Informe Mundial: Apariencia de acción

Por Kenneth Roth En el Informe Mundial del año pasado, Human Rights Watch destacó la intensificación de los ataques de los gobiernos abusivos contra los defensores, las organizaciones y las instituciones de derechos humanos. Este año nos ocupamos de la otra cara del problema: el hecho de que los presuntos campeones de los derechos humanos no respondan a este problema, no defiendan a las personas y las organizaciones que luchan por los derechos humanos y no se posicionen firmemente contra los gobiernos abusivos. Suele existir cierto grado de racionalidad en la decisión de un gobierno de violar los derechos humanos. Puede que el gobierno tema que el aumento de la libertad anime a la población a unir sus voces de descontento y se ponga en peligro su control del poder. O que a los líderes abusivos les preocupe que dedicar recursos a los desfavorecidos comprometa su capacidad para enriquecerse ellos mismos y sus camaradas. La presión internacional puede alterar este cálculo. Ya sea denunciando o condenando los abusos, condicionando el acceso a la ayuda militar o la asistencia presupuestaria a su cese, imponiendo sanciones específicas a abusadores particulares o incluso reclamando el enjuiciamiento y el castigo de los responsables, la presión política aumenta el precio a pagar por la violación de los derechos humanos. Desalienta la opresión adicional e indica que las violaciones no pueden continuar sin consecuencias. Todos los gobiernos tienen el deber de ejercer dicha presión. Un compromiso con los derechos humanos requiere no solo su defensa y respeto dentro del país, sino también el uso de todos los recursos disponibles y adecuados para convencer a otros gobiernos de que también los respeten. A ningún gobierno represivo le gusta enfrentarse a dicha presión. Hoy en día, muchos están repeliendo los ataques con la esperanza de disuadir a otros de la adopción o el mantenimiento de dichas medidas. Esta reacción es muy poco sorprendente. Lo que es decepcionante es el número de gobiernos que, frente a esta reacción, están abandonando la presión pública. Con una frecuencia inquietante, los gobiernos con los que se podría haber contando para generar dicha presión en favor de los derechos humanos están aceptando los argumentos y los subterfugios de los gobiernos represivos y tirando la toalla. En lugar de un compromiso a ejercer presión pública en favor de los derechos humanos, profesan una preferencia por métodos más suaves como el “diálogo” privado y la “cooperación”. Por naturaleza, no hay nada malo en dialogar y cooperar para promover los derechos humanos. La persuasión de un gobierno a través del diálogo para que coopere verdaderamente con los esfuerzos para mejorar la situación de derechos humanos en su país es un objetivo clave de la incidencia en favor de los derechos humanos. Una estrategia de cooperación tiene sentido para un gobierno que ha demostrado su disposición a respetar los derechos humanos, pero carece de los recursos o los conocimientos técnicos para implementar su compromiso. También puede ser útil para mantener las apariencias, cuando un gobierno está dispuesto a poner fin a las violaciones pero quiere que parezca que actúa por propia iniciativa. De hecho, Human Rights Watch entabla con frecuencia diálogos privados con los gobiernos por estos motivos. Sin embargo, cuando el problema consiste en una falta de voluntad política para respetar los derechos humanos, es necesaria la presión pública para alterar el análisis de los beneficios en función del costo que lleva a la elección de la represión por encima de los derechos. En dichos casos, la búsqueda del diálogo y la cooperación se convierte en una pantomima destinada más a apaciguar a los críticos de la complacencia que a asegurar el cambio, una diversión calculada del hecho de que no se está haciendo nada con transcendencia. Es más, el rechazo del uso de la presión hace que el diálogo y la cooperación sean menos eficaces, ya que los gobiernos saben que no hay nada que temer por el solo hecho de fingir una participación seria. Algunos ejemplos recientes de esta estrategia descaminada incluyen la tenue respuesta de la ASEAN a la represión birmana, la actitud de deferencia de las Naciones Unidas con respecto a las atrocidades en Sri Lanka, la estrategia obsequiosa de la Unión Europea para Uzbekistán y Turkmenistán, la suave reacción occidental ante ciertos líderes represivos africanos bien aceptados como Paul Kagame de Ruanda y Meles Zenawi de Etiopía, la débil política estadounidense con respecto a Arabia Saudita, la postura complaciente de India frente a Birmania y Sri Lanka, y la cobardía casi universal para enfrentar la creciente represión de las libertades fundamentales en China. En todos estos casos, los gobiernos cierran de hecho los ojos ante la represión al abandonar la presión publica. Incluso aquellos que rehúyen el uso de la presión en la mayoría de los casos están dispuestos a veces a ejercerla sobre gobiernos parias, como Corea del Norte, Irán, Sudán y Zimbabue, cuyo comportamiento, ya sea en materia de derechos humanos o de otro tipo, es tan escandaloso que eclipsa otros intereses. Sin embargo, en demasiados casos actuales, los gobiernos demuestran una reticencia decepcionante a ejercer la presión pública para alterar el cálculo de la represión. Cuando los gobiernos dejan de ejercer presión para abordar violaciones de los derechos humanos, dejan a sus defensores nacionales (activistas en favor de los derechos humanos, parlamentarios simpatizantes y periodistas preocupados) sin un apoyo fundamental. La presión del exterior puede ayudar a contribuir a crear el espacio político para que los agentes nacionales presionen a su gobierno para que respete los derechos humanos. También puede demostrar a los activistas nacionales que no están solos, que otros les respaldan. Sin embargo, cuando dicha presión es escasa o nula, los gobiernos represivos tienen más margen para restringir a los activistas nacionales, como ha ocurrido en los últimos años en Rusia, Etiopía, Ruanda, Camboya y otros países. Y dada la excesiva apariencia de