La situación de derechos humanos

Aunque el año estuvo dominado por la tragedia de derechos humanos de Colombia, otras partes de América Latina experimentaron cambios positivos. Con las elecciones presidenciales de abril, Perú puso fin al gobierno antidemocrático y desacreditado del ex Presidente Alberto Fujimori. México, que acababa de terminar siete décadas de gobierno monopartidista, adoptó varias medidas para la reforma. Y una serie de países realizaron avances significativos en el área del establecimiento de la verdad, la justicia y la rendición de cuentas. Sin embargo, en toda América Latina y el Caribe, siguieron sin resolverse muchos de los problemas crónicos tales como la brutalidad policial, las condiciones penitenciarias deplorables, la violencia doméstica y las violaciones a los derechos laborales.

Se calcula que dos millones de colombianos son desplazados internos, de los cuales al menos 300.000 fueron desplazados en 2001, la cifra más alta hasta ahora para un solo año.

La situación de los derechos humanos en Colombia se deterioró claramente durante el transcurso del año, y los civiles soportaron la peor parte del violento conflicto armado interno. En los primeros diez meses de 2001, la Defensoría registró noventa y dos masacres, definidas como el asesinato de tres o más personas en el mismo lugar y al mismo tiempo. Los grupos paramilitares vinculados a las fuerzas de seguridad fueron los responsables del grueso de los asesinatos, por delante de la guerrilla. La epidemia nacional de secuestros, la mitad de los cuales fueron cometidos por la guerrilla, no dio muestras de decaer. Se reclutó a niños, algunos hasta de trece años de edad, en las fuerzas armadas irregulares -- guerrilla y paramilitares -- que desempeñaron un papel principal en el conflicto. Se calcula que dos millones de colombianos son desplazados internos, de los cuales al menos 300.000 fueron desplazados en 2001, la cifra más alta hasta ahora para un solo año. Se siguió asesinando a defensores de los derechos humanos, sindicalistas, periodistas, investigadores del gobierno y líderes comunitarios a causa de su trabajo.

En Perú, la caída del gobierno de Fujimori a finales de 2000 trajo esperanzas renovadas para la democracia y los derechos humanos. Tanto el gobierno interino de Valentín Paniagua como el nuevo gobierno del Presidente Alejandro Toledo adoptaron medidas importantes para fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, mientras se ocupaban también de problemas de derechos humanos largamente olvidados.

Haití siguió envuelto en la inestabilidad política derivada de las elecciones fraudulentas celebradas en 2000. A pesar de los decididos esfuerzos de los negociadores internacionales por alcanzar una solución a la crisis, la falta de avances desalentó a los estados donantes y provocó la congelación de ayuda humanitaria por valor de cientos de millones de dólares.

El auto de procesamiento de Augusto Pinochet en Chile fue un hito importante dentro de las iniciativas latinoamericanas para lograr la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos del pasado, a pesar de que el juicio del ex gobernante militar fue suspendido posteriormente debido a su mala salud. Igualmente significativa fue la decisión del juez federal argentino Gabriel Cavallo de anular las leyes de amnistía del país, un fallo que fue confirmado posteriormente por un tribunal de apelación de Buenos Aires. En Perú, se estableció una comisión de la verdad para investigar por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y los abusos de la guerrilla cometidos durante el conflicto armado interno de veintidós años, que se inició en 1980. Se ordenó a la comisión que investigara las violaciones a los derechos colectivos de las comunidades andinas e indígenas de Perú, así como las violaciones a derechos individuales tales como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las "desapariciones." El gran número de gobiernos latinoamericanos que habían firmado o ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) constituyó una prueba positiva más de la fortaleza del impulso regional en defensa de la justicia.

En México, cuando se escribió este informe, el Presidente Vicente Fox aún no había establecido la prometida comisión de la verdad para examinar los abusos a los derechos humanos del pasado. Fox sí ordenó, sin embargo, que su gobierno permitiera el acceso público a los archivos sobre las desapariciones que tuvieron lugar en las décadas de los setenta y los ochenta. En noviembre, después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le presentara un estudio en el que se documentaba el control militar de la desaparición forzada y tortura de cientos de presuntos izquierdistas en los setenta, Fox anunció que iba a nombrar a un fiscal especial para investigar los crímenes. El informe de la comisión representó el primer reconocimiento oficial por parte del gobierno mexicano de su responsabilidad por los abusos, pero no recogió los nombres de los setenta y cuatro funcionarios públicos que, según se estimaba, estaban personalmente implicados en los hechos.

