KILIS, Turkey — Había pasado casi un año desde la última vez que estuve en Kilis, una ciudad turca justo en la frontera con Siria, pero era fácil ver los cambios: el flujo de periodistas extranjeros y trabajadores de organizaciones no gubernamentales internacionales llegando a las zonas rurales circundantes de Alepo se había secado, mientras que habían entrado muchos más sirios. El hospital local estaba en obras de ampliación y se estaban levantando nuevos edificios en toda la ciudad.
Sin embargo, el hotel donde me alojé estaba inquietantemente tranquilo, húmedo y polvoriento; había sido abandonado por los periodistas y los trabajadores de ayuda humanitaria, ya que su trabajo en el norte de Siria se había vuelto demasiado peligroso debido a la presencia de grupos armados extremistas que operaban en la zona. El congelador de helados, tan popular la última vez, había sido arrastrado a un rincón oscuro. Las calles estaban llenas de banderas políticas, señales de las inminentes elecciones locales turcas. También estaban repletas de gente: sirios que han alquilado casas y hacen compras en los mercados de esta ciudad. Según algunos parámetros, la población se ha duplicado en tamaño desde la llegada en masa de los refugiados. Un cooperante local me dijo que en los últimos cinco meses, desde que el gobierno sirio comenzó su asalto aéreo en Alepo, entre 5.000 y 6.000 familias de la ciudad del norte de Siria habían buscado refugio en Kilis.
Pero eran los propios sirios los que habían cambiado más. Venían de las mismas ciudades del norte que aquellos a los que había conocido en viajes anteriores: Marea, Tal Rifaat, Hreitan, Alepo y otras. Sin embargo, ya no hablaban de revolución ni de luchar para alcanzar la libertad y la democracia en Siria. Hablaban de su miseria, de los corruptos que se llenaban los bolsillos a costa de su desesperación. Tan hospitalarios como siempre, me ofrecieron té dulce y, una vez, como un símbolo aún más desesperado de los tiempos difíciles que corrían, un té sin azúcar. Sin embargo, estaban enojados y abandonados.
La mayoría se estaba yendo de Siria a causa de las bombas de cañón que empleaban en Alepo y en los alrededores. Estas bombas con alto potencial explosivo y no guiadas, que se producen económicamente a nivel local y que están rellenas de explosivos, chatarra, clavos y otros materiales para mejorar la fragmentación, son lanzadas por el ejército sirio desde helicópteros sobre áreas densamente pobladas. Utilizadas de esta manera, las bombas son incapaces de distinguir entre civiles y combatientes, lo que hace que estos ataques sean ilegales bajo el derecho internacional humanitario. “Si él nos dejase un rincón para escondernos, nos quedaríamos”, exclamó una mujer.
Los bombardeos se habían vuelto tan frecuentes que muchos civiles concluyeron que el gobierno los estaba atacando intencionalmente. Un grupo local, el Centro de Documentación de Violaciones, estima que desde que comenzó la campaña aérea en noviembre, 2.321 civiles han perdido la vida en Alepo a manos de las bombas de barril.
Los refugiados sirios en ocasiones arremetieron contra mí, porque para ellos represento el rostro de la comunidad internacional. Una vez, para mi triste sorpresa, una discusión sobre la respuesta (o la ausencia de ella) de la comunidad internacional al conflicto hizo que estallara en lágrimas un refugiado que había sido desplazado ya dos veces de Alepo y cuya edad superaba la de mi padre. Él había visto más muerte y miseria de lo que la mayoría puede soportar en una vida: “Un padre vino a buscar a su hijo que viajaba en el minibús que había sido alcanzado [por un misil]”, contó, describiendo entre lágrimas uno de los ataques. “Lo único que encontró fue la matrícula”.
“Eso es todo. Ya no quedaba nada”.
