El Presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió en diciembre de 2018, heredó una catástrofe de derechos humanos originada en la violencia extrema de la delincuencia organizada y los abusos generalizados por parte de militares, policías y agentes del Ministerio Público. Hubo pocos avances para mejorar las prácticas de derechos humanos durante la gestión de su antecesor, el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Miembros de las fuerzas de seguridad siguieron perpetrando ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. La impunidad por estos delitos continúa siendo la regla. Diversas leyes promulgadas en 2017 podrían contribuir a abordar los problemas de tortura y desapariciones, aunque su implementación ha sido lenta.
Sistema de justicia penal
Es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema de justicia penal mexicano. Esto se debe a diversos motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y de recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos.
En 2013, México promulgó a nivel federal una Ley General de Víctimas para garantizar justicia, protección y resarcimiento a las víctimas de delitos. En enero de 2017, se aprobaron reformas que pretendían reducir aspectos burocráticos y mejorar el acceso de víctimas a la reparación. Sin embargo, las víctimas señalan que las demoras burocráticas siguen obstaculizando su acceso.
Abusos militares e impunidad
México ha usado activamente las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada, ambas vinculadas al narcotráfico, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos. Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 4.600 denuncias sobre presuntos abusos cometidos por militares.
En 2014, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar para establecer que los abusos cometidos contra civiles por militares debían ser juzgados en la justicia penal ordinaria en vez del sistema de justicia militar, que en el pasado en general no había asegurado que los militares implicados en abusos rindieran cuentas por sus actos. Sin embargo, los esfuerzos para que se haga justicia ante estas violaciones siguen siendo infructuosos. Una investigación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America, WOLA) determinó que los fiscales de la justicia penal ordinaria habían iniciado 505 investigaciones entre 2012 y 2016 sobre delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por soldados, pero sólo habían obtenido 16 condenas.
En noviembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia derogó la ley de seguridad interior, que había entrado en vigor en diciembre de 2017, debido a que “[normalizó] la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública”, lo cual la corte determinó que era inconstitucional y violatorio de las obligaciones internacionales de México. La ley había otorgado a las fuerzas armadas amplia potestad para intervenir en operativos de seguridad pública, como la posibilidad de actuar sin control civil efectivo, y había considerado a la información generada a partir de estas actividades de “seguridad interior” como asuntos de “seguridad nacional”, limitando de esa manera el acceso del público a esta información. No obstante, la misma semana que se emitió esa sentencia, López Obrador anunció que su gobierno tenía intención de reformar la Constitución para crear una Guardia Nacional, controlada por las fuerzas militares, que estaría encargada de preservar la seguridad pública.
Tortura
Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica más frecuentemente en el período desde que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este tiempo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales.
Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a más de 64.000 personas que, en 2016, estaban encarceladas en 338 cárceles de todo el país, el 64 % de la población penitenciaria informó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestada. El 19 % de estas personas indicó haber recibido descargas eléctricas; el 36 % haber sido estranguladas, sumergidas en agua o asfixiadas; y el 59 % haber recibido puñetazos o patadas. Además, el 28 % manifestó haber sido amenazados con la posibilidad de que hicieran daño a sus familiares.
Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Procuraduría General de la República inició más de 9.000 investigaciones sobre torturas. No obstante, son pocos los casos en los que quienes cometen torturas son llevados ante la justicia.
Hay graves falencias en las investigaciones. En marzo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó una investigación en la que indicó haber hallado “fuertes elementos de convicción” de que al menos 34 detenidos habían sido torturados durante la investigación de la desaparición, en 2014, de 43 estudiantes de Ayotzinapa. En mayo, un juez federal determinó que los agentes del Ministerio Público no habían investigado adecuadamente pruebas de torturas contra personas detenidas en este caso. Al menos 10 organismos gubernamentales presentaron apelaciones contra la sentencia que, al momento de redacción de este informe, no habían sido resueltas.
