(Washington, DC) —La decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de anunciar que el país se encuentra en un “conflicto armado interno” ha contribuido a serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, señaló hoy Human Rights Watch en una carta a dirigida al presidente. Las violaciones incluyen al menos una aparente ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias y malos tratos.
El 9 de enero de 2024, tras una escalada de violencia, incluyendo la toma de un canal de televisión estatal, el presidente Noboa decretó un “conflicto armado interno” contra 22 grupos del crimen organizado que operan en Ecuador, calificándolos de “terroristas”. Aunque, según el gobierno, los homicidios han disminuido, han aumentado las extorsiones y los secuestros, y la situación de seguridad sigue siendo grave.
“La escalada de violencia—y el aumento del crimen organizado—en Ecuador ponen en peligro la vida de los ecuatorianos y sus instituciones”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “En lugar de anunciar sin fundamento la existencia de un ‘conflicto armado’, el gobierno debe responder a la violencia con una política de seguridad efectiva que proteja a los ecuatorianos y sea respetuosa de los derechos humanos.”
Entre enero y abril, Human Rights Watch entrevistó a una docena de víctimas de abusos, a sus familiares y abogados; solicitó información a múltiples ministerios e instituciones del Estado; analizó 33 fotografías y videos publicados on line; asistió virtualmente a algunas audiencias judiciales; y revisó expedientes de casos judiciales. Previamente, en noviembre de 2023, sus investigadores se reunieron con la fiscal general Diana Salazar, así como con varios fiscales, jueces y expertos en crimen organizado en Guayaquil y Quito para documentar las causas del aumento de la violencia en el país.
Los homicidios en Ecuador aumentaron un 574,30% entre 2019 y 2023, elevando la tasa de homicidios de poco más de 7 a más de 47 por cada 100.000 habitantes, según cifras del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. Dos bandas principales—Los Choneros y Los Lobos—están aliadas con narcotraficantes colombianos, mexicanos y albaneses, y luchan por el control del territorio y de las rutas del narcotráfico en el país.
El anuncio de un “conflicto armado” se produjo tras la violenta toma del canal estatal TC Televisión y la fuga de prisión de José Adolfo “Fito” Macías Villamar, líder de Los Choneros. Noboa ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar “operaciones militares, bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos, para neutralizar” a 22 grupos de crimen organizado.
Según el derecho internacional, la existencia de un conflicto armado depende de un análisis objetivo de criterios sobre el nivel de organización de los grupos armados y la intensidad de las hostilidades. El gobierno ecuatoriano no ha presentado evidencias suficientes de que los enfrentamientos con cualquiera de los 22 grupos criminales constituyan un conflicto armado no internacional.
Entre enero y abril, el número de homicidios en Ecuador descendió un 27%, según el gobierno. Pero las extorsiones y los secuestros han aumentado, y los recientes asesinatos de tres alcaldes y del director de una prisión demuestran que la situación sigue siendo grave. Mientras tanto, la militarización de las calles y las cárceles de Ecuador ha provocado serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
En un caso documentado por Human Rights Watch, los soldados mataron el 2 de febrero en Guayaquil a Carlos Javier Vega, de 19 años, e hirieron a su primo Eduardo Velasco. Las Fuerzas Armadas dijeron que los jóvenes habían intentado “evadir el control, embistiendo a personal militar” y los calificaron de “terroristas”. Las entrevistas de Human Rights Watch con testigos, familiares y abogados de las víctimas—junto con vídeos y fotografías que fueron verificados, y documentos judiciales—contradicen la versión del ejército, incluyendo su afirmación de que los jóvenes estaban involucrados con grupos delictivos.
Muchas personas que se reportaron como detenidas, aparentemente nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez. Aunque la policía y los militares están obligados a informar a los fiscales sobre las detenciones que realizan, muchas de las más de 13.000 personas reportadas como detenidas parecen haber sido detenidas durante breves periodos al margen del proceso legal y, según los vídeos y fotografías publicados en Internet y verificados por Human Rights Watch, sometidas a reprimendas, palizas y otros tratos degradantes.
Los militares, que controlan las cárceles ecuatorianas desde enero, han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica. Los soldados parecen ser responsables de múltiples casos de malos tratos y de algunos casos de tortura en prisión. En una audiencia judicial, un detenido describió cómo los militares le pegaron con un cable en la espalda y le pisaron un dedo. “Como ayer no pueden pegarme supuestamente porque soy enfermo, me hicieron abrir las piernas y me dan en los testículos”, dijo.
Las autoridades parecen haber tomado pocas medidas para prevenir violaciones de los derechos humanos o garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones. Por el contrario, los miembros de la Asamblea Nacional señalaron en un comunicado que estaban dispuestos a aprobar una amnistía o indulto “en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea” de la policía y el ejército. El presidente Noboa acusó de “antipatria” a un juez que identificó violaciones de los derechos humanos en las cárceles.
“Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para tareas de vigilancia e investigación. Ponerlas a ejercer ese papel aumenta el riesgo de abusos”, dijo Goebertus. “El gobierno debería limitar la actuación de las Fuerzas Armadas a las circunstancias estrictamente necesarias. Ecuador necesita más funcionarios judiciales y policías mejor entrenados para investigar al crimen organizado, no más soldados en las calles.”
