Persisten en Brasil problemas crónicos en materia de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales por policías, hacinamiento carcelario, y tortura y maltratos a detenidos. Si bien algunas medidas recientes para reformar el sistema de justicia penal procuran abordar estos problemas, otras los agravarían.
En 2015 el poder judicial trabajó en colaboración con los gobiernos de los estados para asegurar que los detenidos fueran llevados sin demora ante un juez luego de su aprehensión, como lo exige el derecho internacional. Sin embargo, en agosto la Cámara de Diputados aprobó una propuesta de enmienda constitucional que permitiría que menores de 16 y 17 años sean juzgados como si fueran adultos por delitos graves, lo cual viola estándares internacionales. Al momento de la redacción de este informe, la promulgación de la reforma todavía debía superar otras dos votaciones en el Senado.
En el plano internacional, durante 2015 Brasil continuó encabezando iniciativas para fortalecer la protección del derecho a la privacidad, pero su desempeño en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas fue errático. Entre 2010 y 2015, se duplicó el número de refugiados admitidos en el país, que alcanzó un total de 8.400.
Seguridad pública y actuación policial
El número de muertes causadas por policías, incluidos policías fuera de servicio, aumentó casi un 40 por ciento en 2014 y superó las 3.000, según datos oficiales recopilados por la organización no gubernamental (ONG) Foro Brasileño de Seguridad Pública. En Río de Janeiro —el estado con el índice más alto de muertes por policías— murieron 569 personas a manos de policías en servicio entre enero y octubre de 2015, lo cual supone un aumento del 18 por ciento respecto al mismo período en 2014. En São Paulo, 494 personas murieron por la acción de agentes en servicio durante los primeros nueve meses del año, un aumento del 1 por ciento comparado con el mismo período de 2014.
La Policía afirma habitualmente que estas muertes son consecuencia de enfrentamientos armados con delincuentes. Si bien algunas de estas muertes son causadas por un uso legítimo de la fuerza, en otros casos no es así, según ha sido documentado por Human Rights Watch y otras organizaciones, y reconocido por autoridades judiciales de Brasil.
En varios estados hubo casos de policías implicados en hechos con las características de ejecuciones por escuadrones de la muerte. En el estado de Pará, 10 personas fueron asesinadas en noviembre de 2014 luego del asesinato de un policía que, según una investigación efectuada por la legislatura del estado, había liderado un escuadrón de la muerte. La fiscalía ha acusado a 14 policías militares de no haber ayudado a las víctimas o perseguido a los asesinos. En Amazonas, 12 policías y 3 civiles fueron detenidos por haber presuntamente integrado un escuadrón de la muerte que mató a por lo menos 8 personas en julio, durante un fin de semana en el cual 36 personas murieron asesinadas en Manaus, la capital del estado. En São Paulo, fueron detenidos 8 policías acusados de participar en el asesinato de 19 personas, incluidos 2 menores, pocas horas después del asesinato de un policía en agosto.
También en São Paulo, 3 policías fueron detenidos en relación con el asesinato, ocurrido en septiembre, de dos menores de 16 años y dos jóvenes de 18. Los investigadores policiales creen que los asesinatos fueron actos de represalia contra los jóvenes, que supuestamente habían robado el bolso de la esposa de uno de los policías detenidos.
Condiciones en centros de detención
Numerosas cárceles y centros de detención en Brasil están afectados por grave sobrepoblación y violencia. El número de adultos encarcelados aumentó un 80 por ciento durante la última década, y en junio de 2014 superaba las 600.000 personas —un 60 por ciento más de la capacidad para la cual se construyeron las cárceles—, según los datos más recientes del Sistema Integrado de Información Penitenciaria (InfoPen) del Ministerio de Justicia.
