Informe Anual 2003





Informe Anual 2005

DARFUR Y ABU GHRAIB
Por Kenneth Roth*

Entre toda la gama de retos en materia de derechos humanos de 2004, dos plantean amenazas contra los derechos humanos: la limpieza étnica en Darfur y la tortura de detenidos en Abu Ghraib. No son equiparables y, sin embargo, cada uno de ellos a su manera ha tenido consecuencias insidiosas. Uno conlleva la indiferencia frente a las peores atrocidades imaginables, el otro es emblemático de un país poderoso que incumple una de las prohibiciones más básicas. Uno presenta una crisis que amenaza muchas vidas, el otro es un caso de excepcionalismo que amenaza las reglas más fundamentales. La vitalidad de la defensa global de los derechos humanos depende de una respuesta firme a cada uno de ellos—de que se detenga la matanza del gobierno sudanés en Darfur y de que se cambien las decisiones políticas detrás de la tortura y el maltrato a detenidos por parte del gobierno de Estados Unidos.

En Darfur, la región occidental de Sudán, la limpieza étnica masiva ha desencadenado muchos forcejeos y denuncias internacionales, pero pocas acciones efectivas. La violencia sistemática contra civiles por parte de las fuerzas gubernamentales sudanesas y las milicias respaldadas por el gobierno constituye crímenes contra la humanidad y algunos la han descrito incluso como genocidio, sin embargo, la respuesta internacional ha sido poco más que condenar las atrocidades, alimentar a las víctimas y enviar a un puñado de fuerzas africanas mal equipadas a intentar, ampliamente en vano, detener la matanza. No se ha ejercido seriamente presión sobre el gobierno sudanés para que cese su campaña homicida. No se ha movilizado ninguna fuerza de protección significativa. El asesinato en masa en Darfur, que se produce una década después del genocidio ruandés, es una burla de las promesas de “nunca jamás”. ¿Cómo pueden pronunciar honestamente estas palabras los gobiernos cuando sus acciones son tan vergonzosamente insuficientes?

 

  Es necesaria una acción inmediata para salvar a la población de Darfur.

Es necesaria una acción inmediata para salvar a la población de Darfur. El Consejo de Seguridad de la ONU—o, si este organismo no actuara, cualquier grupo responsable de gobiernos—tiene que movilizar una fuerza numerosa capaz de proteger a la población civil, enjuiciar a los asesinos y sus comandantes, disolver y desarmar a la milicia del gobierno sudanés, y crear condiciones seguras para que las personas desplazadas puedan retornar a salvo a sus hogares. La pasividad continuada podría socavar un principio fundamental de derechos humanos—que los países del mundo nunca dejarán que la soberanía se interponga a su responsabilidad de proteger a las personas frente a las atrocidades masivas.

El uso de la tortura por parte del gobierno de Estados Unidos en la prisión de Abu Ghraib plantea un tipo diferente de desafío: no porque la escala del abuso sea tan grande como en Darfur, sino porque el responsable es tan poderoso. Cuando la mayoría de los gobiernos vulneran el derecho internacional humanitario y de derechos humanos, cometen una violación. Se condena o enjuicia la violación, pero la regla se mantiene firme. Sin embargo, cuando un gobierno tan dominante e influyente como el de Estados Unidos desafía abiertamente la ley e intenta justificar su desafío, también se debilita la propia ley y se invita a otros a que sigan el ejemplo. El uso deliberado y continuado de la “coacción en los interrogatorios” por parte del gobierno de Estados Unidos—su aceptación y utilización de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes—ha tenido efectos insidiosos, muy por encima de las consecuencias producidas por un abusador ordinario. Dicha conducta ilegítima también ha debilitado la tan necesaria credibilidad de Washington como promotor de los derechos humanos y líder de la campaña contra el terrorismo. En medio de una aparente epidemia de atentados suicidas, decapitaciones y otros ataques contra civiles y no combatientes—todos ellos afrentas a los valores más fundamentales de derechos humanos—la debilidad de la autoridad moral de Washington se siente de manera marcada.

Al inicio del segundo mandato del gobierno de Bush, su reto consiste en hacer de los derechos humanos una fuerza que guíe la conducta estadounidense y establecer la credibilidad de Estados Unidos como defensor de los derechos humanos. Como primer paso, el Presidente Bush y el Congreso de Estados Unidos deberían formar una comisión de investigación totalmente independiente—similar a las creada para examinar los atentados del 11 de septiembre de 2001—con el fin de determinar los problemas de las prácticas de interrogatorio del gobierno y prescribir medidas para remediarlos. Washington debe también reconocer y revertir las decisiones políticas que originaron la tortura y el maltrato a detenidos, pedir cuentas a los responsables en todos los niveles del gobierno por el maltrato a detenidos y comprometerse públicamente a poner fin a todas las formas de coacción en los interrogatorios.

Darfur

Se pueden dar muchas razones para el insensible desprecio del mundo por la muerte de una cantidad estimada de 70.000 personas y el desplazamiento de alrededor de 1,6 millones más en Darfur. El segundo ensayo de este libro describe varias de estas razones. Ninguna de ellas, sin embargo, justifica esta cruel indiferencia. Una vez más, el Consejo de Seguridad de la ONU se ha visto obstaculizado por la amenaza del uso provinciano del poder de veto de sus miembros permanentes—un veto que, como ha recomendado el panel de alto nivel de la ONU sobre amenazas globales, nunca debería ejercerse “en casos de genocidio y abusos a gran escala contra los derechos humanos”. Esta vez, China ha sido el principal problema, demostrando estar más preocupado por preservar sus lucrativos contratos petroleros en Sudán que en salvar miles de vidas. Rusia, protegiendo sus propias ventas valiosas de armas a Jartum, ha secundado esta insensible falta de respuesta. 