aquiescencia y aceptación del diálogo y la cooperación, los activistas nacionales sienten indiferencia en lugar de solidaridad. Una respuesta tímida a la represión En los últimos años, el uso del diálogo y la cooperación en lugar de la presión pública ha cobrado impulso en el seno de la ONU; desde el secretario general Ban Ki-moon hasta muchos miembros del Consejo de Derechos Humanos. Además, la UE parece haberse encaprichado especialmente con la idea del diálogo y la cooperación, y la primera alta representante de la UE sobre política exterior y seguridad, Catherine Ashton, ha expresado reiteradamente una preferencia por la “diplomacia silenciosa” independientemente de la circunstancias. Las principales democracias meridionales, como Sudáfrica, India y Brasil, han promovido la tranquilidad como respuesta preferida ante la represión. La famosa elocuencia del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le ha abandonado a veces a la hora de defender los derechos humanos, especialmente en contextos bilaterales como, por ejemplo, China, India e Indonesia. Obama tampoco ha insistido en que los diversos organismos del Gobierno de Estados Unidos, como el Departamento de Defensa y varias embajadas, transmitan constantemente un firme mensaje de defensa de los derechos humanos, lo que ha resultado un problema en casos como el de Egipto, Indonesia y Bahréin. Nos encontramos en una época especialmente inoportuna para que los promotores de los derechos humanos pierdan su voz pública, ya que varios gobiernos que quieren impedir la aplicación rigurosa de los derechos humanos no han tenido ningún reparo en hacer oír su voz. Muchos están cuestionando principios fundamentales, como la universalidad de los derechos humanos. Por ejemplo, algunos gobiernos africanos se quejan del que el enfoque en África de la Corte Penal Internacional es selectivo e imperialista, como si el futuro de unos cuantos déspotas africanos fuera más importante que el sufrimiento de sus incontables víctimas en el continente. El crecimiento económico de China suele citarse como una razón para creer que un Gobierno autoritario es más eficaz para la promoción del desarrollo económico en países de bajos ingresos, a pesar de que los gobiernos sin rendición de cuentas tienen más posibilidades de sucumbir a la corrupción y menos posibilidades de atender las necesidades más urgentes de la población o invertir en ellas (como demuestra el número cada vez mayor de protestas en China, alrededor de 90,000 al año según la propia versión oficial, fomentadas por el creciente descontento por la corrupción y la arbitrariedad de los funcionarios locales). Algunos gobiernos, ansiosos por abandonar normas establecidas desde hace tiempo para proteger a la población civil en tiempos de guerra o frente a amenazas contra la seguridad, justifican sus propias violaciones de las leyes de la guerra citando los ataques indiscriminados de Sri Lanka para derrotar a las fuerzas rebeldes de los Tigres Tamiles, o la tolerancia occidental (y especialmente de Estados Unidos) de la tortura y la detención arbitraria en la lucha contra el terrorismo. Los gobiernos que pierden su voz con respecto a los derechos humanos abandonan en la práctica estos debates cruciales frente a los que se oponen a la aplicación universal de los derechos humanos. Parte de esta reticencia se debe a una crisis de confianza. El equilibrio cambiante del poder mundial (especialmente con el apogeo de China), la intensificación de la competencia por los mercados y los recursos naturales en una época de inestabilidad económica y el declive de la posición moral de las potencias occidentales debido a su uso con impunidad de técnicas antiterroristas abusivas, han hecho que muchos gobiernos estén menos dispuestos a adoptar una postura pública de defensa firme de los derechos humanos. Irónicamente, algunos de los gobiernos que más se oponen a recurrir a la presión para promover los derechos humanos no tienen miramientos a la hora de ejercer presión para rechazar críticas relacionadas con los derechos humanos. China, por ejemplo, usó todos los recursos a su alcance en un intento, finalmente frustrado, de suprimir un informe presentado al Consejo de Seguridad de la ONU acerca del hallazgo de armamento chino en Darfur, a pesar del embargo de armas. Sri Lanka hizo lo mismo en otro intento frustrado de eliminar un grupo asesor de la ONU para determinar responsabilidad por los crímenes de guerra cometidos durante su conflicto armado con los Tigres Tamiles. China organizó también una importante campaña de lobby para impedir la concesión del Premio Nobel de la Paz al escritor y activista de derechos humanos chino encarcelado Liu Xiaobo, y cuando no logró su objetivo, intentó sin éxito que los representantes de los gobiernos no asistieran a la ceremonia de entrega en Noruega. China hizo un esfuerzo similar para bloquear la creación de una comisión de la ONU para investigar los crímenes de guerra cometidos en Birmania. Las Naciones Unidas y sus Estados miembros La obsesión con el diálogo y la cooperación es especialmente intensa en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde muchos de los miembros insisten en que el Consejo debería practicar “la cooperación y no la condena”. Una de las principales formas de presión del Consejo es el envío de misiones de averiguación para desvelar los abusos cometidos y exigir cuentas a los gobiernos por no frenarlos. Una vía importante para aplicar estos instrumentos es una resolución dirigida a un país o una situación particular. Sin embargo, muchos gobiernos miembros del Consejo evitan cualquier resolución destinada a ejercer presión sobre un país (salvo en el caso del eterno paria del Consejo, Israel). Como explicó China (en el contexto similar de la Asamblea General de la ONU), “la presentación de una resolución específica para un país... politizaría el tema de los derechos humanos y no propicia una verdadera cooperación sobre esta cuestión”. El Grupo Africano en el seno de la ONU ha señalado que solo apoyará resoluciones específicas para un país con el consentimiento del gobierno afectado, en otras