La sobrepoblación y la falta de personal suficiente impiden que las autoridades penitenciarias mantengan el control dentro de las cárceles, lo que hace que los internos sean vulnerables a violencia y a las pandillas. Las condiciones de hacinamiento también afectan la salud de los internos. La prevalencia de la infección por VIH en las cárceles de Brasil es 60 veces mayor que en el resto de la población y la prevalencia de tuberculosis es casi 40 veces superior, según InfoPen. La falta de medidas adecuadas de control médico, prevención y atención, sumada a las precarias condiciones sanitarias y de ventilación, contribuye a la propagación de enfermedades entre los reclusos.
Con el apoyo del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), que supervisa el sistema judicial, todos los estados de Brasil han empezado a llevar sin demora a las personas detenidas ante un juez, conforme lo exige el derecho internacional. Sin embargo, por ahora los programas solamente se aplican en determinadas zonas geográficas de cada estado. Cuando estas “audiencias sobre prisión preventiva” no se llevan a cabo, los detenidos a menudo deben esperar varios meses hasta que son llevados ante un juez por primera vez, lo cual agrava la sobrepoblación carcelaria.
Maranhão fue el primer estado en empezar el programa, en octubre de 2014. Según datos publicados por el CNJ en noviembre de 2015, en el 50 por ciento de las audiencias celebradas en el estado los jueces determinaron que la situación no ameritaba la prisión preventiva de las personas detenidas, y dispusieron que fueran liberadas a la espera del juicio. En cambio, cuando no se celebraron estas audiencias, los jueces ordenaron la libertad provisional en apenas el 10 por ciento de los casos, según información del poder judicial del estado. Al momento de la redacción de este informe, el Congreso de Brasil estaba tratando un proyecto legislativo para que las audiencias sobre prisión preventiva fueran obligatorias en todo el territorio del país.
Estas audiencias permiten además que los jueces detecten si los detenidos han sufrido torturas o maltrato, un problema grave en Brasil. En Río de Janeiro, casi el 20 por ciento de los detenidos que tuvieron una audiencia durante el primer mes de funcionamiento del programa indicaron que habían sufrido maltrato por policías, según datos de la Defensoría Pública.
En marzo comenzó a funcionar el Mecanismo Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura, con el diseño de un plan de acción para vigilar la situación en los centros de detención. Sus 11 miembros están autorizados a efectuar visitas sin previo aviso a cualquier centro de detención y formular recomendaciones a las autoridades. El mecanismo forma parte del Sistema Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura, creado por ley en agosto de 2013.
Derechos de los niños
En dos votaciones en julio y agosto de 2015, la Cámara de Diputados aprobó una propuesta de enmienda constitucional que permitiría que menores de 16 y 17 años acusados de delitos graves sean juzgados y sentenciados como adultos. La propuesta, que para su promulgación deberá ser aprobada por el Senado en dos votaciones, violaría las normas internacionales que instan a los Estados a no perseguir penalmente como si fueran adultos a personas menores de 18 años.
En julio, el Senado aprobó un proyecto de ley que aumentaría de tres a diez años el período máximo que un menor puede permanecer en un centro de detención juvenil. Si la Cámara de Diputados lo aprueba, el proyecto agravaría las condiciones de sobrepoblación. En 2014 había casi 22.000 menores en centros juveniles, a pesar de que las instalaciones solamente tenían capacidad para cerca de 18.000, según los datos más recientes publicados por el Consejo Nacional de la Fiscalía de Brasil, que inspecciona estos establecimientos.
Libertad de asociación y expresión
En octubre, el Senado aprobó un proyecto de ley antiterrorista que contiene lenguaje excesivamente amplio e impreciso que podría usarse indebidamente para perseguir penalmente como terroristas a manifestantes y otras personas que expresen críticas. Al momento de la redacción de este informe estaba pendiente su votación en la Cámara de Diputados.
Al menos siete periodistas y blogueros habían sido asesinados durante 2015 hasta el momento de redacción de este informe. Dos de ellos fueron torturados antes de ser ejecutados. Todos habían informado sobre corrupción o delincuencia, y habían criticado a políticos locales. En los últimos cinco años, al menos 17 periodistas han perdido la vida por causas directamente relacionadas con su trabajo, según datos del Comité para la Protección de los Periodistas, una organización internacional de defensa de la libertad de prensa.