En abril de 2017, la legislatura mexicana aprobó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura, que procura combatir esta práctica y excluir de los procedimientos judiciales los testimonios obtenidos mediante tortura. A la fecha de redacción de este informe, la implementación de la ley estaba pendiente. Aunque la ley exigía que la Procuraduría General de la República contara, para diciembre de 2017, con la infraestructura necesaria para mantener un registro nacional sobre tortura, hasta agosto de 2018 esto no había ocurrido.
Desapariciones forzadas
Desde 2006, las desapariciones forzadas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han sido un fenómeno extendido. Organizaciones delictivas también han sido responsables de numerosas desapariciones.
En octubre de 2018, el secretario de Gobernación anunció que aún se desconocía el paradero de más de 37.400 personas desaparecidas desde 2006. Según la CNDH, más de 3.900 cuerpos han sido hallados en más de 1.300 fosas clandestinas desde 2007.
Habitualmente, agentes del Ministerio Público y policías no toman medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo les dicen a los familiares de personas cuyo paradero se desconoce que deben investigar por su cuenta. Desde 2013, la Procuraduría General de la República ha contado con una unidad especializada para la investigación y el procesamiento de desapariciones. Hasta agosto de 2018, había iniciado 1.255 investigaciones, pero solamente había presentado cargos en 11 casos. No informó sobre ninguna condena.
En noviembre de 2017, el Congreso aprobó una ley sobre desapariciones que estableció una definición única a nivel nacional para el delito y dispuso la creación de entidades para facilitar la investigación y el procesamiento de los responsables de desapariciones. Entre esas se incluyen la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), creada en marzo de 2018 para coordinar las iniciativas de búsqueda en el terreno, y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNB), establecido en octubre de 2018 para coordinar a las instituciones públicas que participan en la búsqueda de personas desaparecidas.
No obstante, cuando se redactó el presente informe, estas entidades todavía no funcionaban plenamente. En julio de 2018, el Consejo Nacional Ciudadano del SNB, un órgano asesor creado por la ley sobre desapariciones, informó que la CNB no estaba recibiendo los recursos que necesita para desempeñar su función. El consejo criticó además la falta de coordinación entre las instituciones, y manifestó su preocupación por el retraso de la mayoría de los estados en la implementación de la ley. Apenas 13 de los 32 estados habían creado una agencia del Ministerio Público especializada y sólo nueve del total contaban con comisiones u oficinas locales de búsqueda, a pesar de que la ley exigía crear estas entidades para febrero y abril de 2018, respectivamente.
Numerosos familiares de víctimas han denunciado reiteradamente graves falencias en la identificación y el almacenamiento de los cuerpos. En septiembre, se informó en los medios de comunicación que, en el estado de Jalisco, varios vecinos se quejaron sobre el olor fétido causado por cuerpos en descomposición y sangre derramada, luego de que la Fiscalía General del Estado de Jalisco estacionara en su vecindario un tráiler refrigerado con cuerpos no identificados, debido a que no tenía capacidad en la morgue. El exdirector de servicios forenses manifestó que las autoridades habían usado tráileres refrigerados durante al menos dos años para almacenar más de 250 cuerpos. El fiscal de derechos humanos afirmó que las autoridades habían obtenido información y muestras pertinentes para permitir la identificación de apenas 60 cuerpos.
En mayo de 2018, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció una “ola de desapariciones” de por lo menos 23 personas en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, ocurridas entre febrero y mayo. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) indicó que era probable que miembros de la Marina estuvieran implicados en las desapariciones. No obstante, los agentes del Ministerio Público realizaron búsquedas limitadas, y recién después de que una jueza federal —a instancias de un recurso presentado por las víctimas— les ordenara hacerlo. Cuando se redactó el presente informe, la jueza había aplicado 10 multas a la Marina y cinco a la PGR por no haber respondido a sus requerimientos.
Ejecuciones extrajudiciales
En 2014, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló que en México “sigue produciéndose un número alarmante” de ejecuciones extrajudiciales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad “sistemática y endémica”.
