- Desde su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, el desmantelamiento de las libertades cívicas por parte del gobierno ruso y el ataque constante a los derechos fundamentales han escalado dramáticamente a lo largo de más de una década.
- Cientos de personas han sido detenidas o encarceladas bajo nuevas leyes represivas. No se puede debatir abiertamente sobre una amplia gama de temas, y muchos disidentes, periodistas y activistas se han exiliado.
- El gobierno de Rusia debe derogar sus disposiciones draconianas, adecuar las leyes a las obligaciones internacionales y fomentar un entorno en el que la sociedad civil pueda prosperar.
(Nueva York, 7 de agosto de 2024) – Desde su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, el desmantelamiento de las libertades cívicas por parte del gobierno ruso y el ataque constante a los derechos fundamentales han escalado dramáticamente a lo largo de más de una década, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 205 páginas, “Russia’s Legislative Minefield: Tripwires for Civil Society since 2020” (“El campo minado legislativo de Rusia: Trampas para la sociedad civil desde 2020”), se centra en la oleada de leyes y políticas represivas que el gobierno ruso del presidente Vladimir Putin ha adoptado desde 2020 y en cómo el Kremlin las ha utilizado para reprimir la disidencia interna e incapacitar a la sociedad civil. Estas leyes restringen gravemente los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, e imponen narrativas históricas, sociales y políticas dictadas por el Estado en la vida pública.
Todos los activistas rusos liberados en el marco del canje de presos del 1 de agosto de 2024 fueron acusados en virtud de las leyes descritas en el informe. Sin embargo, cientos más siguen encarcelados o encarceladas en virtud de estas leyes. La discusión crítica sobre una amplia gama de temas no puede llevarse a cabo abiertamente, y muchos disidentes, periodistas y activistas se han exiliado.
“El gobierno ruso está obligando a activistas cívicos y periodistas a caminar peligrosamente sobre un campo de minas legislativo, y su resistencia está siendo puesta a prueba como nunca”, señaló Rachel Denber, subdirectora de la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Sin embargo, los grupos y medios de comunicación independientes persisten, y brindan esperanza para la eventual transformación de Rusia en un país comprometido con la protección y promoción de los derechos fundamentales”.
Human Rights Watch examinó esta legislación represiva en ocho áreas principales: “agentes extranjeros”, reunión pública, derechos electorales, libertad de expresión, orientación sexual e identidad de género, traición y conceptos similares, verdad histórica y educación.
La ley emblemática de la represión legislativa del gobierno es la de “agentes extranjeros”, que pretende calumniar como “extranjera” y, por tanto, sospechosa o incluso traidora, a cualquier persona o entidad que se muestre independientemente crítica con el gobierno. Las autoridades rusas promulgaron por primera vez las disposiciones sobre “agentes extranjeros” en 2012 y, desde entonces, las han endurecido repetidamente y las han utilizado como pretexto para cerrar algunos de los principales grupos de derechos humanos del país. El informe describe cómo las disposiciones se dirigieron primero a organizaciones no gubernamentales, luego a grupos no registrados, medios de comunicación, periodistas y otras categorías de personas y, para 2022, a cualquiera que el Estado considerara “bajo influencia extranjera”.
Las penas se han endurecido con el tiempo y ahora incluyen multas, penas de prisión y la revocación de la ciudadanía para los ciudadanos naturalizados. En 2022-2023, las enmiendas también excluían a los presuntos “agentes extranjeros” de muchos aspectos de la vida pública, incluida la función pública y la enseñanza, ya que las autoridades pretendían crear, en palabras de un activista, “una casta de intocables”.
Una serie de enmiendas destrozó lo que quedaba de la libertad de reunión pacífica, declarando ilegal de hecho las protestas legítimas, señaló Human Rights Watch. Las autoridades introdujeron un estricto sistema de licencias que obliga a los organizadores de protestas a solicitar y recibir una autorización explícita para celebrar una reunión pública. Equipararon los paseos públicos y una serie de piquetes individuales con protestas masivas, cerrando los pocos resquicios que la gente había utilizado para organizar protestas y evitar las represivas disposiciones rusas sobre reuniones públicas. Introdujeron requisitos muy poco realistas para verificar el origen de los fondos y donaciones para actos públicos y para informar sobre su gestión.
