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![]() (Washington DC, 30 de agosto de 1999) Human Rights Watch hoy condenó el ataque registrado el 29 de agosto contra el sede del Instituto Popular de Capacitación (IPC), una reconocida organización no-gubernamental que trabaja sobre derechos humanos, desarollo y paz en la ciudad de Medellín.
Fuentes locales nos informaron que la bomba fue colocada a la 1 a.m. en una puerta del IPC, ubicado en el barrio Prado Centro de la ciudad. La onda explosiva destrozó una gran parte de la oficina. Según los informes iniciales, un taxista resultó afectado por la onda expansiva, toda vez que pasaba por el sitio en el momento en que estalló el petardo. También fueron blancos las oficinas del Sindicato de Empresas Varias de Medellín y la Unión Sindical Obrera (USO). En ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, y Barrancabermeja la policía ha registrado el uso de bombas contra entidades bancarias y otras instalaciones civiles que han sido atribuídos a grupos guerrilleros. "Es evidente que la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario es visto por algunos sectores en Colombia como un acto criminal, cosa que rechazamos categóricamente," dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Estos ataques deben ser investigados a fondo y los responsables deben ser sancionados según la ley." El último informe de Human Rights Watch sobre Colombia titulado "Guerra Sin Cuartel: Colombia y el Derecho Internacional Humanitario," documentó decenas de casos sobre el uso de bombas contra civiles o entidades civiles, lo que constituye una seria violación del derecho internacional humanitario. Vivanco anotó que en enero, paramilitares al mando de Carlos Castaño secuestraron cuatro funcionarios del IPC, y luego liberaron a los cuatro gracias en parte a la presión internacional. "Los defensores de derechos humanos enfrentan una emergencia en Colombia," dijo Vivanco. "El gobierno debe proteger su trabajo, pero está asumiendo su responsabilidad con demasiado lentitud. Las autoridades deben movilizarse de inmediato para garantizar las vidas y el bienestar de los defensores de derechos humanos en Colombia."
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