(Santo Domingo) – Decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana continúan en una situación legal indefinida, sin posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. La situación aún no se ha resuelto, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para solucionarla.
El informe de 43 páginas, “Somos dominicanos, somos dominicanas: Privación arbitraria de la nacionalidad en la República Dominicana”, documenta cientos de casos en 13 provincias del país. Human Rights Watch concluyó que dominicanos de ascendencia haitiana todavía no pueden realizar actos cívicos básicos como inscribir hijos al momento del nacimiento, anotarse en la escuela y la universidad, participar en la economía formal o viajar por el país sin riesgo de expulsión.
“La República Dominicana le está negando el derecho a una nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos y, a pesar de mensajes contradictorios, autoridades están deteniendo a personas y expulsándolas hacia el otro lado de la frontera”, señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno debe cesar inmediatamente de expulsar a dominicanos de ascendencia haitiana y debe garantizarles sus derechos”.
Human Rights Watch llevó a cabo investigaciones en la República Dominicana entre febrero y mayo de 2015, durante las cuales entrevistó a más de 100 víctimas, líderes comunitarios, juristas, funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch documentó más de 60 casos en los cuales dominicanos de ascendencia haitiana fueron detenidos arbitrariamente, y en ocasiones enviados por la fuerza a Haití, a pesar de contar con la documentación dominicana adecuada. Human Rights Watch también constató cientos de casos de dominicanos de ascendencia haitiana que aún no pueden ejercer plenamente derechos como ciudadanos dominicanos.
En 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el máximo tribunal de apelación del país para asuntos constitucionales, le quitó en forma sumaria la ciudadanía a decenas de miles de dominicanos, sobre la base de una interpretación retroactiva de la ley de nacionalidad del país. El tribunal dispuso que, si bien la Constitución reconoce que la ciudadanía dominicana es un derecho que adquiere con el nacimiento cualquier personas nacida en la República Dominicana entre 1929 y 2010, aquellas personas cuyos padres eran migrantes indocumentados en la República Dominicana al momento de su nacimiento no podían beneficiarse de esta garantía constitucional y eran considerados, retrospectivamente, no ciudadanas. Esta decisión violó el derecho internacional de los derechos humanos y provocó que miles de personas quedaran expuestas a la posibilidad de ser expulsadas.
En 2014, el Presidente Danilo Medina intentó mitigar las consecuencias de la sentencia del alto tribunal a través de una “Ley de Naturalización” que procuraba solucionar esta situación. No obstante, la ley presenta numerosos problemas de diseño e implementación que han frustrado el proceso de renacionalización.
En el caso de dominicanos de ascendencia haitiana cuya ciudadanía ya constaba en los registros gubernamentales, Human Rights Watch comprobó que algunos organismos gubernamentales responsables de registros civiles se han negado a recuperar los documentos originales de nacionalidad. En lugar de ello, funcionarios han comenzado a segregar a quienes fueron afectados por la decisión de 2013, incorporándolos en nuevos registros civiles. Este así llamado proceso de “transcripción” es innecesario, incrementa considerablemente el trabajo que deben realizar las autoridades gubernamentales y provoca demoras que impiden que miles de personas puedan ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.
Asimismo, autoridades militares e inmigratorias de forma reiterada han apuntado específicamente en contra dominicanos de ascendencia haitiana, deteniendo y expulsando forzadamente a estas personas, incluso cuando poseen documentos dominicanos válidos.
Con respecto a los dominicanos que todavía no habían conseguido inscribirse en organismos gubernamentales, Human Rights Watch comprobó que algunos dominicanos, en su mayoría menores, están siendo obligados a inscribirse como “extranjeros” para poder ser naturalizados como ciudadanos dominicanos, lo cual constituye una violación de sus derechos. Debido a requisitos de documentación sumamente engorrosos, muchos no han podido inscribirse, especialmente debido al plazo de apenas 180 días de implementación.
Este proceso parece haber afectado de manera desproporcionada a menores cuyas madres no tienen documentos de identidad y no pudieron obtener la documentación antes de la fecha límite de febrero. A su vez, autoridades militares y de inmigración han acosado, detenido y expulsado a personas que intentaban inscribirse.
Otro factor que complica la implementación de la Ley sobre Naturalización es que, desde 2014, el gobierno también ha puesto en práctica un plan de “regularización” de migrantes haitianos indocumentados que se trasladaron de Haití a la República Dominicana con fines laborales. El gobierno dominicano ha ofrecido a migrantes una oportunidad de obtener permisos de trabajo temporales. Si bien este esfuerzo es loable, este proceso ha estado marcado por numerosos problemas de diseño e implementación.
