El gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad son responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de corta duración y han encarcelado a opositores, juzgado a civiles en tribunales militares, torturado a detenidos y reprimido a manifestantes. Se han valido del estado de excepción impuesto en respuesta al Covid-19 como pretexto para aumentar su control sobre la población. La falta de independencia judicial ha facilitado que estos delitos queden impunes. Las autoridades judiciales han participado o sido cómplices de los abusos.
La Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela identificó patrones de violaciones y crímenes que eran parte de un ataque generalizado y sistemático, los cuales concluyó constituyen crímenes de lesa humanidad. En noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan anunció su decisión de iniciar una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El país atraviesa una emergencia humanitaria compleja, con millones de personas que no tienen acceso a atención de la salud básica ni una nutrición adecuada. El acceso limitado a agua potable en hogares y centros de salud y un plan de vacunación menoscabado por la falta de transparencia gubernamental seguramente han contribuido a la propagación del Covid-19.
A partir de agosto de 2021, representantes del gobierno y de la oposición se reunieron en México para negociar garantías electorales, el levantamiento de las sanciones, el respeto al Estado de derecho, la ayuda humanitaria y los derechos políticos, entre otros puntos. El gobierno abandonó las negociaciones en octubre, tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, un aliado cercano del gobierno. Las negociaciones no se habían reanudado cuando se preparó este informe.
Previo a las negociaciones, el gobierno había hecho concesiones limitadas, en parte debido a mayor presión internacional, como nombrar nuevos rectores al Consejo Nacional Electoral (CNE) y permitir el despliegue del Programa Mundial de Alimentos.
Una misión electoral independiente de la Unión Europea, que observó las elecciones regionales de noviembre, informó que algunos opositores políticos seguían inhabilitados de manera arbitraria para postularse a cargos públicos, hubo un acceso desigual a los medios de comunicación, y la falta de independencia judicial y de respeto al Estado de derecho habían afectado la transparencia e imparcialidad de las elecciones.
Preocupaciones crónicas incluyen brutalidad policial, condiciones precarias de detención, impunidad ante violaciones de derechos humanos y hostigamiento a defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes.
El éxodo de venezolanos que huyen de la represión y la emergencia humanitaria representa la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina.
Persecución, detención y tortura de opositores políticos
El gobierno ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Según informa Foro Penal, una red de abogados defensores penalistas que trabajan pro bono, había 254 presos políticos en Venezuela al 25 de octubre. Aunque algunos detenidos fueron liberados o trasladados de centros operados por servicios de inteligencia a cárceles comunes, sigue habiendo una “puerta giratoria” y nuevos críticos son sujetos a procesos penales arbitrarios.
El 12 de julio, Freddy Guevara, del partido Voluntad Popular, fue detenido por agentes de seguridad. Los agentes lo acusaron de colaborar con pandillas que habían participado en un tiroteo con policías en Caracas y lo acusaron de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria. Estuvo incomunicado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) hasta el 15 de agosto y fue liberado tras la primera ronda de negociaciones en México, bajo la condición de que se presentara ante la justicia cada 30 días.
Agentes de inteligencia y seguridad han torturado a detenidos y sus familiares. En 2020, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó sobre presuntos casos de tortura y maltrato que incluían golpizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas en párpados y genitales, exposición a frío extremo y estar esposado por períodos prolongados.
En varias arremetidas contra opositores desde 2014, fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como colectivos, han atacado manifestaciones. Agentes de las fuerzas de seguridad hirieron gravemente, y en algunos casos mataron, a manifestantes contra quienes dispararon deliberadamente municiones antidisturbios a quemarropa; golpearon brutalmente a personas que no mostraban resistencia; y allanaron violentamente edificios de apartamentos.
De las 15.756 personas detenidas arbitrariamente desde 2014, 9.406 habían recibido libertad condicional a julio de 2021, pero seguían sujetas a procesos penales, y 872 habían sido enjuiciadas en tribunales militares, según Foro Penal.
En junio de 2021, la Oficina de la ACNUDH informó que seguían ocurriendo torturas, maltratos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
Presuntas ejecuciones extrajudiciales
Entre 2016 y 2019, policías y otros agentes de seguridad mataron a más de 19.000 personas en casos de supuesta “resistencia a la autoridad”. En junio de 2021, la ACNUDH informó que, a pesar de una leve disminución, las muertes a manos de agentes de las fuerzas de seguridad continuaban. Muchas de estas muertes eran consistentes con patrones de ejecuciones extrajudiciales, señaló la ACNUDH.
Agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un comando de policía especializado, y otros actores han matado y torturado a residentes de zonas de bajos recursos, sembrando el miedo y ejerciendo control social sobre estos sectores. Previamente, las “Operaciones de Liberación del Pueblo”, redadas llevadas a cabo por fuerzas militares y policiales en comunidades populares entre 2015 y 2017, dieron lugar a denuncias generalizadas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y desalojos forzados.
Grupos armados
En Venezuela operan grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y grupos que surgieron tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mayormente en estados fronterizos. En Apure, estos grupos usan métodos brutales para imponer toques de queda; prohibiciones de cometer delitos como violación sexual, robo y homicidio; y normas que regulan las actividades cotidianas. Estos actos casi siempre quedan impunes, y los residentes señalan que agentes de las fuerzas de seguridad y autoridades locales a menudo actúan en connivencia con grupos armados.
A partir de marzo de 2021, agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas cometieron abusos aberrantes contra residentes de Apure durante un operativo de varias semanas contra una disidencia de las FARC conocida como Frente Décimo Martín Villa. El operativo resultó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles en tribunales militares y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó que había cientos de personas en situación de desplazamiento forzado en Venezuela y al menos 5.800 personas habían huido a Colombia. Aunque la mayoría había regresado a Venezuela para agosto, siguió habiendo enfrentamientos.
Medioambiente y derechos humanos
La minería es la principal causa de deforestación en el Amazonas venezolano, después de la agricultura. Desde que el presidente Maduro declaró ilegalmente la creación de una zona de minería especial en el norte del estado Bolívar en 2016, la cual cubre 24 % de la selva amazónica del país, el área ha perdido más de 230.000 hectáreas de bosque, conforme indica un estudio de la organización no gubernamental SOS Orinoco. A través del análisis de imágenes satelitales, se ha estimado que las actividades mineras actualmente ocupan al menos 20.000 hectáreas de la zona especial.
La zona de minería especial comprende 14 territorios indígenas, cuyos residentes no habrían sido consultados previo a su creación. Miembros de distintas comunidades indígenas dentro de la zona especial y río abajo estarían sufriendo intoxicación grave con mercurio, una sustancia tóxica utilizada para separar el oro de las impurezas.
Bolívar es el epicentro de la epidemia de malaria en Venezuela. El estado registra 55 % de los casos en el país; la enfermedad es muy común entre quienes se dedican a la minería de oro, cuya alta movilidad es un importante vector de contagio. La Oficina de la ACNUDH también indicó que los charcos de agua estancada y contaminada que genera la minería se han convertido en un caldo de cultivo para la malaria.
La minería ilegal de oro en el estado Bolívar es controlada en su mayoría por organizaciones criminales —conocidas como “sindicatos” en Venezuela— y grupos armados colombianos que vigilan a los ciudadanos, establecen condiciones de trabajo abusivas y tratan brutalmente a quienes acusan de cometer robos y otros delitos, en algunos casos desmembrando y matando a estas personas frente a otras. Los sindicatos actúan con la aquiescencia del gobierno y, en algunos casos, también con su colaboración. En septiembre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos informó que pandillas venezolanas, las élites políticas y militares del país y grupos armados colombianos seguían siendo actores clave en el comercio del oro.
Independencia judicial e impunidad por abusos
Desde que el expresidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional tomaron control del Tribunal Supremo de Justicia en 2004, el poder judicial dejó de actuar como un poder independiente del Estado. Magistrados del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y en reiteradas oportunidades han ratificado prácticas y políticas abusivas.
En Venezuela no ha habido justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad con el conocimiento o la aquiescencia de las más altas autoridades del país. La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU informó en septiembre de 2021 que las autoridades judiciales han sido cómplices de los abusos al emitir órdenes de detención para arrestos ilegales a posteriori, ordenar prisión preventiva de forma rutinaria, mantener detenciones en base a pruebas dudosas y no proteger a las víctimas de torturas. Los jueces permitieron que hubiera demoras procesales significativas e interfirieron con el derecho de las personas a elegir sus propios abogados.
El Ministerio Público informó que, entre agosto de 2017 y mayo de 2021, 716 funcionarios fueron acusados de delitos vinculados con violaciones de derechos humanos, 1064 fueron procesados, 540 detenidos y 153 condenados. La Misión de Determinación de los Hechos señaló algunas discrepancias en las cifras proporcionadas por las autoridades venezolanas y concluyó que no había evidencia de que las autoridades estuvieran realizando investigaciones para determinar la responsabilidad por abusos en los niveles superiores de la cadena de mando.
