La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien asumió el cargo en octubre, heredó una crisis de derechos humanos creada por la violencia extrema de grupos de crimen organizado y los abusos generalizados cometidos por agentes del Estado con una impunidad casi total. Su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) hizo pocos avances para hacer frente a estos desafíos.
En septiembre, el Congreso aprobó varias modificaciones a la Constitución propuestas por López Obrador, incluyendo una expansión del papel de los militares en la seguridad pública y un cambio radical al sistema de justicia. Estas modificaciones podrían perpetuar los abusos y socavar gravemente el Estado de derecho.
Violencia criminal
Muchas partes de México tienen tasas muy altas de delitos violentos, incluyendo de homicidios. Seis ciudades registraron tasas de homicidio superiores a 100 por cada 100 mil habitantes en 2022. A nivel nacional, la tasa de homicidios bajó ligeramente, por tercer año consecutivo, de 25,9 en 2022 a 24,9 en 2023. Sin embargo, el número de denuncias de desapariciones ha aumentado. Analistas de seguridad estiman que alrededor de dos tercios de los homicidios son cometidos por el crimen organizado. Dos tercios de los homicidios en 2023 fueron cometidos con armas de fuego, según cifras oficiales. Las autoridades estiman que alrededor del 70 % de las armas de fuego utilizadas en delitos llegan a México mediante contrabando desde Estados Unidos.
Independencia judicial
En septiembre, el Congreso aprobó una modificación constitucional que obligará a todos los jueces estatales y federales, incluyendo los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del Tribunal Electoral, a renunciar y ser sustituidos mediante elecciones populares en 2025 y 2027. También se creará un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial con amplios poderes para sancionar o destituir a los jueces. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los magistrados y abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que el cambio podría debilitar la independencia judicial y socavar el derecho a un juicio justo.
Sistema de justicia penal
El sistema de justicia penal es extremadamente ineficaz. Las fiscalías no investigan de manera eficaz la mayoría de los delitos y violaciones de los derechos humanos, incluyendo los abusos cometidos por agentes del Estado y los delitos graves como el homicidio y las desapariciones forzadas. Rara vez persiguen penalmente a las personas responsables o adoptan otras medidas para garantizar rendición de cuentas.
Sólo el 16 % de las investigaciones penales fueron resueltas en 2022, bien sea en los tribunales, a través de la mediación o de algún tipo de compensación. Con frecuencia, las personas acusadas de delitos son sometidas a graves abusos, como la tortura y el uso excesivo de la prisión preventiva.
Tortura
Las autoridades a menudo recurren a la tortura para obtener confesiones e información. En la encuesta más reciente de personas encarceladas realizada por el organismo nacional de estadística en julio de 2021, casi la mitad de los encuestados afirmaron que, tras ser detenidos, policías o soldados les habían sometido a malos tratos físicos. Entre quienes confesaron un delito, el 38 % dijo que lo había hecho sólo porque las autoridades les habían golpeado o amenazado.
Las autoridades recibieron 6.226 denuncias penales por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en 2022, según el Observatorio Contra la Tortura, un proyecto de un colectivo de organizaciones de derechos humanos. Sólo 82 casos derivaron en procesos penales y sólo 10 dieron lugar a una sentencia condenatoria o absolutoria en 2022.
Detención arbitraria
En septiembre, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria presentó las conclusiones de su visita a México en 2023. El grupo de trabajo expresó su preocupación por que “la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y es con demasiada frecuencia el catalizador de malos tratos, tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias”.
Las autoridades suelen hacer uso indebido de la disposición de flagrancia de la legislación mexicana, que las faculta para detener a una persona que sorprendan cometiendo un delito. Según el grupo de trabajo, las autoridades “fabric[an] cargos contra personas colocando drogas en sus hogares, vehículos, bolsas o ropa” con el objetivo de detenerlas e interrogarlas o torturarlas sin la presencia de un abogado.
