(Nueva York) - El rey Abdullah debería de tomar acciones adicionales para convertir sus reformas -hasta el momento meramente simbólicas- en garantías institucionales, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Al convertir promesas en ley la monarquía puede asegurar beneficios a largo plazo para sus ciudadanos, dijo Human Rights Watch.
El informe de 52 páginas, "Looser Rein, Uncertain Gain" (Rienda floja, beneficio incierto) aborda cinco años de reformas sauditas bajo el rey Abdullah desde una perspectiva de derechos humanos. El informe devela que la reforma ha significado principalmente una mayor tolerancia hacia la diversidad de opiniones y un mayor papel de la mujer en la vida pública, pero las iniciativas reales han sido principalmente simbólicas, con pocos avances concretos o protecciones institucionales de los derechos.
"En caso de que disminuya el entusiasmo del rey por la reforma, o sus sucesores tomen un camino más conservador, su legacía sería meramente un breve respiro de aire fresco, pero no una reforma institucional", dijo Christoph Wilcke, investigador principal de Oriente Medio para Human Rights Watch.
Es meritorio del rey Abdullah que su gobierno tenga una visión introspectiva, que haya hecho un autoanálisis de sus deficiencias y haya tomado pasos para abordarlas después de los ataques del 11 de septiembre en objetivos estadounidenses, así como otros ataques en lugares occidentales y sauditas dentro del Reino en 2003 y 2004.
El rey Abdullah ha promovido la idea de modernizar el aparato estatal de Arabia Saudita, haciéndolo más eficiente y de alguna manera más transparente; ha alentado un re-análisis público, hasta cierto punto, de la situación subordinada de la mujer y las minorías religiosas; permitido un mayor debate y discusión en los medios de comunicación; y promovido la justicia penal. Sin embargo, estos pasos, aunque han creado una atmosfera más propicia para el cambio, no han sido acompañados de cambios en las leyes y códigos, aplicación de la ley o rendición de cuentas, Human Righs Watch señaló.
Las nuevas libertades del país no son, en su mayoría, ni amplias ni firmes, dijo Human Rights Watch. Han puesto al establecimiento religioso a la defensiva, pero debido a su naturaleza limitada sugieren que la elite sigue realizando pruebas, indecisa sobre el tipo de gobierno y sociedad que quiere alentar.
La reforma ha sido acompañada por un polémico debate sobre su paso y alance, dijo Human Rights Watch. Los reformadores liberales han demandado una constitución, un parlamento electo, igualdad para la mujer y las minorías religiosas, así como libertad de expresión sin restricciones. Los conservadores -usualmente clérigos y otros que usan lenguaje religioso- han defendido el estatus quo para mantener su influencia en la judicatura, educación, asuntos islámicos y en la policía de la moralidad pública.
Los opositores a las reformas también provienen del aparato de seguridad, el cual asegura la aplicación de las prohibiciones de partidos políticos, manifestaciones públicas, y huelgas organizadas, y menoscaba los intentos de hacer rendir cuentas a sus agencias por violaciones a los derechos.
El rey Abdullah debería iniciar una legislación para erradicar la discriminación en contra de las mujeres y las minorías religiosas e instaurar protecciones para la libertad de expresión, dijo Human Rights Watch. Un primer paso significativo sería crear un código penal, el cual el país carece, y asegurarse de que incluya protecciones a los derechos humanos.
El informe dice que los avances más concretos, aunque modestos, de las mujeres bajo el reino de Abdullah han incluido un cambio de política en 2008 para permitir a las mujeres hospedarse en hoteles sin un tutor varón y un cambio en el código laboral en 2005 que permite a las mujeres trabajar en todos los ámbitos "adecuados a su naturaleza". Las mujeres ahora pueden estudiar derecho en las universidades, pero no pueden ejercer como abogados en cortes.
Sin embargo, la discriminación sistemática en contra de las mujeres persiste, dijo Human Rights Watch. Bajo el sistema de tutoría saudita, las mujeres todavía tienen el estado legal de los menores, no pueden tomar decisiones básicas sin el consentimiento de un tutor varón, incluso para decisiones sobre matrimonio, educación, empleo, ciertos tipos de cuidados a la salud o viajes. El Gobierno no ha cumplido con su promesa de abolir el sistema de tutoría.
"Las mujeres se están inmiscuyendo crecientemente en el mercado laboral", dijo Wilcke, "pero todavía no pueden trabajar sin el consentimiento de sus familiares varones".
No ha habido cambios institucionales para garantizar la libertad de expresión, a pesar de que los funcionarios han tolerado más criticismo público hacia Gobierno, dijo Human Rights Watch. Los medios de comunicación sauditas han develado comportamientos abusivos por parte de la policía religiosa y han dado una voz prominente a temas que previamente eran considerados tabús, como la violencia doméstica. Sin embargo, aún existen puntos rojos. El Gobierno continúa controlando la asignación de editores y castigando a los que critican a los miembros de la monarquía, las políticas gubernamentales o a los altos clérigos.
