En la región de Xinjiang, la detención masiva que ha llevado adelante Beijing de alrededor de un millón de uigures y otros musulmanes túrquicos —que son objeto de torturas, adoctrinamiento político y trabajos forzados— y las severas restricciones a los derechos de la población general a la libertad religiosa, la libertad de expresión y la cultura, se destacan por su gravedad, magnitud y crueldad. La ONU concluyó que las violaciones en Xinjiang podrían constituir crímenes de lesa humanidad, lo que coincide con los hallazgos de Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos.
El informe riguroso que elaboró la entonces Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, basado en años de investigación y en documentos internos, leyes, políticas y declaraciones sobre políticas del gobierno chino, generó un importantísimo punto de referencia común a partir del cual deberían actuar los gobiernos. El hecho de que el informe se publicara solo en los últimos minutos del mandato de Bachelet es indicativo de la intensa presión ejercida por Beijing para que no viera la luz.
El informe propició una considerable movilización diplomática. Se presentó una resolución para abrir un debate sobre el informe ante el Consejo de Derechos Humanos, que no fue aceptada por apenas dos votos. Ese resultado fue el reflejo de la presión de Beijing sobre gobiernos como Indonesia —que manifestó que “no debemos cerrar nuestros ojos” al calvario que atraviesan los uigures y luego votó por “no”— así como su influencia sobre las acciones de aquellos Estados que se abstuvieron, como Argentina, India, México y Brasil. Sin embargo, los votos positivos de Somalia, Honduras y Paraguay, y el apoyo copatrocinado de Turquía y Albania, junto con 24 países mayormente occidentales, demuestra el potencial de forjar alianzas entre regiones y nuevas coaliciones para unirse y contrarrestar las expectativas de impunidad del gobierno chino.
La atención colectiva se ha enfocado en la precaria situación de Xinjiang en materia de derechos humanos, y esto ha llevado a Beijing a adoptar una postura defensiva. El gobierno chino está intensamente abocado a buscar pretextos para explicar su atroz comportamiento. El resultado alcanzado en Ginebra acentúa la responsabilidad de los líderes de la ONU de apoyar el informe y seguir monitoreando, documentando e informando acerca de la situación en Xinjiang y, más ampliamente, en China. Adoptar medidas menos significativas implicaría renunciar a un pilar fundamental de los derechos humanos que es la responsabilidad del sistema de la ONU de proteger a los musulmanes túrquicos en Xinjiang.
A su vez, a medida que crece el sentimiento de incomodidad por el ánimo represivo del gobierno chino, diversos gobiernos, incluidos Australia, Japón, Canadá, el Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos, han procurado forjar alianzas en materia de comercio y seguridad con India, resguardándose tras su marca de “mayor democracia del mundo”. No obstante, el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata al que pertenece el primer ministro Narendra Modi ha emulado muchos de los mismos abusos que permitieron al Estado chino, a través de la represión, afianzar su poder, y que incluyen la discriminación sistemática contra minorías religiosas, la represión del disenso pacífico y el uso de las tecnologías para suprimir la libre expresión.