palabras, solo cuando la resolución no ejerza presión en absoluto. Esta estrategia se llevó al extremo después de que Sri Lanka lanzara ataques indiscriminados contra la población civil en los últimos meses de su guerra contra los Tigres Tamiles: en lugar de condenar estas atrocidades, la mayoría de los miembros del Consejo superaron las objeciones de una minoría y votaron a favor de felicitar a Sri Lanka por su victoria militar, sin mencionar las atrocidades cometidas por el Gobierno. Si los miembros del Consejo quieren que el diálogo y la cooperación logren el respeto de los derechos humanos, deben limitar el uso de estos instrumentos a los gobiernos que hayan demostrado una voluntad política de mejorar. Sin embargo, ya sea por premeditación o por cobardía, muchos miembros del Consejo promueven el diálogo y la cooperación como la receta universal, independientemente de que el gobierno tenga la voluntad política de cesar su conducta abusiva. Se resisten por lo tanto a las pruebas para determinar si el interés declarado de un gobierno a cooperar es un plan para evitar la presión o un verdadero compromiso de mejora–pruebas que podrían comprobar la voluntad del gobierno para reconocer sus fallos en materia de derechos humanos, recibir positivamente a los investigadores de la ONU para examinar la naturaleza del problema, recomendar soluciones y emprender reformas. Los enemigos de la aplicación de los derechos humanos se oponen a resoluciones críticas incluso sobre gobiernos que no superan claramente estas pruebas, como los de Birmania, Irán, Corea del Norte, Sri Lanka y Sudán. En el seno de la Asamblea General de la ONU surgen problemas similares. Cuando las fuerzas armadas birmanas consolidaron su régimen militar de décadas con elecciones manipuladas destinadas a darle una apariencia civil, se puso en marcha una campaña para intensificar la presión mediante la creación de una comisión internacional de averiguación encargada de examinar los múltiples crímenes de guerra cometidos en el conflicto armado que afecta desde hace mucho tiempo al país. Este tipo de comisión sería un instrumento excelente para demostrar que dichas atrocidades ya no pueden cometerse con impunidad. También promovería que los nuevos miembros del Gobierno dominado por las fuerzas armadas eviten cometer los peores abusos del pasado. La idea de una comisión de averiguación, propuesta originalmente por el relator especial de la ONU sobre Birmania, ha recibido el respaldo de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, entre otros. Sin embargo, algunos países se han negado a respaldar la creación de una comisión de averiguación con el argumento espurio de que no funcionaría sin la cooperación de la Junta birmana. La alta representante de la UE, Catherine Ashton, evitó apoyar este mecanismo señalando: “Idealmente, nuestro objetivo debería ser asegurar cierto grado de cooperación por parte de las autoridades nacionales”. De manera similar, una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán dijo que, para ayudar a promover los derechos humanos en el país, es “crucial encontrar algún mecanismo de cooperación con las autoridades nacionales [birmanas]”. Sin embargo, obtener dicha cooperación por parte de las fuerzas armadas birmanas sin aumentar la presión es una quimera. Una de las formas preferidas de cooperación es el diálogo intergubernamental formal acerca de los derechos humanos, como los que mantienen muchos gobiernos con China y los que la UE ha entablado con una serie de países represivos, entre ellos las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central. Es comprensible que los gobiernos autoritarios acojan positivamente estos diálogos porque desvían la atención de los debates sobre derechos humanos. El público, que incluye a los activistas nacionales, se queda al margen, al igual que la mayoría de los funcionarios del Gobierno que no pertenecen al ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, los gobiernos occidentales también mencionan con frecuencia la existencia de dichos diálogos para justificar no hacer declaraciones concretas acerca de las violaciones de los derechos humanos y los remedios en situaciones más significativas–como ocurrió, por ejemplo, durante la presidencia de la Unión Europea de Suecia, cuando le preguntaron por qué los derechos humanos no habían tenido una presencia más destacada en la conferencia de ministros de la UE y Asia Central. La propia experiencia de Human Rights Watch demuestra que los comentarios públicos sobre las prácticas de derechos humanos no tienen por qué impedir un diálogo privado significativo con los gobiernos. Human Rights Watch informa habitualmente sobre abusos y genera presión para que acaben, pero esto no se ha interpuesto en el camino de la comunicación activa con muchos gobiernos objeto de estos informes. De hecho, con frecuencia, es más probable que los gobiernos entablen un diálogo con Human Rights Watch porque las consecuencias negativas de los informes públicos y su deseo de influir en ellos les hace querer dialogar. Si una organización no gubernamental puede mantener un diálogo con los gobiernos mientras denuncia sus abusos, los gobiernos deberían ser ciertamente capaces de lo mismo. La necesidad de criterios Los diálogos tendrían un impacto mucho mayor si estuvieran ligados a criterios concretos y definidos públicamente. Dichos criterios ofrecerían una dirección clara para el diálogo y exigirían resultados concretos a los participantes. No obstante, esto es exactamente lo que quieren evitar con frecuencia los participantes en el diálogo. La propia falta de criterios claros y públicos demuestra una falta de seriedad y de voluntad para por lo menos ejercer la presión mínima necesaria para que el diálogo sea significativo. Por ejemplo, la UE ha argumentado que la definición pública de los criterios introduciría tensión en un diálogo y debilitaría su función de “ejercicio de desarrollo de la confianza”, como si el propósito del diálogo fuera promover la calidez y la comodidad en la relación, en lugar de mejorar el respeto por los derechos humanos. Adicionalmente, los gobiernos