En 2024, el ejército israelí continuó matando, hiriendo, sometiendo a hambruna y desplazando por la fuerza a miles de civiles palestinos en Gaza, además de destruir sus viviendas, escuelas, hospitales e infraestructura a una escala que no tiene precedentes en la historia reciente. El Ministerio de Salud de Gaza informó, a fines de noviembre, que más de 44.000 personas habían muerto y 104.000 habían resultado heridas desde que las hostilidades se intensificaron el 7 de octubre de 2023. Casi toda la población palestina de Gaza fue desplazada por la fuerza, y en todos los casos se enfrentaron a una situación grave de inseguridad alimentaria o hambruna.
En noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad perpetrados en Gaza entre el 7 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2024, fecha en que la Fiscalía de la CPI solicitó que se dictaran las órdenes, y contra el líder del brazo militar de Hamás, Mohammed Deif, por los ataques cometidos en Israel el 7 de octubre de 2023, que incluyeron crímenes de guerra y de lesa humanidad. En la solicitud de la Fiscalía también se incluían los nombres de Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar, ambos líderes de Hamás, que posteriormente murieron por la acción de Israel.
En Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, la ONU informó que personas palestinas mataron a 6 colonos y 16 soldados israelíes, mientras que israelíes mataron a 719 palestinos entre el 7 de octubre de 2023 y el 7 de octubre de 2024, mucho más que en cualquier otro año desde 2005, cuando la ONU comenzó a registrar de forma sistemática la cantidad de muertes. El número de muertes entre la población palestina proviene del uso continuo de fuerza letal excesiva por parte de Israel, que incluye ataques aéreos y misiles lanzados por drones.
En septiembre, Israel intensificó los ataques aéreos en el Líbano, tras los operativos en los que se utilizaron buscapersonas y walkie talkies que ocultaban trampas explosivas, distribuidos entre miembros de Hezbolá, que mataron al menos a 32 personas e hirieron a más de 3.250. Las fuerzas terrestres israelíes invadieron el Líbano el 1 de octubre. Desde el 7 de octubre de 2023 hasta mediados de noviembre de 2024, en el Líbano hubo 3.445 muertes relacionadas con el conflicto y 14.600 personas heridas, la mayoría después de mediados de septiembre. Más de 400.000 personas huyeron a Siria.
Grupos armados en la Franja de Gaza mataron a seis rehenes de Israel y siguieron reteniendo a un número estimado de 100, incluidas más de 30 personas que se cree que han muerto. A partir del 7 de octubre de 2023, Hezbolá, Irán, grupos hutíes en Yemen y grupos armados palestinos en Gaza lanzaron 28.000 ataques con cohetes, misiles y drones, que en su mayoría fueron interceptados, los cuales provocaron la muerte de, al menos, 29 civiles en Israel y en territorio ocupado por Israel para mediados de octubre. Doce niños y niñas murieron a causa del impacto de un proyectil en los Altos del Golán ocupados por Israel, si bien Hezbolá se deslindó de responsabilidad por el hecho. Los ataques desplazaron a decenas de miles de personas de los alrededores de Gaza y el norte de Israel.
Las autoridades israelíes siguieron cometiendo los crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución mediante la represión de personas palestinas. En julio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva en la que consideró que la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal, que Israel viola la prohibición sobre discriminación racial y el apartheid, que debería retirarse de todos los asentamientos y desmantelarlos, así como brindar un resarcimiento a las personas palestinas, incluida una indemnización, y permitir que las personas palestinas desplazadas después de 1967 regresen a sus hogares. Asimismo, determinó que otros gobiernos deben dejar de reconocer los asentamientos, desarrollar actividades comerciales o realizar inversiones en ellos, y que deben actuar para poner fin a la situación ilegal en el territorio ocupado.
