El 1 de julio, la Corte Suprema dictaminó que el General Pinochet no tenía capacidad para someterse a un juicio por el célebre caso de la "Caravana de la Muerte", relacionado con el asesinato de 57 presos políticos y el secuestro de otros 18 poco después del golpe militar de septiembre de 1973. Los magistrados de la Corte Suprema, partiendo del fallo de una corte de apelaciones que había suspendido el proceso debido a la salud mental de Pinochet, decidieron, por cuatro votos a favor y uno en contra, que su condición era irreversible y archivaron definitivamente la causa. A diferencia de muchos expertos legales, la corte sostuvo que la "demencia moderada" diagnosticada a Pinochet satisfacía los requisitos legales para cerrar el caso.
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La Corte Suprema dictaminó que el General Pinochet no tenía capacidad para someterse a un juicio por el célebre caso de la "Caravana de la Muerte."
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Una semana después, Pinochet renunciaba a su cargo de senador vitalicio, que no había ocupado desde su detención en Gran Bretaña en octubre de 1998. Gracias a una enmienda constitucional introducida por el gobierno del Presidente Lagos en abril de 2000, Pinochet pudo conservar tanto su inmunidad parlamentaria como su estipendio del Senado por haber sido presidente. Inmediatamente después de los procesos judiciales, Pinochet, acompañado de sus familiares y su séquito, realizó una visita al puerto norteño de Iquique. Sus frecuentes apariciones en público en esta ciudad hicieron que la ministra de defensa le instara a "guardar reposo," por lo que regresó antes de lo previsto a Santiago. Aunque la decisión de la Corte Suprema satisfizo a los miembros del gobierno, a las fuerzas armadas y a la Iglesia Católica, muchos chilenos seguían sin estar convencidos de la grave enfermedad de Pinochet.
La jueza argentina María Servini de Cubría mantuvo la solicitud de extradición del ex dictador para ser juzgado por el atentado con carro bomba que mató al General Carlos Prats, predecesor de Pinochet al mando del ejército chileno, y a su esposa, Sofía Cuthbert. El asesinato tuvo lugar en septiembre de 1974, cuando la pareja estaba exiliada en Buenos Aires. Como primer paso en el proceso de extradición, la Jueza Servini pidió a la Corte de Apelaciones de Santiago que levantara la inmunidad de Pinochet. El 7 de octubre, este tribunal denegó la solicitud, por 16 votos a favor y cinco en contra, afirmando que el fallo emitido en julio por la Corte Suprema también era aplicable a este caso. Los abogados de la familia Prats apelaron a la Corte Suprema, alegando que la Corte de Apelaciones se había excedido en sus atribuciones y debía haberse concentrado exclusivamente en los elementos concretos del caso. Un magistrado de la Corte Suprema también denegó una petición de extradición de cinco ex agentes secretos acusados en Argentina de participar en este atentado, argumentado que las pruebas contra ellos eran insuficientes. Cuando se redactaba este informe, la Corte Suprema todavía no había emitido una decisión sobre el recurso presentado por los abogados de la familia Prats.
En abril, la Corte Suprema renovó el mandato de más de veintena de "jueces especiales" encargados de investigar, exclusivamente o con prioridad, el paradero de cientos de personas desaparecidas durante el régimen militar. Los jueces recibieron el encargo de proseguir con las investigaciones después de comprobar que la información resultante de una mesa redonda oficial, integrada por civiles y militares e iniciada en agosto de 1999 para conocer el destino o el paradero de los cuerpos de los desaparecidos, era deficiente e incompleta. Las investigaciones judiciales condujeron a la formulación de cargos por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones contra docenas de ex oficiales militares.
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La libertad de expresión continuó limitada por leyes anticuadas que protegían a las autoridades de las críticas.
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Al concluir sus tareas en junio de 2000, la mesa redonda había acordado que cada uno de los cuerpos de las fuerzas armadas aportaría la mayor información posible sobre el paradero de los desaparecidos, en un plazo de seis meses. Las sospechas de familiares y abogados de derechos humanos de que algunos de estos órganos militares habían ocultado información se confirmaron en octubre, cuando se detuvo y acusó de obstrucción a la justicia al General de la Fuerza Aérea Patricio Campos. Campos, que estaba encargado de cotejar la información suministrada por miembros en activo o retirados de la Fuerza Aérea, confesó que había ocultado y destruido información sobre cinco de los desaparecidos. Los hechos salieron a la luz a consecuencia de las entrevistas con un ex miembro del Comando Conjunto, un escuadrón de la muerte activo durante el gobierno militar, publicadas en el periódico La Nación. El ex agente dijo que el escuadrón se había reagrupado recientemente para frustrar las investigaciones judiciales. El proceso contra Campos provocó la renuncia del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, el General Patricio Ríos, que había nombrado a Campos a sabiendas de que su esposa había formado parte del Comando Conjunto.