 

  China ha sido el principal problema, demostrando estar más preocupado por preservar sus lucrativos contratos petroleros en Sudán que en salvar miles de vidas.

Los miembros no permanentes también comparten la culpa. Argelia y Pakistán han sido modelos de solidaridad islámica, siempre y cuando se defina como fidelidad a un gobierno islámico y no el compromiso con las vidas de víctimas musulmanas. Para otros miembros africanos del Consejo, Angola y Benin, primó la lealtad a un gobierno de la misma región. En la Asamblea General de la ONU, numerosos gobiernos, hostiles a cualquier crítica por la situación de los derechos humanos debido a sus malos historiales en la materia, se opusieron incluso a discutir la campaña homicida de Sudán, mucho menos a condenarla.

Hasta los paladines de los derechos humanos en Darfur—siendo Washington el más destacado de ellos—han parecido concentrarse más en limitar su obligación para con el pueblo de Darfur que en poner fin a la matanza. Una numerosa fuerza militar autorizada por la ONU es necesaria para proteger a los residentes de Darfur y crear condiciones de seguridad que puedan permitir el retorno a salvo a sus hogares. Pero Estados Unidos y sus aliados occidentales han dejado el problema en manos de la Unión Africana, una nueva institución con pocos recursos y sin experiencia en operaciones militares de la escala necesaria. La situación reclama a voces la participación de las principales potencias militares, pero éstas han decidido no estar disponibles. Estados Unidos, Reino Unido y Australia están enfrascados en Irak, y Estados Unidos ha llegado a decir que su determinación de que las matanzas en Darfur constituyen un genocidio no “dicta una nueva acción”. Francia está comprometida en otras partes de África y Canadá está recortando sus compromisos de mantenimiento de la paz, a pesar de promover la “responsabilidad de proteger”. La OTAN está preocupada en Afganistán; la Unión Europea está desplegando fuerzas en Bosnia. Todos tienen algo más importante que hacer que salvar a la población de Darfur de la brutalidad inhumana del gobierno sudanés y su milicia. 

Otra medida clave para poner fin a la limpieza étnica es garantizar que los responsables de asesinato, violación y otras atrocidades—y sus comandantes—se enfrenten a los tribunales. El gobierno sudanés no ha hecho realmente nada para que se haga justicia. Es necesario un proceso internacional para silenciar las petulantes negativas de responsabilidad que emanan de Jartum y demostrar a la población de Darfur que el mundo ya no considera aceptables su desaparición y desplazamiento. Al igual que la impunidad animó a Jartum a extender sus métodos asesinos desde los campos de la muerte del sur de Sudán a Darfur, el enjuiciamiento demostraría la negativa a tolerar que en Darfur se produzcan el tipo de atrocidades promovidas por el gobierno que han plagado el sur del país durante más de dos décadas. 

Hay que reconocer que el Consejo de Seguridad estableció una comisión internacional de investigación para Darfur—un posible preludio del enjuiciamiento. Cuando la comisión informe de sus conclusiones a finales de enero, el Consejo tendrá que decidir si somete la cuestión a la Corte Penal Internacional. ¿Verá China más allá de sus contratos petroleros para permitir que se remita la cuestión a la Corte? ¿Superará Estados Unidos su antipatía por la Corte para permitir el enjuiciamiento de crímenes que califica de genocidio? O, mientras la población de Darfur sigue sufriendo y muriendo, ¿insistirá en desperdiciar el tiempo estableciendo un tribunal a parte? Las muchas demostraciones de preocupación del Consejo de Seguridad sonarán a vacías si su respuesta a las peticiones desesperadas de Darfur es, por retraso o inacción, dejar que reine la impunidad. 

Darfur atestigua hoy la profunda falta de voluntad para prevenir y resarcir los crímenes más atroces contra los derechos humanos. A pesar de las incontables denuncias y las interminables demostraciones de preocupación, se ha hecho muy poco para proteger a la población de Darfur. Un fracaso de esta magnitud desafía el principio fundamental de derechos humanos de que los gobiernos del mundo no darán la espalda a las personas que sufran atrocidades en masa. Ya que si las naciones del mundo no pueden actuar en este caso, ¿cuándo actuarán? ¿Cómo, diez años después del genocidio ruandés, puede haber tanta distancia entre las muestras de preocupación y las acciones? ¿Cómo, cuando se manifiesta lo peor de la crueldad humana, puede quedarse tan indiferente el mundo? Mientras aumenta el saldo de muertes y la charada de la fingida protección se vuelve tan dolorosamente obvia para todos, tenemos que insistir en que los países del mundo rescaten finalmente a la población de Darfur. O esto o que prometan no decir nunca jamás “nunca jamás”. 

Coacción en los interrogatorios

El uso sistemático y continuado por parte del gobierno de Estados Unidos de la coacción en los interrogatorios hace tambalear un pilar del derecho internacional de derechos humanos—la prohibición de siglos, reafirmada incondicionalmente en numerosos tratados de derechos humanos ampliamente ratificados, de que los gobiernos nunca deben someter a los detenidos a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, en la lucha contra el terrorismo, el gobierno de Estados Unidos ha tratado esta obligación fundamental como una simple exhortación—una cuestión optativa, no obligatoria.