represivos han desarrollado tanta maestría en la manipulación de estos diálogos, y los presuntos promotores de los derechos humanos se han vuelto tan dependientes de ellos como demostración de que “están haciendo algo al respecto”, que los represores han logrado que la simple iniciación o reanudación de un diálogo se considere una muestra de “progreso”. Hasta los supuestos promotores de los derechos humanos han caído en esta trampa. Por ejemplo, un informe de progreso de 2008 acerca de la implementación de la estrategia de la UE para Asia Central concluyó que las cosas iban bien, pero no ofreció más información específica que la “intensificación del diálogo político” como una medida del “progreso”. Incluso cuando existen criterios, la voluntad de los gobiernos occidentales de ignorarlos cuando resultan inconvenientes socava su utilidad. Por ejemplo, los acuerdos bilaterales de la UE con otros países están habitualmente condicionados al respeto de los derechos humanos fundamentales, no obstante, la UE concluyó un acuerdo comercial significativo e intentó contraer un acuerdo de plena asociación y cooperación con Turkmenistán, un gobierno gravemente represivo sobre el que es inconcebible decir que cumple las condiciones de derechos humanos de los acuerdos. Es como si la UE anunciara por adelantado que sus condiciones de derechos humanos no son más que un elemento decorativo que no debe tomarse en serio. La UE justificó esta decisión en nombre de la “profundización de las relaciones” y un nuevo “marco para el diálogo y la cooperación”. De manera similar, a pesar de que Serbia no ha capturado ni entregado a Ratko Mladic (antiguo líder militar serbobosnio) para ser juzgado bajo acusaciones de crímenes de guerra–lo que constituye un criterio fundamental de la cooperación en materia de crímenes de guerra que, según ha insistido reiteradamente la UE, es un requisito para entablar discusiones con Serbia acerca de su entrada en la Unión Europea–la UE aceptó iniciar el diálogo de todo modos. La UE también levantó gradualmente las sanciones impuestas a Uzbekistán después de que las fuerzas de seguridad masacraran a cientos de personas en 2005 en la ciudad de Andijan, a pesar de que no se han adoptado medidas para permitir una investigación independiente, la principal condición original para el levantamiento de las sanciones, y mucho menos para enjuiciar a los responsables o cumplir ninguna de las demás demandas de la UE, como la puesta en libertad de activistas pro derechos humanos encarcelados injustamente. De igual modo, durante su primer año, el gobierno de Obama ignoró simplemente las condiciones de derechos humanos para la transferencia de ayuda militar a México, en virtud de la Iniciativa de Mérida, a pesar de que México no había cumplido los requisitos sobre el enjuiciamiento de oficiales militares abusivos en tribunales civiles. Aunque durante su segundo año, el Gobierno retuvo una pequeña fracción del financiamiento, volvió a certificar, a pesar de las claras muestras de lo contrario, que México estaba cumpliendo los requisitos de derechos humanos de la Iniciativa de Mérida. Estados Unidos firmó también un pacto de financiamiento con Jordania a través de la Millennium Challenge Corporation, a pesar de que este país no había mejorado sus calificaciones negativas en materia de derechos políticos y libertades civiles, de acuerdo con los criterios de la MCC. Debilidad del liderazgo El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se ha mostrado notablemente reticente a ejercer presión sobre gobiernos abusivos. En su función de secretario general dispone de dos instrumentos principales para promover los derechos humanos: la diplomacia privada y sus declaraciones públicas. Puede usar sus buenos oficios para animar a los gobiernos a que cambien, o puede usar el prestigio de su cargo para exponer a los que no están dispuestos a cambiar. La reticencia de Ban a manifestarse acerca de graves violadores de los derechos humanos significa que está eligiendo con frecuencia actuar con una mano atada a la espalda. Realizó declaraciones contundentes relacionadas con los derechos humanos durante su visita a Turkmenistán y Uzbekistán, pero se mostró mucho más reticente cuando visitó un país más poderoso como China. Y puso una fe injustificada en su capacidad manifiesta para convencer mediante la persuasión en privado a líderes como el presidente de Sudán Omar al-Bashir, el jefe militar birmano Than Shwe y el presidente de Sri Lanka Mahinda Rajapaksa. Lo que es peor, lejos de condenar la represión, Ban se desvivió en ocasiones por presentar a los gobiernos opresores desde una perspectiva positiva. Por ejemplo, en los días previos a las elecciones de noviembre en Birmania, Ban argumentó que “no era demasiado tarde” para “hacer que estas elecciones fueran más inclusivas y participativas” mediante la puesta en libertad de los presos políticos, un hecho improbable que, aunque se hubiera hecho realidad, no habría mejorado la grave desigualdad en el campo electoral. Incluso después de que concluyera esta farsa, Ban se limitó a decir que las elecciones no habían sido “insuficientemente inclusivas, participativas y transparentes”, una grave subestimación de la realidad. Cuando visitó China ese mismo mes, Ban no mencionó los derechos humanos en su encuentro con el presidente Hu Jintao, y dejó el tema en manos de funcionarios de rango inferior. Esta omisión dejó la impresión de que, en el mejor de los casos, para el Secretario General, los derechos humanos son una prioridad de segundo nivel. En sus declaraciones sobre la concesión del Premio Nobel de la Paz a Liu Xiaobo, un activista pro derechos humanos chino encarcelado, Ban nunca felicitó a Liu ni pidió su puesta en libertad, y alabó en cambio a Beijing diciendo: “China ha logrado avances económicos considerables, ha sacado a millones de personas de la pobreza, ha ampliado la participación política y se ha ido sumando a la corriente internacional con su adopción de instrumentos y prácticas reconocidas de derechos humanos”. El nuevo primer ministro británico, David Cameron, solo mejoró marginalmente esta actuación