En junio, Maduro anunció una reforma del sistema judicial, por medio de la cual creó una comisión especial encabezada por su esposa y el diputado de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello. Hasta el momento, la reforma se ha enfocado en reducir la sobrepoblación en los centros de detención preventiva, que en junio de 2021 albergaban a 38.736 personas, en comparación con 22.759 en mayo de 2016.
Derecho a voto
En diciembre de 2020, partidarios del gobierno consiguieron el control de la Asamblea Nacional mediante elecciones cuya legitimidad fue ampliamente cuestionada. El gobierno disolvió la Asamblea Nacional Constituyente que había creado en 2017 para reformar la constitución, la cual, en la práctica, había reemplazado a la Asamblea Nacional.
En 2020, el Tribunal Supremo avaló la usurpación de varios partidos políticos opositores y reemplazó a sus dirigentes con simpatizantes del gobierno de cara a las elecciones de diciembre de ese año. En 2021, el nuevo Consejo Nacional Electoral anunció que algunos partidos políticos opositores podrían participar en las elecciones de noviembre de 2021. La oposición confirmó que participaría como la Plataforma Unitaria. La Unión Europea, una delegación de miembros del Parlamento Europeo, el Centro Carter y las Naciones Unidas monitorearon las elecciones.
Emergencia humanitaria y Covid-19
El Programa Mundial de Alimentos calcula que uno de cada tres venezolanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria y necesita asistencia. En 2019, informó que 9,3 millones de venezolanos padecían inseguridad alimentaria, y estimó que el número aumentaría significativamente en los próximos años. UNICEF informó que 5,8 % de los niños y niñas evaluados entre enero y junio de 2021 padecían desnutrición aguda, y 1,5 % desnutrición aguda severa.
El colapso del sistema de salud en Venezuela ha resultado en el aumento de enfermedades infecciosas y la reaparición de otras que podrían prevenirse con vacunas. Cientos de personas estarían muriendo debido a obstáculos para realizar trasplantes. La escasez de medicamentos e insumos, las interrupciones en los servicios de agua y electricidad y la emigración de trabajadores de la salud han reducido gravemente la capacidad operativa de los centros de salud.
La Oficina de la ACNUDH expresó su preocupación ante la ausencia de datos públicos necesarios para diseñar políticas de salud pública y facilitar su seguimiento. El gobierno no ha publicado datos epidemiológicos desde 2017.
Los índices de asistencia escolar, ya bajos debido a la crisis humanitaria, han disminuido aún más a raíz del Covid-19 y las restricciones relacionadas con la pandemia. UNICEF informó que 6,9 millones de estudiantes en Venezuela prácticamente no tuvieron clases presenciales entre marzo de 2020 y febrero de 2021. Las clases se reanudaron en octubre de 2021, aunque con asistencia limitada.
Al 28 de octubre, había 403.318 casos confirmados de Covid-19 y 4.848 muertes en Venezuela. Es probable que las cifras sean mucho mayores, considerando la disponibilidad limitada de pruebas de diagnóstico confiables, la falta de transparencia gubernamental y la persecución de profesionales de la salud y periodistas que informan sobre la pandemia. El acceso a la atención de la salud materna y a los servicios de salud sexual y reproductiva, que ya era precario, se ha deteriorado aún más con la pandemia, puesto que el gobierno no ha asegurado el acceso a esos servicios.
La organización no gubernamental Monitor Salud informó que en 83 % de los hospitales hay acceso insuficiente o nulo a equipos de protección personal como mascarillas y guantes, y que en 95 % de ellos también hacen falta insumos de limpieza como jabón y desinfectante. Al 28 de octubre, se había informado el fallecimiento de 779 profesionales médicos y de enfermería debido al Covid-19.
La vacunación contra el Covid-19 en Venezuela ha sido menoscabada por la corrupción y falta de transparencia gubernamental respecto a la adquisición y distribución de vacunas y otros insumos médicos. El gobierno agendó las vacunaciones por medio del “Carnet de la Patria”, un documento requerido desde 2017 para acceder a beneficios públicos que el gobierno ha utilizado para ejercer control social y político, especialmente en períodos electorales.
El 27 de octubre, el gobierno informó que 61,6 % de los venezolanos habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19. Sin embargo, tan solo 21,6 % de los venezolanos habían completado un esquema de vacunación para esa fecha, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud. En agosto, entre 25 % y 28 % de los profesionales sanitarios seguían esperando su segunda dosis.
