El gobierno cubano reprime y castiga cualquier forma de disenso y crítica pública. Sigue utilizando contra sus críticos tácticas como golpizas, denigración pública, restricciones a la posibilidad de viajar, detenciones por períodos breves, multas, acoso en línea, vigilancia y despidos de los puestos de trabajo.
En octubre de 2019, Miguel Díaz-Canel fue confirmado como presidente de Cuba con casi el 97 % de los votos de los miembros de la Asamblea Nacional. Durante su presidencia no se han producido cambios en las políticas del gobierno sobre derechos humanos. El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias e intimida a quienes manifiestan críticas. Bajo su gobierno, Cuba ha aplicado el Decreto-ley 370/2018, que entró en vigor en julio de 2019 y que limita gravemente la libertad de expresión, a los fines de detener, multar y acosar a críticos.
Detenciones arbitrarias y encarcelamiento de corta duración
El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas. Entre enero y agosto de 2020, se produjeron 1.028 detenciones arbitrarias, según la organización Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.
Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un supuesto patrón de conducta delictiva.
A menudo se realizan detenciones o se amenaza con esa posibilidad para impedir que las personas participen en marchas pacíficas o mítines políticos. Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o incluso días. Policías y agentes de seguridad del Estado siguen hostigando, maltratando y deteniendo a miembros de las Damas de Blanco (una organización fundada por esposas, madres e hijas de presos políticos) antes o después de asistir a la misa de domingo.
En mayo, se detuvo al activista y abogado Enix Berrio Sardá por violar las restricciones de circulación relacionadas con el Covid-19, luego de que él presentara una petición para que se declarara la inconstitucionalidad del Decreto-ley 370/2018.
En junio, las autoridades detuvieron o amenazaron con detener a numerosas personas para evitar una manifestación contra la violencia policial en La Habana. La policía hostigó por lo menos a 80 personas llamándolas o presentándose en sus casas para advertirles que no asistieran a la manifestación. En algunos casos, el día de la protesta agentes policiales se posicionaron frente al domicilio de las personas durante todo el día para impedir que salieran. Al menos 50 personas fueron arrestadas al intentar acudir a los lugares donde se desarrollaba la manifestación y fueron detenidas temporalmente. A algunas se las acusó de “propagación de epidemias”.
El 8 de septiembre, las autoridades detuvieron o amenazaron con detener a decenas de personas en todo el país a fin de impedir manifestaciones por la democracia que se habían organizado para que coincidieran con un importante festival religioso. Periodistas y activistas por la democracia denunciaron esa mañana que había policías posicionados frente a sus casas, y grupos opositores denunciaron que decenas de personas habían sido detenidas, entre ellas, José Daniel Ferrer, fundador y líder de la Unión Patriótica de Cuba, la organización por la democracia más importante y activa de la isla.
Libertad de expresión
El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero. Según un informe de 2019 elaborado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Cuba tiene el “clima más restringido para el ejercicio del periodismo de América”.
Unos pocos periodistas y blogueros independientes logran publicar artículos, videos y noticias en páginas web y redes sociales, como Twitter y Facebook. El gobierno obstaculiza sistemáticamente el acceso a muchos de estos sitios de noticias y blogs dentro de Cuba. En 2019, antes del referéndum viciado que avaló una nueva constitución, bloqueó varios sitios de noticias considerados críticos del gobierno, incluidos 14ymedio, Tremenda Nota, Cibercuba, Diario de Cuba y Cubanet. Desde entonces, ha continuado bloqueando varios sitios de noticias.
Debido al elevado costo de Internet —y al acceso limitado a este—, sólo una pequeña parte de la población cubana puede leer sitios web y blogs independientes. En 2017, Cuba anunció que ampliaría progresivamente los servicios domiciliarios de Internet. En 2019, el gobierno emitió nuevas reglamentaciones que permitían la importación de enrutadores y de otros equipos así como la creación de redes de Internet privadas por cable y wifi en viviendas y empresas.
