Carta al Presidente Correa sobre declaraciones contra ONGs

Washington, D.C.,

Excmo. Presidente Correa,

Me dirijo a S.E. con el propósito de expresarle nuestra preocupación por sus declaraciones públicas en las cuales acusó a organizaciones no gubernamentales de “desestabilizar” al gobierno y cuestionó la posibilidad de que organizaciones de este tipo, como la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), puedan recibir financiamiento de donantes extranjeros. Si bien en Ecuador existe una sociedad civil activa y crítica del gobierno, este tipo de declaraciones por parte de altos funcionarios generan un ambiente de hostilidad que, en la práctica, debilita el papel que pueden jugar estas organizaciones para promover y proteger derechos humanos en el país.

El 25 de junio, en su programa “Enlace Ciudadano” que se trasmite los sábados, S.E. señaló que Fundamedios y Participación Ciudadana —otra organización no gubernamental— habían recibido fondos de USAID. Durante su discurso, afirmó que “la nueva táctica de la extrema derecha... es tener estas fundaciones y con eso financiar la desestabilización de gobiernos progresistas”^[1].

Fundamediosrespondió que ha cumplido con las normas y regulaciones sobre recepción de fondos del extranjero y que los fondos de USAID que puedan haber recibido lo hicieron indirectamente, debido a que forman parte de una coalición de organizaciones no gubernamentales financiadas por USAID^[2].

Sin embargo, el Secretario de Comunicaciones Fernando Alvarado emitió inmediatamente una carta pública de respuesta en la cual expresó dudosas acusaciones sobre el trabajo de Fundamedios. En la carta se afirma que las organizaciones no gubernamentales son responsables de implementar “estrategias políticas y tácticas militares montadas para crear confusión o promover corrientes de opinión pública favorables a los intereses de algunos de sus financistas”. También se acusa a Fundamedios de “desestabilizador” ya que, según la carta, la organización afirma “sin pruebas que en Ecuador, la democracia y el respeto a los derechos humanos están en peligro y prom[ueve] un ambiente de agitación social sin fundamento alguno”^[3].

Durante el “Enlace Sabatino” trasmitido el sábado siguiente, S.E. insistió en que “la nueva estrategia de la extrema derecha continental, empezando por la extrema derecha de los Estados Unidos, es financiar una serie de estas supuestas organizaciones sociales… para hacer política, para imponer ideologías, para conspirar contra los gobiernos democráticos y progresistas”. Luego de volver a sostener que Fundamedios había recibido fondos de USAID, sostuvo que hay que tener “cuidado con esas organizaciones sociales financiadas por grupos de extrema derecha de los Estados Unidos y que son partidos políticos fracasados que no ganan elecciones y en nombre de organizaciones sociales nos quieren imponer su agenda”^[4].

Las organizaciones no gubernamentales deben operar dentro del marco de la ley y podrán estar sujetas a sanciones si no lo hacen. No obstante, este tipo de ataques públicos infundados y acusatorios proferidos por el Presidente y altos funcionarios contra ONGs que actúan dentro de la legalidad constituye una forma de hostigamiento inaceptable. Estas acusaciones sin sustento resultan especialmente problemáticas en un momento en que el gobierno de S.E. evalúa la posibilidad de someter el trabajo de las organizaciones no gubernamentales a medidas reglamentarias que podrían debilitar severamente su capacidad de trabajar en forma independiente^[5].

Según el derecho internacional, el gobierno tiene la obligación de no obstruir el trabajo legítimo que realizan los defensores de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho hincapié en la importancia del trabajo de los defensores de derechos humanos al expresar, por ejemplo, que “el respeto de los derechos humanos en un Estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades, y que es conveniente prestar particular atención a acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de derechos humanos”^[6].

Concretamente, con respecto al financiamiento internacional, el artículo 13 de la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos señala que “[t]oda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales”^[7].

Es evidente que contar con una sociedad civil vigorosa contribuye al debate público y a la implementación de medidas para fortalecer el ejercicio de derechos básicos. Por ello, lo instamos respetuosamente a que Ecuador cumpla con su obligación jurídica internacional de asegurar que estas organizaciones puedan desarrollar sus actividades en el país sin enfrentarse a un ambiente de hostilidad que resulta perjudicial para este importante trabajo. En particular, lo instamos a que cesen los ataques infundados contra Fundamedios para que esta institución pueda continuar ejerciendo sus funciones para promover y proteger la libertad de expresión en Ecuador.

Atentamente,

José Miguel Vivanco
Director para las Américas
Human Rights Watch