Las organizaciones de derechos humanos y algunos jueces acusaron al Servicio Médico Legal (SML), organismo forense del Ministerio de Justicia encargado de identificar restos humanos, de incompetencia, retrasos excesivos y ocultación de pruebas a los tribunales. En agosto se supo que el SML había ocultado durante siete años un informe del Departamento de Medicina y Ciencia Forense de la Universidad de Glasgow, Escocia, encargado por el Ministerio de Justicia en 1994 para identificar los restos de 27 cuerpos hallados en una fosa en Santiago, atribuidos a víctimas de desapariciones durante el régimen militar. El informe arrojaba dudas sobre la identificación por parte del SML de tres víctimas cuyos restos ya se habían entregado a los familiares y enterrado. La falta de confianza en el trabajo del SML hizo que muchos jueces, incluido Juan Guzmán, el juez encargado del caso de la Caravana de la Muerte, utilizaran los servicios de especialistas despedidos de la institución o que habían renunciado a su puesto para trabajar por su cuenta.
Los tribunales impartieron justicia en otros casos ocurridos durante la dictadura militar. El 5 de agosto, el Juez Sergio Muñoz condenó al mayor retirado Carlos Herrera Jiménez, ex agente de inteligencia del ejército, a cadena perpetua por el asesinato en 1982 del líder sindical Tucapel Jiménez, un influyente opositor a la dictadura. El encubrimiento por parte de altas instancias oficiales y la inactividad del anterior juez de instrucción habían impedido el esclarecimiento del crimen durante 20 años. El director de inteligencia del ejército en esa época, el general retirado Ramsés Álvarez Scoglia, fue condenado a diez años de cárcel por ordenar el asesinato. Se dictaron sentencias que quedaron en suspenso contra otros tres generales del ejército que habían ayudado a encubrir el crimen. Cada uno de los generales implicados se benefició de una reducción de condena debido al tiempo transcurrido desde que fueran acusados, a pesar de que su actuación había contribuido al retraso del juicio.
La libertad de expresión continuó limitada por leyes anticuadas que protegían a las autoridades de las críticas. El 15 de enero, detuvieron y acusaron de desacato al panelista de televisión Eduardo Yáñez Morel por sus comentarios en un programa de debate sobre los errores judiciales, emitido en noviembre de 2001. Después de que una mujer que había estado encarcelada se quejara de que los tribunales no le habían ofrecido una disculpa por condenarla injustamente, Yáñez comentó: "La justicia es inmoral, cobarde y corrupta… creo que el no dar la cara demuestra una poco hombría, una mariconada de parte de la justicia chilena". La Corte Suprema formuló inmediatamente cargos contra él con arreglo al artículo 263 del Código Penal, que sanciona con una multa o pena de prisión a todo el que injurie al presidente, los miembros del Congreso o los jueces de tribunales superiores "de hecho o de palabra". Yáñez pasó la noche en prisión. En octubre, la Corte de Apelaciones rechazó, por dos votos a favor y uno en contra, la apelación contra su inculpación.
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Los guardias presuntamente golpearon y aporrearon a unos 25 presos cuando éstos solicitaron reunirse con un funcionario de prisiones para discutir sus quejas.
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Debido en gran parte al caso Yáñez, en septiembre, el gobierno sometió al Congreso un proyecto de ley para la derogación del artículo 263, y de las disposiciones del código de justicia militar que criminalizan las injurias a las fuerzas armadas y prohíben los comentarios de civiles que puedan dañar la moral o la disciplina militar. Human Rights Watch abogó por cada una de estas reformas en sus informes de 1998 y 2001 sobre la libertad de expresión en Chile.
Tras un largo debate, el Congreso aprobó a finales de octubre una ley que retiraba la autoridad para censurar películas al Consejo de Calificación Cinematográfica y eliminaba la participación de las fuerzas armadas en este organismo. La reforma puso en vigor una enmienda constitucional de julio de 2001 para la abolición de la censura cinematográfica e hizo que los chilenos pudieran ver más de 400 películas prohibidas por el Consejo durante el régimen militar.
En enero, un dramático motín en el Módulo Alpha de la prisión Colina Dos de Santiago atrajo la atención sobre el maltrato y las condiciones inhumanas de los detenidos en esta unidad y provocó el despido de siete gendarmes (guardias de prisiones). El 18 de enero, los guardias presuntamente golpearon y aporrearon a unos 25 presos cuando éstos solicitaron reunirse con un funcionario de prisiones para discutir sus quejas. Algunos de los reclusos se cortaron y clavaron cuchillos para que se prestara atención a su situación. En una carta a familiares citada en un periódico digital, un preso dijo que los mantenían encerrados en las celdas sin luz ni aseos durante horas, por lo que se veían obligados a defecar en bolsas o papeles de periódico que arrojaban al pasillo. Una funcionaria de la Corte Suprema visitó la prisión poco después y confirmó las denuncias de malos tratos. La Corte de Apelaciones de Santiago aceptó una petición de habeas corpus presentada por uno de los presos heridos en el motín y ordenó el cierre del Módulo Alpha hasta que se mejoraran las condiciones. En abril, acusaron a un guardia de la prisión de Colina Dos de abusos sexuales a un preso detenido por narcotráfico.