No obstante, no hay información confiable sobre la cantidad de ejecuciones extrajudiciales. La gran mayoría de los homicidios nunca son juzgados. Las autoridades gubernamentales solamente registran la cantidad de homicidios y no las circunstancias en las cuales se produjeron. En 2014, la Secretaría de la Defensa Nacional dejó de registrar la cantidad de civiles muertos como consecuencia de su accionar.
Ataques contra periodistas
Numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones tanto por parte de autoridades gubernamentales como de grupos delictivos. A causa de esto, muchos periodistas optan por la autocensura. Un estudio de 2017 realizado por investigadores de la Universidad de Miami y la Universidad Iberoamericana Ciudad de México mostró que casi el 70 % de los periodistas manifestaron haber recurrido a la autocensura por temor a su seguridad.
Según datos de la Procuraduría General de la República, 110 periodistas fueron asesinados y 25 desaparecieron entre enero de 2000 y agosto de 2018. La CNDH acusó una cifra incluso mayor, al informar sobre 148 periodistas asesinados desde 2000 y 21 desaparecidos desde 2005. Se indicó en los medios de comunicación que ocho periodistas fueron asesinados entre enero y septiembre de 2018.
En 2012, el gobierno federal creó el Mecanismo Nacional de Protección, responsable de dictar medidas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos amenazados, y coordinar su implementación. Entre octubre de 2012 y julio de 2018, 418 periodistas pidieron medidas de protección, que en 357 casos fueron autorizadas. Sin embargo, el otorgamiento de medidas de protección ha sido lento o, en algunos casos, insuficiente. En agosto de 2018, la CNDH y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestaron su preocupación por la falta de recursos para el mecanismo.
Las autoridades no suelen investigar los delitos contra periodistas adecuadamente, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. La CNDH informó en 2016 que el 90 % de los delitos cometidos desde 2000 contra periodistas en México han quedado impunes, incluyendo el 82 % de los asesinatos y el 100 % de las desapariciones. Desde su creación, en julio de 2010, la Fiscalía Especial federal ha iniciado más de 1.000 investigaciones sobre delitos contra periodistas. Hasta agosto de 2018, presentó cargos en 152 casos y obtuvo apenas siete condenas, de las cuales solo una fue por homicidio.
Derechos de mujeres y niñas
El derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas de la violencia doméstica y sexual. Algunas disposiciones, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contravienen los estándares internacionales.
De los 32 estados de México, 18 han establecido en su Constitución que el derecho a la vida existe desde el momento de la concepción. Si bien la Suprema Corte resolvió en 2010 que todos los estados deben ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas de violación, numerosas mujeres y niñas enfrentan graves obstáculos —incluida intimidación por parte de autoridades— cuando intentan obtener abortos tras sufrir violencia sexual. Según un estudio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre 2007 y 2016, México condenó a 98 mujeres por abortos.
En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a México a adoptar medidas para combatir la discriminación de la mujer —incluso en el lugar de trabajo— y prevenir la violencia de género y la trata de mujeres y niñas.
Migrantes y solicitantes de asilo
Migrantes que atraviesan el territorio de México frecuentemente sufren abusos y violaciones de derechos humanos. En algunos de estos casos hay señalamientos de la participación de autoridades gubernamentales. Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la CNDH recibió más de 3.000 denuncias sobre abusos contra migrantes. Y un informe de WOLA del 2017, en el cual se citan estadísticas oficiales, indicó que hubo 5.294 denuncias de delitos contra migrantes en tan sólo cinco estados entre 2014 y 2016.
Es muy probable que solamente se denuncie una fracción de esos hechos por temor a las autoridades o a represalias, y por motivos prácticos: las agencias del Ministerio Público donde pueden presentarse estas denuncias suelen estar alejadas de los sitios donde se cometen los delitos.
Según estadísticas oficiales, la cantidad de niños y niñas no acompañados procedentes de los países del Triángulo Norte-- —El Salvador, Guatemala y Honduras— que son aprehendidos fue sustancialmente menor en 2017 y 2018 en comparación con 2016. En los últimos años se han incrementado las tasas de otorgamiento de asilo a menores no acompañados de estos países. Aun así, menos del 1 % de quienes son aprehendidos cada año recibió protección internacional, una proporción muy inferior a la que probablemente necesita esa protección: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha estimado que incluso la mitad de los niños y niñas no acompañados que llegan a México desde el Triángulo Norte tienen demandas de asilo plausibles que deberían ser debidamente analizadas.
