Desde que asumió en 2007, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha desmantelado prácticamente todos los controles institucionales al poder presidencial. El Consejo Supremo Electoral, compuesto por miembros leales a Ortega, destituyó a legisladores de la oposición en 2016 y excluyó a partidos políticos opositores de cara a las elecciones presidenciales de 2021. Una reforma constitucional aprobada en 2014 por su partido, que controla la Asamblea Nacional, derogó los límites al período presidencial. El presidente Ortega fue electo a un cuarto mandato consecutivo en noviembre, en medio de una escalada represiva contra críticos y la oposición política. Muchos gobiernos de la región y de Europa manifestaron que las elecciones no cumplían con las garantías mínimas para ser consideradas libres y justas.
Para allanar el camino para la reelección de Ortega, las autoridades detuvieron y procesaron arbitrariamente a críticos del gobierno y opositores, incluidos candidatos presidenciales, periodistas, abogados, representantes campesinos, empresarios y líderes estudiantiles.
Siguen impunes los abusos policiales cometidos durante la feroz represión de 2018 por agentes de la Policía Nacional y grupos armados partidarios del gobierno.
Otros problemas que persisten en Nicaragua son las severas restricciones a la libertad de expresión y de asociación, la discriminación política y leyes restrictivas sobre aborto.
Detención y enjuiciamiento de críticos
Entre fines de mayo y octubre de 2021, las autoridades detuvieron arbitrariamente a 7 candidatos presidenciales y 32 reconocidos críticos del gobierno. Los fiscales iniciaron investigaciones contra la mayoría de ellos por supuesta “traición a la patria”.
Desde febrero, una reforma del Código Procesal Penal habilita a los fiscales a mantener a individuos detenidos por hasta 90 días sin presentar una acusación. En la mayoría de los casos, las autoridades han autorizado la detención por ese plazo extendido.
En agosto, el Ministerio Público presentó cargos contra la mayoría de estos detenidos, en procesos penales que no cuentan con las garantías más básicas del debido proceso. Los cargos, que suponen penas de 15 a 25 años de prisión, iban desde lavado de dinero hasta, en la mayoría de los casos, “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. En al menos 14 casos, los fiscales no identificaron acciones que sustentaran los cargos contra los acusados.
La mayoría han permanecido incomunicados y han sido sometidos a condiciones abusivas de detención, incluyendo interrogatorios diarios, aislamiento prolongado y una alimentación insuficiente. Las autoridades impidieron que los abogados estuvieran presentes durante las audiencias públicas y les asignaron defensores públicos. Durante meses, la mayoría de los abogados privados no tuvieron acceso a documentos judiciales, a pesar de solicitarlos en reiteradas oportunidades.
Derecho a votar y a postularse a cargos públicos
Las reformas y las leyes adoptadas entre octubre de 2020 y febrero de 2021 han sido utilizadas para disuadir expresiones críticas, inhibir la participación de opositores en las elecciones y mantener encarcelados a críticos sin presentar acusaciones formales, con el propósito de impedir o limitar su participación política.
En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que prohíbe que los denominados “traidores a la Patria” se postulen a cargos públicos o los ocupen. La ley emplea términos sumamente imprecisos para definir quiénes son “traidores a la Patria”: por ejemplo, considera “traidores” a aquellos que “menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación” o “lesionen los intereses supremos de la nación”.
En mayo de 2021, la Asamblea Nacional aprobó una reforma electoral que consolidó el control gubernamental sobre el proceso electoral. La reforma tipifica conductas que permiten excluir a candidatos; no exige que haya observadores electorales nacionales o internacionales independientes, un requisito que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han considerado fundamental para que haya un escrutinio creíble de las elecciones; y regula las facultades de la Policía Nacional para autorizar manifestaciones en espacios públicos, incluidos eventos públicos de campaña.
