El control ejercido por el gobierno venezolano sobre el poder judicial y el consiguiente debilitamiento del sistema de frenos y contrapesos democráticos han contribuido a generar una situación de derechos humanos precaria. Sin un control judicial de sus acciones, el gobierno del Presidente Hugo Chávez ha socovado sistemáticamente la libertad de expresión de los periodistas, la libertad sindical de los trabajadores y la capacidad de las organizaciones y defensores de derechos humanos de promover derechos básicos. También ha perseguido a opositores políticos.
Los abusos policiales y la impunidad representan un grave problema. Las condiciones carcelarias son deplorables y se producen numerosas muertes debido a la violencia entre reclusos.
Independencia del poder judicial
En 2004, el Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional emprendieron una estrategia de copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, que incluyó designar a partidarios del gobierno en el Tribunal y adoptar nuevas medidas que permitieron depurarlo. Desde entonces, el Tribunal Supremo prácticamente ha abdicado su rol de contralor del poder ejecutivo y ha dejado de proteger derechos fundamentales consagrados en la Constitución venezolana en varios casos clave vinculados con medidas del gobierno destinadas a limitar la libertad de expresión y de asociación.
El gobierno muestra escaso respeto por los controles democráticos. Los jueces cuyos pronunciamientos contradigan los intereses del gobierno pueden sufrir represalias. En diciembre de 2009, la jueza María Lourdes Afiuni fue detenida el mismo día en que concedió la libertad condicional a Eligio Cedeño, un empresario del sector bancario acusado de corrupción. Afiuni estaba cumpliendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, ya que Cedeño había permanecido en prisión preventiva durante casi tres años, pese a que el período máximo establecido por la ley venezolana es de dos años. El día siguiente a la detención, Chávez calificó a Afiuni como "bandida" y afirmó que debía recibir la pena máxima, de 30 años de prisión. Afiuni fue acusada de corrupción, abuso de autoridad y de "favorecimiento para la evasión", y durante el juicio penal en su contra se vulneraron varios aspectos de su derecho al debido proceso. Tres expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas emitieron un comunicado de prensa conjunto en el cual describían su detención como "un golpe a la independencia de magistrados y abogados en el país", y exigieron su liberación. Pese a esto, el Tribunal Supremo rechazó las apelaciones interpuestas por Afiuni en defensa de sus derechos. En octubre de 2010, permanecía detenida en una cárcel de mujeres de Caracas en condiciones deplorables.
Libertad de expresión
En Venezuela existe un dinámico debate público, en el cual los medios opositores al gobierno y aquellos afines a él pueden hacer oír de igual manera sus críticas y su apoyo al presidente. No obstante, el gobierno ha discriminado a medios que difunden la opinión de opositores políticos y ha reforzado la capacidad del Estado de limitar la libertad de expresión y creado poderosos incentivos para que los críticos del gobierno se autocensuren. Entre las leyes que han contribuido al clima de autocensura, pueden mencionarse las reformas al Código Penal que amplían el alcance de las leyes de "desacato" que penalizan las expresiones que se consideran ofensivas para funcionarios de alto rango -pese a que las normas internacionales exigen su abolición-, y una ley de radio y televisión que permite la suspensión arbitraria de canales sobre la base del delito de "incitación", definido de una manera sumamente vaga.
En junio de 2010, el periodista Francisco Pérez fue condenado a tres años y nueve meses de prisión, inhabilitación profesional y al pago de una multa de casi US$ 20.000 por el delito de difamación contra el alcalde de Valencia. Pérez había publicado dos artículos en el periódico El Carabobeño, en los cuales acusó al alcalde de nepotismo y corrupción.
El gobierno ha abusado de sus facultades de control de las frecuencias de radio y televisión para castigar a las estaciones que emiten una programación manifiestamente crítica, y ha obligado a los medios privados a transmitir los discursos del presidente y otros funcionarios. Desde que asumió el poder en febrero de 1999, Chávez ha obligado a los canales de radio y televisión que trasmiten a través de señales de aire públicas a difundir en directo más de 2.000 discursos.
En enero de 2010, CONATEL, la entidad gubernamental que regula las telecomunicaciones, ordenó a los proveedores de televisión por cable del país que interrumpieran la señal de aquellos canales que no cumplían con la ley de radio y televisión -incluido el requisito de transmitir los discursos presidenciales- hasta que solicitaran y se les reconociera la condición de canales "internacionales" (a los cuales la ley no se aplica). La suspensión afectó a siete canales, entre ellos RCTV International, el canal de cable creado luego de que la señal de RCTV -un medio opositor a Chávez- fuera retirada del aire en 2007. CONATEL rechazó la solicitud de RCTV International para ser considerada productora nacional audiovisual. Al momento de la redacción del presente documento, el canal sólo se encontraba disponible en Internet y no podía transmitir en Venezuela.
En junio de 2010, Chávez creó por decreto el Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), con amplias facultades para restringir la difusión pública de cualquier "información, hecho o circunstancia" que considere que deba tener carácter confidencial. El lenguaje del decreto es tan amplio que podría permitir que el gobierno, en forma absolutamente discrecional, impidiera la difusión de información por parte de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
Defensores de derechos humanos
El gobierno de Chávez ha intentado activamente desacreditar a organizaciones de derechos humanos locales e internacionales. Diversos funcionarios, el presidente entre ellos, han formulado reiteradamente acusaciones infundadas que vinculan a defensores de derechos humanos con intentos por desestabilizar el país.
