(Nueva York) – El gobierno chino debe respetar los derechos fundamentales de las personas en toda China a manifestarse en forma pacífica contra las restricciones draconianas que impuso la política de “Covid cero” y en reclamo de libertad y derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch. Las autoridades deberían liberar de inmediato a todos los manifestados detenidos injustificadamente y cesar la censura en línea de la información relacionada con las manifestaciones.
El 26 de noviembre de 2022, miles de personas en Shanghái, la ciudad más grande de China y su centro financiero, comenzaron a manifestarse públicamente contra las estrictas medidas establecidas por el gobierno debido al Covid-19 y para denunciar el autoritarismo del Partido Comunista Chino. Los manifestantes sostenían pancartas en blanco —para evitar detenciones y minimizar riesgos— y entonaban eslóganes como “¡Abajo el Partido Comunista!” y “¡Abajo Xi Jinping!”, el líder del país. El 27 de noviembre, estudiantes universitarios de todo el país se congregaron en los campus para manifestarse, y esa noche cientos de personas en Wuhan, donde se originó el Covid-19, Chengdú, Pekín y otras grandes ciudades salieron a las calles.
“En toda China las personas están asumiendo riesgos extraordinarios para exigir que se reconozcan sus derechos humanos”, señaló Yaqiu Wang, investigadora sénior sobre China de Human Rights Watch. “Las autoridades chinas no deberían reprimir las protestas, sino permitir a todas las personas expresar sus puntos de vista de manera pacífica”.
La protesta en Shanghái se produjo en respuesta a un incendio ocurrido el 24 de noviembre en un edificio de departamentos en Urumqi, la capital de la región de Sinkiang, en el noreste de China, en el cual murieron al menos 10 personas. Aunque Human Rights Watch no pudo confirmarlo, muchas personas sospechan que los residentes no pudieron escapar de las llamas debido a las barreras instaladas para controlar la pandemia, y que la actuación de los socorristas se vio limitada por las restricciones relacionadas con el Covid.
Al día siguiente, los residentes de Urumqi se reunieron frente a una sede del gobierno en señal de duelo por las muertes y para protestar contra las restricciones relacionadas con el Covid, que han mantenido a la ciudad confinada los últimos tres meses. En internet se difundió información sobre una gran cantidad de casos de muertes, enfermedades y hambruna debido a la falta de acceso a alimentos y atención de la salud en Sinkiang.
En Pekín, las personas se reunieron debajo del Puente de Sitong, donde en la víspera del 20.° Congreso del Partido Comunista de octubre un manifestante solitario desplegó carteles con el mensaje: “Expulsen al traidor autoritario Xi Jinping”. Numerosos carteles de protesta, pósteres y grafitis de origen desconocido aparecieron en lugares públicos de todo el país.
Circularon en línea videos en los que se ve a decenas de policías que llegan a los lugares donde se desarrollaban protestas en Shanghái y en otros lados, e intentan dispersar a las multitudes y arrastran a manifestantes a los patrulleros. Un policía de Shanghái esposó a un periodista de la BBC que cubría la manifestación y lo llevó a una dependencia policial, donde le propinaron puntapiés y lo golpearon. En un video se muestra a un hombre no identificado, de civil, que toma por la fuerza a una mujer que se encontraba sola parada en las escalinatas de la Universidad de Comunicación de China en Nanjing, mientras sostenía una hoja de papel en blanco.
Los censores en línea eliminaron las publicaciones y cuentas en las redes sociales donde se difundían noticias sobre las protestas. Las funciones de búsqueda en plataformas de redes sociales también dificultaron la posibilidad de encontrar información relacionada con las manifestaciones.
Si bien cada tanto se producen manifestaciones de menor escala contra determinados abusos del gobierno en China, es muy poco habitual que las personas exijan públicablemente que el Presidente Xi Jinping dé un paso al costado o el fin del gobierno del Partido Comunista. Las autoridades castigan toda expresión que se perciba que desafía la continuidad del Partido en el poder con largas condenas en prisión y condiciones sumamente abusivas.