También en mayo, la Asamblea Nacional, controlada por Ortega, nombró nuevos miembros al Consejo Supremo Electoral, quienes cancelaron la personería jurídica de los principales partidos de la oposición.
Respuesta al Covid-19
El gobierno de Ortega ha respondido a la pandemia con negacionismo, inacción y falta de transparencia. No adoptó medidas de emergencia, mantuvo las escuelas abiertas y despidió a profesionales de la salud que habían criticado el manejo de la pandemia por el gobierno.
Si bien el gobierno informó, hasta septiembre de 2021, más de 13.000 casos y más de 200 muertes, la organización no gubernamental (ONG) Observatorio Ciudadano Covid-19 registró el doble de posibles casos y 4.500 muertes presuntamente causadas por Covid-19. El gobierno ha acusado a la organización y a los profesionales médicos que han expresado críticas de promover “terrorismo de salud”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que “agentes del Estado” han perseguido y hostigado a miembros del observatorio, así como a integrantes de las asociaciones médicas Unidad Médica Nicaragüense (UMN) y Comité Científico Interdisciplinario.
Hasta octubre de 2021, poco más del 8 % de la población tenía el esquema de vacunación completo.
Durante la represión de las protestas en 2018, el gobierno despidió a por lo menos 405 médicos, profesionales de enfermería y otros trabajadores de la salud, al parecer por haber atendido a víctimas de la represión o haber criticado al gobierno.
No se implementó ninguna política específica para reducir el impacto económico negativo causado por la pandemia.
Represión del disenso
Miembros de la policía, en coordinación con grupos armados partidarios del gobierno, reprimieron brutalmente a los manifestantes, dejando un saldo de al menos 328 muertos, casi 2.000 heridos y cientos de detenido en 2018. Las autoridades reportaron que 21 policías murieron en el contexto de las manifestaciones.
Cientos de manifestantes permanecieron detenidos durante meses, y muchos fueron sometidos a torturas y otros maltratos, incluyendo descargas eléctricas, golpizas violentas, extracción de uñas, asfixias y violaciones sexuales. La persecución penal a las personas detenidas estuvo marcada por graves violaciones de las garantías de debido proceso y de otros derechos fundamentales.
En junio de 2019, entró en vigor una amplia amnistía que liberó a decenas de personas detenidas en el contexto de las protestas. Debido en parte a esta amnistía, continúan impunes los responsables por graves violaciones de derechos humanos vinculadas con la represión. También en 2019, el presidente Ortega ascendió a altos funcionarios implicados en abusos. Continúan impunes violaciones de derechos humanos cometidas por policías.
Además de las 39 detenciones realizadas desde fines de mayo 2021, organizaciones de derechos humanos nicaragüenses indicaron que más de 100 personas percibidas como críticas del gobierno, quienes habían sido detenidas anteriormente, seguían encarceladas en octubre. Muchas llevaban más de un año detenidas en condiciones abusivas.
Ataques contra defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes
Defensores de derechos humanos y otros actores críticos del gobierno siguen siendo blanco de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en línea y detención y procesos penales arbitrarios. A menudo, miembros de las fuerzas de seguridad hacen guardia frente a las residencias de críticos para impedir que salgan de sus hogares, en circunstancias que constituyen detenciones arbitrarias. Muchas víctimas manifestaron no poder visitar a amigos o familiares, asistir a reuniones, ir a trabajar ni participar en protestas o actividades políticas. Algunas personas han sido detenidas reiteradas veces por períodos que van desde algunos días hasta varios meses; algunos de ellos han sufrido abusos durante la detención.
El gobierno restringe la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación a través de amenazas, agresiones físicas, detenciones, investigaciones impositivas arbitrarias, procesos penales arbitrarios y cierres forzosos.
Entre el 28 de julio y el 26 de agosto de 2021, las autoridades ordenaron el cierre de 45 ONG, incluidas agrupaciones de mujeres, organizaciones de asistencia internacional y varias asociaciones médicas. El gobierno ya había cerrado otras diez organizaciones desde 2018. En 2019, el comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés Castillo, acusó a varias ONG de haber intentado un “golpe de Estado”.