Las mujeres no eran diferentes. Argumenté la necesidad de que se documentaran en mayor profundidad los abusos en Siria, pero me respondieron: “¿Para qué? El mundo entero ya sabe que nos estamos muriendo”, dijo una. “El mundo entero nos está mirando y, con profundo pesar, no está haciendo nada”, dijo otra. “¿Dónde está la ayuda humanitaria”, se preguntaron.
Visité una casa donde vivían cerca de 100 personas, después de haber entrado ilegalmente a Turquía para escapar de las bombas de barril. Habían pagado aproximadamente US$20 cada uno a un contrabandista para escapar, y no tenían apenas nada más. Con los campos de refugiados turcos llenos hasta el límite, en las zonas residenciales de Kilis dormían hasta 20 personas por habitación y no recibían ninguna asistencia humanitaria. Sólo estaban comiendo, me dijeron, gracias a la generosidad de los desconocidos.
Los padres no se separaban de sus hijos y lloraban por aquellos a los que habían perdido. Una madre había perdido el contacto con su hijo, que fue reclutado a la fuerza por el ejército: "No sé nada de él”, dijo. Mientras, su otro hijo estaba luchando con los rebeldes. Las madres pedían ayuda para encontrar repuestos para los miembros que les faltaban a sus hijos y tratamiento para piernas y brazos paralizados.
Los niños también hablaron conmigo. “Están utilizando bombas de cañón para matar a la gente”, me dijo una niña de nueve años que había perdido las dos piernas. “Estoy aprendiendo a caminar de nuevo con la fisioterapia. Quiero volver a la escuela”.
Sus palabras, palabras que llevamos repitiendo durante ya más de tres años, me persiguen: si las bombas de barril dejaran de caer, todos nos iríamos a casa. Nadie nos está ayudando. ¿Cómo puedes ayudarme?
Existe un mecanismo legal para ayudar a estas personas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución el 22 de febrero que por primera vez condenaba estos ataques indiscriminados contra civiles, incluido el uso de bombas de cañón, y exigía al gobierno sirio que los detuviera. La resolución destacaba que las violaciones contra civiles “pueden constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad” y expresaba la intención del Consejo de Seguridad de “adoptar nuevas medidas en el caso de incumplimiento de la presente resolución”.
El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki -moon, presentará un informe sobre la aplicación de la resolución el 28 de marzo. Cuando lo haga, tendrá que llevar la voz de estos refugiados a los salones del Consejo de Seguridad. A su vez, los miembros del Consejo de Seguridad tienen que dejar claro que la resolución es más que palabras sobre papel: se trata más bien de un compromiso con estas personas para tomar medidas destinadas a detener los ataques ilegales contra ellos.
El Consejo de Seguridad puede y debe hacer más para impedir los abusos generalizados en Siria, como por ejemplo imponer un embargo internacional de armas contra el gobierno sirio y todos los grupos responsables de crímenes sistemáticos. A ningún país le debería estar permitido apoyar la detención arbitraria, el desplazamiento masivo ni el asesinato, que son característicos de los ataques ilegales de un gobierno contra la población civil. Tampoco deben enviar armas a los grupos extremistas implicados en los abusos generalizados o sistemáticos contra los derechos humanos.
El Consejo de Seguridad debería remitir la situación en Siria a la Corte Penal Internacional. Si lo hace, podría impedir futuros abusos y enviar un mensaje claro al gobierno sirio, así como a los combatientes de todos los bandos en esta guerra, de que los responsables de graves abusos serán llevados ante la justicia.
Las palabras y denuncias del Consejo de Seguridad significan poco para los refugiados con los que hablé, ya que el gobierno sirio no ha cumplido con las demandas de la comunidad internacional. Un joven, y puede que todavía no fuera más que un niño, me dijo: “No estamos esperando a los estadounidenses. Nosotros no esperamos a nadie. Confiamos en Dios. No hay nadie más que Dios con nosotros”.
Finalmente, es el momento de enviar un mensaje a los sirios de que no están solos.
