(Bruselas) – Las propuestas de la Comisión Europea sobre la política de asilo de la Unión Europea (UE) reflejan de manera abrumadora el clima político negativo que reina en Europa y la tendencia a recortar los derechos de los refugiados.
El comunicado de la Comisión, emitido el 6 de abril de 2016, propone algunas medidas importantes y positivas. Sin embargo, enfatiza iniciativas restrictivas, incluso punitivas, para desalentar a los solicitantes de acceder a la UE y frenar su movimiento entre los países del bloque económico.
“La Comisión se centra debidamente en arreglar el fallido sistema de asilo de la UE y ampliar los canales de tránsito seguros y legales”, dijo Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Sin embargo, las propuestas de la Comisión Europea tienen poco de nuevo o concreto, y algunas de las medidas más específicas castigarían a los solicitantes de asilo y refugiados y reducirían sus derechos”.
La Comisión propuso dos opciones para el debate político. Bajo la primera, la UE adoptaría un nuevo mecanismo de distribución de emergencia que se activaría cuando un país en concreto de la UE afrontase un significativo flujo de solicitantes de asilo. La segunda opción implicaría una reforma más profunda del Reglamento de Dublín, que sitúa la responsabilidad primaria del procesamiento de las solicitudes de asilo sobre el primer país de llegada. En su lugar, establecería un sistema centralizado que asignaría la responsabilidad por los solicitantes, independientemente de cuál fuera el primer país de llegada, en función de criterios como el tamaño relativo, la riqueza y la capacidad de absorción de cada país. La Comisión espera haber finalizado una propuesta para mediados de año.
Ambas opciones están inspiradas en el plan de reasentamiento impuesto a los países de la UE en septiembre de 2015. Ese plan preveía la reubicación de 160.000 solicitantes de asilo de Estados de primera línea como Grecia e Italia durante los próximos dos años. Pero hasta ahora, sólo han sido reasentados 1.111. La fuerte oposición con la que fue acogido el plan y su débil implementación no parecen buenos presagios para que sea adoptado como un mecanismo de distribución permanente, observó Human Rights Watch.
“La reforma de Dublín es necesaria y llega con mucho retraso”, apuntó Sunderland. “Cualquier sistema nuevo debería reforzar los mecanismos para reunir a las familias y tener en cuenta las circunstancias individuales de cada solicitante a la hora de determinar el país responsable de procesar su petición de asilo”.
La Comisión propone cambios a las directivas de la UE sobre los procedimientos de asilo y los criterios para reconocer la condición de refugiado y conceder una protección subsidiaria – una situación más provisional, con menos derechos, por ejemplo con respecto a la reunificación familiar – para armonizar el enfoque en todos los países de la UE. La eliminación de las disparidades y la discreción de los Estados miembros en aspectos claves es importante, pero los aspectos concretos de la propuesta sugieren una mayor presión por el menor denominador común en lugar de una mejora general, señaló Human Rights Watch.
En un pasaje clave, la Comisión dice que estudiará cómo el nivel de derechos concedidos a las personas cuya condición de refugiados haya sido reconocida o que hayan recibido protección subsidiaria podría adaptarse para “reducir los factores de atracción fomentando medidas para disminuir los movimientos secundarios irregulares” y proponer diferencias incluso mayores entre la condición de refugiado y la protección subsidiaria, pero con muy pocos detalles sobre su impacto en los beneficiarios. La Comisión establece que quiere que los países de la UE revisen sistemáticamente el estatuto de protección, con una clara intención de revocar con mayor regularidad la condición de refugiado o la protección subsidiaria, basándose en un cambio en las circunstancias en el país de origen.
La Comisión también reitera su objetivo de contar con una lista que abarque a toda la UE de “países de origen seguros”, lo que significaría que todos los ciudadanos de esos Estados quedarían sujetos a procedimientos acelerados de revisión de sus solicitudes de protección bajo la presunción de que en realidad no necesitan protección internacional. Este enfoque es especialmente problemático porque crea un sesgo en el examen de las solicitudes de asilo individuales, apuntó Human Rights Watch.