El desdén por un principio tan fundamental ha provocado un enorme daño al sistema global para la protección de los derechos humanos. El uso de la tortura y otras técnicas abusivas por parte del gobierno de Estados Unidos ha sido recibido ciertamente con una amplia condena pública. En cierta medida, dicha protesta ha reforzado las reglas que ha violado Washington—pero no suficientemente. El ejemplo de ilegitimidad de Washington es tan poderoso y su influencia es tan singular que esta violación deliberada amenaza con ensombrecer las condenas y dejar el derecho de derechos humanos significativamente debilitado. Si se puede incumplir hasta una regla tan básica como la prohibición de la tortura, otros derechos quedan inevitablemente debilitados también.

 

  Para colmo de males, el gobierno de Bush ha desarrollado teorías legales descabelladas para intentar justificar muchas de sus técnicas de coacción.

Para colmo de males, el gobierno de Bush ha desarrollado teorías legales descabelladas para intentar justificar muchas de sus técnicas de coacción. El gobierno y sus abogados han cuestionado directamente la prohibición absoluta del maltrato a detenidos, ya sea definiendo la tortura de manera tan limitada que su prohibición pierde sentido, sugiriendo argumentos legales falsos para defender a los torturadores o afirmando que el presidente tiene el poder inherente de ordenar la tortura.

El problema se ve agravado por el debilitamiento de una de las voces oficiales más importantes a favor de los derechos humanos. El historial de Washington de promoción de los derechos humanos siempre ha sido desigual. Por cada criminal reprendido por transgresiones de los derechos humanos ha habido otro cuyos abusos se han ignorado, excusado e incluso respaldado. Sin embargo, a pesar de esta incoherencia, Estados Unidos ha desempeñado históricamente un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos. Su adopción de la coacción en los interrogatorios—parte de una traición más amplia de los principios de derechos humanos en nombre del combate contra el terrorismo—ha debilitado significativamente su capacidad para organizar dicha defensa. 

Para los gobiernos que se enfrentan a la presión de Estados Unidos por cuestiones de derechos humanos resulta fácil ahora volver las tornas, para cuestionar la posición de Washington en la defensa de los principios que él mismo viola. Ya sea mediante la defensa de Egipto de la renovación de sus leyes de emergencia haciendo referencia a la legislación antiterrorista de Estados Unidos, la justificación de Malasia de la detención administrativa citando el caso de Guantánamo, la referencia de Rusia a Abu Ghraib para culpar de los abusos en Chechenia exclusivamente a soldados de bajo rango, o las alegaciones de Cuba de que el gobierno de Bush “carece de autoridad moral para acusarle” de violaciones de los derechos humanos, los gobiernos represivos encuentran más fácil desviar la presión estadounidense debido al triste historial de Washington en materia de derechos humanos después del 11 de Septiembre. De hecho, cuando Human Rights Watch les pidió que protestaran la detención administrativa en Malasia y la detención incomunicada prolongada en Uganda, los funcionarios del Departamento de Estado pusieron reparos y explicaron, en palabras de uno de ellos: “con lo que estamos haciendo en Guantánamo, estamos en una difícil posición para empujar este tema”. 

De manera similar, muchos defensores de los derechos humanos, especialmente en Oriente Medio y el Norte de África, se avergüenzan ahora cuando Estados Unidos sale en su defensa. Puede que ansíen contar con un aliado poderoso, pero identificarse demasiado estrechamente con un gobierno que ignora tan descaradamente el derecho internacional, ya sea en Irak, en Israel o en los territorios ocupados, o con la campaña contra el terrorismo, se ha convertido en una fórmula segura para el descrédito. Cabe reconocer que, en un discurso de noviembre de 2003, el Presidente Bush deploró los “sesenta años de naciones occidentales que excusaban y acomodaban la falta de libertad” en el mundo árabe. Recordando los esfuerzos de Estados Unidos para reducir las dictaduras comunistas en el Este de Europa, el Presidente Bush comprometió a Estados Unidos a emprender una “estrategia avanzada de libertad”. Sin embargo, debido a la animosidad con respecto a las políticas de Washington, la estrecha colaboración con la sociedad civil que caracterizó las iniciativas pro democráticas en el Este de Europa es más difícil de lograr ahora en Oriente Medio y el Norte de África. Esta animosidad no está dirigida contra Estados Unidos, como suele malinterpretarse con la intención de menospreciarla, sino contra la política de Estados Unidos.

La pérdida de credibilidad de Washington no se ha producido por falta de apoyo retórico a conceptos estrechamente relacionados con los derechos humanos, pero la adopción de un lenguaje explícito de defensa de los derechos humanos parece haber sido calculadamente rara. El gobierno de Bush habla con frecuencia de su devoción por la “libertad”, su oposición a la “tiranía” y el “terrorismo”, pero rara vez de su compromiso con los derechos humanos. La distinción tiene una importancia enorme. Una cosa es pronunciarse en el bando de los “libres”, y otra muy diferente acatar toda la gama de normas de derechos humanos que fundamentan la libertad. Una cosa es declararse opuesto al terrorismo, y otra muy diferente adoptar el conjunto de leyes internacionales de derechos humanos y humanitarias que consagran los valores que rechazan el terrorismo. Esta prestidigitación lingüística—esta negativa a aceptar las obligaciones legales adoptadas por países respetuosos de estos derechos—ha facilitado el uso de la coacción en los interrogatorios por parte de Washington.

