(Londres) – Cientos de miles de trabajadores inmigrantes en Qatar no han recibido una indemnización económica ni ninguna otra reparación adecuada por los graves abusos laborales que sufrieron durante la construcción y el mantenimiento de la infraestructura para la Copa Mundial de la FIFA, que comienza en noviembre de 2022, señaló hoy Human Rights Watch.
El 19 de mayo, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, FairSquare y una coalición mundial de grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, sindicatos, aficionados al fútbol internacional, supervivientes de abusos y grupos empresariales y de derechos afirmaron que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) y el gobierno de Qatar deben ofrecer una reparación por los graves abusos que han sufrido los trabajadores inmigrantes desde el 2010, fecha en que se adjudicó la Copa Mundial de 2022 a Qatar. Estos abusos incluyen miles de muertes y lesiones sin explicación, el robo de salarios y tarifas de contratación exorbitantes. Human Rights Watch ha lanzado una campaña mundial, #PayUpFIFA, para respaldar este llamamiento de la coalición. Amnistía Internacional publicará un informe, “Predictable and Preventable” (Previsible y prevenible), en el que expone cómo la FIFA y Qatar pueden poner remedio a 12 años de abusos.
“La FIFA y Qatar han fallado a los trabajadores inmigrantes, que son esenciales para la Copa del Mundo de 2022. Pero aún pueden indemnizar a los perjudicados gravemente y a las familias de los numerosos fallecidos”, declaró Minky Worden, directora de iniciativas globales de Human Rights Watch. “La FIFA debería reservar inmediatamente los fondos necesarios para proporcionar una reparación adecuada y evitar el legado de una ‘Copa Mundial de vergüenza’”.
A lo largo de la última década, grupos de derechos humanos han documentado repetidamente los abusos generalizados a los que se enfrentan los trabajadores bajo el sistema de kafala (patrocinio) de Qatar, que puede dar lugar a trabajos forzosos. Y ello a pesar de las reformas laborales que las autoridades qataríes introdujeron en los últimos años en respuesta a una denuncia por trabajo forzoso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En marzo, Human Rights Watch documentó el robo de salarios durante cinco meses en una importante empresa comercial y de construcción qatarí con proyectos relacionados con la FIFA.
Cuando los trabajadores que participan en proyectos relacionados con los estadios, sometidos a un mayor escrutinio y normas mundiales, no cuentan con la protección adecuada, no es de extrañar que los trabajadores que laboran en proyectos no relacionados con los estadios sean más propensos a sufrir mayores abusos. Además, el deficiente historial de derechos humanos de Qatar genera otras preocupaciones, como las graves restricciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica, las políticas estatales que discriminan y facilitan la violencia contra las mujeres, y un entorno represivo contra los residentes y visitantes LGBT.
Cuando la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, adjudicó el torneo de 2022 a Qatar, sabía o debería haber sabido que los trabajadores inmigrantes que construyeran la enorme infraestructura enfrentarían a graves riesgos para sus derechos humanos. Sin embargo, la FIFA no impuso condiciones de derechos laborales ni llevó a cabo una diligencia debida efectiva en materia de derechos humanos, señaló Human Rights Watch.
Para Manju Devi, una mujer nepalí de 38 años cuyo marido, un trabajador inmigrante de 40 años, murió en Qatar en 2022, el único “legado” del próximo Mundial son los préstamos pendientes que su marido Kripal Mandal, pidió para pagar el trabajo que murió haciendo. Como la mayoría de los trabajadores migrantes en Qatar, Mandal había pedido dinero prestado a intereses exorbitantes para pagar las tasas de contratación, una deuda que sigue aumentando. Aunque Qatar prohíbe cobrar a los trabajadores inmigrantes las tasas de contratación y los costos relacionados, el gobierno apenas supervisa el cumplimiento de esta norma.