Los periodistas independientes, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de Internet, acoso en línea, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias. Es común que se los mantenga incomunicados durante detenciones.
En julio de 2019, entró en vigencia el Decreto-ley 370/2018 sobre la “informatización de la sociedad”, que prohíbe la difusión de información “contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Las autoridades han utilizado esta ley para interrogar y multar a periodistas y críticos, y para confiscar sus materiales de trabajo. En marzo, a la periodista Camila Acosta se le aplicó una multa en relación con tres publicaciones que había realizado en Facebook, incluido un meme de Fidel Castro.
Entre febrero y septiembre, las autoridades cubanas acosaron a la YouTuber Ruhama Fernández, que ha publicado videos críticos del gobierno. Las autoridades la citaron en reiteradas oportunidades para que se sometiera a interrogatorios policiales y le negaron la posibilidad de obtener un pasaporte. En abril, luego de citar a Fernández para que se presentara en una estación de policía, los agentes le dijeron que dejarían de asediarla si ella cesaba en sus críticas al gobierno. En septiembre, Fernández recibió una amenaza anónima por teléfono; le dijeron que iban a “acabar” con ella.
Entre septiembre de 2019 y marzo de 2020, el artista Luis Manuel Otero Alcantará fue detenido al menos 10 veces, a menudo sin cargos, por realizar intervenciones artísticas en las que usaba la bandera cubana mientras realizaba actividades cotidianas.
En marzo de 2020, entró en vigencia la Ley 128/2019, la Ley de los Símbolos Nacionales, que restringe el uso de la bandera, el escudo y el himno nacional de Cuba.
Presos políticos
Prisoners Defenders informó que, hasta agosto, en Cuba había detenidas 75 personas que encuadraban en la definición de presos políticos, y otras 28 personas, según la mencionada organización, estaban detenidas por sus creencias políticas. A su vez, otras 33 que habían sido condenadas por sus creencias políticas cumplían arresto domiciliario o se encontraban en libertad condicional. El gobierno no permite que organizaciones independientes de derechos humanos puedan acceder a las cárceles en el país. Las organizaciones locales creen que la cantidad real de presos políticos es mayor, pero las restricciones limitan su capacidad de documentar los casos.
Los cubanos que critican al gobierno siguen expuestos a la amenaza de ser perseguidos penalmente. No se les brindan un debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las correspondientes garantías por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo y al legislativo.
En febrero, un juez en Santiago condenó a José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba, por agresión y secuestro, en lo que los activistas consideran que fue un juicio irregular. En abril, luego de estar seis meses en prisión preventiva, fue condenado a cuatro años de prisión domiciliaria.
En abril de 2020, el activista por la democracia y miembro del partido opositor Maikel Herrera Bones fue arrestado tras haberse manifestado por los cortes de electricidad en su vecindario y mantener una discusión con un policía. En un principio se lo acusó de desobedecer órdenes, pero una semana después de su detención, las autoridades agravaron la acusación a “agresión”. En agosto, Herrera llamó desde la cárcel a un compañero activista para denunciar que no le estaban proporcionando el tratamiento adecuado para el VIH y que su salud estaba empeorando. En septiembre, contó a otro activista que le habían dicho que le brindarían el tratamiento médico que necesitaba si dejaba de quejarse de los abusos en la cárcel.
Restricciones a la posibilidad de viajar
Desde que se llevaron a cabo reformas en 2013, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado el permiso para viajar han podido hacerlo, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros independientes. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir el derecho a viajar por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”. Las autoridades han seguido negando selectivamente la salida a personas que expresan críticas al gobiero.
El gobierno restringe el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997, el Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana desde otras provincias. El decreto ha sido usado para hostigar a disidentes e impedir que personas viajen a La Habana para asistir a reuniones.
En noviembre de 2019, las autoridades le informaron a la periodista Camila Acosta que no podía salir del país. Un funcionario de inmigración frenó a Acosta cuando intentaba tomar un vuelo a la Argentina para participar en un evento de derechos humanos.