Lo que ha sido especialmente frustrante del desprecio de Washington por las normas internacionales es la insensibilidad, incluso contraproducente, que ha demostrado—especialmente en Oriente Medio y el Norte de África, donde se han concentrado las campañas antiterroristas. Los sistemas políticos abiertos y receptivos son la mejor manera de fomentar que las personas resuelvan sus quejas pacíficamente. Pero cuando el defensor oficial más abierto de la democracia viola deliberadamente los derechos humanos, debilita a los reformistas favorables a la democracia y fortalece la llamada de los que pregonan visiones más radicales.

Es más, dado que atacar deliberadamente a civiles supone una afrenta contra los valores más fundamentales de derechos humanos, una defensa efectiva contra el terrorismo requiere no sólo medidas de seguridad tradicionales, sino también el reforzamiento de la cultura de derechos humanos. Se debe persuadir a las comunidades más influyentes con los posibles terroristas que la violencia contra civiles nunca está justificada, independientemente de la causa. Pero cuando Estados Unidos desprecia los derechos humanos, debilita esta cultura de derechos humanos y sabotea por lo tanto uno de los instrumentos más importantes para disuadir a posibles terroristas. En cambio, los abusos cometidos por Estados Unidos han supuesto una nueva llamada a las armas para los reclutadores de terroristas, y las fotos de Abu Ghraib se han convertido en los pósteres de los reclutadores de Terrorismo, Inc. Muchos militantes no necesitan incentivos adicionales para atacar a civiles, pero si el debilitamiento de la cultura de derechos humanos promueve que incluso unos pocos indecisos emprendan el camino de la violencia, las consecuencias pueden ser terribles.

¿Y para qué? Para desahogar las frustraciones, ejecutar la venganza—quizá, pero no porque la tortura y el maltrato sean necesarios para la protección. El respeto por los Convenios de Ginebra no impide que se interrogue enérgicamente a detenidos sobre una gama ilimitada de temas. El manual de interrogatorio del Ejército de Estados Unidos deja claro que el abuso socava la búsqueda de información fiable. El mando militar de Estados Unidos en Irak dice que los detenidos iraquíes aportan más información de inteligencia útil cuando no están sometidos a coacción. En palabras de Craig Murray, el antiguo embajador del Reino Unido en Uzbekistán que habló sobre la utilización de testimonios extraídos mediante tortura: “Estamos vendiendo nuestras almas por basura”.

Nada de esto quiere decir que Estados Unidos sea el peor violador de los derechos humanos. La lectura detenida del Informe Mundial de Human Rights Watch de este año revela rivales mucho más serios a tan notorio título. Pero la triste realidad es que la incomparable influencia de Washington ha hecho que su contribución a la degradación de las normas de derechos humanos sea única. 

No es suficiente argumentar, como harán sin duda sus defensores, que el gobierno de Bush tiene buenas intenciones—que es el “bueno de la historia”, en palabras del Wall Street Journal. Una sociedad guiada por las intenciones en lugar de la ley es una sociedad sin ley. Tampoco sirve de excusa para el historial de derechos humanos del gobierno, como han intentado hacer sus defensores, al señalar que ha derrocado a dos gobiernos tiránicos—los talibanes en Afganistán y el partido Baath en Irak. Los ataques contra regímenes represivos no pueden justificar los atentados contra el conjunto de principios que hacen ilegal la represión.

Para redimir su credibilidad como promotor de los derechos humanos y líder efectivo de la campaña contra el terrorismo, el gobierno de Bush tiene que reafirmar urgentemente su compromiso con los derechos humanos. Por razones de principio y pragmatismo, tiene que permitir, como se ha señalado, que una comisión de investigación al estilo de la del 11 de Septiembre examine totalmente sus prácticas de interrogatorio. El gobierno debe reconocer entonces lo equivocado de su conducta, pedir cuentas a los responsables (no sólo a un pequeño grupo de soldados y sargentos), y comprometerse públicamente a poner fin a todas las formas de coacción en los interrogatorios. 

 

  Tiene que permitir que una comisión de investigación al estilo de la del 11 de Septiembre examine totalmente sus prácticas de interrogatorio.

Encubrimiento e investigación interna

Cuando se hicieron públicas las fotos de Abu Ghraib, el gobierno de Bush reaccionó como muchos gobiernos abusivos a los que atrapan con las manos en la masa: adoptó la estrategia de control de daños. Aceptó que la tortura y el abuso que aparecían en las fotos estaban mal, pero intentó minimizar el problema. Según afirmó, los maltratadores eran un puñado de soldados descarriados, unas cuantas “manzanas podridas” al fondo del barreño. Argumentó que el problema estaba contenido, tanto geográficamente (una sección de la prisión de Abu Ghraib) como estructuralmente (sólo soldados de bajo rango, y no comandantes de rango superior). Mantuvo que el abuso fotografiado en Abu Ghraib y divulgado por todo el mundo no tenía nada que ver con las decisiones y las políticas de los funcionarios de mayor nivel. El Presidente Bush prometió que “los malhechores serían llevados ante la justicia”, pero a principios de diciembre de 2004, nadie por encima del rango de sargento estaba sometido a enjuiciamiento. 