La UE, el Reino Unido y otros países reanudaron el otorgamiento de fondos al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA), la agencia humanitaria más importante de asistencia a palestinos. Estados Unidos siguió reteniendo fondos para el UNRWA, al tiempo que aprobó más de 100 ventas de armas y proporcionó a Israel asistencia para la seguridad por el valor sin precedentes de USD 17.900 millones. Países como Canadá, los Países Bajos y el Reino Unido suspendieron algunas transferencias de armas o licencias a Israel debido a un riesgo claro de que sus armas se utilizaran para perpetrar violaciones graves del derecho internacional.
Franja de Gaza
Las 44.000 muertes en Gaza debido al conflicto que informó el Ministerio de Salud de Gaza no incluyeron a muchas personas que murieron por enfermedades o que quedaron sepultadas bajo los escombros. Los datos sobre personas muertas y heridas no diferencian por la condición de civil, pero el 70% de las 8.200 muertes que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) había corroborado para septiembre eran mujeres, niños y niñas.
Las fuerzas israelíes desplazaron de manera forzada a casi la totalidad de la población de Gaza, a menudo varias veces. En octubre de 2023, Israel ordenó que más de 1 millón de personas en el norte de Gaza debían evacuar la zona en un plazo de 24 horas. En mayo de 2024, más de la mitad de la población de Gaza se encontraba hacinada en la ciudad meridional de Rafah, que más tarde fue atacada por militares israelíes, lo cual hizo que más de 1,4 millones de personas se vieran obligadas a huir nuevamente. A partir de octubre de 2024, Israel interrumpió la llegada de todo tipo de ayuda al norte de Gaza y nuevamente desplazó por la fuerza a las personas que estaban allí. La mayor parte del territorio de Gaza estaba bajo órdenes de evacuación militar, que forman parte de un sistema de traslado forzoso de civiles palestinos que resulta constitutivo de crimen de lesa humanidad. Al-Mawasi, la región declarada “zona humanitaria” por Israel, carecía de condiciones adecuadas de albergue, agua, saneamiento u otra infraestructura, y al mes de agosto, tenía una densidad de población de 88.000 personas por milla cuadrada. Los ataques israelíes, sumados a las demoliciones que llevaron a cabo zapadores y excavadoras militares, destruyeron o dañaron el 63% de todos los edificios de Gaza, lo cual tuvo como resultado que gran parte de la Franja se volviera inhabitable. Esto configuró, de manera clara, limpieza étnica en algunas áreas y una violación del derecho al retorno de la población palestina.
Más del 87% de todas las escuelas y todas las universidades de Gaza fueron dañadas o destruidas, incluso en ataques presuntamente ilegales. A partir del 7 de octubre, más de 10.000 estudiantes y 441 integrantes del personal docente perdieron la vida en Gaza.
Casi el 84% de los centros de salud fueron destruidos o dañados, lo que incluye ataques que habrían sido ilegales. El colapso del sistema de salud privó a una cantidad estimada de 50.000 niñas y mujeres embarazadas de Gaza del acceso a una atención adecuada y aumentó el riesgo de complicaciones graves de salud durante el embarazo, el nacimiento y el posparto. Expertos de la ONU advirtieron sobre un aumento del 300% en el número de abortos espontáneos en Gaza.
En enero, marzo y mayo, la Corte Internacional de Justicia emitió medidas provisionales como parte de un caso presentado por Sudáfrica en el que se sostenía que, en Gaza, Israel violó sus obligaciones conforme a la Convención sobre el Genocidio de 1948. Israel hizo caso omiso de las órdenes de la Corte conminándole a abrir los cruces fronterizos y permitir el ingreso a gran escala de ayuda humanitaria a Gaza.