Orientación sexual e identidad de género
El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en la Ciudad de México y otros 11 estados del país. En otros estados, las parejas del mismo sexo deben presentar un amparo judicial para poder contraer matrimonio. En 2015, la Suprema Corte dictaminó que la definición de matrimonio como la unión exclusivamente entre un hombre y una mujer resulta violatoria de la Constitución mexicana, lo cual implica que las sentencias que resuelvan dichos amparos deberían ser a favor de las parejas del mismo sexo. En septiembre de 2018, una pareja del mismo sexo en Michoacán pudo obtener un certificado de nacimiento para su hijo, en el cual ambas madres se incluían como progenitoras.
En 2016, el entonces Presidente Peña Nieto dio instrucciones a la Secretaría de Educación de que incluyera el tema de la diversidad sexual en los nuevos materiales educativos. Este requerimiento se cumplió en 2018.
En octubre de 2018, la Suprema Corte se pronunció a favor de un solicitante transgénero que pedía que se cambiara su género en su documento de identidad mediante un procedimiento administrativo en el Registro Civil de Veracruz. La sentencia, en la que se citó una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho al reconocimiento legal del género, sugería que la corte podría ratificar los derechos de las personas transgénero en un próximo pronunciamiento, que podría sentar un precedente vinculante.
Derechos de discapacidad
En sus observaciones finales sobre México de 2014, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad comprobó que, a pesar de las nuevas leyes y programas que protegían los derechos de las personas con discapacidad, seguía habiendo graves falencias, como por ejemplo en materia de acceso a la justicia, situación legal y derecho a votar; accesibilidad de edificios, transporte y espacios públicos; violencia contra la mujer; y educación.
No hubo avances en la implementación del derecho a la capacidad legal de las personas con discapacidad en México.
En octubre de 2018, la segunda sala de la Suprema Corte de México determinó que no admitir a un grupo de niños con discapacidad en escuelas comunitarias y asignarlos a escuelas especiales resultaba violatorio de la Constitución.
Actores internacionales clave
En octubre, México pasó por su tercer Examen Periódico Universal por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los estados abordaron varias preocupaciones, incluyendo la violencia contra las mujeres y poblaciones indígenas, la corrupción institucional, y el hostigamiento a medios de comunicación y defensores de derechos humanos. Recomendaron que el gobierno dedique más fondos a mecanismos designados para su protección.
En abril de 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU instó a México a mejorar la protección de los defensores de derechos humanos, así como a implementar medidas para abordar la pobreza, la desigualdad y la discriminación. En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por los señalamientos de esterilización forzada de mujeres con discapacidad en México.
En septiembre de 2017, el Comité sobre los Trabajadores Migratorios de la ONU publicó un informe preliminar en el cual manifestó su preocupación por las “graves irregularidades” en la identificación de las víctimas y los responsables de los homicidios en masa de migrantes perpetrados entre 2010 y 2012 en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. También instó al Estado a garantizar los derechos de los migrantes en tránsito y a las autoridades mexicanas a detener a migrantes únicamente como “medida de último recurso”, a mejorar las condiciones de detención, y a “poner fin inmediato” a la detención de niños migrantes.
Desde 2007, Estados Unidos ha destinado casi USD 2.900 millones de ayuda a México a través de la Iniciativa Mérida para colaborar con el país en la lucha contra la delincuencia organizada. En 2015, el secretario de Estado de los Estados Unidos retuvo USD 5 millones de los fondos de asistencia para seguridad, afirmando que el Departamento de Estado no podía confirmar que México hubiera cumplido con los requisitos sobre derechos humanos establecidos en el acuerdo. Sin embargo, al año siguiente México recibió el total de la asistencia de la Iniciativa Mérida. En 2018, el Congreso asignó asistencia en el marco de la Iniciativa Mérida por USD 145 millones.