La violencia policial, frecuente en muchos países de América Latina, fue especialmente preocupante en Venezuela y Argentina. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con sede en Buenos Aires, la policía de Argentina mató a unas 266 personas durante el segundo semestre de 2000 y el primer semestre de 2001. Aunque la mayoría de estos asesinatos se atribuyeron oficialmente a tiroteos con presuntos criminales, las investigaciones de grupos de derechos humanos indicaron que muchas de las muertes habían sido consecuencia del uso excesivo de la fuerza letal por parte de la policía o de ejecuciones deliberadas. Un acontecimiento reciente e inquietante en Venezuela fue la aparición en algunos estados de escuadrones de la muerte ligados a la policía.

El crecimiento continuo de las poblaciones de reclusos exacerbó el hacinamiento, la raíz de toda una serie de problemas.

Los presos de toda la región fueron víctimas con frecuencia del trato inhumano. Las condiciones penitenciarias y carcelarias fueron especialmente abusivas en Venezuela, Brasil, Haití, Panamá, Colombia y El Salvador. El crecimiento continuo de las poblaciones de reclusos exacerbó el hacinamiento, la raíz de toda una serie de problemas. Sin embargo, en toda la región, las prisiones y las cárceles no estaban atestadas de presos condenados, sino de detenidos preventivos, lo que revertía la presunción de inocencia. En febrero, un motín de presos a gran escala en la prisión de Carandirú, en Brasil, se saldó de manera sangrienta, lo que atrajo momentáneamente la atención pública sobre los abusos penitenciarios crónicos en el país. Quince presos fueron muertos durante y después del motín, la mayoría a manos de la policía antidisturbios, y algunos en circunstancias que sugerían ejecuciones extrajudiciales. En un motín similar en noviembre, los presos de la Penitenciaría Nacional de Haití afirmaron que los funcionarios de prisiones habían matado deliberadamente a reclusos no armados para sofocar la revuelta en el centro.

El uso de la pena capital fue especialmente preocupante en el Caribe angloparlante, donde países tales como Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados mantuvieron la pena de muerte. En agosto, Trinidad y Tobago condeno a diez hombres a la horca por un solo asesinato. En abril se produjo un acontecimiento positivo, cuando la Corte de Apelaciones del Caribe Oriental, que tiene jurisdicción sobre algunos países caribeños, dictaminó que la pena de muerta obligatoria era inconstitucional.

En mayo, el presidente chileno Ricardo Lagos promulgó una ley que substituyó la pena de muerte por la cadena perpetua. La reforma legal de Chile hizo que Guatemala y Cuba quedaran como los únicos países de habla hispana donde se aplica totalmente la pena de muerte, aunque otros países se reservaron el derecho a ejecutar a personas condenadas por traición durante la guerra o por otros delitos extraordinarios. Guatemala no solo mantuvo la pena de muerte, sino que, al imponerla en casos de secuestros sin víctimas mortales, violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Chile también hizo avances importantes en la protección de la libertad de expresión al anular el artículo 6 (b) de la Ley de Seguridad del Estado, un estatuto penal represivo y antediluviano que había protegido a las autoridades públicas frente a las críticas. En Panamá, en contraste, el gobierno todavía tenía que reformar las leyes de prensa draconianas heredadas del régimen militar. Se informó de que más de cincuenta periodistas se enfrentaban a cargos por difamación o "desacato a la autoridad," y varios de ellos fueron condenados por dichos delitos durante el año. En mayo, por ejemplo, el periodista Marcelino Rodríguez de El Siglo fue condenado por líbelo a un empleado público y sentenciado a dieciséis meses de prisión, conmutables por una multa de mil dólares.

En toda América Latina y el Caribe, los trabajadores continuaron sufriendo toda una gama de violaciones a derechos laborales internacionalmente reconocidos. Entre los abusos más habituales se encontraron las peores formas de trabajo infantil, la discriminación en el empleo y las violaciones al derecho a la libertad de asociación. En ciertos casos, las violaciones se vieron perpetuadas por la falta de aplicación gubernamental de la legislación laboral nacional y, en otros casos, las leyes nacionales del trabajo no fueron compatibles con las normas laborales internacionales. El resultado fue el mismo, no obstante: omisiones gubernamentales que permitieron a los empleadores violar los derechos de los trabajadores con impunidad.

En Guatemala, las trabajadoras del sector de la maquila se enfrentaron con frecuencia a la discriminación basada en el embarazo.