Las autoridades israelíes privaron a la población de Gaza del abastecimiento adecuado de agua necesaria para sobrevivir durante meses, al limitar el agua a la cual tenían acceso a través de tuberías y dejar sin alimentación a bombas de agua, plantas de desalinización, de aguas residuales y de alcantarillado, como resultado de haber cortado el suministro eléctrico, arrasando los paneles solares en varias plantas e impidiendo el acceso al combustible necesario para hacer funcionar los generadores eléctricos. Las fuerzas israelíes atacaron a trabajadores y depósitos de los sectores de agua y saneamiento, lo que impidió que se hicieran reparaciones, y bloquearon el ingreso de equipos y repuestos. En promedio, entre octubre de 2023 y julio de 2024, las personas tuvieron acceso a menos de 5 litros de agua por día, un tercio de la norma mínima sobre supervivencia de la OMS, y la falta de agua y saneamiento contribuyó a la catástrofe sanitaria, pese a que se impulsó una campaña de vacunación infantil después de que, en agosto, se detectara el primer caso de poliomielitis en 25 años. Los casos de diarrea en niños y niñas menores de 5 años aumentaron de 2.000 por mes antes del 7 de octubre de 2023 a 71.000 en enero. La negación de agua por parte de Israel a la población palestina de Gaza resulta constitutiva del crimen de lesa humanidad de exterminio y del acto genocida consistente en imponer condiciones de existencia que provoquen la destrucción total o parcial del grupo.
El bloqueo israelí impidió la entrada del 83% de la ayuda alimentaria a Gaza desde septiembre y, en promedio, la población comía una vez cada dos días, mientras que más de un millón de personas en Gaza central y meridional no recibieron raciones de alimentos en agosto. En octubre, Israel ordenó a la población del norte de Gaza evacuar la región y bloqueó la llegada de cualquier tipo de ayuda a la zona, mientras que la ayuda total que Israel permitió que entrara en Gaza se redujo a su nivel más bajo desde el inicio de la escalada, lo que llevó a estimar que, en el norte, la situación de hambruna era “inminente”.
Las fuerzas israelíes atacaron reiteradamente localidades donde se sabía que hay un gran número de trabajadores humanitarios después de que estos transmitieran con antelación al ejército israelí coordenadas precisas sobre su posición. En septiembre, el Comité Permanente entre Organismos declaró que “el número de trabajadores humanitarios muertos en Gaza en el último año es el más alto registrado hasta el momento en una sola crisis”. Al menos 318 trabajadores humanitarios murieron en Gaza entre octubre de 2023 y octubre de 2024.
Los desplazamientos forzados provocados por el ejército israelí, la falta de advertencias anticipadas efectivas sobre los ataques y el asedio de Gaza generaron riesgos y sufrimiento extremos para niños, niñas y personas adultas con discapacidad, que en muchos casos no podían huir en busca de seguridad ni acceder a alimentos, medicamentos y dispositivos de asistencia necesarios para la supervivencia. El uso generalizado de armas explosivas por parte del ejército israelí, incluso en zonas densamente pobladas, y los ataques contra edificios residenciales sin que presuntamente hubiera objetivos militares, causaron lesiones que ocasionaron discapacidades permanentes y cicatrices de por vida a niños y niñas en Gaza. Todos los niños y las niñas con discapacidad se enfrentaron a daños psicológicos imposibles de dimensionar debido a la violencia y las privaciones que han sufrido o presenciado.
Las autoridades israelíes han impedido que personas palestinas salgan de Gaza a través del paso de Erez, el único cruce de pasajeros desde Gaza hacia Israel por medio del cual los palestinos pueden viajar a Cisjordania y al extranjero. Unas 110.000 personas pudieron salir de Gaza hacia Egipto a partir de octubre de 2023, hasta que Israel tomó el control del cruce de Rafah y lo cerró el 6 de mayo. De mayo a noviembre, Israel únicamente permitió a unos 320 pacientes en estado crítico salir de Gaza para recibir atención médica. Desde septiembre, alrededor de 12.000 personas que necesitan evacuación médica se encontraban en listas de espera para ir a Egipto. Egipto, Turquía, Qatar, Jordania, Italia y varios otros países aceptaron u ofrecieron aceptar a personas palestinas que necesitaban atención médica; otros países occidentales, como el Reino Unido, no habían aceptado a ninguna de estas personas para principios de noviembre.
