Carta al Presidente Banzer

Washington, D.C., 6 de octubre de 2000

Sr. Hugo Banzer Suarez
Presidente
BOLIVIA
Via Fax: 5912-332055

De mi más alta consideración:

Tengo el honor de dirigirme a S.E. para expresar mi profunda preocupación en relación con las muertes, estimadas en más de diez, que se han producido últimamente en el contexto de enfrentamientos entre campesinos y fuerzas policiales y militares en el Chapare y otras regiones de Bolivia. Tengo entendido que las muertes en el Chapare ocurrieron durante los intentos de las fuerzas de seguridad de despejar las carreteras bloqueadas por los productores de hoja de coca en protesta por la política de erradicación forzada, y el no cumplimento de convenios firmados con el gobierno.

Según los informes que hemos recibido, algunos civiles murieron producto del disparo de armas de fuego por parte de los policías y militares. Como S.E. sabe, según los códigos internacionalmente aceptados, el uso letal intencional de armas de fuego debe limitarse a aquellas situaciones en que resulta inevitable para proteger la vida. En toda situación en que no existe un peligro iminente de muerte, las fuerzas de seguridad deben hacer todo lo posible por evitar su uso, y deben utilizar métodos no-letales para restablecer el orden.

Aún en el caso de las armas incapacitantes, como los gases lacrimógenos, existen normas que prohiben su uso indiscriminado, sobre todo cuando están presente niños pequeños y ancianos, en cuyo caso sus efectos pueden resultar mortales. Debe evitarse en lo posible su uso en edificios o espacios cerrados, y bajo ninguna circunstancia se permite el disparo intencional de granadas directamente al cuerpo. Estamos muy preocupados por los informes de numerosas personas heridas por el impacto de proyectiles de gas, y de la intoxicación de niños aparentamente provocada por el uso descuidado de agentes químicos. Nos preocupa, además, las denuncias recibidas que personas detenidas en el curso de las protestas han sido golpeadas y maltratadas.

Por la gravedad de las denuncias, resulta altamente preocupante que el Gobierno estuviera contemplando la declaración de un estado de sitio en la zona, como se ha informado en la prensa en los últimos días. La restricción de las garantías constitucionales podría agravar aún más las violaciones a los derechos humanos.

Entre los muertos y heridos se han documentado los siguientes casos:

René Conde Colque, de diecisiete años, muerto de bala en el cuello, el 25 de septiembre, en Puente Rojo (Cesarzama)

Benito Espinoza Saravia, taxista de veinticinco años, muerto el 30 de septiembre, de impacto de bala en la cabeza, en el puente Qhora, región Vinto.

Diógenes Sandoval Velasco, herido de bala en el hombro, en Cesarzama, el 25 de septiembre.

Ximena Zenteno Inoche, de seis años, herida en la cara por impacto de un proyectíl de gas, el 30 de septiembre en el puente Qhoro.

Raúl Mirabel, de 18 años, herido por impacto de granada de gas en el hombro derecho, el 20 de septiembre en Villa Tunari.

Feliciano Mamami, Secretario General de la Federación Especial de Campesinos del Trópico, herido por impacto de granada de gas el 22 de septiembre en Villa Tunari, provocándole una fractura doble de la tibia.

José Ever Bautista, de dos años, y María Orellana Vidal, de cuatro años, desmayados por los efectos de agentes químicos el 20 de septiembre en Villa Tunari.

Epifanio Cruz, alcalde municipal de Chimore, golpeado en el momento de ser detenido junto a tres otras personas el 20 de septiembre, sufriendo contusiones y hematomas en la cabeza y la espalda, según el informe médico del Centro de Justicia y Derechos Humanos de Chimore.

Vicente Cabrera, Máximo Revollo y Esperanza Rodríguez, supuestamente golpeados con toletes de reglamento, al ser detenidos el 22 de septiembre en Ibuelo.