La familia de Mandal dijo que trabajaba en la construcción para una empresa de suministros que le asignó el aeropuerto y los estadios. Su mujer aún está tratando de comprender su muerte por un ataque al corazón. “No puedo decir cuál es la razón de su muerte”, dijo Devi a Human Rights Watch. “Si fue la causa que informaron o algo más, no podemos saberlo... Por la noche hablaba correctamente y se reía, ... pero murió alrededor de las 3 de la mañana del día siguiente”.
La familia no recibió ninguna indemnización por su muerte, y su empleador ni siquiera le pagó los 15 días de salario que le debían por contrato. Devi, madre de cinco hijos, dijo: “Cuando estaba vivo, había una garantía de que había alguien que ganaba dinero. Ahora, tras su muerte, nuestro sostén económico ya no está. Es muy difícil”.
“Las reformas de los derechos de los trabajadores de Qatar llegaron muy tarde en la preparación de la Copa Mundial y son lamentablemente inadecuadas además de que su aplicación es deficiente”, afirmó Worden. “Un gran número de trabajadores inmigrantes murieron porque Qatar carecía de un marco de derechos humanos que protegiera a los trabajadores y les permitiera denunciar las condiciones de trabajo peligrosas, el fraude salarial y el trabajo forzoso. Los trabajadores no necesitan morir para celebrar el Mundial de Fútbol ni ningún otro mega evento deportivo”.
En 2016, la FIFA adoptó los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos y consagró su responsabilidad de respetar los derechos humanos en los Estatutos de la FIFA. También creó un Consejo Asesor de Derechos Humanos independiente, contrató a personal de derechos humanos y estableció un mecanismo de denuncia para los defensores de los derechos humanos. En 2017, la FIFA adoptó una política de derechos humanos que establece que los compromisos en materia de derechos humanos son vinculantes para todos los órganos y funcionarios de la FIFA.
A pesar de estos avances positivos, la FIFA aún debe ofrecer reparación a los trabajadores inmigrantes que sufrieron graves abusos o a sus familias. Esto incluye la responsabilidad hacia los trabajadores empleados directamente en los proyectos de la Copa Mundial y los que construyeron y prestaron servicios en una gama más amplia de proyectos para la preparación y realización del torneo, incluyendo el transporte, el alojamiento, la seguridad y la limpieza, entre otros.
La FIFA debe trabajar con las autoridades qataríes en los seis meses previos a la Copa Mundial de 2022 para establecer un programa integral que aborde los abusos sufridos por los trabajadores migrantes, señalaron Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Fair Square y los demás miembros de la coalición. La FIFA debería reservar al menos US$440 millones, equivalentes al dinero de los premios otorgados a los equipos del Mundial de 2022, para invertirlos en fondos destinados a compensar a los trabajadores y mejorar su protección.
El programa de reparación debe regirse de forma participativa tras consultar a las partes interesadas, incluidos los trabajadores inmigrantes, los familiares supervivientes y los sindicatos. Es necesario que sea fácilmente accesible para los trabajadores y sus familias, muchos de los cuales ya no estarán en Qatar. Y debe ofrecer una reparación adecuada para una amplia gama de abusos no abordados desde 2010.
Los jugadores, los aficionados, los patrocinadores de la FIFA, las asociaciones nacionales de fútbol y otras personas pueden desempeñar un papel importante para asegurar un legado positivo para este Mundial, pidiendo apoyo para un fondo de compensación que remedie el daño a los trabajadores inmigrantes, dijo Human Rights Watch.
“Las muertes de trabajadores inmigrantes en Qatar representan un enorme coste emocional y financiero para sus familias”, señaló Worden. “En consonancia con los compromisos de la FIFA en materia de derechos humanos y las obligaciones de Qatar, es necesario que proporcionen una indemnización económica a los trabajadores inmigrantes perjudicados por la construcción de la Copa Mundial, a fin de ofrecer un cierto respiro económico a las familias en apuros”.