durante su visita a China. No mencionó a Liu en sus encuentros oficiales con el primer ministro chino, Wen Jiabao, y se reservó la cuestión para las conversaciones informales durante la cena. Asimismo, sus declaraciones públicas se limitaron a generalidades con las que se siente cómodo el propio Gobierno chino, la necesidad de “mayor apertura política” y el Estado de derecho, en lugar de mencionar casos específicos de críticos del Gobierno encarcelados u otras restricciones concretas de derechos. El gobierno de la canciller alemana, Angela Merkel, demostró una falta de coraje similar en sus tratos con China. El “diálogo” es el principio rector mencionado ampliamente por el Gobierno alemán, y en sus declaraciones públicas durante su última visita a China, Merkel solo se refirió levemente a los derechos humanos, aunque afirmó que había mencionado la cuestión en privado. En la cumbre “China se reúne con Europa” celebrada en Hamburgo, el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Guido Westerwelle, evitó mencionar abusos concretos cuando habló de “un intenso diálogo sobre el Estado de derecho” y “un diálogo de derechos humanos” para “desarrollar una firme base para una asociación real entre Alemania y China”. En Francia, cuando se disponía a dar la bienvenida al presidente de China Hu Jintao en París en noviembre, el presidente Nicolas Sarkozy ni siquiera felicitó a Liu Xiaobo por haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Con respecto a Arabia Saudita, en 2005, el Gobierno de Estados Unidos estableció un “diálogo estratégico” al que, debido a las objeciones saudíes, no se incorporó formalmente el tema de los derechos humanos y se delegó la cuestión al “Grupo de Trabajo sobre Colaboración, Educación, Intercambio y Desarrollo Humano”. Incluso ese diálogo desapareció gradualmente. Aunque el Gobierno de Estados Unidos contribuyó a mantener a Irán fuera del consejo del nuevo organismo de la ONU para la mujer en 2010, debido a su maltrato a las mujeres, no hizo el mismo esfuerzo en el caso de Arabia Saudita que, a pesar de contar con un terrible historial en esta materia, recibió un puesto en virtud de su contribución financiera. De manera similar, el Reino Unido lleva manteniendo un diálogo callado “entre dos reinos” con Arabia Saudita desde 2005. Su establecimiento solo incluyó referencias indirectas a los derechos humanos y no ha ejercido ninguna presión discernible sobre el Gobierno saudí para que mejore su conducta. Otros intereses en juego En ocasiones, los que promueven el diálogo silencioso en lugar de la presión pública argumentan su eficacia, aunque con frecuencia parecen estar en juego otros intereses. En el caso de Uzbekistán, que constituye una ruta importante para el reabastecimiento de las tropas de las OTAN en Afganistán, la UE argumentó que las sanciones específicas contra los responsables de la masacre de Andijan estaban “alienando” al Gobierno y “se interponían en el camino de una relación constructiva”, como si hacer las paces con un Gobierno que negó agresivamente cualquier responsabilidad por la matanza de miles de ciudadanos fuera más eficaz para generar el cambio que la presión sostenida. Al exponer las razones para que las preocupaciones en materia de derechos humanos no obstaculicen el nuevo acuerdo de asociación y cooperación con un país seriamente represivo como Turkmenistán, con grandes reservas de gas, la UE recurre a una declaración similar del temor a la alienación. Para evitar la indignación pública que se desencadenaría si se abandonaran abiertamente los derechos humanos en favor de estos otros intereses, la UE elude la preocupación existente mediante el diálogo privado. Una dinámica similar está en juego en China, donde los gobiernos occidentales buscan oportunidades económicas, así como la cooperación sobre una serie de cuestiones mundiales y regionales. Por ejemplo, durante su primer año en el poder, el gobierno de Obama parecía decidido a restar importancia a cualquier cuestión, como los derechos humanos, que pudiera despertar tensiones en la relación entre Estados Unidos y China. El presidente Obama evitó reunirse con el Dalai Lama hasta después de su viaje a China y no quiso reunirse con organizaciones de la sociedad civil china durante esta visita; y la secretaria de Estado Hillary Clinton anunció que los derechos humanos “no pueden interferir” con otros intereses estadounidenses en China. Los esfuerzos de Obama para congraciarse con el presidente chino, Hu Jintao, no sirvieron para nada concreto más que para reforzar la visión china de Estados Unidos como una potencia en declive. Dicha debilidad solo incrementó la tensión durante el segundo año de gobierno de Obama, cuando el Presidente y la secretaria Clinton volvieron a descubrir sus opiniones en materia de derechos humanos sobre el caso de Liu Xiaobo, aunque está por ver si se manifestarán abiertamente acerca de los derechos humanos durante la cumbre de enero de 2011 entre Estados Unidos y China. Los gobiernos occidentales también se han mostrado reticentes a ejercer presión en favor de los derechos humanos sobre gobiernos que consideran aliados en la lucha contra el terrorismo. Por ejemplo, el gobierno de Obama y los Amigos de Yemen, un grupo de países y organizaciones intergubernamentales establecido en enero de 2010, no han condicionado la asistencia militar o de desarrollo a Yemen a mejoras en materia de derechos humanos, a pesar del empeoramiento de la conducta abusiva de las fuerzas de seguridad yemeníes y la represión oficial constante contra los periodistas independientes y los separatistas mayoritariamente pacíficos del sur del país. La política estadounidense con respecto a Egipto demuestra que la presión puede funcionar. En los últimos años, el Gobierno de Estados Unidos ha mantenido un diálogo callado con Egipto. Sin embargo, a partir de 2010, la Casa Blanca y el Departamento de Estado condenaron repetidamente los abusos, instaron a la suspensión del estado de emergencia en Egipto y demandaron elecciones libres. Estos llamamientos públicos contribuyeron a la puesta en libertad de varios centenares de presos políticos