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Violaciones a los Derechos Humanos y la Guerra Anti-Drogas
(New York: Human Rights Watch, 1995) El Presidente Clinton, al igual que sus predecesores republicanos, ha convertido a los países andinos de Bolivia, Colombia y Perú en el foco de su estrategia internacional anti-drogas. Dentro de esta triada, Bolivia (que ocupa el segundo lugar después de Perú como productor de hoja de coca, y el segundo puesto después Colombia como productor de cocaína refinada) ha sido el mayor receptor de asistencia, personal y presión anti-drogas por parte de los EE. UU. El impacto de todos estos factores sobre Bolivia no puede ser mayor: el gobierno boliviano ha aprobado leyes, creado instituciones y adoptado estrategias anti-drogas delineadas por los intereses estadounidenses, y que dependen del financiamiento de este país. Los EE. UU. financian y equipan a la policía especial anti-drogas boliviana, y tienen destacado a un gran número de agentes de la Agencia de Lucha Anti-Drogas (DEA, siglas en inglés) en Bolivia para entrenarla y asesorarla. Los Estados Unidos también financian y brindan asistencia técnica a todas las agencias bolivianas que participan en actividades anti-drogas.
Robert Gelbard, Sub-Secretario de
Estado para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos
y Fuerzas del Orden, insiste en que "la asistencia anti-drogas [estadounidense]
puede ser una fuerza poderosa para lograr el avance, en lugar de retardar,
los objetivos de derechos humanos en el continente..."(1)
Sin embargo, la asistencia anti-drogas de los EE.UU. en Bolivia ha apoyado
programas y políticas empañados por graves abusos a los derechos
humanos:
Las autoridades estadounidenses desestiman
o restan importancia a los abusos cometidos por las fuerzas anti-drogas
bolivianas que reciben apoyo de los EE. UU. En cierta medida, ello es el
resultado de una comparación de los antecedentes recientes de Bolivia
en materia de derechos humanos, con otros países de la región
andina. Desde el término del gobierno militar en 1982, Bolivia se
ha visto mayormente libre de graves incidentes de violencia política
y abusos a los derechos humanos;(2) es preciso
reconocer que Bolivia ha estado a salvo de las brutales masacres y desapariciones
que han plagado a Colombia y Perú.(3)
Sin embargo, la actitud de los EE. UU. parece reflejar una decisión
de no apartarse de la meta principal de luchar contra el tráfico
de drogas, y una voluntad de omitir las violaciones a los derechos humanos
que aparecen en la búsqueda de tal objetivo. Cuando Human Rights
Watch/Americas preguntó a un alto funcionario de la DEA en Bolivia
sobre la realización de interrogatorios donde se perpetran abusos
por parte de la policía boliviana, éste reconoció
el problema pero dijo simplemente que "los bolivianos tienen su manera
de hacer las cosas" y que "no nos corresponde interferir". Las autoridades
estadounidenses están muy al tanto de la fama de "ladrones y rufianes"
de que goza la UMOPAR, policía anti-drogas rural, pero se resisten
a hacer valer la influencia de los EE. UU. para presionar por reformas
adecuadas. Los esfuerzos realizados por los EE. UU. para mejorar el historial
de UMOPAR en materia de derechos humanos ha consistido básicamente
en incluir un componente de derechos humanos en la capacitación
básica de la agencia, tratar de asegurarse de que los puestos principales
sean ocupados por "buenos hombres", y tomar parte en supervisión
específica, necesariamente limitada a los casos más flagrantes.
Human Rights Watch/Americas considera
que los Estados Unidos deben prestar más atención al problema
de la conducta abusiva por parte de la policía anti-drogas. No descartamos,
sin embargo, la importancia de los esfuerzos estadounidenses en otras áreas
relacionadas a los derechos humanos. El financiamiento y asistencia técnica
por parte de los EE. UU. contribuyen al fortalecimiento de las instituciones
que pueden favorecer la adhesión al imperio de la ley en Bolivia.