En Ecuador, niños de hasta ocho años trabajaban durante largas horas en plantaciones de banano con condiciones laborales inseguras e insalubres. En Guatemala, las trabajadoras del sector de la maquila se enfrentaron con frecuencia a la discriminación basada en el embarazo. Y en Brasil, según un informe de 2001 de la Organización Internacional del Trabajo, el hecho de que el gobierno no aplicara sanciones efectivas, el lento proceso judicial, la impunidad de los responsables y la falta de coordinación entre los organismos del gobierno impidió la erradicación de "las condiciones de trabajo degradantes y la servidumbre por deuda" en el sector rural.

El derecho de los trabajadores a organizarse -- el instrumento refrendado internacionalmente para demandar mejores condiciones laborales y el respeto a los derechos del trabajador -- fue obstruido o violado en toda la región. En México, la actividad sindical legítima se vio obstaculizada con frecuencia por acuerdos de negociación colectiva entre gerentes y sindicatos pro empresariales y no independientes. En otros casos, los trabajadores no pudieron organizarse debido a las prácticas de contratación de los empleadores, entre ellas el uso de subcontratistas y de trabajadores "permanentemente temporales." Aunque los empleadores se beneficiaron del trabajo de los empleados subcontratados y controlaron incluso con frecuencia los términos y las condiciones de su empleo, no se vieron obligados a negociar colectivamente con los trabajadores subcontratados por que, legalmente, el subcontratista era su empleador. Asimismo, los empleadores contrataron a trabajadores durante meses o años mediante contratos de empleo temporal consecutivos, lo que creó una fuerza laboral "permanentemente temporal" sin estabilidad en el empleo y demasiado asustada como para organizarse. Dichas tácticas inhibieron la organización de los trabajadores, por ejemplo, en el sector bananero de Ecuador, donde la tasa de afiliación sindical era excepcionalmente baja, cerca del 1 por ciento.

En otros casos, el derecho de los trabajadores a organizarse fue violado mediante la discriminación antisindical directa, lo que incluyó el hostigamiento, el descenso de categoría o el despido de sindicalistas y simpatizantes. En los casos más graves, los líderes sindicales y sus simpatizantes corrieron el riesgo de ser asesinatos. Colombia encabezó el ranking mundial en este tipo de asesinatos, con 112 sindicalistas muertos en 2000 y 125 asesinados en los primeros diez meses de 2001, según la organización sindical más grande de Colombia. En marzo de 2001, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) criticó que las autoridades colombianas no procesaran a los responsables de dichos crímenes e implementaran medidas de seguridad adecuadas para proteger a sindicalistas y afiliados.

Muchas mujeres de la región se enfrentaron diariamente a la violencia y la discriminación, perpetuadas por el hecho de que sus gobiernos no tomaran medidas significativas para proteger a las mujeres frente al abuso. La violencia doméstica se mantuvo como un problema particularmente destacado en muchos países, en los que los hombres propinaron palizas a sus esposas y otras mujeres de la familia con escaso temor al procesamiento penal.

Se adoptaron algunas medidas positivas para mejorar la situación legal de la mujer, pero quedaba mucho por hacer. En agosto, el Congreso de Brasil aprobó un nuevo código civil que reconocía la igualdad de hombres y mujeres ante la ley. El nuevo código suprimió la expresión "autoridad paterna," y la reemplazó por un concepto neutral en términos de género, "autoridad familiar." De acuerdo con el nuevo código, las mujeres tienen la misma autoridad que los hombres en asuntos de la familia.

El código civil chileno continuó otorgando a los esposos el control principal de las decisiones sobre el hogar y la propiedad.

En otros países, sin embargo, las mujeres seguían sin disfrutar de plena igualdad legal con los hombres, a pesar de las disposiciones constitucionales que proclaman la igualdad de derechos para ambos sexos. El código civil chileno continuó otorgando a los esposos el control principal de las decisiones sobre el hogar y la propiedad. Los códigos civiles de países tales como Argentina, México y Colombia establecen que la edad para contraer matrimonio es menor para las mujeres que para los hombres. Las mujeres venezolanas no pueden volver a casarse hasta que no hayan transcurrido diez meses después del divorcio o la anulación, a no ser que demuestren que están embarazadas.

Las personas gay, lesbianas y transexuales fueron también especialmente vulnerables a las violaciones a sus derechos humanos. En varios países, la policía convirtió en objetivo de sus abusos a gays y lesbianas. En México, los travestíes de Monterrey, la capital del estado de Nuevo León, se enfrentaron a detenciones arbitrarias, extorsión, y violencia física. Fue aún más frecuente en toda la región que las autoridades judiciales penales no respondieran frente a los crímenes contra gays y travestíes. Una serie de asesinatos de hombres gay en Colima, México, quedó sin castigo y fue investigada de manera inadecuada. "Es como si [la comunidad gay] no tuviera protección de la ley," comentó Max Mejía, un activista de derechos gay de Colima.