En agosto, a Ruhama Fernández, influencer en las redes sociales, se le negó el pasaporte para viajar a Estados Unidos a recibir un premio y visitar a sus padres. Un funcionario le dijo que era una “persona regulada” por “motivos de interés público”.
Condiciones en centros de detención
Las prisiones del país en general están sobrepobladas. Los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas, según informaron ex presos políticos. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, emprenden huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante extensos períodos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica.
Si bien el gobierno permitió que unos pocos miembros de la prensa extranjera elegidos específicamente realizaran visitas supervisadas a algunas prisiones en 2013, continúa negando que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a las cárceles.
En abril, para reducir el riesgo de propagación del Covid-19 en las cárceles, el gobierno suspendió las visitas familiares, restringió el tipo de alimentos que los familiares podían enviar a los presos y, en lo que constituye una medida positiva, liberó a más de 6.500 personas. Los medios independientes han informado sobre detenidos aislados con casos sospechados de Covid-19 en algunas cárceles. Sin embargo, hasta octubre de 2020, el Ministerio de Salud no había confirmado casos de Covid-19 en establecimientos penitenciarios.
Derechos laborales
Aunque Cuba actualizó su Código de Trabajo en 2014, el país sigue violando los estándares de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado en materia de libertad de asociación y negociación colectiva. Si bien, técnicamente, la legislación cubana autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica Cuba sólo permite una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.
Cuba envía al extranjero a decenas de miles de trabajadores de la salud todos los años para abordar crisis a corto plazo y desastres naturales. Los trabajadores ofrecen valiosos servicios a muchas comunidades, pero lo hacen bajo normas estrictas y abusivas que violan sus derechos, como el derecho a la privacidad, a la libertad, a la circulación y los derechos de expresión y de asociación. En 2020, Cuba envió a alrededor de 4.000 médicos para que ayudaran a casi 40 países a responder a la pandemia del Covid-19. Ese personal se sumó a los aproximadamente 28.000 trabajadores de la salud cubanos que se habían enviado antes de la pandemia.
Defensores de derechos humanos
El gobierno cubano todavía no reconoce a la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima y niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos. Ha sido habitual que autoridades gubernamentales hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que han intentado documentar abusos. En marzo, dos miembros de las Damas de Blanco fueron detenidas durante siete días sin ningún tipo de acusación formal, luego de haber asistido a un evento para celebrar el Día de la Mujer en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Las autoridades después las “deportaron” a la ciudad donde vivían, Santiago, a más de 460 millas de distancia. A otras integrantes del grupo se las había detenido para evitar que asistieran al evento.
Orientación sexual e identidad de género
La constitución de 2019 prohíbe expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, muchas personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) sufren violencia y discriminación, en especial, en el interior del país. En su informe de 2019 sobre Cuba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refirió a señalamientos de que la policía a menudo se niega a investigar ataques contra personas LGBT y que se ha despedido o excluido a esas personas de la educación universitaria debido a su orientación sexual o identidad de género.
Ante una serie de protestas, el gobierno cubano eliminó disposiciones del proyecto final de la constitución aprobado en febrero de 2019, que habrían establecido una nueva definición de matrimonio que incluyera a las parejas del mismo sexo. El gobierno manifiesta que en marzo de 2021 presentará ante la Legislatura una nueva versión del Código de Familia, que rige lo relativo al matrimonio, y que luego someterá el código a votación en un referéndum.
En mayo de 2019, miembros de las fuerzas de seguridad reprimieron una manifestación en La Habana a favor de los derechos de las personas LGBT y detuvieron a varios activistas, según informaron medios de comunicación. La manifestación, que no fue autorizada, fue organizada después de que el gobierno anunciara que había cancelado la marcha del Orgullo Gay 2019 de Cuba.
Derechos sexuales y reproductivos
El aborto está despenalizado por cualquier motivo en Cuba desde 1965. Cuba es uno de los pocos países latinoamericanos que han adoptado esta política. El procedimiento se ofrece sin cargo en los hospitales públicos.