Un elemento clave de esta estrategia de control de daños fue una serie de investigaciones cuidadosamente limitadas—diez hasta ahora. La mayoría de las investigaciones, tales como las dirigidas por el Mayor General George Fray y el Teniente General Anthony Jones, consistieron en el examen por parte de oficiales militares uniformados de la conducta de sus subordinados; estos oficiales carecían de autoridad para investigar a funcionarios superiores del Pentágono. La única investigación con capacidad teórica para examinar la conducta del Secretario de Defensa Donald Rumsfeld y sus ayudantes superiores—la investigación liderada por el antiguo Secretario de Defensa James Schlesinger—fue designada por el propio Rumsfeld y pareció esforzarse por distanciarse del problema. (En la conferencia de prensa en la que se hizo público el informe de la investigación, Schlesinger dijo que la renuncia de Rumsfeld “daría alas a todos los enemigos de Estados Unidos”.) La investigación de Schlesinger careció de la independencia de la Comisión del 11 de Septiembre, por ejemplo, que fue creada con la participación activa del Congreso de Estados Unidos. Por su parte, la Agencia Central de Inteligencia (CIA)—el organismo del gobierno estadounidense del que se cree que tiene detenidos a los sospechosos de terrorismo más importantes—ha eludido el escrutinio de cualquiera que no sea su propio inspector general. Mientras tanto, no parece que nadie esté considerando el papel del Presidente Bush y otros funcionarios superiores del gobierno. 

Cuando un funcionario no identificado del gobierno tomó represalias contra un crítico del gobierno de Bush revelando que su mujer era agente de la CIA—un delito grave porque podría ponerla en peligro—el gobierno acordó, bajo presión, designar a un fiscal especial al que se le ha prometido independencia de la dirección del gobierno. Sin embargo, el gobierno se ha negado a nombrar a un fiscal especial para determinar si funcionarios superiores autorizaron la tortura y otras formas de coacción en los interrogatorios—un delito mucho más grave y sistemático. Como consecuencia, no se está realizando ninguna investigación penal de los métodos abusivos de interrogatorio del gobierno que no esté controlada por el propio gobierno. El aluvión de investigaciones internas no puede ensombrecer la falta de una investigación verdaderamente independiente. 

Las políticas en el origen de Abu Ghraib

Los abusos de Abu Ghraib no surgieron espontáneamente en los niveles más bajos de la cadena de mando militar. No fueron meramente un fallo de “gestión”, como sugirió la investigación de Schlesinger. Fueron el producto directo de un entorno de ilegalidad, un ambiente originado por decisiones políticas adoptadas en los niveles más altos del gobierno de Bush, muchas de ellas mucho antes del inicio de la guerra de Irak. Son un reflejo de la determinación de combatir el terrorismo sin las constricciones de principios fundamentales internacionales de los derechos humanos y del derecho humanitario—a pesar de que Estados Unidos y gobiernos de todo el mundo se han comprometido a respetar dichos principios incluso en tiempos de guerra y graves amenazas contra seguridad. Las decisiones del gobierno de Bush recabaron un apoyo importante de un coro de entendidos y académicos partidistas en Estados Unidos quienes, alegando que una amenaza sin precedentes contra la seguridad justificaba medidas sin precedentes, estaban demasiado ansiosos por abandonar los principios fundamentales sobre los que se había fundado su país. Estas decisiones incluyeron:

  • La decisión de no aplicar los Convenios de Ginebra a los detenidos por Estados Unidos en Guantánamo, a pesar de que los convenios se aplican a todas las personas capturadas en el campo de batalla en Afganistán. Altos funcionarios del gobierno Bush prometieron que todos los detenidos serían tratados “humanamente”, pero parece que esta promesa nunca se implementó seriamente y se calificó en ocasiones de excepción creada por ellos mismos por razones de “necesidad militar”. Mientras tanto, la destrucción efectiva de los Convenios de Ginebra trasmitió a los interrogadores estadounidenses que, en palabras de un destacado funcionario antiterrorista, “se habían acabado las contemplaciones”.
  • La decisión de no aclarar durante casi dos años que, independientemente de la aplicabilidad de los Convenios de Ginebra, todos los detenidos bajo la custodia de Estados Unidos estaban protegidos por los requisitos paralelos de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Incluso cuando, a instancias de un grupo de derechos humanos, un alto funcionario del Pentágono reafirmó tardíamente, en junio de 2003, que la convención prohibía no sólo la tortura sino también otras formas de maltrato, dicho anuncio se comunicó a los interrogadores, si es que se hizo, de un manera que no tuvo consecuencias discernibles en su conducta. 
  • La decisión de interpretar de manera limitada la prohibición del trato cruel, inhumano o degradante, para permitir ciertas formas de coacción en los interrogatorios—es decir, ciertos esfuerzos para incrementar el dolor, el sufrimiento y la humillación de un sospechoso para hacerle hablar. No es sorprendente que estos métodos se volvieran más coercitivos al “migrar”, en palabras de dos investigaciones del Pentágono, de un escenario controlado como el de Guantánamo a los campos de batalla de Afganistán e Irak.
  • La decisión de detener a algunos sospechosos—once conocidos y probablemente muchos más—en secreto e incomunicados, fuera del alcance de hasta el Comité Internacional de la Cruz Roja. Las víctimas de dichas “desapariciones” están expuestas al mayor riesgo de tortura y otras formas de maltrato. Por ejemplo, las fuerzas estadounidenses continúan manteniendo centros secretos de detención en Afganistán, donde se sigue informando de palizas, amenazas y humillaciones sexuales. Desde finales de 2001, seis personas arrestadas por las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán han muerto durante la detención—uno de ellos en septiembre de 2004.
  • La negativa durante más de dos años de enjuiciar a soldados estadounidenses que, según el propio examinador médico del Pentágono, habían sido responsables de las muertes “homicidas” de dos sospechosos que estaban siendo interrogados por Estados Unidos en Afganistán en diciembre de 2001. En cambio, se informó de que los interrogadores habían sido enviados a Irak, donde algunos de ellos estuvieron presuntamente involucrados en nuevos abusos.
  • La aprobación por parte del Secretario de Defensa Rumsfeld de algunos métodos de interrogatorio en Guantánamo que violaron, como mínimo, la prohibición del trato cruel, inhumano o degradante y posiblemente la prohibición de la tortura. Estas técnicas incluyeron poner a los detenidos en posturas dolorosamente incómodas, encapucharlos, quitarles la ropa y atemorizarles con perros guardianes. Dicha aprobación fue rescindida posteriormente, pero contribuyó al ambiente en el que las obligaciones legales de Estados Unidos se consideraban prescindibles.
  • La aprobación aparente por parte de un alto funcionario no identificado del gobierno de Bush y el uso del “submarino”—una técnica de tortura en la que se hace creer que va a ahogarse a la víctima, que se ahoga a veces en la práctica.
  • El traslado de sospechosos a países, tales como Siria, Uzbekistán y Egipto, que practican la tortura sistemática. En ocasiones se han pedido garantías diplomáticas de que los sospechosos no serán maltratados, pero si, como en estos casos, los gobiernos receptores violan habitualmente su obligación legal en virtud de la Convención contra la Tortura, sería un error esperar un mayor cumplimiento por la palabra no vinculante de un diplomático.
  • La decisión (adoptada en los primeros días del gobierno de Bush) de oponerse y socavar la Corte Penal Internacional, en parte por miedo a que pudiera obligar a Estados Unidos a enjuiciar a personal estadounidense implicado en crímenes de guerra y otros delitos comparables que el gobierno preferiría ignorar. Esto demostró una determinación de proteger al personal estadounidense frente a la responsabilidad externa por crímenes contra los derechos humanos que pudiera autorizar el gobierno de Estados Unidos.
  • La decisión del Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa y los asesores de la Casa Blanca de improvisar teorías legales dudosas para justificar la tortura. A pesar de las objeciones del Departamento de Estado y abogados militares profesionales, estos departamentos gubernamentales, dirigidos por abogados políticamente designados, ofrecieron interpretaciones tan absurdas de la ley como que el Presidente Bush tiene “autoridad de comandante en jefe” para ordenar la tortura. Según esta teoría, a Slobodan Milosevic y Saddam Hussein se les podrían dar perfectamente las llaves de sus celdas, ya que ellos, también, habrían tenido presuntamente “autoridad de comandante en jefe” para autorizar las atrocidades que dirigieron.

Estas decisiones políticas, adoptadas no por soldados de bajo rango sino por funcionarios superiores del gobierno de Bush, crearon un ambiente de “todo vale”, un entorno en el que se asumía que los fines justificaban los medios. A veces el maltrato a los detenidos simplemente se toleraba, otras veces se fomentaba activamente e incluso se ordenaba. En estas circunstancias, cuando venía de arriba la orden de extraer “inteligencia para actuar”—información que contribuyera a responder a las constantes bajas estadounidenses a manos de insurgentes iraquíes extraordinariamente brutales—es poco sorprendente que los interrogadores no vieran ningún obstáculo en la prohibición legal de la tortura y el maltrato. 

Hasta el día de hoy, el gobierno de Bush no ha repudiado muchas de estas decisiones. Continúa negándose a aplicar los Convenios de Ginebra a ninguno de los más de 500 detenidos en Guatánamo (a pesar del fallo de un tribunal de Estados Unidos rechazando esta posición) y a muchos otros detenidos en Irak y Afganistán. Continúa desapareciendo a detenidos, a pesar de las amplias pruebas de que estos “detenidos fantasma” son extraordinariamente vulnerables a la tortura. Se niega a renegar de la práctica de “entregar” a sospechosos a gobiernos que torturan. Continúa su venganza contra la Corte Penal Internacional. Se niega a rechazar en otros términos que no sean vagos y generales los muchos argumentos especiosos en defensa de la tortura recogidos en los notorios “memorandos sobre tortura” de los abogados del gobierno. Y sigue negándose a repudiar todas las formas de coacción en los interrogatorios y adoptar una política clara que las prohíba. De hecho, se informó de que todavía en junio de 2004—mucho después de que se hiciera público el maltrato en Abu Ghraib—continuaba sometiendo a los detenidos de Guantánamo a palizas, aislamiento prolongado, humillación sexual, temperaturas extremas y posiciones dolorosamente incómodas—prácticas que el Comité Internacional de la Cruz Roja calificó aparentemente de “equivalentes a tortura”. 

 

  Sigue negándose a repudiar todas las formas de coacción en los interrogatorios y adoptar una política clara que las prohíba.