Las personas acusadas de delitos se enfrentan a largos períodos de prisión preventiva. Aproximadamente el 37 % de las personas presas en 2023 no habían sido condenadas por ningún delito. Más del 20 % de quienes se encontraban en prisión preventiva llevaban más de dos años en esta situación. Los jueces están legalmente obligados a ordenar la prisión preventiva de las personas acusadas de más de una docena de categorías de delitos, sin poder evaluar las circunstancias del caso, lo cual contradice estándares internacionales de derechos humanos.
En noviembre, el Congreso aprobó una modificación constitucional para ampliar la lista de delitos para los que se requiere prisión preventiva automática, lo que contraviene sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó a México eliminar esta práctica.
Desapariciones
En enero, el gobierno cerró la oficina del Centro Nacional de Identificación Humana, una dependencia de la Comisión Nacional de Búsqueda, un organismo gubernamental, y despidió a gran parte de su personal, según reportaron periodistas. El centro fue creado en 2022 para hacer frente a la falta de capacidad forense de muchas fiscalías.
Para septiembre de 2024, más de 115 mil personas estaban consideradas como desaparecidas. La mayoría desaparecieron a partir de 2006. Muchos podrían haber sido asesinados y enterrados en las casi 5.700 fosas clandestinas que activistas y autoridades han descubierto. Alrededor de 53 mil restos humanos estaban almacenados, a la espera de ser identificados para finales de 2022. Otras personas podrían haber sido catalogadas como “no identificadas” y enterradas en fosas municipales por las autoridades. En septiembre, periodistas reportaron que más de 72 mil restos humanos habían sido marcados como no identificados por morgues estatales entre 2006 y 2023. La mayoría habían sido enterrados en fosas municipales. En 2022, alrededor de 15 mil restos humanos procesados por las morgues no fueron identificados.
Cuando las familias denuncian las desapariciones, las autoridades a menudo no cumplen con su obligación de investigar. Las familias de las víctimas han formado más de 230 “colectivos de búsqueda” para investigar las desapariciones. Los miembros de estos colectivos buscan en prisiones, hospitales, morgues y con cierta frecuencia localizan y desentierran fosas clandestinas. A menudo enfrentan amenazas y violencia. En febrero, organizaciones de derechos humanos denunciaron, en una audiencia ante la CIDH, que 16 miembros de estos colectivos habían sido asesinados durante el gobierno de López Obrador.
El gobierno ha tardado en implementar muchas de las medidas exigidas por la Ley de Desapariciones de 2017, como la creación de un banco de datos forenses. El expresidente López Obrador afirmó falsamente, en repetidas ocasiones, que el número oficial de personas desaparecidas se había exagerado para perjudicarle políticamente.
Pobreza y desigualdad
México tiene una de las tasas de desigualdad de ingresos más altas del mundo, según los datos de 2022 del World Inequality Lab. En 2022, tenía la ratio entre impuestos y PIB más baja de la OCDE y una de las más bajas de América Latina y el Caribe. La tasa de pobreza se redujo durante la presidencia de López Obrador. Pasó del 41,9 % en 2018 al 36,3 % en 2022, según el organismo oficial de análisis de la pobreza, aunque la pobreza extrema se mantuvo sin variaciones y el número de personas sin acceso a servicios de salud aumentó más del doble. El gobierno y analistas independientes han señalado un importante aumento del salario mínimo y la casi duplicación de las remesas de los mexicanos en el extranjero como factores que han contribuido a la disminución de la pobreza.
Privacidad y acceso a la información
En noviembre, el Congreso votó a favor de eliminar el organismo independiente que vela por el cumplimiento de las normas sobre privacidad y la transparencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Los relatores especiales de las Naciones Unidas para la privacidad y la libertad de expresión señalaron que la propuesta socavaría gravemente los derechos a la privacidad y al acceso a la información.
Durante el gobierno de López Obrador, más de 100 tareas del gobierno civil fueron transferidas a las Fuerzas Armadas. Esto redujo el acceso a la información sobre el gasto público, ya que la Secretaría de la Defensa con frecuencia se niega a cumplir las normas de transparencia y acceso a la información, alegando motivos de seguridad nacional. López Obrador también emitió decretos presidenciales con el fin de eximir al gobierno del cumplimiento de los requisitos de transparencia en relación con ciertos megaproyectos.