La crisis de refugiados
Cerca de 5,9 millones de venezolanos, aproximadamente 20 % de la población total estimada del país, han huido de Venezuela desde 2014, de acuerdo a la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela.
Si bien muchos gobiernos de países vecinos han acogido a los venezolanos, la ausencia de una estrategia regional coordinada ha dejado a muchos varados en condiciones precarias o sin la posibilidad acceder al estatus de refugiado u otras protecciones legales. En algunos países, los venezolanos son deportados o enfrentan xenofobia y dificultades para obtener algunos servicios de salud, educación o un estatus legal que les permita trabajar.
El impacto económico de la pandemia y las medidas de confinamiento en países receptores llevó a aproximadamente 151.000 venezolanos a regresar al país entre marzo de 2020 y marzo de 2021, de acuerdo al Sistema de las Naciones Unidas. Los venezolanos que retornaron fueron enviados a centros de cuarentena hacinados y con condiciones insalubres, donde sufrieron amenazas, hostigamiento y abusos por parte de autoridades venezolanas y colectivos.
Libertad de expresión
El gobierno ha aumentado y abusado de su poder para regular a los medios de comunicación y ha cerrado publicaciones críticas, además de impulsar campañas de estigmatización, hostigamiento y represión contra los medios. Si bien algunos periódicos, páginas web y estaciones de radio critican a las autoridades, el temor a sufrir represalias ha hecho de la autocensura un serio problema.
En mayo, las autoridades allanaron la sede del periódico El Nacional, después de que el Tribunal Supremo le ordenara pagar más de USD 13 millones en daños por la supuesta difamación de Diosdado Cabello. La maniobra pareciera estar dirigida a silenciar uno de los pocos medios independientes que quedan en Venezuela.
En 2017, la Asamblea Constituyente aprobó una Ley contra el Odio, cuyo contenido sumamente impreciso prohíbe a los partidos políticos que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio” y prevé penas de hasta 20 años de prisión para quienes publiquen “mensajes de intolerancia y odio”. Durante el estado de excepción por el Covid-19, muchas personas que compartieron o publicaron información en redes sociales que cuestionaba a funcionarios o políticas públicas fueron acusadas de incitación al odio y otros delitos.
Defensores de derechos humanos
En 2010, el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento extranjero pueden ser procesadas por traición a la patria. Ese año, la Asamblea Nacional prohibió la asistencia internacional a organizaciones que trabajan en la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos”.
A partir de noviembre de 2020, las autoridades venezolanas y las fuerzas de seguridad han llevado a cabo una campaña sistemática contra organizaciones humanitarias y de derechos humanos; como parte de ella, han congelado cuentas bancarias, emitido órdenes de detención, allanado oficinas y detenido a algunos de sus miembros para interrogarlos. También han adoptado nuevas medidas para limitar el financiamiento internacional y exigir que las ONG compartan información sensible sobre sus actividades y aportes.
En julio, la policía detuvo a tres miembros de FundaRedes luego de que denunciaran ante el Ministerio Público del estado Falcón acoso por parte de los servicios de inteligencia y de hombres armados no identificados. Poco antes, la organización había acusado a las autoridades venezolanas de tener nexos con grupos armados en el estado Apure. Los activistas fueron acusados de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio, en base a publicaciones que habían realizado en redes sociales y la página de la organización. Dos de ellos fueron liberados el 26 de octubre con la condición de que se presentaran ante la justicia cada ocho días. El director de la organización seguía detenido e incomunicado en la sede del SEBIN cuando se preparó este informe.
Condiciones en centros de detención
La corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, la escasez de personal y la capacitación inadecuada de los guardias han permitido que, en la práctica, sean las pandillas las que controlen a los detenidos. La sobrepoblación penitenciaria se ve agravada por el uso excesivo de la prisión preventiva.
La falta de acceso a agua potable y suficientes alimentos nutritivos, junto a la baja calidad de la higiene y los servicios médicos, ha contribuido a una alta incidencia del hambre y las enfermedades en las cárceles. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que 73 % de las muertes de detenidos por condiciones de salud en la primera mitad de 2021 se debieron a desnutrición o tuberculosis, ambas prevenibles. Es posible que estas condiciones inadecuadas también hayan contribuido a la propagación del Covid-19. En base a declaraciones oficiales, el OVP informó 135 casos de Covid-19 y dos muertes en cárceles y centros de detención durante 2020. Debido al número insuficiente de pruebas, es probable que las cifras reales sean mucho mayores.
