El crimen organizado continúa afectando a la sociedad hondureña y obliga a muchas personas a abandonar el país. Los grupos más vulnerables a la violencia son los periodistas, ambientalistas, defensores de derechos humanos, personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), y personas con discapacidad.
La impunidad continúa siendo la norma. Hubo escasos avances en los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de la seguridad pública. La actuación del poder judicial y la policía, instituciones donde la corrupción y los abusos son generalizados, sigue siendo en gran medida ineficaz. La asistencia y los recursos recibidos a través de una misión de cuatro años de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad, que concluyó en enero de 2020, no han dado lugar a reformas estructurales y duraderas. Los fiscales que luchan contra la corrupción han quedado indefensos.
Maras
La violencia que emplean las maras es un problema generalizado en las áreas urbanas y sus alrededores. Las estimaciones sobre la cantidad de miembros activos de las pandillas oscilan entre 5.000 y 40.000; entre 2015 y 2019, 4.196 fueron arrestados, informó la Policía Nacional.
Las maras ejercen el control territorial de algunos vecindarios y extorsionan a residentes en todo el país. Reclutan por la fuerza a niños y niñas y someten a abuso sexual a mujeres, niñas y personas LGBT. Las maras asesinan, desaparecen, violan o desplazan de manera forzosa a quienes les muestran resistencia.
Se considera que las maras, especialmente la Mara Salvatrucha (MS13) y la Barrio 18, son las mayores responsables del elevado índice de homicidios de Honduras. También participan en actos de extorsión y tráfico de drogas. Si bien Honduras ha reducido el índice de homicidios a la mitad desde 2011, continúa teniendo uno de los más altos del mundo, con 44,8 homicidios reportados por cada 100.000 habitantes en 2019.
Históricamente, los gobiernos han respondido con estrategias de seguridad de “mano dura” para combatir el crimen organizado. En 2018, el gobierno creó la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, integrada por policías, militares y funcionarios del Ministerio Público.
La debilidad de las instituciones del Estado y los abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad han contribuido a que la violencia de las maras sea un problema persistente. Ha habido señalamientos reiterados de connivencia entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones delictivas.
Sistema de justicia penal e impunidad
La justicia habitualmente no actúa para que los responsables de delitos y abusos rindan cuentas por sus acciones.
Los jueces son blanco de actos de interferencia, como presión política, amenazas y hostigamiento por parte del poder ejecutivo, particulares que tienen vínculos con el gobierno y maras. Fiscales y denunciantes han recibido amenazas de muerte. La Corte Suprema, en particular su presidente, ejerce un control excesivo sobre la designación y remoción de jueces, y la inestabilidad de la carrera profesional limita la independencia de estos.
En enero de 2020, el gobierno hondureño cerró la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Establecida en 2016 por el gobierno y la Organización de los Estados Americanos (OEA), la MACCIH contribuyó al juzgamiento de 133 personas, incluidos legisladores y altos funcionarios, 14 de los cuales enfrentaron procesos penales.
Desde que se cerró la misión, el Ministerio Público ha hostigado e intimidado al fiscal jefe de la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, y a miembros de su equipo. Organizaciones internacionales, Estados Unidos y el Reino Unido han expresado su apoyo al trabajo de Santos.
Defensores de derechos humanos
En 2019, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos se refirió a Honduras como “uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores de derechos humanos”. Diversos activistas sostienen que el Sistema Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, creado en 2015 por el gobierno, es ineficaz.
En junio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estimó que el índice de impunidad de los delitos cometidos contra defensores de derechos humanos en Honduras sería del 90 %. La CIDH recibió información de que la amenaza de demandas y de procesos penales, incluyendo por calumnias e injurias, es utilizada con frecuencia, lo cual dificulta la defensa de los derechos humanos en Honduras.
En julio, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la CIDH instaron al gobierno a que se abstuviera de acusar formalmente a mujeres del pueblo Garífuna por delitos como daños, amenazas, robo y usurpación de tierras. Honduras no ha reconocido el derecho a la propiedad colectiva del pueblo Garífuna sobre sus tierras ni ha investigado de manera oportuna ni adecuada las amenazas y actos de hostigamiento contra líderes comunitarios, indicó la CIDH en 2020.
En agosto, un exdirector de la empresa hidroeléctrica hondureña DESA fue condenado por planificar el asesinato en 2016 de la ambientalista y defensora de derechos indígenas Berta Cáceres, que se oponía a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque. En 2019, otras siete personas habían sido condenadas por llevar a cabo el asesinato. El juicio sobre la muerte de Cáceres ha estado plagado de irregularidades.