Otras organizaciones han anunciado la suspensión de sus actividades a partir de la entrada en vigor de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en 2020. La ley exige que las personas y organizaciones que reciben fondos del exterior se registren como “agentes extranjeros” y les prohíbe postularse a cargos públicos.
En mayo de 2021, la policía allanó las oficinas del periódico Confidencial, confiscó sus equipos y detuvo a un periodista durante varias horas sin presentar una orden judicial que dispusiera la detención y el allanamiento. El periódico La Prensa dejó de publicar su edición impresa en agosto, cuando las autoridades aduaneras retuvieron sus importaciones de tinta y papel periódico. Posteriormente, la Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron sus instalaciones, confiscaron sus bienes y detuvieron al gerente general del periódico.
Entre enero y octubre de 2021, las autoridades detuvieron y procesaron arbitrariamente a tres periodistas y presentaron cargos o iniciaron investigaciones contra varios periodistas que se encontraban en el extranjero. Al menos 16 periodistas han sido convocados al Ministerio Público en el marco de una investigación sobre lavado de dinero contra la excandidata presidencial Cristiana Chamorro, quien dirigió una ONG dedicada a la libertad de prensa hasta que esta organización tuvo que suspender sus actividades. Chamorro fue detenida en junio de 2021.
Según la prensa, fiscales han amenazado a médicos y periodistas con la posibilidad de ser acusados bajo la ley sobre ciberdelitos. La ley, aprobada en octubre de 2020, penaliza una amplia variedad de comunicaciones en línea, y prevé penas de hasta cinco años para quien “publique” o “difunda” información “falsa” o “tergiversada” en internet “que produzca alarma, temor, zozobra”.
El 7 de septiembre de 2021, el Ministerio Público presentó una acusación contra el activista Amaru Ruíz invocando la ley sobre ciberdelitos. Ruíz fue acusado por el delito de “propagación de noticias falsas” destinadas a “crear un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional” después de que, presuntamente, señalara que “el Estado y sus instituciones han omitido deliberadamente el deber de investigar” los asesinatos de personas indígenas ocurridos en 2020 y 2021 en la región Costa Caribe Norte.
Se ha intensificado el hostigamiento en contra de los abogados defensores. Algunos permanecen en el país y sufren amenazas, mientras que otros han huido de Nicaragua. Dos abogados fueron detenidos y procesados por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
El Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca +”, una ONG con sede en Costa Rica que documenta violaciones de derechos humanos en Nicaragua, informó que la “persecución, hostigamiento y judicialización” por parte del gobierno de Ortega había forzado a al menos 100 periodistas a exiliarse, incluyendo 25 en 2021.
En agosto de 2021, al menos nueve personas indígenas habrían sido asesinadas, y dos mujeres habrían sido víctimas de abuso sexual en un ataque relacionado con un conflicto sobre minería de oro en el territorio indígena mayangna Sauni As. El gobierno otorgó la concesión minera sin llevar a cabo una consulta previa con la comunidad. Según informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), las agresiones y los homicidios “relacionado[s] con disputas territoriales” registrados en esa área desde enero de 2020 “permanecen impunes”. La Oficina del ACNUDH y la CIDH han señalado que el gobierno lleva años sin reconocer la titularidad de los territorios indígenas y proteger estas tierras de las invasiones.
Derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas
Desde 2006, Nicaragua prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo suponga un riesgo para la vida de la madre o sea resultado de violación o incesto. Las personas que se someten a abortos enfrentan penas de hasta dos años de cárcel. Las penas para los profesionales médicos que realicen abortos puede ser de hasta seis años de cárcel. Debido a la prohibición del aborto, mujeres y niñas con embarazos no deseados se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros que ponen en riesgo su salud y su vida.
