(Dublín) - El Gobierno irlandés busca activamente restringir el acceso a servicios e información del aborto tanto dentro de Irlanda como para los residentes que buscan atención en el extranjero, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 57 páginas, "A State of Isolation: Access to Abortion for Women in Ireland" (Un estado de aislamiento: Acceso al aborto para mujeres en Irlanda), detalla cómo las mujeres luchan para superar la carga financiera, logística, física y emocional impuesta por las leyes y políticas restrictivas que las obligan a buscar atención en el extranjero , sin el apoyo del Estado. Cada año miles de mujeres y jóvenes viajan desde Irlanda a otros países europeos para obtener servicios de aborto.
"Las mujeres que necesitan servicios de aborto deben, de acuerdo a los principios de derecho internacional y - francamente- de decencia humana, ser capaces de contar con el apoyo de su Gobierno mientras enfrentan a una situación difícil", dijo Marianne Mollmann, directora de defensa y promoción de derechos de la mujer para Human Rights Watch. "Pero en Irlanda son ignoradas, estigmatizadas y castigadas".
En Irlanda, el aborto está legalmente restringido en casi todas las circunstancias, con posibles sanciones de trabajos forzados vitalicios tanto para los pacientes como para los proveedores de servicios, excepto cuando la vida de la mujer embarazada está en peligro, pero hay poca orientación jurídica y normativa sobre cuándo, concretamente, un aborto puede ser realizado legalmente en Irlanda. Como resultado, algunos médicos son renuentes incluso a facilitar el análisis prenatal para detectar graves anormalidades en el feto, y muy pocas - si alguna - mujeres tienen acceso a abortos legales en el país. El Gobierno ha indicado que actualmente no tiene planes para aclarar el posible alcance de las sanciones penales. El Gobierno no mantiene datos sobre los abortos legales e ilegales llevados a cabo en Irlanda, o del número de mujeres que viajan al extranjero para obtener estos servicios.
"La legislación irlandesa sobre el aborto es en sí misma una afrenta a los derechos humanos", dijo Mollmann. "Pero se ve agravada por el hecho de que incluso aquellas que pueden calificar para un aborto legal en Irlanda no pueden conseguirlo debido a las políticas deliberadamente oscuras que llevan una amenaza implícita de enjuiciamiento".
Pero las mujeres también se enfrentan a un sabotaje más activo de sus decisiones de salud por el Estado. A lo largo de las últimas dos décadas, el Gobierno irlandés ha utilizado mandamientos judiciales para impedir que personas viajen al extranjero para obtener servicios de aborto. Recientemente, en 2007, una joven de 17 años de edad bajo la custodia de la Dirección de Servicios de Salud tuvo que ir ante una corte para obtener permiso para viajar al Reino Unido para un aborto.
Las organizaciones que proporcionan información sobre cómo acceder a servicios de aborto en el extranjero se enfrentan a restricciones sobre cuándo y cómo esta información puede ser legalmente transmitida, bajo amenaza de sanciones. Y el Gobierno no hace nada para evitar que los organismos "delincuentes", que se presentan como proveedores de información sobre el aborto, circulen descaradamente información engañosa y falsa.
"Las mujeres no deberían tener que tomar decisiones sobre su salud y vida basadas en mentiras", dijo Mollmann. "Sin embargo, la legislación deja a los organismos ‘renegados’ sin regulación y amenaza a los proveedores de servicios honestos con multas o sanciones peores si ayudan a una mujer angustiada a realizar una llamada telefónica a una clínica en el extranjero".