En septiembre, el jefe de la gendarmería anunció medidas destinadas a separar totalmente a los menores de edad del resto de los presos en las prisiones para adultos. Esta decisión era consecuencia de un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que dictaminó que las prácticas actuales vulneraban las obligaciones contraídas por Chile en la Convención de los Derechos del Niño.
En enero, el presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Francisco Javier Errázuriz, compareció ante el Senado para convencer al comité competente de que no recomendara la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El prelado argumentó que la convención recogía una "visión unilateral" de la mujer y criticó las recomendaciones que el comité de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento del tratado había hecho a Chile. También advirtió que la ratificación del Protocolo Facultativo intensificaría las presiones para que Chile legalizara el aborto. Human Rights Watch instó por escrito al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado a que recomendara la ratificación. Sin embargo, poco después de la intervención del cardenal, el gobierno pospuso el debate sobre el protocolo y disminuyeron las posibilidades de que el Senado lo apruebe a corto plazo.
El 8 de abril, el Tribunal Constitucional falló, por cinco votos a favor y uno en contra, que Chile no podía ratificar el Estatuto de Roma para el establecimiento de la Corte Penal Internacional sin una reforma constitucional previa. El gobierno presentó una enmienda constitucional en el Senado. Su aprobación requería una mayoría de dos tercios en ambas cámaras y en octubre el debate de la misma no había avanzado. Se dijo que muchos congresistas de derechas se oponían a la ratificación, en parte como reacción a la detención de Pinochet en Londres.
Chile ratificó el Tratado para la Prohibición de las Minas en septiembre de 2001. En agosto de 2002, el ejército destruyó unas 76.000 minas almacenadas cerca de la ciudad norteña de Arica, en una ceremonia a la que asistieron el Presidente Lagos, la Ministra de Defensa y la Ministra de Relaciones Exteriores. El resto de las más de 200.000 minas almacenadas en Chile se destruirán en 2003, y a ello le seguirá la localización y destrucción de las minas sobre el terreno. La prensa informó que, en los últimos años, habían muerto 12 personas y 70 habían resultado heridas a consecuencia de las minas.
La defensa de los derechos humanos
Chile contó con una sólida red de defensores de los derechos humanos que trabajaron libremente y sin restricción del gobierno.
El papel de la comunidad internacional
La Organización de las Naciones Unidas
En abril, el Comité sobre los Derechos del Niño publicó sus observaciones sobre el cumplimiento de la convención por parte de Chile. El Comité alabó varios mejoras legislativas para la protección de los derechos del niño adoptadas por Chile. No obstante, instó a que se tomaran medidas más enérgicas para combatir el abuso infantil, lo que incluía el maltrato en instituciones estatales administradas por el Servicio Nacional de Menores (SENAME). También recomendó la adopción de medidas más eficaces para prevenir la discriminación contra los menores desfavorecidos, especialmente los niños indígenas, los discapacitados y los que viven en áreas rurales.
La Organización de Estados Americanos
En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo pública la información sobre dos acuerdos amistosos por los que el gobierno chileno indemnizaría a las víctimas de decisiones discriminatorias y errores judiciales. Según lo acordado entre Juan Manuel Contreras, Víctor Eduardo Osses, José Alfredo Soto y el estado chileno, el gobierno les garantizó una pensión vitalicia y formuló una disculpa pública a estos jóvenes, que habían sido condenados injustamente por un asesinato que nunca cometieron después de haber confesado bajo coacción y sin representación legal. La Corte Suprema había rechazado su reclamación de indemnización afirmando que la aceptación de sus confesiones por parte del tribunal no era "injustificadamente errónea," el requisito constitucional para conceder una compensación. Como parte del acuerdo, el gobierno aceptó llevar a cabo estudios y proponer una enmienda constitucional para fortalecer el derecho a indemnización por errores judiciales.
La Unión Europea
En septiembre, en cumplimiento de una orden internacional, la INTERPOL detuvo al general de 72 años de edad Luis Ramírez Pineda en Buenos Aires. Era uno de los 18 ex oficiales chilenos, entre ellos el General Pinochet, reclamados por la juez francesa Sophie-Hélène Château en relación con la desaparición de cinco ciudadanos franceses durante y después del golpe militar de 1973. Ramírez había comandado la base militar del Regimiento Tacna en Santiago, donde habían llevado a 24 colaboradores del depuesto presidente Salvador Allende después de que se entregaran el día del golpe. El doctor de origen francés Georges Klein Pipper, asesor de Allende, era uno de los que desaparecieron después de haber sido torturado en la base militar. A principios de noviembre, el gobierno argentino todavía estaba estudiando una petición de extradición de Ramírez cursada por el gobierno francés.
Estados Unidos
El 1 de octubre, el gobierno de Bush notificó al Congreso que esperaba concluir a finales de año las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con Chile. En agosto, el Congreso concedió al Presidente George W. Bush autorización para negociar acuerdos comerciales por la vía rápida, lo que permitía al presidente presentar propuestas al Congreso sin que fueran objeto de enmiendas. Los negociadores chilenos y estadounidenses mantuvieron reuniones durante todo el año, y en octubre habían completado 12 rondas de negociaciones. En las reuniones se discutieron acuerdos sobre derechos laborales y asuntos medioambientales.
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