Hamás y grupos armados palestinos en Gaza
Además de tomar como rehenes a civiles, grupos armados palestinos mataron con armas de fuego a seis rehenes uno o dos días antes de que las fuerzas israelíes encontraran sus cuerpos sin vida en un túnel bajo Rafah el 31 de agosto. Las Brigadas Qassam indicaron que a combatientes que custodiaban a los rehenes se les habían dado “nuevas instrucciones” y que la presión militar israelí haría que los rehenes se devolvieran “envueltos en mortajas”.
La representante especial de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos armados informó en marzo que su misión había encontrado “información clara y convincente” de que algunos rehenes detenidos en Gaza habían sido objeto de violencia sexual, incluida violación.
Cisjordania
La represión israelí de personas palestinas en Cisjordania se intensificó durante 2024. Las autoridades israelíes casi nunca procesan a responsables de actos de violencia contra personas palestinas.
Las fuerzas israelíes llevaron a cabo varias incursiones a gran escala, en particular contra campamentos de refugiados, en las que murieron 130 personas palestinas, según informes de la OCAH.
Las autoridades israelíes aplican el derecho civil israelí a colonos, pero gobiernan a la población palestina de Cisjordania conforme al derecho militar, les niegan garantías básicas de debido proceso y juzgan a estas personas en tribunales militares.
La dificultad para obtener permisos de construcción israelíes en Jerusalén Oriental y el 60% de Cisjordania que está bajo el control exclusivo de Israel (Área C) ha generado que la población palestina construya estructuras que están en riesgo de demolición por no estar autorizadas.
Casi 6.200 personas palestinas, incluidos más de 2.700 niños y niñas, fueron desplazados de sus hogares en Cisjordania desde el 7 de octubre, debido a demoliciones de viviendas o ataques por parte de fuerzas militares israelíes que destruyeron viviendas, así como a la violencia perpetrada por colonos que cuentan con el apoyo del Estado. La ONU registró más de 1.400 ataques de colonos al 2 de octubre de 2024.
En septiembre, la Corte Suprema de Israel falló a favor de una organización de colonos que pedía desalojar a una familia palestina de sus viviendas en Jerusalén Oriental, apelando a una ley discriminatoria que permite a colonos reclamar tierras que pertenecían a personas judías en Jerusalén Oriental antes de 1948. La ley israelí prohíbe a las personas palestinas plantear reclamos análogos sobre tierras en Israel.
Las autoridades israelíes proporcionan seguridad, infraestructura y servicios a más de 700.000 colonos en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental.
Desde 2023, el gobierno israelí aprobó la construcción de más de 20.000 nuevas viviendas en asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada. Al mes de octubre, se habían instalado 28 “puestos de avanzada” en asentamientos, que pese a no estar autorizados reciben apoyo gubernamental y militar para tomar tierras palestinas.
Australia, Canadá, la UE, EE. UU. y el Reino Unido impusieron sanciones a colonos violentos y entidades en asentamientos en Cisjordania, pero no a funcionarios israelíes.
Varias organizaciones prominentes de la sociedad civil palestina en Cisjordania siguen estando proscritas y catalogadas como organizaciones “terroristas”.
Libertad de circulación
Las autoridades israelíes siguieron exigiendo los palestinos que fueran titulares de documentos de identidad, estos permisos que son difíciles de obtener y tienen duración limitada para entrar en Israel y en muchas partes de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.
Las fuerzas israelíes restringieron de manera severa la posibilidad de las personas palestinas de viajar dentro de Cisjordania, y en gran medida prohibieron que los palestinos cosecharan aceitunas en 2023 y nuevamente en 2024, lo que provocó pérdidas económicas.