No obstante, durante el transcurso del año se produjeron avances significativos en el área de los derechos de los homosexuales. En una victoria jurídica importante, la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP) obtuvo finalmente el reconocimiento legal por parte del gobierno. En otros lugares, se promulgaron leyes para proteger los derechos de las minorías sexuales o se prepararon proyectos de ley sobre el tema. En noviembre de 2000, el consejo municipal de Niteroi, en Río de Janeiro, Brasil, aprobó una normativa por la que se prohibía la discriminación por motivos de orientación sexual. En noviembre de 2001, se presentó un anteproyecto de ley similar al presidente mexicano Vicente Fox y a los líderes de los partidos políticos, lo que supuso un primer paso hacia la aprobación de una ley federal sobre el tema.

La defensa de los derechos humanos

La fuerza del movimiento de derechos humanos en América Latina y el Caribe quedó de manifiesto por, entre otras cosas, la multiplicidad de organizaciones no gubernamentales locales y regionales dedicadas al tema. Integrados por abogados, activistas, líderes comunitarios y otras personas con talento y comprometidas, estos grupos se afanaron en poner en práctica los principios de derechos humanos en el ámbito local. En algunos países, el trabajo de los grupos no gubernamentales fue complementado por el de las comisiones nacionales permanentes de derechos humanos, los órganos parlamentarios ad hoc y otros organismos gubernamentales.

La opinión pública de muchos países latinoamericanos, después de haber vivido gobiernos militares represivos, reconoció la importancia de los principios de derechos humanos. No obstante, los defensores de los derechos humanos se sintieron frecuentemente marcados por proteger los derechos de grupos impopulares, particularmente los presuntos delincuentes.

El brutal asesinato de la abogada de derechos humanos mexicana Digna Ochoa acentuó aún más los peligros que corren estos defensores de primera línea de los derechos fundamentales.

En varios países, como Colombia, Guatemala, Haití, México y Brasil, activistas particulares se enfrentaron a la intimidación, los atentados y a veces la muerte por su defensa de los derechos humanos. Colombia continuó siendo el país más peligroso para los defensores de los derechos humanos. Según la Comisión Colombiana de Juristas, once defensores fueron asesinados durante los primeros diez meses de 2001. Los investigadores del gobierno encargados del procesamiento de líderes paramilitares también corrieron peligro, al igual que los testigos de dichos casos.

El brutal asesinato de la abogada de derechos humanos mexicana Digna Ochoa en octubre de 2001 acentuó aún más los peligros que corren estos defensores de primera línea de los derechos fundamentales. Cerca del cuerpo de Ochoa se encontró una nota en la que se advertía a los miembros del centro de derechos humanos donde había trabajado Ochoa durante varios años que podría pasarles lo mismo.

El papel de la comunidad internacional

La Organización de las Naciones Unidas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) no tuvo un papel especialmente destacado en asuntos de derechos humanos en América Latina y el Caribe, aunque prestó atención a problemas y situaciones específicas. Colombia siguió siendo, merecidamente, el principal beneficiario de las iniciativas de la ONU en la región. La crisis de derechos humanos y humanitaria del país formó parte del programa de una serie de organismos de la ONU.

Con salida de la misión de la ONU en Haití en febrero, solo Colombia y Guatemala siguieron albergando una presencia sobre el terreno a largo plazo de la ONU para asuntos de derechos humanos. En Guatemala, la misión de verificación de las Naciones Unidas, conocida por las siglas de MINUGUA, desempeñó un papel central en la observación del cumplimiento de los acuerdos de paz adoptados por el país en 1996. En Colombia, la ONU mantuvo una oficina del Alto Comisionada para los Derechos Humanos, que realizó una tarea importante a pesar de la escasa cooperación de los funcionarios del gobierno colombiano. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados también mantuvo oficinas en Colombia, de las cuales tenían capacidad operativa las ubicadas en las regiones de Urabá y el Magdalena Medio y el departamento de Putumayo. Jan Egeland, el asesor especial sobre Colombia de la Secretaría General de la ONU, visitó Colombia con frecuencia para asistir en las conversaciones de paz.

