Al ordenar el procesamiento de cuatro integrantes de la organización no gubernamental Súmate bajo cargos de traición, un tribunal venezolano ha validado la persecución iniciada por el gobierno en contra de miembros de la sociedad civil, señaló hoy Human Rights Watch.
Ayer un tribunal de Caracas ordenó el procesamiento de María Corina Machado y Alejandro Plaz para enfrentar cargos formulados por una fiscal, quién les acusó de traición por aceptar recursos internacionales para un programa que promovió la participación ciudadana en el referéndum presidencial del año 2004. Otros integrantes de Súmate, Luis Enrique Palacios y Ricardo Estévez, también serán sometidos a juicio bajo cargos de complicidad con este supuesto crimen.
“Es totalmente absurdo pretender procesar a activistas de la sociedad civil bajo cargos de traición por involucrarse en actividades electorales legítimas y además constitucionales,” señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Americas de Human Rights Watch.
Machado y Plaz han sido acusados de conspirar “para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación,” según lo establecido en el artículo 132 del Código Penal venezolano. En el caso de ser declarados culpables podrían sufrir penas de hasta 16 años de prisión.
Súmate participó en actividades de movilización y educación electoral que promovieron la participación ciudadana en un referéndum nacional para decidir la continuidad del Presidente Hugo Chávez en su cargo. La Constitución venezolana establece que los funcionarios electos pueden ser sometidos a referéndum revocatorio de sus mandatos a solicitud del 20 por ciento de los electores inscritos en la circunscripción correspondiente. El Presidente Chávez triunfó en el referéndum celebrado en agosto pasado.
La fiscalía acusó a Machado y Plaz de violar el artículo 132 al recibir financiamiento del Fondo Nacional para la Democracia (NED, de acuerdo a sus siglas en inglés), organización que a su vez es financiada por el Congreso norteamericano, para llevar adelante sus actividades vinculadas al referéndum. Según el NED, Súmate recibió 31.150 dólares que fueron utilizados en talleres destinados a educar a la ciudadanía sobre participación electoral contemplada en la Constitución venezolana.