El gobierno dominicano debería restablecer inmediatamente la nacionalidad plena de todos aquellos afectados por la decisión de 2013, y garantizar que estén protegidos de la posibilidad de expulsión a Haití. El gobierno debería desarrollar procedimientos de deportación consistentes con los estándares internacionales, que analicen y resuelvan individualmente el caso de cada persona que pueda ser deportada con arreglo a ley, y que preserven la unidad familiar.
“Durante el último año, el gobierno del Presidente Medina ha adoptado algunas medidas para abordar la situación de decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana”, señaló Vivanco. “Si bien las iniciativas de naturalización impulsadas por el gobierno han sido positivas, el gobierno debe exigir que cesen las expulsiones y las amenazas indiscriminadas mientras subsana las deficiencias del proceso”.
Casos seleccionados
El 19 de febrero, Wilson, de 25 años, fue detenido cerca del municipio de Mao. Los funcionarios que lo detuvieron se negaron a permitirle que regresara a su vivienda, ubicada a poca distancia, para buscar su acta de nacimiento dominicana. Lo obligaron a subir a un camión, lo trasladaron hasta la ciudad fronteriza de Dajabón y le ordenaron a él y otros 32 detenidos que cruzaran a pie la frontera hasta la ciudad de Ouanaminthe, Haití.
Wilson nunca había estado en Haití, no tenía dinero ni modo de comunicarse con otras personas, ni llevaba consigo ninguna identificación. Los empleadores de Wilson consiguieron su acta de nacimiento y se reunieron con él en la sede de la Dirección General de Migración en la frontera, en Dajabón. El funcionario de inmigraciones que estaba a cargo manifestó que, pese a contar con un acta de nacimiento válida, Wilson era haitiano, y se negó a extender una carta que le permitiera regresar a su casa en la provincia de Valverde. Wilson logró regresar a su casa luego de pasar múltiples puestos de control acompañado de sus empleadores y exhibiendo su acta de nacimiento.
Karina, de 35 años, de padres haitianos, nació en la República Dominicana y fue inscripta como dominicana. Si bien obtuvo un documento de identidad válido a los 18 años, cuando tenía 24 años, el gobierno se negó a emitirle documentos necesarios para inscribirse en la universidad, presuntamente porque su nacionalidad estaba siendo investigada. Debido a que no pudo continuar sus estudios, Karina comenzó a trabajar como camarera en un gran complejo balneario, en el cual se desempeña desde hace 10 años.
En octubre de 2014, Karina hizo un viaje de dos horas desde la provincia de Altagracia, donde vive, hasta la capital, para asistir a una entrevista sobre la validez de su nacionalidad. Los funcionarios quedaron conformes con sus respuestas, pero le dijeron que no podía renovar su documento de identidad hasta tanto hubiera finalizado el proceso de auditoría. Karina ha tenido que ausentarse de su trabajo a fin de realizar cuatro viajes a Santo Domingo para comprobar el estado de su caso. Luego, a principios de 2015, funcionarios le dijeron que su proceso se había transferido a El Seibo, la provincia donde nació Karina. A fines de abril, su auditoría no había sido concluida.
Debido a que no pudo renovar su documento de identidad, que caducó el otoño pasado, Karina afirma que no puede usar su seguro médico, y que cada vez que acude a un médico, se ve obligada a solventar el costo con dinero propio. Ya no tiene acceso pleno a su cuenta bancaria ni a su tarjeta de crédito, y ha tenido inconvenientes para pagar facturas adeudadas de servicios públicos y la hipoteca de su vivienda. Karina todavía no puede continuar sus estudios.
Rosanna, de 17 años, nació en la República Dominicana, 20 años después de que sus padres emigraran desde Haití. Tras la decisión de 2013 que impuso la desnacionalización, se vio obligada a abandonar sus estudios en la escuela pública, y ahora cosecha y vende frutas en el campo por menos de USD 3 por día. Rosanna quería inscribirse con arreglo a Ley sobre Naturalización, pero no pudo hacerlo. Ante un proceso burocrático inescrutable, y al no poder solventar el costo de un abogado, recurrió a la ayuda de organizaciones no gubernamentales que, como ya estaban trabajando por encima de su capacidad, no pudieron ayudarla a completar el proceso antes del vencimiento. Ahora no puede inscribirse como ciudadana dominicana, y no tiene forma de continuar sus estudios.