detenidos en virtud del estado de emergencia. Egipto también ha respondido con enojo, por ejemplo, librando una campaña de presión para detener una resolución del Senado de Estados Unidos condenando su conducta en materia de derechos humanos. El objetivo de esta reacción fue asustar a los diplomáticos estadounidenses para que retomaran un método más callado, pero también demostró de hecho el efecto que tuvo Egipto la presión pública de Washington. La defensa de los derechos humanos por ósmosis Una de las justificaciones habituales que se ofrecen para no ejercer presión es que codearse con agentes externos ayudará de algún modo a cambiar la conducta de los funcionarios abusivos de gobiernos represivos. El Pentágono esgrime este argumento en el caso de Uzbekistán y Sri Lanka, y el Gobierno de Estados Unidos adoptó este concepto para justificar la reanudación de la ayuda militar al comando especial de élite indonesio (Kopassus), una unidad con un largo historial de abusos graves que incluyen masacres en Timor Oriental y “desapariciones” de líderes estudiantiles en Yakarta. Con respecto al Kopassus, aunque el historial de derechos humanos del Gobierno de Indonesia ha mejorado drásticamente en los últimos años, sigue existiendo el grave problema de que no exija cuentas a oficiales superiores del Ejército por violaciones de los derechos humanos, ni siquiera en los casos más destacados. En 2010, Estados Unidos renunció a una de sus medidas de presión más fuertes al acordar el levantamiento de la prohibición de una década sobre las relaciones militares directas con el Kopassus. Las fuerzas armadas indonesias hicieron algunas concesiones retóricas, como la promesa de expulsar a los criminales condenados o adoptar medidas contra los criminales en el futuro, pero Estados Unidos no condicionó la reanudación de la ayuda a dichos cambios. Actualmente, sigue habiendo criminales condenados en las fuerzas armadas y existen muy pocas razones para creer en las promesas del Ejército, teniendo en cuenta su terrible historial hasta la fecha. Es notable que Estados Unidos no insistiera en que el presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, autorizara un tribunal especial para investigar a los oficiales del Kopassus implicados en el secuestro y el presunto asesinato de líderes estudiantes en 1997-98, una medida que ya había recomendada el propio Parlamento de Indonesia. Y Estados Unidos tampoco insistió en que se pusiera fin a la jurisdicción exclusiva de las fuerzas armadas sobre los crímenes cometidos por soldados. En un gesto de trivialización de la importancia de la presión, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, justificó la recuperación de las relaciones directas con el Kopassus afirmando que: “Seguir trabajando con ellos generará mayores beneficios para los derechos humanos de la población que limitarse a mantener la distancia y alzar la voz”. Sin embargo, mientras Estados Unidos e Indonesia estaban finalizando las condiciones para la reanudación de la asistencia al Kopassus, un general indonesio implicado en secuestros de líderes estudiantiles fue ascendido al cargo de viceministro de defensa y un coronel implicado en otros abusos graves fue nombrado subcomandante del Kopassus. Una fe similarmente inadecuada en el estrechamiento de las relaciones con fuerzas abusivas, en lugar de ejercer presión sobre ellas, influyó en la decisión del presidente Obama de continuar la ayuda militar a una serie de gobiernos con niños soldados en sus ejércitos (Chad, Sudán, Yemen y la República Democrática del Congo), a pesar de una nueva ley estadounidense que prohíbe dicha asistencia. Por ejemplo, en el caso de la República Democrática del Congo, las fuerzas armadas han tenido a niños en sus filas desde al menos 2002, y un informe de la ONU de 2010 observó un “drástico aumento” del número de niños soldados durante el año anterior. En lugar de recortar la asistencia militar para presionar a estos gobiernos con el fin de que dejen de usar niños soldados, el gobierno de Obama no aplicó la ley para que Estados Unidos tuviera tiempo para “trabajar con” las fuerzas armadas infractoras. Otra de las justificaciones favoritas del método callado, que se ha escuchado en el caso de los tratos con China, es que la liberalización económica generará por su cuenta un aumento de las libertades políticas, una posición que se sigue manteniendo incluso después de tres décadas sin confirmarse. De hecho, en 2010, ocurrió lo contrario: en su reglamentación del Internet, China empezó a utilizar su influencia económica para intentar reforzar las restricciones de la libertad de expresión, y presionó a las empresas para que aplicarán la censura en su nombre. Al final, fue una empresa la que se resistió, Google, en parte porque la censura amenazaba su modelo de negocio. GoDaddy.com, el registro de sitios web más grande del mundo, anunció también que iba a dejar de registrar dominios en China porque los onerosos requisitos oficiales que obligan a revelar la identidad de los clientes facilitaban la censura. A pesar de estas iniciativas, China siguió aprovechando la carta del acceso a su mercado lucrativo para ganar la partida, ya que otras compañías de la industria informática, como Microsoft, no siguieron el ejemplo de Google. Por el contrario, la única vez que China se echó atrás enfrentó una presión concertada: abandonó aparentemente el desarrollo de su software de censura, “Green Dam”, cuando la industria, la sociedad civil, los gobiernos y los propios usuarios de internet chinos protestaron airadamente. Y se renovó incluso la licencia a Google para operar un motor de búsqueda en China, lo que arrojó nuevas dudas sobre la idea de que una crítica pública sobre las prácticas en materia de derechos humanos de China perjudique inevitablemente a los negocios. Excusas humanitarias Algunos gobiernos y organizaciones intergubernamentales afirman que el alivio del sufrimiento humanitario debe tener prioridad sobre la promoción de los derechos humanos. Las emergencias humanitarias suelen requerir una respuesta urgente, pero este argumento se convierte en una excusa