El Gobierno inició la reforma judicial en 2007, con una legislación que requiere la creación de cortes especializadas y con la asignación de miles de millones de riales para entrenamiento judicial. Sin embargo, las cortes que se planearon de comercio, trabajo, familia, penales y de tráfico aún no han sido creadas. Y el desempeño de los nuevos jueces rápidamente entrenados ha dado lugar a críticas, incluso por parte de jueces sauditas con más experiencia.
Adicionalmente, el país aún carece de un código penal, lo que permite a los jueces una discreción casi total para decidir qué comportamientos constituyen un delito penal. Por ejemplo, los jueces siguen encarcelando y sentenciado a personas por "brujería".
No ha habido avances institucionales en el tema de la tolerancia religiosa, dijo Human Rights Watch. En 2003, el rey inició la serie Diálogos Nacionales para atraer a saudíes de diversas opiniones para discutir temas sensibles, incluyendo el extremismo religioso y la tolerancia. En 2008, la Liga Musulmana Mundial, con el apoyo del rey, inició una Iniciativa de Diálogo Interreligioso en La Meca y lo llevó a España, la ONU y Suiza. Ninguno de estos diálogos ha abordado la necesidad de mejorar los derechos de las minorías religiosas dentro del Reino.
"Mientras que el rey recibe a rabinos en Madrid, los funcionarios locales siguen arrestando a sauditas chiitas por orar juntos en casas", dijo Wilcke.
Los trabajadores migrantes, quienes constituyen alrededor de un tercio de la población, continúan sufriendo bajo el yugo de un sistema de "patrocinio", el cual liga su estado migratorio al patrocinio de un empleador. Una regulación laboral de 2007 permitió a los trabajadores migrantes transferir su empleo a un nuevo empleador después de un año, pero solo con el consentimiento del previo empleador. En 2010, el Gobierno incrementó ese periodo a dos años. Los migrantes no pueden dejar el país sin el consentimiento del patrocinador.
En 1980, la sociedad saudita experimentó pasos reaccionarios que afectaron el disfrute de los derechos con el apoyo gubernamental. Ese periodo sirve de recordatorio de que se necesita la voluntad política para realizar significativos cambios institucionales y legislativos para evitar que los futuros gobiernos reviertan fácilmente los avances limitados del país, dijo Human Rights Watch.
"La repetida explicación de funcionarios gubernamentales de que el Gobierno saudita es más progresivo que su gente no debe servir como una excusa para la falta de acción", dijo Wilcke. "El papel del Gobierno es liderar a su gente para asegurar la protección de los derechos de todos los sauditas, no solo de la esquina conservadora".
Recomendaciones de Human Rights Watch para el rey Abdullah
Promulgar leyes para:
- Abolir el sistema de tutoría varonil de las mujeres y afirmar y consolidar positivamente la equidad de la mujer, incluso en cuestiones laborales.
- Abolir el sistema de patrocinio de los trabajadores migrantes, en particular el requisito del consentimiento del empleador para transferir el empleo y obtener un visado de salida.
- Codificar la ley de estatuto personal y penal, de acuerdo a la legislación internacional de derechos humanos que requiere que la ley sea predecible y no arbitraria.
- Proteger a las mujeres y niñas de la violencia de género, incluyendo del matrimonio a temprana edad.
- Regular el establecimiento de las organizaciones de las sociedad civil, de acuerdo a la legislación internacional de derechos humanos; y
- Ampliar las protecciones laborales a los trabajadores domésticos.
Asegurar la aplicación de:
- Equidad en los derechos de las mujeres, incluso para manejar o estudiar, indicando a todos los organismos involucrados que las mujeres no necesitan el consentimiento de un tutor varón;
- Disposiciones para un juicio justo en el Código de Procedimientos Penales y La Ley de Abogados, incluyendo las disposiciones recientemente aprobadas de asesoría gratuita para los acusados de delitos;
- Acceso de las mujeres a la justicia y a las cortes, garantizando el derecho de la mujer a comparecer y la provisión de asesoría legal gratuita;
- Libertad de culto para los chiitas, especialmente en áreas donde existe una gran población chiita, incluyendo libertad para la construcción y mantenimiento de mezquitas y husseiniyyas (centros religiosos chiitas), impresión, importación y distribución de materiales religiosos, y la organización de ceremonias publicas religiosas; y
- Equidad en el empleo y acceso a instituciones de educación superior, inclusyendo en los servicios de seguridad, altos cargos ministeriales, locales y provinciales así como en el Consejo de la Shura y academias militares.
Hacer rendir cuentas a:
- Funcionarios de seguridad que ordenaron arrestos o detenciones arbitrarias y el maltrato de personas bajo su custodia.
- Los jueces que ignoraron la legislación saudita y la legislación internacional de derechos humanos sobre los derechos al debido proceso y el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, reunión, asociación y religión;
- Funcionarios gubernamentales que discriminaron sobre la base de género, religión, origen nacional o social; y
- Los empleadores que confiscaron pasaportes de trabajadores migrantes, no pagaron sus salarios, y confinaron por la fuerza a trabajadores domésticos migrantes y violaron de otra manera la legislación saudita.