El Ejército ha utilizado el software de espionaje Pegasus para espiar ilegalmente a defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de partidos de la oposición y altos funcionarios del gobierno. Durante el gobierno de López Obrador, periodistas denunciaron que la Fiscalía General de la República utilizó software capaz de rastrear teléfonos móviles sin autorización judicial y que la fiscalía de la Ciudad de México obtuvo los registros telefónicos de políticos de la oposición sin autorización judicial.
Ataques a periodistas y defensores de derechos humanos
México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y defensores de derechos humanos. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de marzo de 2024, la organización de derechos humanos Artículo 19 documentó 3.408 agresiones o amenazas contra periodistas, 46 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos. Muchos periodistas recurren a la autocensura. En 2023, 14 defensores de derechos humanos fueron asesinados, según la organización Comité Cerezo, y 18 defensores ambientales, según la organización Global Witness.
Habitualmente, las autoridades no investigan de manera adecuada los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos. La fiscalía especial para investigar los crímenes contra periodistas ha abierto 1.758 investigaciones y ha obtenido 41 condenas, ocho de ellas por homicidio, desde su creación en 2010 hasta agosto de 2024. La mayoría de las condenas se han obtenido desde que el actual fiscal especial fue nombrado en 2017.
Abusos militares
En septiembre, el Congreso modificó la Constitución para eliminar la disposición que prohibía a los militares ejercer funciones no militares en tiempos de paz, darle a la Secretaría de la Defensa el control permanente de la Guardia Nacional, el principal organismo federal de seguridad pública, y facultar oficialmente a la presidenta para desplegar indefinidamente a los militares dentro del territorio nacional a su discreción.
Durante décadas, las Fuerzas Armadas han sido desplegadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, así como para llevar a cabo otras tareas gubernamentales, con una supervisión civil extremadamente limitada. Los militares han estado implicados en graves abusos contra civiles, incluyendo torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Las acusaciones contra militares rara vez son investigadas eficazmente por las autoridades civiles. En septiembre de 2024, había 232.761 soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional desplegados por todo el país.
Desde 2007 hasta julio de 2024, el ejército reportó la muerte de a 5.696 personas en operaciones militares. A la mayoría, las acusa de haber pertenecido a grupos criminales. Estas muertes no suelen ser investigadas de forma independiente por las autoridades civiles.
Los militares han obstruido las investigaciones y procesos penales sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, incluyendo el secuestro y desaparición forzada de los 43 alumnos de Ayotzinapa en 2014 y los abusos generalizados cometidos por las Fuerzas Armadas durante la Guerra Fría. Según los investigadores de estos casos, los militares han ocultado, destruido o negado la existencia de documentos con información sobre violaciones de derechos humanos y han presionado a las autoridades para que retiren los cargos penales contra los soldados implicados.
Acceso al aborto
Aunque el acceso al aborto se ha ampliado considerablemente, muchas personas siguen enfrentando obstáculos para accederlo. Para diciembre, 19 estados habían despenalizado el aborto en todas las circunstancias hasta las 12 semanas de embarazo. En agosto, el estado de Aguascalientes redujo el límite de 12 a 6 semanas, lo que en la práctica elimina el acceso al aborto en el estado.
En todos los estados la legislación permite el aborto en casos excepcionales como la violación. Sin embargo, Human Rights Watch documentó en agosto que, incluso en casos legalmente permitidos, el acceso al aborto no se garantiza.
Entre los obstáculos se incluyen el retraso o la negativa a prestar este servicio o brindar información al respecto, el cuestionamiento de la veracidad de las declaraciones de las sobrevivientes de violencia sexual, la imposición de requisitos arbitrarios que contradicen la legislación y normativa vigentes, y otros tipos de malos tratos por parte de los proveedores de atención médica. El miedo a enfrentar consecuencias legales también disuade tanto al personal sanitario como a quienes que buscan servicios de aborto.
En 2021, una sentencia de la Suprema Corte estableció que la criminalización total del aborto es inconstitucional. En 2023, la Suprema Corte ordenó al Congreso eliminar la prohibición del aborto del Código Penal federal. Para septiembre, el Congreso no había acatado la sentencia.