más para evitar la presión incluso cuando las violaciones de los derechos humanos son la causa de la crisis humanitaria. Esto sucedió en Zimbabue durante la operación Murambatsvina (limpiar la suciedad), cuando el Gobierno destruyó las casas de decenas de miles de personas, y en Sri Lanka durante las últimas fases de la guerra civil, cuando el Ejército ignoró la terrible situación de cientos de miles de civiles tamiles atrapados en una zona de guerra mortal. En Zimbabue, el equipo de la ONU en el país no condenó nunca públicamente la destrucción y el desplazamiento provocado por la operación Murambatsvina, y casi nunca se manifestó públicamente acerca de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno de Robert Mugabe y el partido gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF). De hecho, durante su mandato de cuatro años en Zimbabue, el representante residente de la ONU se reunió muy pocas veces con activistas pro derechos humanos zimbabuenses, nunca asistió a ninguno de los juicios injustos contra ellos y casi nunca se manifestó públicamente acerca de las violaciones generalizadas y graves de los derechos humanos que se estaban cometiendo. Dicho silencio no se tradujo en una mejora del acceso a la población civil desplazada: las autoridades zimbabuenses y los funcionarios del ZANU-PF continuaron restringiendo y manipulando las operaciones humanitarias en Zimbabue, e impidieron con frecuencia que las organizaciones humanitarias atendieran a poblaciones vulnerables sospechosas de apoyar a la oposición. Sin embargo, al no condenar públicamente los abusos en Zimbabue, el equipo de la ONU en el país desaprovechó importantes oportunidades de usar su considerable influencia como el organismo ejecutor más importante de la asistencia humanitaria y para el desarrollo en el país. Además, acabó ocupándose de los síntomas de la represión en lugar de su causa. En contraste, el enviado especial nombrado por el entonces secretario general, Kofi Annan, para investigar la operación Murambatsvina emitió un informe contundente en 2005 en el que mencionaba los desalojos indiscriminados e injustificados e instaba a que se llevará ante la justicia a los responsables. El informe generó una condena internacional generalizada contra el gobierno de Mugabe, una presión que obligó al gobierno a permitir un mayor acceso humanitario a la población desplazada. De manera similar, en Sri Lanka, en los últimos meses de la guerra con los Tigres Tamiles, los funcionarios de la ONU eran prácticamente los únicos observadores independientes en el país, por lo que eran los únicos capaces de alertar al mundo de los crímenes de guerra que estaban ocurriendo y generar presión para salvar vidas civiles. En cambio, la ONU encubrió su propia información sobre bajas civiles, interrumpió la publicación de imágenes de satélite que mostraban la gravedad de la situación y guardó incluso silencio cuando algunos miembros del personal local de la ONU fueron arrestados arbitrariamente. A los funcionarios de la ONU les preocupaba que las manifestaciones públicas les hicieran perder el acceso necesario para asistir a la población necesitada, pero teniendo en cuenta la total dependencia de Sri Lanka de la asistencia internacional para administrar los campamentos que albergaron finalmente a 300,000 desplazados internos, se puede argumentar que la ONU sobrestimó el riesgo de que le impidieran entrar al país. Además, el uso por parte del Gobierno de una costosa empresa de relaciones públicas de Washington para contrarrestar las críticas contra su conducta en la guerra demostró que estaba preocupado por su imagen internacional. Al no manifestarse abiertamente, la ONU perdió una oportunidad de influir en la manera en que estaba librando la guerra el Ejército esrilanqués y prevenir de este modo el sufrimiento de la población civil, en lugar de limitarse a aliviarlo después de los hechos. En contraste, después del conflicto, cuando el relator especial independiente de la ONU sobre los derechos de las personas desplazadas internas se manifestó acerca de la falta de libertad de movimiento de los desplazados internos, el Gobierno comenzó inmediatamente a liberar a civiles de los campamentos. Se puede encontrar un patrón similar en la función de la burocracia occidental de la asistencia al desarrollo en los casos Ruanda y Etiopía. Ambos países se consideran beneficiarios eficientes y relativamente incorruptos de asistencia al desarrollo. Los organismos donantes occidentales, que suelen tener dificultades para invertir de manera productiva los fondos de cuyo desembolso son responsables, tienen por lo tanto mucho interés en mantener buenas relaciones con los gobiernos. (El papel de Etiopía en la lucha contra la amenaza terroristas proveniente de Somalia refuerza este interés). De hecho, la asistencia económica a ambos países se ha intensificada a la par que se represión. Dado que sería demasiado insensible afirmar que el desarrollo económico justifica que se ignore la represión, la Comisión Europea, el Reino Unido, varios otros países de la UE y Estados Unidos han ofrecido varias escusas, que van del argumento de que la presión pública sería contraproducente frente al orgullo nacional a la afirmación de que los gobiernos donantes tienen menos influencia de lo que se cree. El resultado es una falta de presión significativa: nada que cambie el análisis de los costos en función de los beneficios que convierte a la represión en una opción atractiva. Se reducen las posibilidades de que los ruegos callados sean eficaces cuando se diluyen dentro de una entrega paralela de cantidades masivas de ayuda. Políticas obsoletas Brasil, India, y Sudáfrica, democracias fuertes y vibrantes a nivel interior, mantienen su falta de respaldo a iniciativas de derechos humanos en el exterior, a pesar de que cada uno de ellos se ha beneficiado de la solidaridad internacional en su lucha para poner fin a la dictadura, la colonización y el apartheid, respectivamente. Sus políticas exteriores se basan con frecuencia en el desarrollo de relaciones políticas y económicas con otros países meridionales y se ven reforzadas