Las leyes de censura de guerra, adoptadas precipitadamente tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, prohíben difundir información u opiniones sobre la conducta de las fuerzas armadas rusas que se desvíen de la información oficial. Las sanciones incluyen largas penas de prisión, privación de la ciudadanía a los rusos naturalizados y confiscación de bienes. Más de 480 personas han sido procesadas por censura de guerra.
Otras enmiendas tipifican como delito la crítica de la labor de los servicios de seguridad bajo el concepto vagamente definido de “llamamientos públicos contra la seguridad del Estado” e introducen cargos y sanciones penales más severos por difamación.
Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) llevan mucho tiempo sufriendo discriminación, acoso y violencia, especialmente en el contexto de la ley de “propaganda” antigay de 2013. Las enmiendas legislativas adoptadas desde 2022 suponen un ataque en toda regla, ya que el Kremlin se ha posicionado como defensor mundial de los “valores tradicionales”, señaló Human Rights Watch.
Las enmiendas ampliaron la ley de propaganda para prohibir los debates públicos sobre orientación sexual e identidad de género y cualquier representación de las llamadas “relaciones no tradicionales” dirigidas a personas menores de 18 años. Incluso las imágenes que muestran a una pareja del mismo sexo tomada de la mano solo pueden mostrarse sujetas a nuevas restricciones o si están marcadas como contenido restringido de pago. Las librerías han empezado a cubrir los libros que podrían suponer una infracción según las nuevas leyes o los han retirado de las estanterías.
Una sentencia del Tribunal Supremo de 2023 calificó al “Movimiento Internacional LGBT” de “organización extremista”, abriendo las puertas a la persecución y encarcelamiento arbitrarios de personas LGBT y de cualquiera que defienda sus derechos o exprese solidaridad con ellas.
Las nuevas leyes amplían las definiciones de traición para incluir a personas sin acceso a secretos de Estado y las de espionaje para abarcar la transferencia de información a una definición ampliada de “agentes hostiles” que incluye a organizaciones extranjeras e internacionales. Los autores de las leyes de traición reconocieron abiertamente que la ley pretende atacar a grupos de la sociedad civil. Otras leyes tipifican como delito la cooperación con organismos internacionales “de los que Rusia no es parte”, como el Tribunal Penal Internacional de La Haya, y la participación con agentes extranjeros en “cooperación confidencial” contra la seguridad nacional de Rusia. Las nuevas disposiciones también prohíben la colaboración con organizaciones extranjeras no registradas y amplían la prohibición de colaborar con organizaciones designadas por las autoridades como “indeseables”.
En 2023, las autoridades enviaron a los tribunales rusos 101 casos por traición, espionaje y cooperación confidencial, cinco veces más que en 2022, según un informe de medios basado en datos de los tribunales rusos. Los procesos penales por participación en organizaciones “indeseables” han ido en aumento.
Las enmiendas constitucionales de 2020 consagraron en la ley la noción de “verdad histórica” que Rusia se compromete a “proteger”. En 2021, el Parlamento aprobó leyes que prohíben las comparaciones entre la Unión Soviética y la Alemania nazi y tipifican como delito insultar la memoria de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial.
El contexto más amplio implica que las autoridades imponen una narrativa histórica oficial, glorificando los logros de la era soviética mientras minimizan, justifican o, en algunos casos, impugnan los hechos del Gran Terror de Joseph Stalin y otras atrocidades de la era soviética, señaló Human Rights Watch.
Las leyes aprobadas en 2021 impusieron una supervisión más estricta sobre la educación, limitando aún más el acceso de los rusos a la información; eliminando alternativas a las narrativas históricas, sociales y políticas que el gobierno está promoviendo; y controlando las interacciones con los extranjeros.
El gobierno de Rusia debería poner fin a su prolongada represión y, en su lugar, fomentar un entorno en el que la sociedad civil pueda prosperar, señaló Human Rights Watch. Debería derogar las disposiciones legales draconianas y seguir las recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales para adecuar la legislación y las prácticas a las obligaciones internacionales de Rusia en materia de derechos humanos.
“El Kremlin sigue haciendo retroceder el reloj hacia la tiranía del pasado”, señaló Denber. “Las leyes rusas deberían ampliar el respeto a los derechos, no destruirlos”.