Desde 2019, han aumentado las tasas de violencia doméstica, violencia contra las mujeres y femicidio, según reportó la Oficina de la ACNUDH en febrero de 2021. La legislación de Nicaragua define “femicidio” como el homicidio perpetrado por un hombre contra una mujer “en la esfera pública o privada”.
Solicitantes de asilo nicaragüenses
Desde abril de 2018 hasta junio de 2021, más de 110.000 personas huyeron de Nicaragua, informó el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Costa Rica ha acogido a aproximadamente 80.000 refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses. Otros miles viven en México, Panamá, Europa y Estados Unidos.
Actores internacionales clave
No se ha permitido el ingreso al país de ningún organismo internacional de monitoreo de derechos humanos desde 2018, cuando el gobierno expulsó al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la CIDH y a la Oficina de la ACNUDH.
En febrero de 2021, la Oficina de la ACNUDH instó al gobierno a llevar a cabo reformas electorales significativas, poner fin a las detenciones arbitrarias, garantizar las libertades de la sociedad civil, investigar y enjuiciar violaciones de derechos en el contexto de las protestas, y reformar las leyes que restringen gravemente los derechos de libertad de expresión y asociación y que podrían obstaculizar la posibilidad de elecciones libres y justas. La CIDH también continúa dando seguimiento a la situación en Nicaragua de forma remota.
En el mes de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución en la cual instó al gobierno a derogar o modificar leyes que menoscaban derechos fundamentales y a adoptar reformas electorales para garantizar elecciones libres y justas con observación internacional.
En junio, el Consejo Permanente de la OEA expresó su preocupación porque el régimen de Ortega no había implementado reformas electorales acordes con las normas internacionales antes del plazo fijado para mayo. La resolución condenó el hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a candidatos presidenciales, partidos de la oposición y medios de comunicación independientes. En noviembre, el Consejo Permanente de la OEA condenó las elecciones señalando que “no eran libres, justas ni transparentes, y carecían de legitimidad democrática”.
Al mes de septiembre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. había impuesto sanciones individuales a 26 ciudadanos nicaragüenses responsables de abusos o corrupción. Veintitrés de ellos fueron sancionados conforme al Decreto Ejecutivo 13851, y tres conforme a la Ley Magnitsky Global de 2016, que permite aplicar sanciones contra responsables de violaciones de derechos humanos. A seis de esas 26 personas también se les aplicaron sanciones de conformidad con la Ley sobre Derechos Humanos y Corrupción en Nicaragua de diciembre de 2018. Adicionalmente, el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones a nueve entidades nicaragüenses, incluidas instituciones estatales financieras y de seguridad.
En noviembre, el Congreso de EE. UU. sancionó la ley RENACER para dar seguimiento, informar y abordar la corrupción del gobierno de Ortega y las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad nicaragüenses. La ley fue aprobada por el Senado en agosto.
En julio, el Parlamento Europeo condenó la represión gubernamental contra opositores y críticos, e instó a que se liberara a los presos políticos que habían sido detenidos de manera arbitraria, incluidos los candidatos presidenciales. En agosto, la UE impuso sanciones individuales contra otros ocho nicaragüenses acusados de haber cometido “graves violaciones de derechos humanos” y de haber debilitado la democracia, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo, para un total de 14 nicaragüenses sancionados desde 2020. Las sanciones contra estas 14 personas se renovaron por otro año en octubre de 2021. En el marco de los debates sostenidos por los ministros de Relaciones Exteriores de la UE en octubre, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, volvió a condenar la represión del gobierno nicaragüense. Borrell se refirió al gobierno de Ortega como “una de las peores dictaduras del mundo” y señaló que las elecciones iban a ser “fake”.
En julio, Canadá impuso sanciones individuales a 15 funcionarios gubernamentales implicados en violaciones de derechos humanos, elevando el total de personas sancionadas por este país a 24.