Israel continuó la construcción de la barrera de separación, el 85 % de la cual está dentro de Cisjordania, y que una vez terminada aislará al 9% de Cisjordania.
Abusos por la Autoridad Palestina
La Autoridad Palestina detuvo arbitrariamente a opositores y críticos, incluidos estudiantes y periodistas. Entre enero y noviembre de 2024, el organismo de vigilancia palestino, la Comisión Independiente de Derechos Humanos, recibió 231 denuncias contra la Autoridad Palestina relacionadas con detenciones arbitrarias, que incluyen la detención sin que se plantearan cargos ni se impulsaran procesos judiciales, y 117 denuncias de tortura y malos tratos durante la detención.
No se han modificado las leyes relativas a estatus personal para musulmanes y cristianos que discriminan a las mujeres.
Israel
En octubre, la Knéset israelí aprobó una ley destinada a impedir que el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (UNRWA)) opere en territorio bajo soberanía israelí y a prohibir la comunicación con el personal del UNRWA. El organismo empleaba a 14.000 personas en la Franja de Gaza, donde era un proveedor esencial de ayuda humanitaria, educación y atención médica.
Al menos seis periodistas y trabajadores de medios libaneses y 137 palestinos murieron, y 69 permanecieron detenidos entre el 7 de octubre de 2023 y noviembre de 2024. Israel cerró por la fuerza la oficina de Al Jazeera en Ramallah y revocó las credenciales de prensa de periodistas de Al Jazeera en septiembre.
Las autoridades israelíes negaron sistemáticamente las solicitudes de la mayoría de peticionarios de asilo, incluidas cerca de 30.000 personas procedentes de Eritrea, Etiopía y Sudán, pero comenzaron a ofrecer la residencia a hombres que se alistaran en el ejército.
Detención, torturas y malos tratos contra personas palestinas
Las autoridades israelíes detuvieron arbitrariamente, torturaron e infligieron violencia sexual contra hombres, mujeres y niñas y niños palestinos detenidos, y les negaron atención médica y alimentos adecuados. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, impulsó políticas punitivas que incluyen limitar los alimentos proporcionados a personas detenidas. El Ministerio de Salud restringió el acceso a hospitales por parte de personas detenidas procedentes de Gaza en las instalaciones de Sde Teiman en Israel, a menos que se enfrentaran a muerte inminente o a una discapacidad grave, “como la amputación de extremidades o la pérdida de un ojo”. Al mes de julio, al menos 53 personas palestinas habían muerto mientras estaban detenidas, y en muchos casos Israel retuvo sus cuerpos.
Después del 7 de octubre, las autoridades israelíes detuvieron en régimen de incomunicación a miles de trabajadores palestinos que estaban legalmente en Israel y cometieron abusos contra esas personas. En 2024, las autoridades israelíes siguieron deportando a personas palestinas detenidas en Gaza a establecimientos dentro de Israel, incluido personal sanitario, que señalaron haber sido torturados y que se les negaron alimentos, agua y atención médica. En medios de comunicación israelíes se informó sobre amputaciones de personas detenidas debido al uso abusivo de medios de coerción, cirugías practicadas sin anestesia y violencia sexual y de género. Se detuvo a nueve soldados en la base militar de Sde Teiman por la violación sexual de una persona detenida, que tuvo que ser hospitalizada, pero luego los soldados fueron liberados.
Al mes de junio, las autoridades israelíes mantenían a 3.377 personas palestinas en detención administrativa sin presentar cargos en su contra, sin juzgarlas ni otorgarles la posibilidad de impugnar pruebas de delitos, y detuvieron a 1.415 personas palestinas de Gaza invocando la ley sobre “combatientes ilegales”, que constituye una forma de detención administrativa. Desde el 7 de octubre de 2023, Israel negó el acceso independiente a centros de detención, incluso al CICR.