En la práctica, las listas de países de origen seguros son difíciles de cambiar en respuesta a los acontecimientos que ocurren sobre el terreno. Por ejemplo, Ucrania permaneció en la lista de países seguros de varios Estados miembros de la UE durante meses, incluso después de que el conflicto y las cada vez peores condiciones de derechos humanos causaran el desplazamiento de miles de personas. Crear una lista de países “inseguros”, de cuyos ciudadanos se presume que puedan necesitar protección internacional, constituiría un enfoque mucho mejor y podría también ayudar a reducir los cuellos de botella en los sistemas de asilo.
La Comisión también propone duras medidas para impedir y castigar a los solicitantes de asilo por desplazarse de un país de la UE a otro para solicitar asilo, un fenómeno conocido como “movimiento secundario”. Estas medidas incluirían restricciones al movimiento y la detención en el caso de que un solicitante de asilo hubiese tratado de trasladarse a otro país o se le viera con la intención de hacerlo. Las medidas también incluyen procedimientos acelerados para aquellos que hayan intentado seguir adelante, bajo los cuales tal esfuerzo podría utilizarse para desacreditar la solicitud de asilo. Aquellos que han sido reconocidos como refugiados en un país de la UE y que luego intentan reubicarse en otro también serían penalizados.
La distribución desigual de la responsabilidad por los solicitantes de asilo entre los países de la UE está intrínsecamente ligada a las disparidades en las condiciones y las perspectivas para los solicitantes de asilo y quienes han sido reconocidos como refugiados, dijo Human Rights Watch. Castigar a los solicitantes de asilo por tomar decisiones sobre dónde creen que pueden tener la mejor oportunidad de reconstruir sus vidas, incluso con sus seres queridos, es cruel, erróneo y poco previsor. El hecho de que una persona haya intentado un movimiento secundario no debería influir a la hora de determinar la credibilidad o los méritos de su solicitud de asilo.
Por el lado positivo, el comunicado respalda la necesidad de crear vías seguras y legales para acceder a Europa, una recomendación que llevan haciendo desde hace mucho tiempo las organizaciones de derechos humanos y derechos de los refugiados. Pero se limita prácticamente a reiterar su plan para una política de reasentamiento en toda la UE y alentar a los países del bloque a ayudar a los refugiados y solicitantes de asilo a llegar a la UE mediante patrocinios y otros tipos de visas, por ejemplo para estudiantes, trabajadores o investigadores. No existe un compromiso real para promover programas robustos de visas humanitarias, ayudar a los solicitantes de asilo a viajar de manera legal y segura a la UE con el propósito de solicitar asilo, o facilitar la reunificación familiar.
Las propuestas de la Comisión coinciden en el marco del acuerdo profundamente problemático con Turquía para deportar a migrantes y solicitantes de asilo que hayan llegado a las islas griegas desde el 21 de marzo, cuando dicho acuerdo entró en vigor. Se están desarrollando medidas para permitir que las autoridades consideren inadmisibles todas las solicitudes de asilo de aquellos que lleguen a Grecia desde Turquía. El acuerdo incluye también un deshumanizante intercambio uno-por-uno de refugiados, consistente en la reubicación de un refugiado sirio a un país de la UE por cada sirio devuelto a Turquía.
La falta de transparencia y la incertidumbre sobre el destino de los deportados a Turquía han ensombrecido las primeras devoluciones, afirmó Human Rights Watch.
“Debemos procurar que la Comisión y todos los países de la UE compartan la visión de una Europa que desempeña un papel como líder global en lo relativo a los derechos de los refugiados”, dijo Sunderland. “Eso significa rechazar este terrible acuerdo con Turquía y promover la reubicación de refugiados a gran escala, las visas humanitarias y la reunificación familiar guiada no por el control migratorio sino por un compromiso con alternativas seguras y legales a los traficantes de personas para las personas que necesiten refugio”.