Tres países latinoamericanos -- Colombia, Cuba y Haití -- fueron parte del orden del día de la vigésimo sexta sesión de la Comisión de Derechos Humanos. El resultado, en el caso de Cuba, fue una resolución criticando las continuas violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno. Haití fue objeto de una declaración de la Presidente sobre asuntos electorales y la crisis política. Con respecto a Colombia, el tema de un segmento especial de la Comisión, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos presentó su informe anual sobre las condiciones de derechos humanos.

Entre los mecanismos temáticos de la ONU que visitaron la región se encontraron el Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, quien visitó Colombia, y el Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados, quien visitó Guatemala. Además, los varios órganos de los tratados de la ONU examinaron el historial de derechos humanos en una serie de estados de América Latina y el Caribe.

La Organización de Estados Americanos

En el frente diplomático, la Organización de Estados Americanos (OEA) se mantuvo sumamente activa intentando negociar una solución a la crisis política en Haití. En noviembre, sin embargo, estos esfuerzos no habían arrojado resultados.

En septiembre, el Consejo Permanente de la OEA aprobó la Carta Democrática Interamericana, que fue ratificada posteriormente por los ministros de relaciones exteriores de los Estados Miembros de la OEA en una asamblea especial en Lima. La Carta intenta establecer los elementos esenciales de la democracia representativa y cita, entre otras características, el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales; el Estado de Derecho; la celebración periódica de elecciones libres e imparciales basadas en el voto secreto y el sufragio universal; un sistema multipartidista; la separación de poderes; la libertad de expresión y de prensa; y la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estados a una autoridad civil legalmente constituida. La carta, diseñada para proteger la democracia en la región, dispone la autoridad de la OEA de suspender a los Estados Miembros considerados no democráticos y estable ce mecanismos para responder a golpes de estado y otras amenazas a la democracia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -- ambos órganos de derechos humanos de la OEA -- conocieron una serie de casos importantes en 2001. Además de los casos relacionados con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los dos organismos tuvieron competencia para considerar violaciones de otras cinco convenciones y protocolos regionales relativos a la desaparición forzada, la pena de muerte, la violencia contra la mujer, la tortura y los derechos económicos y sociales. En una sesión especial celebrada en diciembre de 2000, la Comisión aprobó su nuevo reglamento, que entró en vigor el 1 de mayo de 2001.

En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su primer fallo sobre el asunto de la violencia contra la mujer. En el caso presentado por Maria da Penha, una mujer brasileña que había sido golpeada repetidamente por su marido y se quedó finalmente parapléjica, la Comisión halló a Brasil responsable de numerosas violaciones a derechos. Además de recomendar que el responsable fuera procesado y la víctima compensada adecuadamente, la Comisión concluyó que Brasil debería adoptar medidas para remediar el problema de la tolerancia oficial de la violencia doméstica contra la mujer.

En enero, el Congreso de Perú revocó una resolución anterior, adoptada en 1999 durante el gobierno de Fujimori, por la que se había votado la retirada de Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (La Corte ya había declarada que la resolución era inadmisible.)

La Unión Europea

La Unión Europea (UE) dio su apoyo continuo a las iniciativas para atender los problemas de derechos humanos y humanitarios más acuciantes de la región, entre ellos, sobre todo, el conflicto armado en Colombia. La UE aportó apoyo financiero para el proceso de paz colombiano y para la asistencia humanitaria a las personas desplazadas. Sin embargo, los representantes de la UE expresaron su preocupación por la ralentización del proceso de paz, la escalada de violencia y el hecho de que las partes en conflicto no respeten las normas humanitarias básicas.

Cuba siguió siendo el único país latinoamericano sin un acuerdo de cooperación con la Unión Europea. Sin embargo, una visita de la UE a Cuba a finales de noviembre, pareció anunciar una mejora de las relaciones entre la UE y Cuba, señalando posiblemente un cambio futuro en la "posición común" de la UE con respecto a Cuba. Dado que el gobierno haitiano no remedió los resultados de las elecciones nacionales con graves deficiencias de 2000, la cooperación económica del UE con Haití seguía suspendida en noviembre.

Varios países de Europa Occidental desempeñaron un papel crítico en la promoción de la justicia en América Latina y el Caribe. Los tribunales europeos, siguiendo el "precedente Pinochet," conocieron casos penales contra los responsables de crímenes de derechos humanos del pasado, entre ellos los abusos sistemáticos que tuvieron lugar en Argentina y Chile en la década de los setenta. Mediante el mecanismo de la jurisdicción universal, por el cual los tribunales nacionales de un país tienen competencia para juzgar delitos de derechos humanos cometidos en el territorio de otro país -- y también mediante el principio de personalidad pasiva, que reconoce el interés jurídico de un país en los crímenes cometidos contra sus ciudadanos -- los tribunales europeos juzgaron una serie de casos penales en los que estuvieron acusados altos funcionarios en activo y retirados de América Latina.

