(Ciudad de México) – Las personas trans en el estado mexicano de Guanajuato sufren discriminación en los ámbitos económico, laboral y de salud, así como importantes impedimentos legales, porque el estado no cuenta con un proceso para emitir documentos de identidad acordes con su género, señaló Human Rights Watch en un documental difundido hoy. Las autoridades de Guanajuato deberían crear urgentemente un procedimiento administrativo que permita a las personas trans reflejar su identidad de género autopercibida en documentos oficiales.
Las llaves de mi libertad, producido en colaboración con Amicus DH, se lanza en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans. Sigue las historias de dos mujeres trans, Ivanna Tovar y Kassandra Mendoza, que han luchado para que su género autopercibido y nombres elegidos sean reconocidos legalmente en Guanajuato. Otras ocho personas trans del estado también comparten sus experiencias de discriminación y mensajes de esperanza.
“El documental expone poderosamente cómo las personas trans en Guanajuato se enfrentan a desventajas, en el trabajo y la educación, y son agobiadas por procedimientos legales debido a la demora indebida de las autoridades en reconocer su identidad de género”, dijo Cristian González Cabrera, investigador sénior de Human Rights Watch. “El gobernador y el congreso de Guanajuato deberían establecer urgentemente un procedimiento legal de reconocimiento de la identidad de género que contribuirá a reducir la discriminación”.
De acuerdo con la constitución mexicana, cada uno de los 32 estados que conforman el país tiene autoridad para determinar sus leyes y políticas en cuestiones civiles, de familia y de registro. Corresponde al congreso estatal o al gobernador del estado aprobar una ley o emitir un decreto administrativo que permita el reconocimiento legal de la identidad de género a través de un procedimiento administrativo sencillo en un registro civil a nivel estatal. Veintiún estados mexicanos ya cuentan con dicho procedimiento. Guanajuato no.
“Ha sido difícil colocarme laboralmente”, dice Kassandra Mendoza en el documental, sobre su falta de documentos que reflejen su identidad de género. “[Los empleadores] ven los papeles y me ven a mí y dicen: ‘pues aquí no checa’. Me ha tocado de que se han burlado, me ha tocado que inclusive me han insultado”.
Ivanna Tovar dice en el documental: “Sin [una reforma de la ley], [las personas trans] no podemos trabajar de manera digna porque se nos violenta, porque no nos llamamos como aparece en nuestra documentación. Y [una reforma] le compete al Estado”. Describió el reconocimiento de su identidad de género como “las llaves de [su] libertad”.
En octubre de 2021, la legisladora estatal Dessire Ángel Rocha presentó un proyecto de ley sobre reconocimiento legal de género, pero este aún no se ha tratado en la actual legislatura. Los proyectos de ley anteriores sobre el reconocimiento de la identidad de género, presentados en febrero de 2019, octubre de 2019 y abril de 2021, tampoco avanzaron.
Hasta el mes pasado, el congreso estatal no estaba dispuesto a considerar proyectos de ley relacionados con los derechos de las personas LGBT. En febrero de 2024, el estado aprobó la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género. Pretende establecer mecanismos de coordinación entre diversas autoridades, así como principios rectores, “para promover, proteger y garantizar de forma progresiva” los derechos de las personas LGBT. Sin embargo, esta reforma no abordó el reconocimiento de la identidad de género para las personas trans.
Human Rights Watch y Amicus DH, junto con la Red de Jóvenes Trans y Colmena 41, entrevistaron a 31 personas trans del estado de Guanajuato en abril de 2022 en las ciudades de León, Irapuato y Ciudad de Guanajuato, así como de forma remota, para comprender y documentar los daños relacionados con la falta de reconocimiento legal de la identidad de género en el estado. Descubrieron que la ausencia de un procedimiento en Guanajuato genera graves dificultades económicas, legales, de salud y de otro tipo para las personas trans.
En estados como Guanajuato, sin procedimientos para el reconocimiento legal de la identidad de género, las personas trans deben agotar un arduo juicio de amparo para que el estado reconozca su identidad de género con base en lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia y el derecho internacional. Las personas juezas federales por lo general otorgan el amparo, pero puede ser un proceso largo y costoso para el cual es preciso contratar a un abogado experimentado.
En un caso de amparo cuyo resultado sea favorable, la persona jueza le ordena al registro civil disponer el resguardo permanente del acta de nacimiento original de esa persona (lo que significa que ya no se podrá acceder fácilmente a ese documento desde los sistemas de información) y que se rectifique el acta. El acta de nacimiento es necesaria para solicitar la rectificación de otros documentos de identidad que sean válidos a nivel nacional, como la credencial para votar (INE), un número de identificación fiscal (RFC) o un pasaporte.
En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva en la cual concluyó que, a fin de evitar violaciones de los derechos de las personas trans, los estados deben establecer procedimientos de reconocimiento legal de la identidad de género eficientes que se basen en la autoidentificación, sin requisitos invasivos ni patologizantes. La opinión es una interpretación autorizada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que México ha ratificado.
En 2019, la Suprema Corte de Justicia de México dictó un pronunciamiento histórico en el cual estableció pautas claras sobre el reconocimiento legal de la identidad de género. Señaló que este debe ser un proceso administrativo que cumpla “con los estándares de privacidad, sencillez, expeditez y protección adecuada de la identidad de género” establecidos por la Corte Interamericana.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia es vinculante para todos los tribunales federales inferiores. La corte dijo que, para cumplir con la Constitución, las autoridades estatales deben garantizar que las personas trans puedan actualizar sus documentos legales a través de un proceso administrativo. En 2022, el tribunal amplió el derecho al reconocimiento legal de la identidad de género para incluir a los adolescentes y otros niños.
“Las personas trans que compartieron sus historias en el documental son solo algunas de las muchas personas trans que sufren por la inacción del Estado en materia de reconocimiento de género”, dijo González. “Guanajuato debería prestar atención a los llamados de los activistas y al derecho mexicano y unirse a la mayoría de los estados mexicanos que defienden los derechos de sus minorías de género, mediante la creación de un procedimiento administrativo de reconocimiento de la identidad de género”.