Derechos reproductivos
El aborto está prohibido, salvo en casos de violación, anencefalia —cuando el feto presenta una malformación cerebral congénita— o cuando sea necesario para salvar la vida de la mujer embarazada. En 2015, miembros conservadores del Congreso impulsaron un proyecto legislativo y una propuesta de enmienda constitucional que eliminaría estas excepciones, al otorgar derechos a embriones y fetos. Ambas propuestas están siendo analizadas por la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara de Diputados.
Las mujeres y jóvenes que se someten a abortos ilegales enfrentan penas de hasta tres años de prisión, y quienes los practican pueden ser condenados a hasta cuatro años. Los abortos practicados en clínicas clandestinas suponen un alto riesgo para las mujeres. Por ejemplo, Tatiana Camilato, una madre de 31 años que criaba sola a sus tres niños en Río de Janeiro, murió en julio de 2015 durante un procedimiento inseguro, según declaraciones a la prensa realizadas por sus familiares.
Derechos de personas con discapacidad
En junio, el Congreso aprobó una ley que exige a los organismos públicos otorgar prioridad a personas con discapacidad al brindar servicios vinculados con salud, educación, trabajo, vivienda, cultura y deportes. También llama a los municipios a adaptar las veredas y los espacios públicos en función de las necesidades de las personas con discapacidad.
Orientación sexual e identidad de género
En marzo, el Supremo Tribunal Federal ratificó el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar hijos, basándose en la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo que el Tribunal había realizado en 2011. En 2013, el Consejo Nacional de Justicia dispuso que todos los notarios públicos debían inscribir a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, al momento de la redacción de este informe, una comisión de la Cámara de Diputados estaba tratando un proyecto que definiría a la familia como la unión entre un hombre y una mujer.
La Defensoría de Derechos Humanos, una entidad que depende del Ejecutivo, recibió más de 522 denuncias de violencia y discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en la primera mitad de 2015.
Derechos laborales
Desde 1995, el Ministerio de Trabajo ha documentado más de 48.000 casos de trabajadores obligados a realizar tareas forzadas o sometidos a condiciones laborales degradantes o abusivas que, conforme al derecho brasileño, son similares a situaciones de esclavitud. Desde mayo de 2013 hasta mayo de 2015, el Ministerio aplicó sanciones contra 420 empresas por contratar a personas en condiciones similares a esclavitud.
En diciembre de 2014, en respuesta a un reclamo de un grupo empresarial, el Supremo Tribunal Federal ordenó al gobierno federal que dejara de publicar la lista de empresas sancionadas por el Ministerio de Trabajo por contratar a trabajadores en condiciones abusivas. Diversas ONG locales han conseguido eludir esa orden, utilizando la Ley de Transparencia para solicitar al Ministerio de Trabajo que divulgue la información.
Violencia rural
Activistas rurales y líderes indígenas involucrados en conflictos por tierras continúan enfrentando amenazas y violencia. Según la ONG católica Comisión Pastoral de la Tierra, 46 personas involucradas en conflictos por tierras fueron asesinadas entre enero y noviembre. La Comisión señaló que muchas de esas muertes fueron presuntamente ordenadas o ejecutadas por grandes terratenientes o madereros ilegales.
Por ejemplo, en Mato Grosso do Sul, el pueblo indígena guaraní-kaiowá, que lucha por recuperar los derechos sobre sus tierras ancestrales, sufrió en 2015 ataques violentos perpetrados por milicias vinculadas con terratenientes, según el Consejo Indigenista Misionero de la Iglesia Católica. Un miembro de esa organización indígena fue asesinado en agosto, luego de que un grupo de terratenientes irrumpiera en un terreno disputado que había sido ocupado y era reivindicado por la comunidad guaraní-kaiowá. Al momento de la redacción de este informe, la Policía no había identificado públicamente a ningún sospechoso del asesinato.
