En el informe de Human Rights Watch se examinan las prácticas del Ejército de
Colombia, la Policía Nacional y los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada
(CONVIVIR); los paramilitares aliados dentro de las AUC; y los tres grupos guerrilleros
más grandes de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
la Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN) y el Ejército Popular de
Liberación (EPL).
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Lejos de respetar el derecho internacional humanitario, las AUC dependen de la violación clara, deliberada y
sistemática de estas normas para poder hacer la guerra.
José Miguel Vivanco,
Director Ejecutivo de la División de
las Américas de Human Rights
Watch
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Entre los ejemplos de las violaciones del derecho internacional humanitario por parte
de cada una de las partes se encuentran:
Ejército de Colombia
Las violaciones más graves por parte del Ejército de Colombia
se derivan del apoyo constante a los grupos paramilitares. Por ejemplo, el 25 de
octubre de 1997, una fuerza conjunta del Ejército y los paramilitares rodeó el municipio de El Aro (Antioquia). Mientras
los soldados mantenían el cerco, los paramilitares rodearon a los residentes y ejecutaron a cuatro personas en la plaza
municipal. Al día siguiente, ataron a un árbol al propietario de un comercio, Aurelio Areilza, le sacaron los ojos y le
cortaron la lengua y los testículos antes de matarle. Durante los cinco días siguientes, mientras los soldados hacían
guardia, los paramilitares ejecutaron al menos 11 personas, entre ellas tres niños, destrozaron las infraestructuras civiles y
obligaron a huir a la mayoría de los residentes.
Policía Nacional
Agentes de la Policía Nacional están implicados en las ejecuciones extrajudiciales de presuntos
guerrilleros y en la tolerancia ocasional y el apoyo decidido a grupos paramilitares. Por ejemplo, durante cuatro días de
octubre de 1997, la Policía Antinarcóticos con sede en Miraflores (Guaviare) no capturó y ni siquiera interrogó a los
paramilitares que asesinaron al menos cuatro personas.
CONVIVIR
Las CONVIVIR, asociaciones de civiles autorizadas por el Estado como grupos de autodefensa,
desdibujan peligrosamente la línea divisoria entre civiles y combatientes, lo que expone a los civiles al riesgo de ataque.
Varias CONVIVIR han participado directamente en las hostilidades en coordinación estrecha con el Ejército y agentes
de la Policía, y han cometido violaciones graves, en algunos casos con armas suministradas por el Gobierno. La
CONVIVIR Las Colonias en Lebrija (Santander), organizada por el Comandante de la Quinta Brigada, General Fernando
Millán, cometió presuntamente al menos 15 asesinatos planificados en 1997, antes de que sus miembros fueran
detenidos y enjuiciados en virtud del Decreto 1194, que prohíbe la formación de grupos paramilitares.
AUC
Lejos de respetar el derecho internacional humanitario, las AUC dependen de la violación clara, deliberada y
sistemática de estas normas para poder hacer la guerra. La violencia que emplean es tan excesiva que sólo puede
interpretarse como un intento de sembrar el terror. Además de casos como la masacre de la Media Luna de 1996 y la
masacre en Mapiripán de 1997, en el informe se documenta el asesinato de Marino López, el 27 de febrero de 1997. Ese
día, unos sesenta hombres armados y uniformados llegaron a Vijao (Chocó), instalaron tres ametralladoras sobre trípodes
y ametrallaron indiscriminadamente el municipio. Tras una búsqueda puerta a puerta, los paramilitares se llevaron a
López a un río cercano, lo decapitaron, y le cortaron un brazo y una pierna antes de arrojar su cuerpo al río. Los
residentes dijeron a los trabajadores de ayuda humanitaria que los paramilitares patearon la cabeza de López como si
fuera un balón de fútbol antes de deshacerse de ella.
FARC
A pesar de su apoyo verbal al derecho internacional humanitario, las FARC han hecho muy poco, o nada, por
respetar sus disposiciones. Por ejemplo, el 16 de febrero de 1998, tras un combate entre el Ejército de Colombia y las
FARC cerca de Fomeque (Cundinamarca), los guerrilleros pusieron una trampa cazabobos en el interior del cuerpo de un
soldado muerto. El dispositivo hizo explosión cuando descargaban el cadáver en Santafé de Bogotá, y se saldó con dos
soldados muertos y cinco heridos.
UC-ELN
La UC-ELN fue uno de los primeros grupos insurgentes de Colombia que emprendió un debate dentro de sus
filas sobre el derecho internacional humanitario. Sin embargo, esto todavía no se ha reflejado en la práctica en el terreno.
Por ejemplo, en al menos cuatro ocasiones en 1996 y 1997, la UC-ELN violó la protección especial que se concede en el
derecho internacional humanitario a las unidades médicas, al introducirse en el Hospital Regional de Sarare en Saravena
(Arauca) y ejecutar a civiles o detonar explosivos. El 19 de mayo de 1997, los guerrilleros de la UC-ELN atacaron e
hirieron a María Isabel Romero Ovalle, propietaria de un comercio en el que vendía refrigerios y bebidas en Saravena, al
parecer porque sus clientes eran miembros de las fuerzas de seguridad. Una vez en el hospital, Romero estaba siendo
operada cuando dos guerrilleros entraron por la fuerza en el quirófano y la mataron.
EPL
Human Rights Watch ha recibido información abundante que demuestra que el EPL practica violaciones
constantes y atroces del derecho internacional humanitario. En uno de los casos que se documentan en el informe, los
guerrilleros del EPL capturaron a la familia de un desertor del EPL y mataron a su madre y a su hermano de 14 años, el
18 de noviembre de 1997, frente a su casa de Barrancabermeja (Santander).
Además, todas las partes reclutan habitualmente a niños menores de 15 años para que participen en el combate, una
violación del derecho internacional humanitario. Según un informe de 1996 de la Defensoría del Pueblo, hasta el 30 por
ciento de algunas unidades de la guerrilla está compuesto por niños. En 1997, 15.657 menores servían en las Fuerzas
Militares de Colombia, 22 por ciento de ellos tenían entre 15 y 16 años. El Ejército también ha capturado o aceptado la
entrega de niños sospechosos de pertenecer a la guerrilla, a los que ha utilizado como guías o informantes. Hasta el 50
por ciento de algunas unidades militares están compuestas por niños, algunos de ellos de hasta ocho años de edad. La
Defensoría del Pueblo informó también del alto nivel de abuso sexual a las muchachas reclutadas por parte de los
paramilitares adultos.
INFORME 1998 GUERRA SIN CUARTEL
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