Los tribunales de España, Italia, Francia y Alemania continuaron procesando, o intentado procesar, a miembros de las fuerzas armadas argentinas implicados en los abusos de la "guerra sucia."

Los tribunales de España, Italia, Francia y Alemania continuaron procesando, o intentado procesar, a miembros de las fuerzas armadas argentinas implicados en los abusos de la "guerra sucia." El gobierno argentino, sin embargo, no cooperó con estos esfuerzos. El gobierno, afirmando el principio de territorialidad -- que solo las cortes argentinas tienen jurisdicción sobre los crímenes en cuestión -- no cumplió las peticiones de extradición europeas. Este argumento, que ignoraba el interés de todos los estados en procesar las violaciones graves a los derechos humanos, era particularmente poco convincente en vista de la impunidad de que han disfrutado durante décadas los responsables de crímenes de derechos humanos en Argentina.

Lo más decepcionante fue que Argentina se negara a extraditar al ex oficial de la Armada Alfredo Astiz, un notorio agente de inteligencia durante el régimen militar. Astiz fue arrestado y estuvo detenido durante varias semanas en julio hasta que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina denegó la solicitud de extradición presentada por jueces italianos y franceses.

Otro contratiempo fue la desestimación en diciembre de 2000 de una demanda en España contra el ex gobernante militar de Guatemala, el General Efraín Ríos Montt, y varios oficiales militares. El caso, presentado un año antes, fue rechazado por el tribunal debido a que los demandantes no habían agotado la posibilidad de procesar a los acusados en Guatemala. Sin embargo, teniendo en cuenta el poder continuado de Ríos Montt en Guatemala, era cuestionable la capacidad de las cortes guatemaltecas para ocuparse de dicho caso. (Enfrentándose a obstáculos de enormes proporciones, un grupo de indígenas mayas demandó a Ríos Montt y a otros en Guatemala en junio por crímenes cometidos durante el régimen militar.)

Dentro de una nueva e importante tendencia positiva, el gobierno mexicano se convirtió en una voz destacada en la región en favor de la justicia internacional con la ratificación de la extradición a España de Ricardo Miguel Cavallo, un ex oficial de la Armada de Argentina. Cavallo, un miembro de la notoria fuerza de tarea de la Armada implicada en numerosas desapariciones, estaba viviendo y trabajando en México. En enero, una corte de distrito mexicana dictaminó a favor de la petición de extradición de España y, en febrero, el Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, autorizó la extradición. En noviembre, seguía pendiente la apelación de Cavallo contra la orden de extradición.

En noviembre, un juez francés emitió órdenes internacionales de arresto para quince chilenos implicados en la tortura y desaparición de cuatro ciudadanos franceses en Chile durante el gobierno de Pinochet. Entre los sospechosos se encontraban el General retirado Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta pinochetista, y cuatro ex generales más. Dado que Chile y Francia no tenían un acuerdo de extradición, los sujetos de las órdenes de arresto, todos los cuales se encontraban aparentemente en Chile, solo se enfrentarían a la detención si salieran del país.

Los tribunales belgas también tomaron parte en la campaña de procesamientos en el extranjero. En octubre, un grupo de exiliados cubanos presentó una demanda en Bruselas contra el Presidente Fidel Castro y otros altos cargos cubanos. En su querella criminal, sobre la que no se había dictaminado cuando se escribió este informe, se citaban la tortura y otros abusos sufridos por presos políticos, así como el derribo de dos aviones por parte de Cuba en 1996.

Estados Unidos

Las políticas del gobierno de Bush con respecto a América Latina, durante su primer año en el cargo, no difirieron significativamente del gobierno anterior. Bajo la presidencia de Bush, Estados Unidos tuvo un interés selectivo en la región y se concentró principalmente en asuntos relacionados con el comercio y el narcotráfico. Estados Unidos no estuvo en la vanguardia de la promoción de los derechos humanos en América Latina, y los representantes estadounidenses tampoco se manifestaron especialmente sobre el tema.