Justicia por abusos del período militar
En diciembre de 2014 la Comisión Nacional de la Verdad publicó su informe final, luego de más de dos años de investigación sobre violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen militar (1964-1985). La comisión concluyó que las violaciones fueron “generalizadas y sistemáticas”, y que fueron planificadas por funcionarios en los más altos niveles del gobierno. El informe identificó a 377 personas responsables de violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Los responsables de estos delitos no han sido sometidos a la justicia debido a una ley de amnistía de 1979. En abril de 2010, el Supremo Tribunal Federal ratificó sentencias de tribunales inferiores que habían determinado que la ley de amnistía impedía juzgar a agentes del Estado en la mayor parte de los casos. Seis meses después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que esta interpretación contravenía las obligaciones de Brasil conforme al derecho internacional.
Los fiscales federales han impulsado algunas causas contra ex militares por muertes ocurridas durante el período militar. La justicia federal en Río de Janeiro y São Paulo ha permitido el juzgamiento de al menos dos casos contra ex militares por asesinatos perpetrados durante el período militar. El Supremo Tribunal Federal, en fallos de 2014 y 2015, frenó temporalmente ambas causas hasta tanto se pronuncie con respecto a la validez de la ley de amnistía.
Actores internacionales clave
Tras una visita realizada a Brasil en agosto, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes instó al gobierno a tomar medidas contra el hacinamiento carcelario y a mostrar un “compromiso genuino” de combatir la tortura. En septiembre, luego de una visita al país, la relatora especial de la ONU sobre las cuestiones de las minorías instó a Brasil a “cumplir las promesas de igualdad” para las minorías.
En una declaración conjunta emitida en noviembre, cuatro relatores de la ONU criticaron el proyecto de ley antiterrorista aprobado por el Senado, al considerar que contiene “términos demasiado amplios y podría restringir indebidamente las libertades fundamentales”.
También en noviembre, dos relatores de la ONU indicaron que las medidas adoptadas por el gobierno brasileño y dos compañías mineras para evitar daños tras el colapso de un dique de desechos mineros eran “claramente insuficientes”. El accidente dejó un saldo de al menos 15 personas muertas y 4 desaparecidas, y provocó el derramamiento de productos químicos tóxicos en el río Doce. El gobierno de Brasil considera que se trata del mayor desastre ambiental en la historia del país.
Como miembro del Consejo de Derechos Humanos, Brasil tuvo un desempeño errático. En marzo se abstuvo en una votación sobre una resolución clave sobre Siria, pero en junio condenó las violaciones de derechos humanos en ese país. Brasil se abstuvo en una resolución para renovar el mandato del relator especial sobre Irán, que ha denunciado violaciones de derechos humanos en ese país.
Brasil mantuvo su rol de liderazgo en materia de derecho a la privacidad en la era digital, y elaboró en coautoría con Alemania una resolución que fue aprobada de manera unánime por el Consejo de Derechos Humanos para nombrar a un relator especial que promueva y proteja el derecho a la privacidad en todo el mundo. Brasil fue además uno de los promotores de resoluciones del Consejo de Derechos Humanos contra el racismo y sobre el impacto corrosivo de la corrupción institucional para los derechos humanos.
En mayo, Brasil adoptó la Declaración sobre Escuelas Seguras, que tiene un alcance mundial, comprometiéndose así a reforzar sus acciones para proteger a estudiantes, docentes y escuelas en épocas de conflicto armado, entre otras medidas, incluyendo la implementación de las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados. Estas directrices fueron elaboradas en 2014 por representantes de 14 países y organizaciones de derechos humanos y humanitarias.
El número de refugiados aceptados en Brasil se ha duplicado en los últimos cinco años, alcanzando un total de más de 8.400 en 2015, según datos del Ministerio de Justicia. Cerca del 25 por ciento de los refugiados admitidos desde 2011 han sido ciudadanos sirios. Brasil renovó una resolución que facilitó la emisión de visas por razones humanitarias a ciudadanos sirios, y desarrolló nuevas políticas para responder más eficazmente a las necesidades de los refugiados, sobre todo para la obtención de documentos de identidad.