Migrantes y solicitantes de asilo
Quienes transitan por México para solicitar asilo en Estados Unidos deben esperar en México mientras solicitan una cita por medio de una aplicación móvil operada por el gobierno estadounidense. Soldados y agentes de migración mexicanos detienen o devuelven a quienes no cuentan con una cita, según documentó Human Rights Watch en un informe publicado en mayo. Las autoridades llevaron a cabo casi 830 mil aprehensiones de migrantes entre enero y julio de 2024, la cifra más alta que se ha registrado. Muchos migrantes aprehendidos en el norte de México, unos 10 mil al mes, incluyendo algunos que tienen cita, son enviados al sur en autobús.
Los migrantes y los solicitantes de asilo a menudo son víctimas de graves abusos, incluyendo violencia sexual, robos a mano armada, secuestros y extorsiones, cometidos por grupos criminales o funcionarios mexicanos.
Durante la presidencia de López Obrador, la agencia nacional para los refugiados amplió su presencia. Pasó de tener 4 oficinas en 2018 a contar con 13 en 2024, con el apoyo de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados. Sin embargo, el sistema sigue desbordado. Más de 140 mil personas solicitaron el estatus de refugiado en 2023, la cifra más alta de la historia. Ese mismo año, la agencia resolvió menos de 26 mil solicitudes. Si bien en el 74 % de los casos México concedió el estatus de refugiado o de protección complementaria a los solicitantes, el acceso y la eficiencia del proceso de solicitud continúan siendo problemáticos.
Orientación sexual e identidad de género
El matrimonio entre personas del mismo sexo está permitido en todos los 32 estados. En 2024, los estados de Yucatán y Campeche aprobaron leyes que permiten a las personas transgénero cambiar sus nombres y marcadores de género en los certificados de nacimiento mediante un sencillo proceso administrativo, con lo que el número de estados que reconocen este derecho ascendió a 23.
En 2019, la Suprema Corte emitió una sentencia histórica con directrices claras sobre el reconocimiento legal de género, al sostener que debe ser un proceso administrativo que “cumpla con los estándares de privacidad, sencillez, expeditez y adecuada protección de la identidad de género” establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En marzo de 2022, la Suprema Corte amplió el derecho al reconocimiento legal de género a niños, niñas y adolescentes.
Derechos de las personas con discapacidad
México ha logrado algunos avances en la protección de los derechos de las personas con discapacidad física y psicosocial en los últimos años. Sin embargo, en muchos estados se les sigue negando la plena capacidad jurídica y se enfrentan a otras barreras para acceder a la justicia, la educación y el ejercicio de otros derechos fundamentales. Muchas personas con discapacidad no tienen otra alternativa más que depender de sus familias o vivir en instituciones, lo cual es incompatible con su derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
En agosto, Ciudad de México se convirtió en el primero de los 32 estados del país en reformar su código civil para eliminar la tutela y garantizar que toda persona mayor de 18 años tenga plena capacidad jurídica para tomar decisiones sobre su vida. En 2023, el Congreso aprobó un código nacional de procedimientos civiles que reconoce el derecho a la plena capacidad jurídica.
Las mujeres con discapacidad sufren una violencia desproporcionada. En 2023, el Congreso aprobó cambios legales que exigen que los albergues para las víctimas de la violencia doméstica sean accesibles para las mujeres con discapacidad.
Política climática e impactos
Como uno de los 15 mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, México contribuye a la crisis climática que cada vez se cobra más víctimas en todo el planeta. El expresidente López Obrador implementó una política de inversión en combustibles fósiles como vía hacia la autosuficiencia energética. En 2022, México actualizó su plan de reducción de emisiones para permitir niveles superiores a los que se había comprometido inicialmente en el Acuerdo de París de 2016. Climate Action Tracker calificó este compromiso como “críticamente insuficiente” para cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 centígrados por encima de los niveles preindustriales.
La presidenta Claudia Sheinbaum se ha comprometido a seguir invirtiendo en combustibles fósiles, al tiempo que se esfuerza por reducir las emisiones de los vehículos, mejorar la eficiencia energética y aumentar la producción de energías renovables.