Los defensores de derechos humanos han sido objeto de persecuciones deliberadas. En julio de 2010, el Presidente Chávez señaló que los fiscales debían "investigar a fondo" los "millones y millones de dólares" que el Departamento de Estado de los Estados Unidos destina a ONG venezolanas. Estas declaraciones se formularon un día después de que una organización que apoya al gobierno presentara una denuncia formal ante los fiscales para que se investigue el financiamiento recibido por dos de las principales organizaciones de derechos humanos en Venezuela. El poder judicial no ha ofrecido protección judicial efectiva en estos casos. Ese mismo mes, el Tribunal Supremo resolvió que "la obtención de recursos financieros, ya sea de manera directa o indirecta, provenientes de estados extranjeros con la intención de emplearse en perjuicio de la República [y] los intereses del Pueblo... [podría configurar] traición".
Es común que defensores de derechos humanos sean estigmatizados en los medios de comunicación controlados por el gobierno, y que sean objeto de persecución e intimidación por parte de personas no identificadas alineadas con el gobierno. Carlos Correa, director de Espacio Público, fue el centro de una intensa campaña de propaganda durante 2010, que incluyó una secuencia de dibujos animados transmitida por la televisión estatal (VTV) donde se mostraba a Correa saliendo de la embajada estadounidense en una limusina y con un maletín repleto de dólares.
Juicios contra opositores del gobierno
El gobierno de Chávez ha iniciado juicios penales contra varias personas reconocidas por sus críticas al gobierno. La falta de independencia de los tribunales contribuyó a reducir la posibilidad de que las partes recibieran un juicio imparcial.
La Fiscalía General de la República inició una investigación de Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, un canal de televisión de postura crítica frente al gobierno de Chávez, por "los delitos de divulgación de información falsa, y ofensa y vilipendio al Presidente de la República". En un discurso durante un encuentro público, Zuloaga había acusado al presidente de "ordenar disparar" a manifestantes durante el golpe de estado de abril de 2002 contra Chávez. En junio, durante un discurso que se transmitió por televisión, el presidente expresó su indignación debido a que Zuloaga aún se encontraba en libertad. Una semana después, la policía se presentó en la vivienda de Zuloaga para detenerlo junto a su hijo por supuestas irregularidades en su negocio de venta de automóviles. Según sus abogados, la investigación había estado paralizada durante varios meses. En agosto, el Tribunal Supremo de Venezuela autorizó un pedido para que Zuloaga y su hijo fueran extraditados de Estados Unidos, país al que escaparon para evitar se arrestados.
En mayo, un fiscal acusó a Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del estado de Zulia y opositor de Chávez, de "instigación pública a delinquir, poner en peligro la tranquilidad pública" y de "difundir información falsa" por criticar al gobierno de Chávez durante una entrevista televisiva celebrada en marzo. Álvarez Paz había dicho que "Venezuela se ha convertido en un centro de operaciones que facilita el negocio del tráfico de drogas". Álvarez Paz permaneció en prisión preventiva durante casi dos meses.
Abusos policiales
Los delitos violentos son comunes en Venezuela, y las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de seguridad continúan siendo una práctica recurrente. El Ministro del Interior y de Justicia estimó que en uno de cada cinco delitos, los responsables son policías. Según el Ministerio Público, las fuerzas de seguridad pública habrían asesinado a 7.998 personas entre enero de 2000 y el primer trimestre de 2009. La impunidad continúa siendo la regla para todos los delitos violentos, incluidos aquellos perpetrados por policías.
En abril de 2008, el gobierno de Chávez dictó un decreto por el cual creó una nueva fuerza de policía nacional y adoptó medidas para promover prácticas policiales no abusivas, que fueron propuestas por una comisión integrada por representantes del gobierno y de ONG. En 2010, un grupo de agentes de la nueva Policía Nacional Bolivariana (PNB), que recibe capacitación sobre derechos humanos y métodos no abusivos, participó en un programa piloto en Catia, un distrito de Caracas con altos índices de delito. Al momento de la redacción de este documento, no existía ninguna evaluación independiente del desempeño del nuevo cuerpo de policía.
Condiciones carcelarias
Las cárceles venezolanas se ubican entre las más violentas de América Latina. Diversos factores como seguridad deficiente, deterioro de la infraestructura, sobrepoblación, corrupción y cantidad insuficiente y capacitación inadecuada de guardias han permitido que pandillas armadas tomen el control de las cárceles. Cada año se producen cientos de muertes en las cárceles. En septiembre de 2010, una riña entre pandillas armadas rivales en el Centro Penitenciario Aragua en Tocorón dejó un saldo de 16 presos muertos y 35 heridos.
Derechos laborales
El gobierno de Chávez ha vulnerado sistemáticamente los derechos de los trabajadores, y ha debilitado a los sindicatos establecidos para favorecer a nuevos sindicatos paralelos que apoyan su agenda política.
El gobierno exige al Consejo Nacional Electoral (CNE), una autoridad pública, que organice y reconozca todas las elecciones sindicales. Esto viola los estándares internacionales que garantizan el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus representantes de acuerdo con las condiciones que ellos determinen. Los sindicatos establecidos cuyas elecciones no hayan sido reconocidas por el CNE no pueden participar en negociaciones colectivas.
El gobierno ha prometido durante años que reformaría las leyes laborales y electorales relevantes para restringir la interferencia del estado en las elecciones sindicales. A la fecha de redacción de este informe, la Asamblea Nacional aún estaba tratando una serie de reformas que establecían la legalidad de las elecciones sindicales celebradas sin intervención del CNE.
Actores internacionales clave
El gobierno venezolano ha endurecido su rechazo frente a la observación internacional de la situación de derechos humanos en el país. En su informe de diciembre de 2009 sobre los derechos humanos en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que, al impedirle que visitara el país, Venezuela estaba "contribuyendo al debilitamiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos". Chávez calificó al informe de "inefable" e "ignominioso".