Actores internacionales clave
El fiscal de la CPI Karim Khan, durante una visita a Venezuela en noviembre de 2021, anunció que la Fiscalía iniciaría una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. La situación en Venezuela había sido objeto de examen preliminar por parte de la Fiscalía desde febrero de 2018. En un escrito presentado en junio de 2021 ante la CPI, y que se hizo público en agosto, la Fiscalía concluyó que las autoridades venezolanas no estaban dispuestas a investigar y juzgar de manera genuina casos relevantes.
En septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU concluyó que el sistema de justicia había desempeñado una función crucial en la represión de opositores. Las irregularidades procesales y la injerencia en el poder judicial, incluyendo por parte de altas autoridades de gobierno como Maduro y Diosdado Cabello, han permitido que violaciones de derechos humanos queden impunes. Un informe previo de la misión había concluido que existían motivos razonables para creer que grupos armados partidarios del gobierno y autoridades de alto nivel habían cometido violaciones que constituían crímenes de lesa humanidad.
La Oficina de la ACNUDH mantiene una presencia en Venezuela y aumentó el número de funcionarios en el país a 12 en 2021. La ACNUDH actualizó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los abusos que siguieron cometiéndose Venezuela en 2021. En junio, concluyó que el país había hecho pocos avances en la implementación de las recomendaciones formuladas en informes anteriores. Tanto la Oficina de la ACNUDH como el Relator Especial de la ONU sobre las medidas coercitivas unilaterales destacaron en septiembre que las sanciones sectoriales unilaterales han agudizado la crisis económica y social que ya existía en Venezuela, si bien la ACNUDH también señaló otros problemas que han contribuido a ella, como la falta de información oficial y la necesidad de investigar denuncias de discriminación en el acceso a alimentos y servicios de salud.
En abril, tras más de un año de negociaciones, el Programa Mundial de Alimentos anunció un acuerdo con el gobierno de Maduro que le permite suministrar alimentos a niños y niñas pequeños. El organismo empezó a proporcionar ayuda en julio y tenía previsto asistir a 185.000 niños y niñas para fines de 2021.
En marzo de 2021, el gobierno estadounidense otorgó estatus de protección temporal durante 18 meses a los venezolanos que ya estaban en EE. UU. La decisión fue adoptada tras un anuncio histórico del gobierno colombiano, en febrero, de que concedería 10 años de estatus legal a los aproximadamente 1,7 millones de ciudadanos venezolanos en Colombia, así como a aquellos que ingresaran legalmente al país durante los dos años siguientes.
Varios gobiernos e instituciones han impuesto sanciones individuales contra funcionarios venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos y corrupción, cancelando sus visas y congelando sus fondos en el extranjero. También se han aplicado sanciones económicas, como es el caso de EE. UU., que durante la administración del entonces presidente Donald Trump prohibió las transacciones con nuevas acciones y bonos emitidas por el gobierno venezolano y la compañía petrolera estatal. Esas sanciones seguían vigentes al momento de redacción de este informe. A pesar de una excepción humanitaria, podrían exacerbar la emergencia humanitaria preexistente por el riesgo de que instituciones financieras se sientan obligadas a cumplir con las sanciones en casos más allá de los previstos en la propia normativa.
La administración del presidente estadounidense Joe Biden ha criticado públicamente las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Maduro y manifestado que estaría dispuesta a levantar las sanciones si se produjeran avances concretos durante las negociaciones en México.
Además de adoptar sanciones individuales, la Unión Europea ha condenado de forma constante los abusos del gobierno venezolano, incluyendo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También desempeña un papel de liderazgo en el Grupo de Contacto Internacional, el cual busca una solución política a la crisis venezolana e intenta generar condiciones para que haya elecciones creíbles. Noruega moderó las conversaciones en México, con la participación de los Países Bajos y Rusia, que han acompañado el proceso.
Se estimó que 7 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria en 2020, según el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela de la ONU. Este plan, que fue actualizado en 2021, requiere USD 708,1 millones para asistir a 4,5 millones de los venezolanos más vulnerables. Al 28 de octubre, se habían recaudado más de USD 132 millones, y entre enero y julio 2,5 millones de personas habían recibido asistencia. Las organizaciones internacionales siguieron enfrentando limitaciones para importar insumos humanitarios, gestionar visas para su personal, obtener permisos de circulación y acceder a combustible. A menudo, esto provocó el retraso o la suspensión de sus actividades.
Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela vota regularmente para evitar el escrutinio de violaciones de derechos humanos en países como Siria, Yemen, Bielorrusia, Burundi, Eritrea e Irán.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue dándole seguimiento a la situación en Venezuela, en base a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, desde que Venezuela se retiró de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2013.