Ataques contra periodistas
Honduras es uno de los países más peligrosos del hemisferio occidental para los periodistas, siendo las fuerzas de seguridad su mayor amenaza, según indicó Reporteros sin Fronteras en 2021. UNESCO indica que, desde 2010, han sido asesinados 42 periodistas. Según la Sociedad Interamericana de Prensa, 29 periodistas han recibido medidas oficiales de protección.
En febrero, el periodista Henry Fiallos y su familia recibieron amenazas de muerte anónimas luego de que él cubriera un femicidio en el cual estuvieron implicados policías. En agosto, informó haber sido golpeado ferozmente por policías mientras realizaba su trabajo.
Desplazamiento interno, migración y refugio
A diciembre de 2020, los desplazados internos en Honduras representaban casi el 80 % de la población en situación de desplazamiento interno en toda América Central y México. Alrededor de 191.000 personas debieron desplazarse dentro del país entre 2004 y 2018 a causa de la violencia, informó el gobierno. En 2020, los huracanes Eta e Iota obligaron a más de 55.000 personas a trasladarse a refugios temporales, de acuerdo con datos de la Cruz Roja.
Los grupos en mayor riesgo de desplazamiento interno son los niños y niñas sometidos al reclutamiento forzado por parte de pandillas, profesionales y propietarios de negocios que enfrentan extorsión, sobrevivientes de violencia doméstica, personas LGBT y miembros de minorías étnicas que son víctimas de violencia y discriminación, según indicó la CIDH. Las comunidades rurales que sufren inseguridad alimentaria debido a sequías prolongadas y eventos climáticos extremos también son vulnerables al desplazamiento.
En 2019 se presentó un proyecto de ley para prevenir la violencia y asistir y proteger a quienes por esta razón son internamente desplazados. En junio de 2020, el Congreso aprobó un nuevo Código Penal que incorpora el delito de desplazamiento interno y reprime con penas de seis a nueve años de prisión a quienes, mediante violencia o intimidación, obligan a una persona a abandonar o cambiar el lugar donde vive.
En enero de 2021, la CIDH y la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos instaron al gobierno a adoptar una ley que protegiera a los desplazados internos.
Desde enero hasta septiembre de 2021, 31.894 hondureños solicitaron refugio en México, según indicó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), lo que constituye más del 35 % del total de solicitudes de refugio en ese país. Entre enero y julio, solicitaron refugio 7.007 niños y niñas acompañados y 676 no acompañados. En una encuesta de 2020 llevada a cabo por ACNUR y UNICEF, la mitad de los hondureños entrevistados en México mencionaron la violencia como el principal motivo por el cual salieron de su país.
El gobierno informó que 42.357 hondureños fueron retornados a Honduras entre el 1 de enero y el 17 de octubre de 2021 —más que el total para todo el año 2020. De esas personas, 37.114 fueron deportadas desde México y 4.689 desde Estados Unidos. Human Rights Watch documentó la expulsión masiva de migrantes y solicitantes de refugio, incluidos hondureños, desde México hacia una zona selvática remota de Guatemala.
Orientación sexual e identidad de género
Las personas LGBT suelen ser blanco de discriminación, extorsión y violencia por parte de las pandillas, la policía nacional civil y la policía militar, así como de la sociedad en general. La discriminación también es común en las escuelas, los lugares de trabajo y los hogares. La violencia contra las personas LGBT obliga a muchas de ellas a desplazarse dentro del país o a huir a otro país para pedir refugio.
En junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Honduras violó los derechos a la vida y a la integridad personal de Vicky Hernández, una mujer transgénero asesinada durante el golpe de Estado de 2009. La corte consideró que Hernández había sido hostigada por la policía la noche antes de ser asesinada, que la policía y los militares tenían el control efectivo de las calles la noche en que murió y que Honduras no había llevado a cabo una investigación efectiva de su asesinato. La corte le ordenó a Honduras capacitar a las fuerzas de seguridad sobre cómo investigar hechos de violencia contra las personas LGBT y adoptar un procedimiento que permita que las personas cambien el género que se indica en sus documentos para que coincida con su identidad.
En enero, el Congreso hondureño votó a favor de aumentar la mayoría necesaria para modificar la prohibición constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo, elevándola de dos tercios a tres cuartos, endureciendo así aún más la prohibición.
En septiembre, el presidente Juan Orlando Hernández acusó a quienes defienden al matrimonio entre personas del mismo sexo de “atacar los principios cristianos” y “el concepto de la familia”.
Derechos de mujeres y niñas
Honduras tiene el índice de femicidios —definido como el homicidio de una mujer por un hombre debido a su género— más alto de América Latina, indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL).