En 2001, al igual que en 2000, Colombia fue el país latinoamericano que recibió la mayor parte de la atención y la financiación del gobierno estadounidense. Estados Unidos continuó promoviendo una estrategia de control de las drogas basada en la erradicación aérea, y suministró financiación a los batallones militares antidroga de Colombia. En enero, el Presidente Clinton, con una interpretación cuestionable de la legislación relevante, envió una segunda parte de la ayuda militar aprobada el año anterior. El gobierno de Bush pidió 400 millones de dólares adicionales para Colombia durante el año fiscal 2002. Pero con una clara mejora con respecto a la ley adoptada el año anterior, el proyecto de ley sometido al Congreso, cuando se escribió este informe, no disponía la autoridad presidencial de anular sus condiciones derechos humanos. En otras palabras, Colombia tendría que demostrar avances concretos en la ruptura de los vínculos entre militares y paramilitares para poder recibir la ayuda.

A principios de septiembre, Estados Unidos calificó a la alianza paramilitar colombiana -- las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -- de "organización terrorista extranjera."

A principios de septiembre, Estados Unidos calificó a la alianza paramilitar colombiana -- las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -- de "organización terrorista extranjera" conforme a la legislación nacional. Entre otras consecuencias legales, la designación implica que los bancos estadounidenses tienen que bloquear los fondos del grupo.

El derribo por parte de Perú de un avión civil el 20 de abril, durante una operación de vigilancia de Perú y Estados Unidos, provocó la suspensión del programa conjunto de interdicción de las drogas. Aunque el piloto del avión sobrevivió el accidente del pequeño Cessna, dos personas murieron en el incidente: Verónica Bowers, una misionera, y su niña de pocos meses. En un informe conjunto de Perú y Estados Unidos hecho público por el Departamento de Estado en agosto, se achacaba la tragedia a los procedimientos relajados y el hecho de que el piloto peruano no hubiera dado la advertencia adecuada.

Con el nombramiento de Otto Reich, un cubanoamericano anticomunista, al puesto de Subsecretario de Estado, el Presidente Bush demostró una falta de voluntad aparente de modificar el embargo económico contra Cuba. En julio, cuando Bush suspendió varias disposiciones de la ley de sanciones Helms-Burton, reafirmó públicamente el compromiso de su gobierno a mantener el embargo. No obstante, en octubre se alcanzó un hito histórico en las relaciones económicas entre Estados Unidos y Cuba con la venta a Cuba por parte de compañías estadounidenses de alimentos y medicinas por valor de unos treinta millones de dólares.

El trabajo de Human Rights Watch

La División de las Américas de Human Rights Watch se mantuvo al día de los acontecimientos en material de derechos humanos en toda la región mediante visitas frecuentes, el contacto estrecho con activistas locales y el seguimiento intensivo de los medios de comunicación y otras fuentes de información. La división intentó no solo identificar los problemas más acuciantes de los países en los que trabajó, sino también entender las causas originales de las violaciones y formular estrategias para resolverlas. Hizo una campaña enérgica para poner fin a las violaciones, utilizando el cabildeo con elaboradores de políticas, la coordinación cuidadosa con grupos afines y la información al público en general mediante los medios de comunicación y el Internet.

Aunque la División de las Américas respondió rápidamente a eventos de última hora, también prestó una atención sostenida a problemas crónicos y de largo plazo. Entre los asuntos de los que se ocupó la división en 2001 se encuentran las relaciones militares-paramilitares y las violaciones al derecho internacional humanitario en Colombia; el procesamiento de Pinochet y la libertad de expresión en Chile; los abusos militares, la violencia contra las minorías sexuales y los derechos laborales en México; la violencia política y la impunidad en Haití; la rendición de cuentas en Argentina; la libertad de asociación y el trabajo infantil en Ecuador; el trato a los inmigrantes haitianos y los dominico haitianos en la República Dominicana; la violencia policial en Jamaica; la rendición de cuentas en Perú; la protección de las ONG y los defensores de derechos humanos en Guatemala y las condiciones generales de derechos humanos en Cuba.

Durante el trascurso del año, la División de las Américas realizó misiones de investigación y de cabildeo a cerca de una docena de países. Además de breves visitas de cabildeo de dos o tres días, los investigadores condujeron misiones de averiguación más largas en Argentina, Chile, Colombia, la República Dominicana, Ecuador, Haití, México, Perú y Venezuela. La división envió en ocasiones más de una misión a un mismo país. Con la información recopilada durante estos viajes, la División de las Américas preparó informes detallados y otros materiales para documentar los problemas en cuestión.