Los Estados Unidos han proporcionado asistencia técnica y financiamiento
para modernizar y mejorar la eficiencia y efectividad de los tribunales
bolivianos que actualmente trabajan bajo anacrónicos sistemas de
manejo de casos y anticuados procedimientos legales, para profesionalizar
la capacidad investigativa y de acopio de información de inteligencia
policial, y para capacitar a fiscales sobre cómo organizar procesos
legales contundentes respaldados por evidencias sólidas. Además,
los EE. UU. están brindando asistencia técnica para ayudar
a desarrollar el recientemente creado sistema de defensores públicos.
Después de más de un siglo de inestabilidad política, incluyendo 20 años de gobierno militar que acabaron en 1982, Bolivia ha iniciado recientemente la difícil tarea de consolidar un gobierno democrático. Promover tal esfuerzo es uno de los principales objetivos de política exterior estadounidense en Bolivia, el cual, en opinión de las autoridades de los EE.UU., es complementado por el objetivo de la lucha anti-drogas. De hecho, al justificar ante el Congreso su última solicitud de fondos para Bolivia del presupuesto de la Oficina Internacional de Asuntos de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley, el Departamento de Estado insistió en que "ni una democracia más robusta ni una economía estable y floreciente son posibles bajo las constantes amenazas del crimen, violencia y corrupción vinculados a las drogas, abuso Interno de estupefacientes y daño ambiental causado por la producción y tráfico ilegal de narcóticos".(4) No hay duda de que el tráfico de drogas amenaza la democracia y el imperio de la ley en Bolivia, al igual que en el resto de América Latina. El narcotráfico subvierte y corrompe las esferas de gobierno, los poderes Legislativo y Judicial, la Policía, las Fuerzas Armadas y otras instituciones públicas. Sin embargo, también es cierto que, tal como lo reconocen algunas autoridades estadounidenses y bolivianas, las actividades anti-drogas que no respetan los derechos humanos pueden en sí mismas subvertir el objetivo mayor de promover los valores democráticos. Hechos recientes ocurridos en Bolivia subrayan los riesgos que las actividades anti-drogas suponen para la democracia y el respeto a los derechos humanos, y el papel desafortunado que los EE.UU. juegan en exacerbar tales peligros. El 2 de marzo pasado, los EE.UU. informaron a Bolivia que cortarían la asistencia a este país y votarían en contra del otorgamiento de préstamos por parte de la banca multilateral si el gobierno boliviano no adoptaba ciertas medidas anti-drogas, incluyendo la erradicación de 1,750 hectáreas de cocales antes del 30 de junio. Tal ultimátum, que provocó furor en los círculos políticos bolivianos, llegó en momentos en que el gobierno de ese país se encontraba ya fuertemente apremiado por otras tensiones políticas domésticas. El 18 de abril, en medio de tensiones políticas crecientes, el gobierno declaró un estado de sitio, suspendió ciertas garantías constitucionales y empezó a tender un cerco alrededor de los dirigentes sindicales que tenían un papel destacado en la oposición pública a iniciativas gubernamentales. No disponemos de cifras precisas, pero se estima que aproximadamente 400 personas fueron arrestadas; la mayoría fueron detenidas administrativamente y enviadas --sin acusación previa o revisión judicial-- a establecimientos públicos, incluyendo cuarteles militares ubicados en zonas remotas del país. El gobierno supuestamente declaró el estado de sitio para poner fin a las violentas manifestaciones perpetradas por los sindicatos de maestros. Pero también empleó la suspensión de las garantías constitucionales para silenciar a quienes se opusieran a la realización de las acciones anti-drogas exigidas por los EE.UU. Entre los detenidos se encontraban dirigentes de los campesinos cocaleros que habían luchado contra los intentos de erradicación del gobierno. El claro intento del gobierno era emplear la detención de estos dirigentes para ejercer presión sobre los cocaleros y sus aliados políticos en el marco de un debate sobre cómo respondería el gobierno ante el ultimátum de los EE. UU. Creemos que el estado de sitio ilustra un patrón más amplio empleado en Bolivia, a través del cual la presión estadounidense por mostrar resultados en la lucha anti-drogas puede subvertir