El gobierno chino tiene un historial de represión violenta de manifestaciones; el incidente más importante fue la Masacre de Tiananmén de 1989, cuando las fuerzas militares asesinaron a una cantidad no especificada de personas que se manifestaban de manera pacífica a favor de la democracia en Pekín. Desde entonces, las autoridades han reprimido varias demostraciones pacíficas en todo el país. Tras las manifestaciones de 2009 en Sinkiang, las fuerzas de seguridad detuvieron a cientos de personas bajo la sospecha de que habían participado en los disturbios. Decenas de estos detenidos y posiblemente muchos más sufrieron desaparición forzada.
En 2011, un llamado expresado en línea a que el pueblo chino emulara los levantamientos de la Primavera Árabe resultaron en que grupos reducidos de observadores se convocaran en Pekín y en varias otras ciudades. Las autoridades reaccionaron llevando a cabo una ola de redadas que afectó a más de 100 de los críticos más enérgicos del país, quienes quedaron en situación de desaparición forzada por semanas sin que se observaran los procedimientos legales. Para las Olimpíadas de Pekín de 2008 y 2022, las autoridades acordaron establecer áreas designadas para manifestaciones. En 2008, una de las pocas personas que intentó obtener un permiso fue detenida de inmediato. En 2022 prácticamente no se solicitó ningún permiso.
En los últimos años, las autoridades endurecieron la censura en línea, ampliaron el uso de tecnologías de vigilancia, disolvieron a organizaciones de la sociedad civil y encarcelaron a numerosos activistas independientes, lo cual hizo que resulte muy difícil llevar adelante manifestaciones a gran escala. En los últimos meses, ha habido algunas manifestaciones esporádicas dentro de China y de ciudadanos chinos fuera del país, relacionadas con los abusos por el Covid-19, las dificultades económicas, la censura y la ampliación de poderes de Xi.
El gobierno chino tiene la obligación nacional e internacional de permitir las manifestaciones y de proteger los derechos de los manifestantes. La constitución de China, en su artículo 35, establece que los ciudadanos tienen libertad de “reunión, asociación, procesión y manifestación”. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que se considera que refleja el derecho internacional consuetudinario, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscripto aunque no ratificado por China, protegen el derecho a reunirse de manera pacífica, así como los derechos de libertad de expresión y de asociación.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Observación General N.° 37 sobre el derecho a mantener reuniones pacíficas, establece que los gobiernos deben permitir que estas reuniones “se celebren sin injerencias injustificadas y faciliten el ejercicio del derecho y protejan a los participantes”. No proteger este derecho “suele ser un indicio de represión”.
Toda respuesta de las autoridades de aplicación de la ley a las manifestaciones debe cumplir con los estándares internacionales. Los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establecen que las fuerzas de seguridad deben, en el cumplimiento de su deber, aplicar medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza. Cuando sea preciso con fines legítimos de aplicación de la ley durante una reunión, solo podrá utilizarse la fuerza mínima necesaria. Las autoridades también deben respetar los derechos de los periodistas y de los defensores de derechos humanos de dar seguimiento a las reuniones e informar sobre ellas.
Los gobiernos y organizaciones internacionales que hablan sobre la situación de los derechos humanos en China deben expresar su apoyo a los derechos de las personas a la libertad de expresión y reunión, y exhortar a las autoridades chinas a no reprimir las manifestaciones, señaló Human Rights Watch.
Las “autoridades chinas han subestimado desacertadamente la predisposición del pueblo chino a arriesgar todo para que se respeten sus derechos y libertades”, afirmó Wang. “El pueblo chino, con una valentía asombrosa, está mostrando al Partido Comunista Chino y al mundo que ellos, como todos los demás, deben poder opinar sobre cómo son gobernados”.