Además de divulgar la información por medio de documentos escritos, Human Rights Watch se dirigió directamente a altos cargos gubernamentales y representantes de organismos regionales e internacionales relevantes para comunicarles nuestras preocupaciones en materia de derechos humanos de manera firme, concisa y oportuna. En varios países, los representantes de Human Rights Watch mantuvieron reuniones con presidentes y otros altos funcionarios. En las reuniones, así como en la correspondencia y las declaraciones escritas, la División de las Américas hizo recomendaciones específicas para la mejora de las condiciones de derechos humanos.

Por ser escenario de la crisis más grave de derechos humanos de la región, la División de las Américas se concentró principalmente en Colombia en 2001. El trabajo de la división en defensa de los derechos humanos en Colombia tuvo tres facetas: la presión para el cambio dentro del país, el trabajo para influir en la política estadounidense con respecto a Colombia y la promoción de las iniciativas de la ONU y de otros organismos internacionales.

Dado que todas las partes en conflicto en Colombia fueron culpables de violaciones graves, la división examinó no solo los abusos del gobierno sino también los cometidos por actores no oficiales. En una carta de veinte páginas enviada en julio a Manuel Marulanda, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Director Ejecutivo de la División de las Américas evaluó las acciones de las FARC-EP en función de las normas del derecho internacional humanitario. En la carta se estableció la responsabilidad de las FARC-EP por graves violaciones, entre ellas los asesinatos de civiles, el trato cruel e inhumano de combatientes capturados, los secuestros de civiles, la toma de rehenes, el empleo de niños soldados, los juicios seriamente parciales y el desplazamiento forzado de civiles. También se citó el uso continuado por parte de las FARC-EP de armas prohibidas, entre ellas las bombas de cilindros de gas, y sus ataq ues con trabajadores y centros de salud. La respuesta pública de las FARC-EP a la carta no se ocupó de la sustancia de estas conclusiones, sino que se limitó a atacar la integridad de Human Rights Watch como observador independiente. Posteriormente, las conclusiones de la carta de Human Rights Watch se incorporaron a un informe, Más allá de la negociación: El derecho internacional humanitario y su aplicación a la conducta de las FARC-EP.

En octubre, Human Rights Watch publicó un informe sobre otro aspecto crítico de la crisis colombiana. El informe, titulado La "Sexta División": Relaciones militares-paramilitares y la política estadounidense en Colombia y hecho público en una conferencia de prensa en Bogotá, se documentó los estrechos vínculos continuos entre los destacamentos de las fuerzas armadas y la policía colombianas y los grupos paramilitares. El informe recibió una extensa cobertura en la prensa local e internacional; la conferencia de prensa se emitió en directo en la televisión colombiana. Antes de la publicación del informe, los representantes de Human Rights Watch discutieron las preocupaciones en materia de derechos humanos en reuniones con altos funcionarios colombianos, entre ellos el Presidente Andrés Pastrana. Dado que La "Sexta División" también se ocupaba de la política estadounidense, sus conclusiones fueron influyentes con respecto a la ayuda de Estados Unid os a Colombia y fueron citadas ampliamente durante las audiencias del Senado sobre el asunto.

Human Rights Watch celebró una victoria importante en Chile un mes después de la publicación de su informe de marzo sobre la libertad de expresión en el país, cuando se revocó la legislación represiva sobre la difamación criticada en el informe. La publicación oportuna del informe de Human Rights Watch y la campaña focalizada de la organización-que incluyó una reunión de una hora con el presidente chileno Ricardo Lagos-fueron útil para crear las condiciones para la revocación de la ley.

La División de las Américas continuó recabando atención sobre las violaciones a los derechos laborales en la región. En abril, la división publicó un estudio exhaustivo en el que se demostró como México, Estados Unidos y Canadá habían incumplido sus obligaciones de conformidad con el acuerdo laboral paralelo al Tratado de Libre Comercio (TLC). En el informe, publicado en vísperas de la Cumbre de las Américas en Québec, se pedía la creación de una agencia independiente de supervisión con el fin de fomentar acciones para remediar las violaciones a los derechos del trabajador.

Para facilitar la amplia divulgación de sus hallazgos en América Latina, la División de las Américas dio gran prioridad a la traducción de sus documentos al español (y portugués, en algunos casos) y a su publicación en el sitio Web de Human Rights Watch. El sitio Web en español, con materiales organizados cronológicamente, por país y por tema, presentó un panorama detallado de las condiciones de derechos humanos en la región. El tráfico de visitantes a las páginas en español aumentó rápidamente durante el transcurso del año, atraídos por la selección exhaustiva y oportuna de materiales. A final de año, los visitantes hispanohablantes constituyeron la audiencia no angloparlante más grande de Human Rights Watch.