el imperio de la ley. Presionados con la pérdida del crítico apoyo económico por parte de los EE. UU. si no se decidían a combatir el cultivo de la hoja de coca, pero sin contar con un fuerte apoyo popular en favor de tal medida, el gobierno boliviano ha reaccionado eludiendo su obligación internacional de proteger los derechos humanos de su pueblo. En momentos en que este documento ingresa a prensa, todos los detenidos bajo el estado de sitio habían sido liberados. La suspensión de las libertades bajo el estado de sitio debe concluir a mediados de julio, cuando expira el período de 90 días para la concesión de poderes de emergencia según la Constitución boliviana. En este informe, Human Rights Watch/Americas evalúa el impacto que las políticas anti-drogas tienen sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia. Nos concentramos principalmente en los efectos de la Ley 1008 y en el respeto a los derechos humanos en la región del Chapare, que produce la mayor parte de la hoja de coca en Bolivia destinada a la producción de cocaína. El gobierno boliviano tiene, por supuesto, la responsabilidad primordial por garantizar que sus agentes y leyes cumplan con las disposiciones internacionales de derechos humanos. Pero el gobierno de los Estados Unidos también es responsable por asegurar que sus funcionarios no facilitan o aprueban violaciones a los derechos humanos. Hay muchas reformas que mejorarían el respeto a los derechos humanos como parte de los operativos anti- drogas en Bolivia. Human Rights Watch/Americas considera que los siguientes son primeros pasos indispensables y practicables:
CAPÍTULO II ANTECEDENTES 1. Declaración de Robert Gelbard, Sub-Secretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Fuerzas del Orden, ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, 22 de junio de 1994. 2. En consecuencia, las organizaciones internacionales de derechos humanos han prestado poca atención a Bolivia. Human Rights Watch/Americas publicó previamente dos informes cortos sobre Bolivia, ambos referidos al juicio contra el dictador General Luis García Meza. Ver los informes de Americas Watch "Bolivia: The Trial of Responsibilities; The García Meza Tejada Trial" [Bolivia: El Juicio de Responsabilidades; Juicio a Luis García Meza] (New York: Human Rights Watch, 1993); y "Bolivia: Almost Nine Years and Still No Verdict in the 'Trial of Responsibilities'" [Bolivia: Casi Nueve Años y Aún No Hay un Veredicto en el "Juicio de Responsabilidades"] (New York: Human Rights Watch/Americas, 1992). 3. Human Rights Watch/Americas ha informado ampliamente sobre violaciones a los derechos humanos en Perú y Colombia, especialmente las ocurridas en el contexto de las tácticas de "guerra sucia" implementadas por el gobierno y fuerzas paramilitares contra la subversión. Ver, por ejemplo, los informes de Americas Watch titulados "State of War: Political Violence & Counterinsurgency in Colombia" [Estado de Guerra: Violencia Política y Contra-Insurgencia en Colombia] (New York: Human Rights Watch/Americas, 1993); "Political Murder and Reform in Colombia: The Violence Continues" [Asesinato Político y Reforma en Colombia: La Violencia Continúa] (New York: Human Rights Watch/Americas, 1992); "The 'Drug War' in Colombia: The Neglected Tragedy of Political Violence" [La Guerra Anti-Drogas en Colombia: La Tragedia Olvidada de la Violencia Política] (New York: Human Rights Watch/Americas, 1990); "Peru: Anatomy of a Cover-up. The Disappearences at La Cantuta" [Perú: Anatomía de un Encubrimiento. Las Desapariciones de La Cantuta] (New York: Human Rights Watch/Americas, 1993); "Human Rights in Peru: One Year After Fujimori's Coup" [Derechos Humanos en el Perú: Un Año Después del Golpe de Fujimori] (New York: Human Rights Watch/Americas, 1993). 4. Presentación de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Fuerzas del Orden ante el Congreso de los EE.UU. para el año fiscal 1996 (Washington: Departamento de Estado de los EE.UU., 1995), p. 1. 5. Según la Constitución boliviana, el Defensor del Pueblo tendría la responsabilidad expresa de velar por los derechos humanos y promover el respeto de los mismos por parte de las autoridades públicas. Ver Constitución Política del Estado, artículos 127-131. CAPÍTULO II ANTECEDENTES REGRESAR AL PRINCIPIO |
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