(Washington, D.C.) – Previo al término del periodo legislativo el 15 de junio de 2024, el Congreso del Perú apresura nuevas medidas que socavarían la independencia judicial, restringirían el espacio cívico y debilitarían las investigaciones sobre el crimen organizado y violaciones de derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch. Los Estados parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deberían debatir la situación en Perú durante la asamblea general que se celebrará en Paraguay a finales de junio.
Durante la primera semana de junio, el Congreso avanzó con una reforma constitucional que eliminaría instituciones judiciales clave y debilitaría la independencia de las autoridades electorales. También avanzaron proyectos de ley que otorgarían al gobierno poderes excesivamente amplios para controlar a las organizaciones no gubernamentales y que socavarían las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en las décadas de 1980 y 1990. Según la legislación peruana, las reformas constitucionales deben aprobarse en dos periodos legislativos distintos, el próximo de los cuales comienza el 27 de julio.
“Con esta ráfaga de legislación destructiva, los congresistas peruanos están intensificando sus medidas para controlar a las autoridades judiciales y electorales y debilitar los sistemas de rendición de cuentas y la supervisión y crítica de sus acciones”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Es probable que estas medidas tengan graves consecuencias para todos los peruanos, permitiendo que el crimen organizado se expanda y dificultando que las personas reciban protección cuando se violan sus derechos”.
El 5 de junio, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó una reforma constitucional para eliminar la Junta Nacional de Justicia, el organismo encargado de nombrar y destituir a jueces, fiscales y autoridades electorales. En su lugar, pondría al Senado a cargo de la designación y remoción de las autoridades electorales, así como de la remoción de los jefes de las entidades disciplinarias del poder judicial y del Ministerio Público. Si la reforma es aprobada por el Congreso esta semana, y de nuevo en el próximo periodo legislativo, la independencia de las autoridades judiciales y la legitimidad de futuras elecciones estarían gravemente amenazadas.
El mismo día, el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó un proyecto de ley que daría enormes poderes al gobierno para controlar a las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos desde el extranjero. El proyecto de ley utiliza un lenguaje demasiado amplio y vago que, en la práctica, otorgaría al gobierno la facultad de multar o sancionar arbitrariamente a grupos que critiquen o se opongan al accionar gubernamental.
El 6 de junio, el Congreso aprobó, en primera votación, un proyecto de ley cuyo objetivo declarado es “precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra” en el Perú. El proyecto, que necesita una segunda votación del Congreso para convertirse en ley, afirma, en contradicción con el derecho internacional, que los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de noviembre de 2003 están sujetos a la prescripción. Ello podría ser utilizado por jueces y fiscales para socavar las investigaciones en curso sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en el Perú (1980-2000) y podría abrir la puerta a la revisión de condenas contra miembros del grupo insurgente maoísta Sendero Luminoso y contra miembros de las fuerzas de seguridad y del gobierno responsables de crímenes de guerra.
Esta medida, que debilitaría la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, incluidos los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, se enmarca en un patrón de acciones del Congreso que fomentan la impunidad y desmantelan el Estado de derecho, señaló Human Rights Watch.
En los últimos años, el Congreso del Perú, donde la mitad de los congresistas, se ha informado, estarían bajo investigación penal, ha sacado adelante una serie de decisiones que socavan la independencia judicial, debilitan la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y desmantelan los procesos democráticos y las salvaguardas de derechos humanos.
La presidenta Dina Boluarte se ha aliado en repetidas ocasiones con el Congreso, que recientemente ha rechazado varias mociones para removerla.
En 2023, el Congreso acortó el plazo para suspender la prescripción de las causas penales. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, invocó la nueva ley para solicitar su propio sobreseimiento en una causa penal. El Congreso también introdujo modificaciones sustanciales a la Ley de Colaboración Eficaz, debilitando lo que había sido una herramienta esencial en las investigaciones sobre crimen organizado. El 30 de mayo aprobó, en primera lectura, un proyecto de ley que restringiría la definición de “crimen organizado”, lo que dificultaría la investigación de muchos delitos conexos, como la extorsión, que se ha disparado en los últimos años.
El Congreso llevó a cabo un proceso que careció de transparencia y criterios claros para nombrar a seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional; nombró a un defensor del pueblo sin experiencia en derechos humanos; inhabilitó sin fundamento a una fiscal suprema; y removió con argumentos cuestionables a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Algunos congresistas también pretenden destituir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el máximo órgano encargado de asuntos electorales.
Entre otros casos que implican a miembros del Congreso, la fiscalía investiga un presunto esquema de tráfico de influencias entre miembros del Congreso y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, a quien la Junta Nacional de Justicia destituyó el 22 de mayo. El equipo de fiscales alega que Benavides influyó en decisiones del Congreso cerrando investigaciones penales contra congresistas. Benavides también está siendo investigada por supuestamente intentar bloquear una investigación contra su hermana, una jueza que fue acusada de liberar ilegalmente a miembros de cárteles de la droga.
El 7 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que la forma en que el Congreso del Perú ha ejercido el poder podría poner al Estado de derecho “en un riesgo crítico”.
Los miembros de la OEA se reunirán del 26 al 28 de junio en Asunción, Paraguay, para celebrar la asamblea general de la organización. Desde 2001, los miembros de la OEA han acordado una “obligación de promover y defender” la democracia, incluyendo la separación de poderes, el respeto de los derechos fundamentales y la celebración de elecciones periódicas, libres y justas.
Durante la asamblea general, los miembros de la OEA deberían plantear su preocupación por el desmantelamiento del Estado de derecho y de los sistemas democráticos en el Perú, señaló Human Rights Watch. La Unión Europea y otros Estados interesados también deberían instar públicamente a la presidenta Boluarte a que garantice el respeto por el Estado de derecho y la independencia judicial.
“Los gobiernos de las Américas deben pronunciarse urgentemente sobre el retroceso democrático en el Perú”, dijo Goebertus. “Está en su interés, y ciertamente en el de todos los peruanos, detener la infiltración y expansión del crimen organizado y la corrupción en las instituciones peruanas”.