Mientras el gobierno de Bush forma a su gabinete para el segundo mandato presidencial, el Presidente Bush parece haber descartado incluso la responsabilidad informal. El Secretario de Estado Colin Powell, el miembro del gabinete que se opuso más firmemente al repudio por parte del gobierno de los Convenios de Gobierno, se va. El Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, que ordenó las técnicas abusivas de interrogatorio en violación del derecho internacional, se queda. El asesor de la Casa Blanca Alberto Gonzáles, que pidió la elaboración de los memorandos que justificaban la tortura y escribió él mismo que la lucha contra el terrorismo hace “obsoletas” y “pintorescas” las limitaciones de los Convenios de Ginebra sobre el interrogatorio y el trato a prisioneros, ha sido premiado con el nombramiento al puesto de Fiscal General. En cuanto al gobierno de Bush en general, las elecciones de noviembre parecen haber reforzado su falta tradicional de inclinación a examinar seriamente su propia conducta. Al ver aparentemente los resultados electorales como una vindicación total, se niega a admitir su papel en Abu Ghraib y otros abusos en los interrogatorios. 

La lógica retorcida de la tortura

Una lógica retorcida y peligrosa está detrás de la negativa del gobierno de Bush a rechazar la coacción en los interrogatorios. Muchos funcionarios de seguridad de Estados Unidos parecen creer que la coacción en los interrogatorios es necesaria para proteger a los estadounidenses y sus aliados de un atentado terrorista catastrófico. Afirman que la tortura y el trato inhumano pueden estar mal, pero el asesinato en masa es peor, por lo que habría que tolerar el mal menor para prevenir el mayor. Sin embargo, conscientes de cuán fundamental es la prohibición de la tortura para la civilización moderna, hasta los promotores de la estrategia de mano dura contra el terrorismo se muestran reticentes a prescribir la tortura sistemática. En cambio, pretenden crear una excepción rara a la regla contra la tortura invocando el escenario de la “bomba de relojería”, una situación en la que se dice que los interrogadores descubren que un terrorista detenido sabe dónde se ha colocado una bomba de relojería y tienen que extraerle la información por la fuerza para salvar vidas. 

El escenario de la bomba de relojería contribuye a una fantástica discusión filosófica, pero raramente se produce en la vida real—al menos no de una manera en la que no se pueda evitar abrir la puerta a la predominancia de la tortura. De hecho, los interrogadores casi nunca descubren que un sospechoso detenido sabe de un atentado terrorista inminente en particular. La información de inteligencia es rara vez lo suficientemente buena para facilitar dicha advertencia específica y temprana. En cambio, el escenario de la bomba de relojería es una metáfora peligrosamente expansiva capaz de abarcar a todo el que pudiera tener conocimiento de futuros atentados terroristas no especificados. Después de todo, ¿por qué sólo las víctimas de un atentado terrorista inminente merecen protección mediante tortura? ¿Por qué no usar también la tortura para prevenir los atentados terroristas que puedan ocurrir mañana o la semana que viene o el año que viene? Y una vez que se haya acabado con el tabú contra la tortura, ¿por qué quedarse en los propios presuntos terroristas? ¿Por qué no usar la tortura también con sus familiares y aliados—cualquiera que pudiera ofrecer información que salve vidas? El terreno es muy resbaladizo.

Israel constituye un ejemplo instructivo de lo peligrosamente flexible que puede volverse la lógica de la bomba de relojería. En 1987, la Comisión Landau de Israel autorizó el uso de “presión física moderada” en situaciones de bomba de relojería. Una práctica justificada inicialmente como rara y excepcional, adoptada sólo cuando fuera necesaria para salvar vidas, que se convirtió gradualmente en un procedimiento normal. En poco tiempo, alrededor del 80 a 90 por ciento de los palestinos detenidos por razones de seguridad eran torturados—hasta que, en 1999, la Corte Suprema de Israel restringió la práctica.

También se han sugerido otros mecanismos para permitir la tortura sólo en situaciones excepcionales. Se podría pedir a los jueces que aprueben la tortura. Se podría requerir el consentimiento de los máximos niveles del Poder Ejecutivo. Sin embargo, al final, cualquier esfuerzo por regular la tortura termina por legitimarla e invitar a su repetición. “Nunca” no puede redimirse si puede interpretarse como “a veces”. La regulación se convierte con mucha facilidad en licencia. 

El gobierno de Bush intentó permitir sólo una coacción limitada mediante una regulación estricta, pero esto, como era de esperar, condujo a un uso más expansivo. Una vez que un gobierno permite a los interrogadores que incrementen el nivel de dolor, sufrimiento y humillación, el abuso grave no tardará en llegar. Esto se debe a la improbabilidad de que un terrorista curtido vaya a ceder por una incomodidad menor o niveles leves de dolor. Una vez que se permite la coacción, los interrogadores se sentirán tentados a intensificar el maltrato hasta que el sospechoso se venga abajo. Y de este modo, el trato cruel, inhumano o degradante dará paso a la tortura.

Como explican la mayoría de los interrogadores profesionales, y como confirma el manual de interrogatorio del Ejército de Estados Unidos, es mucho menos probable que la coacción en los interrogatorios produzca información fiable que los métodos comprobados desde hace tiempo del cuidadoso cuestionamiento, el sondeo y el cotejo de la información, y ganarse la confianza del detenido. Es probable que una persona sometida a un dolor intenso diga cualquier cosa que pueda detener la tortura. Pero un interrogador cualificado puede extraer frecuentemente información precisa del sospechoso más duro sin recurrir a la coacción.

Es más, una vez que se viola la norma contra la tortura, es difícil limitar las consecuencias. Los que se enfrentan al riesgo creciente de tortura no son sólo los “presuntos terroristas” sino cualquiera que se encuentre detenido en cualquier lugar del mundo—incluidos, por supuesto, los estadounidenses. Después de todo, ¿cómo puede protestar Estados Unidos el maltrato a sus tropas por parte de otros cuando sus carceleros no hagan más que lo que hace Washington con sus propios detenidos?