Covid-19
Al 21 de septiembre, Cuba informó que había 6.305 casos de Covid-19 y 127 fallecimientos por esta enfermedad. Cuando en marzo se confirmaron los primeros casos de Covid-19 en la isla, el gobierno reaccionó con rapidez: prohibió el ingreso de turistas, llevó adelante testeos masivos y seguimiento de contactos, e implementó normas sobre uso obligatorio de mascarillas y restricciones estrictas a la circulación, que hizo cumplir con la aplicación de multas elevadas o incluso con penas de prisión. La consecuente caída del turismo y de las remesas extranjeras, así como los fuertes cortes de suministro, ejercieron más presión sobre una economía que ya era frágil y pusieron en riesgo los medios de vida de muchas personas y su acceso a medicamentos y alimentos.
El gobierno cerró las escuelas de marzo a septiembre. Se brindó educación primaria y secundaria a través de clases por televisión y un servicio en línea de corrección de las tareas para el cual se necesitaba una cuenta de correo electrónico del proveedor estatal de Internet. Algunas clases se dictaron en lenguaje de señas para los niños sordos. Activistas y padres manifestaron que a menudo era difícil seguir las clases y que muchas personas no podían utilizar el servicio de corrección de tareas debido al acceso limitado a Internet y a su elevado costo.
En algunos casos, el gobierno ha utilizado restricciones a la circulación relacionadas con el Covid-19 como pretexto para impedir protestas. En junio, las autoridades reprimieron una manifestación contra la violencia policial al acosar, amenazar con detener y detener efectivamente a decenas de personas.
Actores internacionales clave
En abril de 2019, EE. UU. autorizó que se iniciaran acciones legales contra empresas que durante la revolución cubana se habían beneficiado con las confiscaciones de bienes pertenecientes a personas que ahora son ciudadanas estadounidenses. En consecuencia, se impulsaron acciones legales contra empresas europeas e internacionales que operan cadenas hoteleras y líneas de cruceros en Cuba. La Unión Europea y Canadá han denunciado la política.
Entre junio de 2019 y agosto de 2020, el gobierno de EE. UU. estableció nuevas restricciones sobre los ciudadanos estadounidenses que viajaban a Cuba y prohibió las escalas de los cruceros, los viajes educativos y la mayoría de los vuelos a la isla, salvo unos pocos a La Habana.
En un informe de marzo de 2020 sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su consternación por la criminalización y la detención arbitraria de defensores de derechos humanos, la ausencia de espacios que permitan una participación política plural, y la falta de independencia judicial y de garantías a la libertad de expresión. La comisión exhortó nuevamente a EE. UU. a que levantara el embargo a Cuba, explicando que esa medida ha tenido un impacto negativo sobre los derechos humanos.
En abril, en una declaración conjunta, varios expertos de la ONU también exhortaron a EE. UU. a suspender el embargo, con el argumento de que los obstáculos comerciales podrían obstruir la respuesta humanitaria al Covid-19.
En febrero, la Unión Europea emitió una declaración sobre el caso de José Daniel Ferrer, en la cual instaba a Cuba a liberar a todas aquellas personas que estaban presas por haber ejercido derechos fundamentales.
En 2016, la Unión Europea suscribió un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba. El acuerdo todavía no ha sido plenamente ratificado, ya que Lituania se ha negado a aprobarlo alegando que le preocupaba la situación de derechos humanos. En marzo de 2020, comenzó a debatirse en la legislatura lituana la ratificación del acuerdo, pero el debate fue suspendido debido a la pandemia del Covid-19.
En octubre, Cuba fue reelegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, su quinto mandato en los últimos 15 años. Dada la desastrosa situación de los derechos humanos del país, la elección de Cuba fue muy criticada por las organizaciones de derechos humanos.
El capítulo citó al Centro Cubano de Derechos Humanos como la fuente del número de prisioneros políticos detenidos por el gobierno cubano. El texto ha sido corregido para reflejar el hecho que el dato provenía originalmente del grupo Prisoners Defenders.