por las referencias al doble rasero occidental, pero estas razones no justifican que estas potencias emergentes den la espalda a las personas que todavía no han logrado los derechos de los que disfrutan sus propios ciudadanos. Dado que los tres países forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU, sería oportuno que adoptaran una postura más responsable de protección de la población de la depredación de gobiernos menos progresistas. Japón se ha resistido tradicionalmente a adoptar una política firme sobre derechos humanos, en parte debido a que su política exterior ha tendido a centrarse en la promoción de las exportaciones y la buena voluntad, en parte debido a que el mundo de la política exterior ha estado dominado por burócratas expuestos a muy pocas protestas públicas por su inclinación a mantener buenas relaciones con todos los gobiernos, y en parte debido a que Japón todavía no ha confrontado su propia conducta abusiva durante la segunda guerra mundial. Sin embargo, en los últimos años, debido en parte a un cambio de gobierno y en parte a la presión creciente de la pequeña pero emergente sociedad civil japonesa, el Gobierno de Japón ha empezado a manifestarse más abiertamente con respecto a los derechos humanos en lugares como Corea del Norte o Birmania. El Gobierno de China se resiste naturalmente a promover los derechos humanos porque mantiene un ambiente tan represivo en el país y no quiere respaldar ningún sistema internacional de protección de los derechos humanos que pueda volverse contra él. Sin embargo, ni siquiera el Gobierno chino debería considerar que dar la espalda a las atrocidades en masa–una práctica de la que, según cabría esperar, China se ha desmarcado–puede promover sus intereses. Conclusión Cualquiera que sea la racionalización, la búsqueda del diálogo y la cooperación simplemente no puede servir como un sustituto universal a la presión pública como instrumento para promover los derechos humanos. El diálogo y la cooperación son importantes, pero el gobierno abusivo debe ser el responsable de demostrar una verdadera voluntad de mejorar. En ausencia de una voluntad política demostrada, la presión política debe ser la respuesta predeterminada a la represión. Es comprensible que los gobiernos que violan gravemente los derechos humanos quieran socavar la opción de la presión pública por miedo a que se aplique también contra ellos. Sin embargo, es vergonzoso que los gobiernos que promueven presuntamente los derechos humanos caigan en la misma estratagema o la apoyen. La defensa de los derechos humanos resulta muy pocas veces conveniente. A veces puede interferir con otros intereses del Gobierno. No obstante, si los gobiernos quieren promover estos intereses en lugar de los derechos humanos, deben tener al menos el coraje de admitirlo, en lugar de ocultarse detrás de diálogos sin sentido y búsquedas infructuosas de la cooperación. Este informe Este informe es el vigésimo primer examen anual de Human Rights Watch de las prácticas en materia de derechos humanos alrededor del mundo. Resume las cuestiones esenciales relacionadas con los derechos humanos en más de 90 países y territorios de todo el mundo, partiendo de los acontecimientos ocurridos hasta noviembre de 2010. En cada segmento de país se identifican cuestiones significativas en materia de derechos humanos, se examina el grado de libertad de los defensores de los derechos humanos locales para ejercer su labor y se examina la respuesta de los principales agentes internacionales, como las Naciones Unidas, la Unión Europea, Japón, Estados Unidos y varios organismos e instituciones regionales e internacionales. Este informe refleja el intenso trabajo de investigación emprendido por el personal de Human Rights Watch en 2010, normalmente en estrecha colaboración con activistas a favor de los derechos humanos del país en cuestión. También refleja la labor de nuestro equipo de incidencia, que realiza un seguimiento de los acontecimientos políticos y se esfuerza por persuadir a los gobiernos y las instituciones internacionales para que frenen los abusos y promuevan los derechos humanos. Los informes de Human Rights Watch, que se publican a lo largo del año, contienen versiones más detalladas de muchas de las cuestiones tratadas en los breves resúmenes recopilados en este informe. Puede consultarse en el sitio web de Human Rights Watch: www.hrw.org, o en su edición en español en www.hrw.org/es. Como en años anteriores, este informe no incluye un capítulo acerca de todos los países en los que trabaja Human Rights Watch, tampoco analiza todos los temas importantes. El hecho de que no se incluya cierto país o cierta cuestión suele deberse simplemente a las limitaciones de personal y no debe entenderse como un comentario sobre la importancia del problema. Human Rights Watch carece simplemente de la capacidad de abordar muchas de las violaciones graves de los derechos humanos. Los factores que tuvimos en cuenta para determinar el enfoque de nuestro trabajo en 2010 (y por lo tanto el contenido de este informe) incluyen el número de personas afectadas y la gravedad del abuso, el acceso al país y la disponibilidad de información sobre él, la posibilidad de influir a las fuerzas abusivas y la importancia de abordar ciertas preocupaciones temáticas y fortalecer el trabajo de organizaciones locales de derechos humanos. El Informe Mundial no cuenta con diferentes capítulos acerca de nuestro trabajo temático, sino que incorpora dicha información a los capítulos sobre países. Le rogamos que consulte el sitio web de Human Rights Watch para un análisis más detallado respecto a nuestro trabajo sobre los derechos del niño, los derechos de la mujer, las cuestiones de armamento y militares, los negocios y los derechos humanos, la salud y los derechos humanos, la justicia internacional, el terrorismo y la lucha contra el terrorismo, los refugiados y las personas desplazadas, y los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero; y para obtener información sobre nuestro festivales internacionales de cine. Kenneth Roth es el director ejecutivo de Human Rights Watch