Además, poner en compromiso la prohibición de la tortura socava otros derechos humanos. Esto nos pone en peligro a todos, en parte por las arriesgadas implicaciones de la campaña contra el terrorismo. Después de todo, ¿por qué es aceptable violar la prohibición fundamental de la tortura pero no es aceptable violar la prohibición fundamental del ataque contra civiles? El torturador puede justificar su conducta apelando a una fuerza mayor, pero lo mismo hace la mayoría de los terroristas. En ninguno de los casos se debe permitir que el fin justifique los medios. 

La Unión Europea

Mientras Estados Unidos va perdiendo credibilidad en materia de derechos humanos, existe una necesidad urgente de asumir la responsabilidad de liderazgo. La Unión Europea (UE) es un candidato obvio, pero su desempeño ha sido inconsistente en el mejor de los casos. A nivel formal, la UE ha adoptado un orden basado en las reglas al afirmar que “el establecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos son la mejor manera de fortalecer el orden internacional”. También ha afirmado repetidamente que todas las medidas contra el terrorismo tienen que ser plenamente compatibles con los derechos humanos y el derecho humanitario internacionales. Y ha respaldado firmemente el naciente sistema internacional de justicia. 

Sin embargo, los propios gobiernos europeos han estado dispuestos a violar normas básicas de derechos humanos—incluso las relacionadas con la tortura. Suecia, por ejemplo, envío a dos presuntos terroristas a Egipto, cuyo gobierno ostenta un historial de tortura sistemática. Estocolmo intentó parapetarse detrás de las garantías diplomáticas del Cairo de que los hombres no serían maltratados, pero dichas garantías fueron ignoradas como era predecible. Alemania, los Países Bajos, Austria y el Reino Unido han devuelto también o intentado devolver a presuntos terroristas o personas que amenazan la seguridad a lugares donde corrían el riesgo de ser torturados. El Reino Unido se niega a descartar el empleo de información extraída mediante tortura en los procesos judiciales; su excusa es que no contrata él mismo la tortura, sino que se limita a recibir pasivamente sus frutos, a pesar de que su relación constante con aliados de los servicios de inteligencia termina por fomentar más tortura. 

Una erosión similar de las normas de derechos humanos que gobiernan la lucha contra el terrorismo puede encontrarse en ciertas prácticas de detención de los miembros de la UE. El gobierno del Reino Unido suspendió el cumplimiento de obligaciones fundamentales de derechos humanos para poder detener indefinidamente sin cargos ni juicio a ciudadanos extranjeros sospechosos de actividades terroristas. En España, los sospechosos de terrorismo pueden estar detenidos virtualmente incomunicados durante un máximo de 13 días, sin poder entrevistarse en privado con un abogado. Francia ejerce el derecho de detener sin cargos hasta tres años a los ciudadanos franceses liberados de Guantánamo.

Estas prácticas abusivas comprometen la capacidad de la Unión Europea de cubrir el vacío de liderazgo dejado por la adopción de la coacción en los interrogatorios por parte de Washington. En un momento que reclama un distanciamiento de las equivocadas prácticas estadounidenses, la Unión Europea parece estar optando por emularlas. Es inmediatamente necesario un nuevo compromiso claro con los principios de derechos humanos para que la Unión Europea sirva de contrapeso efectivo a la influencia insidiosa de Washington sobre las normas de derechos humanos.

El camino por delante

La fortaleza del compromiso de los gobiernos con los derechos humanos se medirá, en gran parte, en función de la respuesta a dos retos actuales. Frente a las atrocidades patrocinadas por el gobierno sudanés en Darfur, ¿continuará el mundo viendo como se desarrolla la limpieza étnica, o responderá de manera significativa para acabar con el asesinato, la violación, los incendios y el desplazamiento forzado, y forzará al gobierno sudanés a crear condiciones de seguridad para que los desplazados pueden retornar a salvo a sus hogares? La respuesta determinará si el mundo puede argumentar creíblemente que hay límites a los horrores que permitirá que un gobierno inflija a su pueblo. 

Frente a las pruebas sustanciales que demuestran que los abusos en Abu Ghraib y otros lugares fueron causados en gran parte por las políticas oficiales del gobierno, ¿continuará Estados Unidos tratando la tortura de detenidos como la mala conducta espontánea de unos cuantos soldados de bajo rango, o permitirá la creación de una comisión de investigación totalmente independiente, al estilo de la del 11 de Septiembre—el primer paso para reconocer las dimensiones políticas del problema, castigar a los responsables y comprometer a Estados Unidos a poner fin a toda coacción en los interrogatorios? Estas medidas son necesarias para reafirmar la prohibición de la tortura y el maltrato, redimir a Washington como creíble promotor de los derechos humanos, y restaurar la efectividad de una campaña contra el terrorismo liderada por Estados Unidos. 

En ninguno de los casos la respuesta apropiada será fácil. Salvar a la población de Darfur requerirá un compromiso significativo de fuerzas y recursos internacionales. Reconocer la dimensión del problema de Abu Ghraib será políticamente vergonzante. Sin embargo, ambas medidas son necesarias. Ha llegado el momento de mirar más allá de las excusas y las racionalizaciones convenientes para reafirmar lo que deberían ser los principios rectores de derechos humanos para todos los países.

Enero de 2005

[*] El autor es director ejecutivo de Human Rights Watch.


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