Al 5 de agosto, se habían cometido 174 femicidios en Honduras durante 2021, según el Centro de Derechos de Mujeres, una organización no gubernamental hondureña. En 2013, Honduras reformó el Código Penal para reconocer el femicidio como delito.
Las mujeres con discapacidad no son incluidas en las políticas generales destinadas a prevenir la violencia contra las mujeres. Honduras carece de un marco legislativo integral que incluya a las mujeres con discapacidad y políticas para combatir la violencia doméstica.
El aborto en Honduras es ilegal en todas las circunstancias y conlleva penas de prisión de hasta seis años. La ley también penaliza a los proveedores de servicios de aborto. En enero, los legisladores aumentaron la mayoría legislativa necesaria para modificar la disposición constitucional que prohíbe el aborto, elevándola de dos tercios a tres cuartas partes.
Las niñas y adolescentes de menos de 19 años representan el 15 % de todos los embarazos, según informó en 2016 el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Treinta y cuatro por ciento de las mujeres de entre 20 y 24 años se habían casado cuando tenían entre 15 y 19, un estudio del Fondo de Población de la ONU llevado a cabo entre 2005 y 2019 determinó.
Derechos de niños y niñas
Las frágiles instituciones de Honduras no protegen los derechos de los niños y las niñas, incluidos los adolescentes, ni garantizan que estos tengan acceso a servicios básicos como educación y atención de la salud, informó la CIDH en 2019.
En 2019, más de 360.000 niños y niñas de entre 5 y 17 años trabajaban, y tan solo la mitad de los menores de 18 asistían a la escuela, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística.
La pandemia del Covid-19 ha limitado aún más el acceso a la educación. Las escuelas cerraron en marzo de 2020, y en septiembre de 2021 aún no habían reiniciado completamente las clases presenciales.
El reclutamiento infantil por parte de pandillas ha hecho que muchos niños y niñas huyan y abandonen la escuela. La edad promedio del primer contacto con las pandillas es a los 13 años, indicó un informe de 2020 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Condiciones en centros de detención
En septiembre, más de 21.000 personas se encontraban en centros de detención, cuya capacidad total es para menos de 11.000. Más de la mitad de los hombres detenidos y dos terceras partes de las mujeres detenidas se encontraban en prisión preventiva, de acuerdo con estadísticas oficiales.
El hacinamiento, la alimentación inadecuada, la higiene deficiente, las golpizas, la violencia de pandillas y los asesinatos son endémicos en las prisiones hondureñas.
Tras la muerte de 37 detenidos en una ola de violencia de pandillas que inició en 2019, el presidente Hernández declaró el estado de emergencia —que luego fue extendido hasta diciembre de 2021— y puso a las prisiones bajo control militar. Los asesinatos y la violencia continúan bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas. Entre enero y junio, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) documentó ocho muertes violentas en centros penitenciarios.
Para reducir el hacinamiento en respuesta a la pandemia, el Congreso aprobó alternativas a la prisión preventiva y los jueces liberaron a más de 1.600 personas. Sin embargo, muchas solicitudes de liberación relacionadas con la pandemia han sido rechazadas.
Actores internacionales clave
En febrero, Estados Unidos anunció la suspensión y el inicio del proceso de terminación del “acuerdo de cooperación sobre asilo” firmado con Honduras en 2019, por medio del cual Honduras había aceptado recibir a solicitantes de asilo no hondureños transferidos desde Estados Unidos.
En abril, varios relatores especiales y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias advirtieron sobre el creciente número de migrantes procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador que han desaparecido en México, entre ellos 741 hondureños entre marzo y agosto de 2019, e instaron a que se implementen medidas de protección.
Honduras votó a favor de una resolución de la OEA en rechazo a las elecciones de diciembre de 2020 en Venezuela, consideradas fraudulentas. Sin embargo, en junio y octubre de 2021 se abstuvo en resoluciones de la OEA que condenaron las detenciones de candidatos presidenciales opositores y críticos en Nicaragua y exigieron su liberación.
En julio, Estados Unidos dio a conocer la “Lista Engel”, que identifica a personas de Honduras, El Salvador y Guatemala presuntamente asociadas con hechos de corrupción y actos antidemocráticos. Incluyó a 21 personas de Honduras, entre ellas el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), que dejaron de ser elegibles para recibir visas y para ingresar a Estados Unidos.
En septiembre, la OEA y Honduras firmaron un acuerdo para permitir una misión de observación electoral durante las elecciones de noviembre en las que se elegiría al presidente, a legisladores y a autoridades locales.
En octubre, Honduras fue electa para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante el período 2022-2024.