 31-1-2008)

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Perú
Eventos de 2007
La búsqueda de la justicia en casos de abusos pasados continúa siendo una preocupación fundamental en relación a los derechos humanos en el Perú. A pesar de que las autoridades han logrado algunos avances en el enjuiciamiento de los autores de abusos cometidos durante los 20 años de conflicto armado (1980-2000), la mayoría de los responsables aún sigue evadiendo la justicia. Las investigaciones de masacres y “desapariciones” por parte de las fuerzas gubernamentales se han retrasado en parte debido a la falta de cooperación militar.

Los esfuerzos de los fiscales peruanos para llevar ante la justicia al ex Presidente Alberto Fujimori rindieron finalmente sus frutos en septiembre del 2007, cuando la Corte Suprema de Chile, en una decisión histórica, autorizó su extradición bajo cargos de abusos contra los derechos humanos y corrupción.

Una ley que pone en peligro la autonomía de las organizaciones no gubernamentales fue aprobada por el Congreso de la República en el 2006, pero fue declarada parcialmente inconstitucional en el 2007, por el Tribunal Constitucional.

Enfrentando el pasado
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del gobierno estimó en el 2003 que casi 70,000 personas murieron o “desaparecieron” durante el conflicto armado. Muchos fueron víctimas de atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y otro grupo insurgente, y otros fueron víctimas de abusos cometidos por agentes estatales.

Cuando se escribió este informe, el ex Presidente Fujimori se encontraba encarcelado en Lima. Él estuvo en autoexilio voluntario por cinco años en Japón, antes de viajar a Chile, donde fue arrestado en noviembre del 2005. Los crímenes por los cuales enfrenta un juicio en el Perú incluyen su supuesta participación en la ejecución extrajudicial de 15 personas durante una reunión social en el distrito de Barrios Altos en Lima, en noviembre de 1991, y la desaparición forzada y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta en julio de 1992. El juicio a Fujimori por su responsabilidad en estos delitos se abrió en diciembre de 2007.

Actualmente, se siguen desarrollando esfuerzos para investigar y procesar a ex funcionarios y ex oficiales militares implicados en los asesinatos y “desapariciones” que se remontan a los comienzos del conflicto armado. Por ejemplo, por los menos 50 supuestos miembros del Grupo Colina, el escuadrón de la muerte directamente responsable de los crímenes contra los derechos humanos por los cuales Alberto Fujimori fue extraditado, han estado en juicio en Lima desde agosto del 2005. Cuando se escribió este informe, sólo 17 oficiales militares y civiles habían sido condenados por abusos atribuidos a los actores estatales por la Comisión de la Verdad.

La falta de cooperación de las fuerzas armadas han obstaculizado las investigaciones de estos casos. Frecuentemente, los militares han sido incapaces de proporcionar la información necesaria para identificar potenciales testigos claves que sirvieron en bases rurales contrainsurgentes durante el conflicto. También se han negado a identificar a los oficiales militares que han sido identificados por testigos sólo por sus seudónimos.

Ataques a periodistas
En algunas partes del país, los periodistas que difunden los abusos de los funcionarios gubernamentales locales son vulnerables a la intimidación. En marzo del 2007, Miguel Pérez Julca, quien trabajaba para un programa noticioso en una estación local de radio en la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, recibió dos tiros de bala en la cabeza de manos de dos hombres armados, en presencia de su esposa, quien también fue herida, y sus dos hijos. Pérez Julca murió mientras era trasladado al hospital. El periodista asesinado había realizado reportajes sobre la corrupción policial y otros problemas de seguridad pública en la ciudad. Cuatro días después del asesinato de Pérez, tres otros periodistas de Jaén recibieron amenazas de muerte a través de mensajes de texto en sus teléfonos celulares. Pérez fue el tercer periodista peruano asesinado en circunstancias similares desde el 2004.

Tortura
La tortura y trato cruel de los sospechosos de crímenes continúa siendo un problema en el Perú. La Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), una ONG que representa a las víctimas de tortura en los procedimientos judiciales, registró 78 quejas de tortura entre Enero de 2005 y Octubre de 2007. En años recientes, las cortes peruanas han tenido avances al sancionar a policías que abusaban de los detenidos. Desde el año 2000, la Corte Suprema ha confirmado sentencias de prisión contra 15 oficiales policiales, agentes militares y guardias de prisión por tortura en siete casos. En julio del 2007, dos policías recibieron sentencias de ocho y cuatro años respectivamente por una paliza que causó la muerte de Ricardo Huaringa Félix en el 2004. En septiembre del 2006, Perú ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Pena de muerte
La pena de muerte en el Perú está restringida únicamente a casos de traición en tiempos de guerra, y no ha sido aplicada desde los años setenta. Sin embargo, después de un ataque armado ocurrido en Ayacucho en diciembre del 2006, en el cual ocho personas fueron asesinadas, el Presidente Alan García presentó un proyecto de ley al Congreso para reintroducir la pena de muerte aplicada a los crímenes terroristas. La Constitución vigente ya contempla la pena de muerte en tales circunstancias, pero no ha sido incorporada al Código Penal. En enero del 2007, un proyecto de ley con este propósito no fue aprobado por el Congreso, gracias a una sustancial mayoría de votos en contra.

Defensores de los derechos humanos
En Noviembre de 2006, el Presidente Alan García apoyó un proyecto de ley que habría autorizado al gobierno a “supervisar” las actividades de las ONGs peruanas que reciben fondos del extranjero. Después de fuertes protestas de varios grupos de la sociedad civil, una versión enmendada de esa ley fue aprobada la cual limita su aplicación a las organizaciones que reciban fondos gubernamentales o beneficios fiscales. Aún así, las ONGs financiadas con recursos privados estarían obligadas a registrar sus actividades y sus gastos ante la agencia gubernamental de cooperación. En septiembre del 2007, el Tribunal Constitucional determinó que este requerimiento de informar sobre los desembolsos de las ONGs era inconstitucional.

Actores internacionales claves
En noviembre del 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en un caso que involucra el asesinato indiscriminado de 41 prisioneros de Sendero Luminoso en la prisión Miguel Castro Castro en Lima, ocurrido en 1992. . La Corte ordenó al gobierno pagar una compensación de alrededor de 20 millones de dólares a los familiares de los muertos y a las personas torturadas durante la operación. El Presidente García dijo que no aceptaría pagar compensaciones a “terroristas” y dijo que solicitaría a la Corte una “interpretación” de su decisión.

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